Carta Semanal 852 en catalán

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El 6 de septiembre, como se realiza anualmente, se celebró la inauguración del Año Judicial presidido por el Rey. Recordemos que, en este país, en nombre del Rey se emiten las sentencias y se administra la justicia (por llamar de alguna manera a lo que hacen los jueces en este país). El rey, que a menudo, en los hechos, es la única autoridad a la cual obedecen las instituciones judiciales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa su lugar -o más bien lo usurpa, según las leyes vigentes, desde hace ya casi 3 años- aprovechó la ocasión para lanzar un misil contra la decisión del gobierno de otorgar un indulto parcial a los 9 republicanos catalanes. Una intervención que forma parte de la ofensiva del aparato de Estado para cerrar el paso a toda posible salida al conflicto catalán. Ahí está la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir fianzas multimillonarias a los políticos republicanos catalanes.

Este discurso de enfrentamiento y guerra civil estaba calcado del discurso del Rey el 3 de octubre de 2017 contra el pueblo de Catalunya, dos días después del referéndum del 1 de octubre, ilegalizado por Rajoy, y brutalmente reprimido. A pesar de lo cual participaron en el mismo 2.262.424 ciudadanos de Cataluña.

La renovación del Consejo

Lesmes también criticó al PSOE y al PP, por no renovar el Consejo (una renovación que debería haberse producido hace 1.000 días), cubriendo así la responsabilidad del PP en el momento actual. Pero no hizo alusión alguna a una posibilidad que forzaría la renovación del mismo: su dimisión y la de la mayoría de los miembros del órgano.

Evidentemente el PP no tiene ningún interés en aplicar la actual ley que hace que 12 de los 20 jueces del Consejo se decidan en un acuerdo entre los partidos representados en las Cortes. Gracias a su bloqueo de la renovación se asegura que se mantiene la mayoría elegida en 2013 con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Renovar ahora supondría para el PP perder la mayoría y, ante los juicios vigentes como el de la Kitchen, teme las consecuencias.

Casado declaró el 2 de septiembre “que Sánchez abandone toda esperanza de renovar el CGPJ”, el día 4 que “el problema es de Sánchez, no nuestro” y, la prensa titulaba que “Casado emplaza a Sánchez a renovar el poder judicial si acepta un cambio de modelo”. Y ha cambiado una y otra vez sus exigencias para colaborar en la renovación del CGPJ, que necesita una mayoría parlamentaria de 3/5.

La renovación debería haberse hecho en 2018. Pero, entonces, Pedro Sánchez, que ya estaba en el gobierno, no tenía prisa. No parecía prudente hacer cambios que pudiesen repercutir en un Tribunal Supremo preparando su gran juicio contra los republicanos catalanes. ¿Cómo osar desestabilizar a unos jueces que están defendiendo la “unidad de la patria” (por mucho que sea una excusa para salvaguardar a las instituciones), por mandato del rey y de su discurso del 3 de octubre de 2017? Entonces hubiera sido posible renovar sin acuerdo del PP ni de Vox, que no reunían los más de 2/5 del Congreso necesarios para bloquear la elección.

Al rey actual tampoco le interesa mucho la renovación, aunque parezca muy improbable que una nueva mayoría en el Consejo abriera paso a la posibilidad de un juicio a su padre por sus múltiples chanchullos económicos,  que sin duda afectaría al conjunto de la institución monárquica, habría que evitar incluso esa remota posibilidad.

En este marco, el martes 7 de septiembre, al día siguiente al discurso de Lesmes, Casado propuso renovar el Consejo. Eso sí, a condición de cambiar de inmediato la ley y permitir que todos sus miembros sean elegidos directamente por los jueces, y no por el Parlamento. Casado defendió esta propuesta en nombre de la “independencia del Poder Judicial”. Independencia, hay que precisar, respecto de la soberanía popular.

¿Puede, en democracia, una institución del Estado ser independiente de la soberanía popular? Es evidente que, bajo la Monarquía, institución clave del Estado que no se somete ni es elegida por la soberanía popular, sino por derecho de herencia, es más que posible.

Recordemos que el gobierno PSOE-UP intentó modificar la ley para impedir que el PP pudiera seguir ejerciendo su minoría de bloqueo en la renovación del CGPJ. Pero le paró los pies la Unión Europea. Al día siguiente de una reunión con la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, que le pidió la retirada de esa reforma legal, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba la retirada de ese proyecto. Además, la UE presiona para que se cambie la norma y se haga una elección basada en los “estándares europeos”, para que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces. Todas las instituciones de la actual UE apoyaron la transición española, con la continuidad de instituciones con el franquismo. Y se han opuesto siempre a procesar a los responsables de los crímenes franquistas.  

Hay que recordar que la Constitución declaró poder judicial democrático al mismo aparato judicial seleccionado durante cuarenta años por la dictadura franquista, que dicta sentencias sin interferencia. Pero le puso una administración elegida con participación de las Cortes, el Consejo General del Poder Judicial.

A nadie se le oculta que la “independencia del Poder Judicial”, que enarbola Casado – con el apoyo de buena parte de las asociaciones judiciales y, como hemos visto, de la UE- para defender la elección de doce miembros del CGPJ por los jueces no sería otra cosa que la absoluta independencia de un aparato judicial heredado del franquismo sin depuración alguna, y plagado de reaccionarios. Un aparato defensor a ultranza de los intereses del capital financiero y de los privilegios de instituciones reaccionarias como la Iglesia Católica, y enemigo de los trabajadores y de las mujeres. Un aparato judicial que se ha constituido como garante de la impunidad de los crímenes del franquismo (llegando a la expulsión del juez Garzón cuando osó traspasar esa barrera), que ha avalado todos los recortes, las reformas laborales, la ley mordaza… y que se ha colocado en primera línea de la persecución contra el pueblo catalán y sus representantes.

“En nombre del rey”

Todo parece indicar que Lesmes no actuaba en nombre propio, ni solo de un sector de jueces, sino como un portavoz del Rey, con el que se conchaba contra el Gobierno por segunda vez en un año. Según la Vanguardia del 8 de septiembre, el Rey, dirigiéndose en conversación informal a los dirigentes políticos, inmediatamente después del discurso de Lesmes, les dijo: “Lesmes os ha dado un tirón de orejas a todos”.

El monstruoso aparato judicial, que además es lento e ineficaz, en los hechos sólo obedece al rey. Como otros poderes del Estado. Recordemos al capitán general Quintana Lacaci  que, con ocasión del golpe de Estado del 23-F, dijo que había obedecido al Rey porque “el Caudillo me dio orden de obedecer a su sucesor”. Y Lesmes obedece a su señor. Porque si de verdad quisiera resolver el problema actual lo tendría tan fácil como dimitir y forzar la dimisión de la mayoría de CGPJ. Aunque, claro, eso supondría renunciar al sueldo de 142.520 euros (presupuesto de 2022), vehículo oficial con chófer, despacho y secretarios/as. Una decisión sin duda muy dolorosa.

La democracia exige liberarnos de este aparato judicial franquista. En democracia sólo hay una salida: la elección democrática de los jueces por el pueblo. La elección de los jueces por el pueblo no es una ocurrencia. Por el contrario, en los países donde las formas democráticas han sido más avanzadas la elección de los jueces es ley. Son los regímenes heredados de dictaduras o los regímenes parlamentarios en crisis los que han segregado un cuerpo judicial exterior a la población. Es una de las cuestiones que debe integrarse en la lucha por un verdadero cambio social y político, por la República.