El consenso monárquico y la conmemoración del aniversario del 23F

Carta Semanal 824 en catalán

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Dos hechos importantes han coincidido la semana pasada: las movilizaciones de miles de jóvenes y  la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981.

Las movilizaciones de los jóvenes tienen más importancia de lo que parece. Puede ser, incluso, una chispa de la que puede surgir una llama. Ya Trotski en circunstancias distintas lo había señalado en mayo del 30, en los estertores de la dictadura de Primo de Rivera, al caracterizar la movilización de los estudiantes…”es el signo de que la sociedad burguesa atraviesa una crisis profunda“.

En efecto cuando de nuevo los dirigentes sindicales habían cortado con movilizaciones “de cartón piedra” la búsqueda de la acción unida de la clase que importantes huelgas en la industria y otros sectores reclamaban, el 16 de febrero en ocasión de la detención de Hasél, el movimiento espontáneo surgió en las principales ciudades y pueblos de Cataluña, extendiéndose a todo el Estado. Hoy el régimen, que conoce el carácter explosivo de la situación, que cualquier chispa puede detonar, exige, por medio del gobierno y de la “oposición”, a todos los partidos, y en especial en Cataluña, el apoyo total a la brutalidad de la policía “catalana”.

Todo esto sucede en una situación en que el derrumbamiento económico, la multiplicación del paro y la aparición del hambre anuncian revueltas de gran amplitud. A este respecto, baste con citar un informe del Fondo Monetario Internacional sobre Las repercusiones sociales de las pandemias, que pone de manifiesto “las fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos” y que señala que “sube el riesgo de graves crisis políticas (acontecimientos que pueden derribar gobiernos), que normalmente ocurren en los dos años posteriores a la epidemia grave”. Movimientos como el Hirak, la rebelión de la juventud y el pueblo argelinos contra el régimen corrupto, renacen tras el paréntesis de la pandemia.

Es verdad que, por el momento, la clase obrera sigue “bloqueada” por el brutal esfuerzo de paralización de los aparatos sindicales, huelgas persistentes como la de John Deere muestran que es posible romper el cerco. La prohibición de manifestaciones no garantiza el control de la calle, sólo pone de manifiesto el pánico del régimen.

La previsión de posibles explosiones sociales explica la necesidad de un cierre de filas de los defensores del régimen. Que son conscientes de que, hoy por hoy, no tienen alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez, como decía el ABC del sábado 20 de febrero “con tres partidos de derecha es la impotencia”. La clave por tanto reside en la capacidad del aparato del PSOE, con la colaboración de Podemos e Izquierda Unida desde el propio gobierno y con la ayuda inestimable de los dirigentes de los grandes sindicatos, de impedir una explosión, y en la necesidad de poner cortafuegos entre las movilizaciones de los jóvenes y la clase trabajadora.

La conmemoración del 23 F

Es evidente que hay una relación directa entre lo que hemos expuesto antes y la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La defensa a ultranza del rey fugado, cuya vuelta se prepara reafirmando su impunidad ante cualquier delito que haya cometido, ha unido no sólo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y al rey Felipe VI en sus discursos conmemorando el 23F, sino también a buena parte de la prensa del régimen.

Sin embargo, el renovado rechazo del rey por formaciones nacionalistas evidencia la quiebra del consenso monárquico, en el mismo momento en que el pacto PSOE-PP integra en el consejo de RTVE al conjunto de fuerzas… menos a los independentistas que han ganado las elecciones catalanas.

Felipe VI dijo en su discurso, con respecto a Juan Carlos I, que “su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia”, en tanto que Batet decía que “Conmemoramos así la decidida reacción de nuestras instituciones públicas, que, encabezadas por su majestad el rey don Juan Carlos, asumieron la defensa de la democracia ante la amenaza del golpe y usaron eficazmente sus capacidades constitucionales para derrotar a los golpistas”. Habría que comulgar con ruedas de molino con respecto a este relato, ya que los hechos reales se ocultan al pueblo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, lo que por algo será. En todo caso, el relato oficial resulta increíble a la luz de toda la trayectoria antidemocrática de la Monarquía. Desde la proclamación de Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975 con la fórmula “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”, hasta la complicidad de Felipe VI, por lo menos por inacción, con los militares que publican amenazas constantes incluso a 26 millones de personas.

La vuelta a la vieja cantinela del rey “salvador de la democracia” muestra la necesidad que tienen de cerrar filas en la defensa del régimen, limitando las rupturas inevitables, sin apuntar ni la mínima reforma, y ello a pesar de que fluyen las informaciones viejas o nuevas respecto del verdadero papel del rey Juan Carlos, o sea, de su complicidad en la inspiración y el desarrollo del golpe.[1]

Esa defensa a ultranza tiene consecuencias. Por ejemplo, obliga a los partidos nacionalistas e independentistas a delimitarse. Hay que recordar, además, que ellos no fueron ni siquiera invitados al Pacto de la Zarzuela, cocinado inmediatamente después del golpe, y cuyo primer objetivo era la “recentralización” del Estado y la persecución renovada del nacionalismo “radical”. Y Unidas Podemos, prisionero de su participación en el gobierno, hace de convidado de piedra como quinta rueda que es del sistema.

A la conmemoración del 23F, que han unido al PP y al PSOE, ha seguido un paso adelante del gobierno de Pedro Sánchez, con un acuerdo con el PP para la renovación del Consejo de RTVE, y el anuncio de que se va a seguir negociando, para acometer la renovación de otros órganos constitucionales con el mandato caducado, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Un consenso que van a buscar, sin duda, cómo extender a otras cuestiones, y, en particular, al reparto de los fondos europeos en beneficio de las grandes empresas.

Todo ello se ha preparado, según citan algunos medios de prensa, en un almuerzo privado con el rey, en el que participaron Pedro Sánchez y Carmen Calvo, junto con las presidentas del Congreso y el Senado, el del Poder Judicial, el del Tribunal Supremo, el líder de la oposición y los dos ponentes vivos de la Constitución.

Dos mundos que se enfrentan

De un lado, la movilización de un sector de la juventud, que puede ser el inicio de una movilización más generalizada del conjunto de la población. Del otro, un consenso en defensa del Régimen, rey emérito en fuga incluido. Consenso que se enfrenta, no cabe duda, a la satisfacción de reivindicaciones fundamentales, como la derogación de las contrarreformas y la recuperación de los servicios públicos. Y a la movilización de los jóvenes, a los que desde las distintas instancias del Estado, central y autonómico, se ordena apalear y criminalizar. Una situación política que reafirma la relación existente entre la lucha por las libertades, la defensa de las reivindicaciones y los derechos sociales y el combate contra el Régimen podrido, por la República.

[1] Véase al respecto el artículo publicado en la web de Información Obrera bajo el título  El fugado y el 23F

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