Carta Semanal 813 en catalán
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El derecho a la educación, que sólo puede asegurarse con la enseñanza pública gratuita y de calidad (luego científica y por tanto laica), forma parte de las reivindicaciones del movimiento obrero desde sus inicios. Por ejemplo, en el programa fundacional del PSOE en 1888, “entre los medios inmediatos para realizar su aspiración” emancipatoria se incluye la “creación de escuelas profesionales y de primera y segunda enseñanza gratuita y laica”.
En las sociedades capitalistas los derechos sólo pueden lograrse de forma parcial, siempre que no comprometan la rentabilidad del capital y su dominación, necesaria para mantener sus privilegios. Esto no significa rebajar la importancia de las conquistas, por limitadas que sean, y por tanto la lucha por arrancarlas. Son importantes porque alivian las condiciones de vida de la clase trabajadora y porque demuestran que sólo mediante la organización y la movilización se pueden conseguir avances. Pero todas las conquistas obreras y democráticas en el capitalismo son precarias, la burguesía siempre las tiene en el punto de mira de sus ataques. Y cada vez más por la destructiva huida hacia delante, hacia más y más barbarie, que implica la supervivencia del capitalismo en su estadio imperialista y las políticas que la acompañan, a las que obedece la magnitud de la pandemia y todos sus efectos sociales que caracterizan este terrible año 2020.
En el caso español esto se verifica con mucha claridad, porque esa dominación de clase, que se mantuvo durante casi cuatro décadas mediante la dictadura franquista, continúa con la restauración borbónica que es su heredera directa. De modo que el derecho a la educación, como otros, sólo se logra parcialmente. La falta de compromiso con las reivindicaciones de las direcciones de los principales partidos y de los sindicatos ha impedido que el sentir mayoritario se haya plasmado en una enseñanza plenamente pública, gratuita y laica. De hecho, su orientación ha facilitado que calara entre ciertos sectores el reaccionario discurso de una supuesta “libertad de elección”, en realidad un señuelo para colar los intereses del capital y la Iglesia. El resultado es que la injerencia religiosa en la escuela se ha mantenido ininterrumpidamente desde 1975, así como que desde la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, del gobierno de González, se consagren los conciertos educativos que suponen una transferencia masiva de recursos públicos a las escuelas privadas.
En ese contexto, en el año 2013 el gobierno del PP aprobó la LOMCE, que fue rechazada de forma abrumadoramente masiva en las calles y en los centros de estudio. También conocida como Ley Wert, por el nombre de uno de los ministros más despreciado de los últimos tiempos, su contenido agravaba la situación de la enseñanza pública. Lo hacía a través de una serie de medidas que generalizaban aún más los conciertos -incluso a colegios que, como en la dictadura, separan al alumnado por sexos-, potenciaban la presencia de la religión en las aulas y, en general, penalizaban al estudiantado de clase trabajadora. Pese a que ya en el mismo 2013 todos los partidos de oposición, excepto los escindidos del PP, se comprometieron a derogar la LOMCE cuando tuvieran mayoría parlamentaria, esta derogación no se llevó a cabo ni por los congresos constituidos tras las elecciones de 2015 y de 2016 que ya suponían dicha mayoría, ni tras la moción de censura de junio de 2018. A todo esto hay que añadir los recortes de gasto público social que desde 2010 han golpeado brutalmente a la enseñanza pública.
La LOMLOE sólo elimina los aspectos más reaccionarios de la LOMCE
El pasado 19 de noviembre el Congreso aprueba una nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida por el apellido de la ministra como Ley Celaá. El griterío de la derecha y la patronal de los centros privados, en particular de los católicos, podría inducir a confusión, si no fuera porque es conocida la falsificación sistemática de la que se valen: la realidad es que ni se eliminan los conciertos, ni desaparece la religión, ni se quita el castellano en ninguna comunidad autónoma, etc. Esta nueva ley, a la que solo le queda pasar por el Senado, implica jurídicamente la derogación de la LOMCE.
La ley incluye medidas que sin duda son positivas. Entre ellas, la eliminación de las reválidas en Secundaria y Bachillerato; la reducción de los itinerarios y la diversificación curricular; la flexibilización del acceso al Bachillerato; la desaparición de la asignatura alternativa a religión y el cómputo de esta para la nota promedio; la limitación de los conciertos en lo que concierne a los centros que segregan por razón de sexo (aunque habrá que ver si se establecen mecanismos para asegurar todo esto).
Tanto CCOO como UGT han apoyado la aprobación de esta ley, aunque con algunas propuestas de cambios, como la de reducir las ratios en las aulas y las horas lectivas del profesorado, además de reclamar un aumento de las plantillas. También reclaman una reforma de la profesión docente, mayor inversión en educación, etc. Es cierto que con esta ley se eliminan ataques que impuso el gobierno de Rajoy en 2013. Pero los problemas son más profundos, vienen de lejos y esta ley no se da por objetivo resolverlos. Entre otros, dos muy graves que se retroalimentan: el mantenimiento de los conciertos con centros privados y la continuidad de la religión en las escuelas e institutos, con una legión de catequistas pagados con fondos públicos (700 millones al año), escogidos por el obispado de turno.
Las raíces de los problemas de la enseñanza pública
En definitiva, la LOMLOE incluye medidas muy limitadas frente a los problemas normativos y presupuestarios de la enseñanza pública. Se limita a derogar los aspectos más regresivos de la LOMCE, sin abordar las cuestiones de fondo. Como en otros ámbitos el gobierno no satisface las reivindicaciones, porque el mandato democrático exige ir más allá, eliminando conciertos e injerencia religiosa, además de dotando todos los medios necesarios para la enseñanza pública de calidad -por tanto científica y por ende laica-, lo que resulta incompatible con el desvío masivo de dinero a los centros privados y con una asignatura de religión, por definición anticientífica.
Los problemas de la enseñanza obedecen al carácter antidemocrático no ya de todo Estado burgués, sino específicamente del Estado monárquico impuesto por la dictadura. El 22 de noviembre de 1975 tiene lugar la restauración borbónica, apenas 48 horas después de la declaración de muerte del dictador, del que el nuevo rey declara entonces que “una figura excepcional entra en la Historia”. En ese marco el 3 de enero de 1979 se anuncia la firma de unos acuerdos del Estado español con el Estado vaticano que, de hecho, mantienen buena parte del Concordato de 1953). Es decir, cinco días después de la entrada en vigor de la constitución el 29 de diciembre de 1978, que ampara la continuidad del nacionalcatolicismo, maquillado como libertad de enseñanza (por quienes siguen persiguiendo al libre pensamiento): “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (artículo 27.3). Después, en el inicio de las vacaciones del verano de 1985 (3 de julio) el PSOE promulga la mencionada LODE, regularizando la práctica de la dictadura de financiación pública de centros privados, concretado en el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos aprobado en el inicio de las vacaciones del invierno siguiente (18 de diciembre). Fechas que dificultan la movilización contra estas leyes que cuestionan el derecho a la educación.
Según datos oficiales el coste de los conciertos supera cada año los 6.000 millones de euros, mayoritariamente dirigidos a la Iglesia católico. Fondos que van a centros que compiten deslealmente con los públicos, al disponer de doble financiación: fondos públicos y aportaciones de las familias (que cuelan gracias a la pasividad de los gobiernos). Los titulares de los privados, mayoritariamente católicos, hacen negocio doble: económico por la doble financiación e ideológico adoctrinando a una parte de la juventud. Por la Iglesia católica, una institución caracterizada por innumerables iniquidades y delitos, desde apoyar a la criminal dictadura franquista hasta las violaciones sistemáticas a menores y pasando por infracciones económicas como las inmatriculaciones de edificios y monumentos o el impago de impuestos (sobre todo esto puede encontrarse más información en el número 352 del periódico Información Obrera).
La mayoría de los centros privados son concertados, es decir, privados con fondos públicos, y apenas tienen estudiantado de familias de clase trabajadora, mientras que la mayoría del alumnado inmigrante y con necesidades educativas específicas está en la escuela pública. Bajo la supuesta libertad de elección se camufla una segregación en toda regla. Es un rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con quienes son de otra clase social; rechazo financiado con fondos provenientes en gran medida de las familias de la clase de cuyos descendientes buscan alejar a los suyos. Como explican Rogero y Andrés de la Universidad Autónoma de Madrid: “la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas” (www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_147_071404906873547.pdf). Incluso la OCDE plantea que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos” (www.oecd.org/education/school/49620052.pdf).
Hay que organizar el rechazo a los conciertos y a la injerencia de la religión
La enseñanza pública sólo garantizará el derecho a la educación si es plenamente gratuita y de calidad, luego científica y por tanto laica. Por eso la LOMLOE no resuelve los problemas, no para los ataques a este derecho. Para hacerlo es imperativo derogar las contrarreformas y dotar todos los medios necesarios: los fondos públicos deben ir íntegramente a los centros públicos, por lo que deben eliminarse los conciertos (no basta con una promesa del 5% del PIB, deben ser todos los necesarios). Además, debe expulsarse definitivamente a la religión de las aulas, ya que su presencia es incompatible con la necesaria educación de calidad, científica y por tanto laica. Sólo hay una forma de defender estas reivindicaciones legítimas: hasta el final, incondicionalmente.