Carta Semanal 919 en catalán

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En un régimen parlamentario, en teoría tú votas a alguien, y el  que suma más votos gobierna para hacer lo que te ha prometido. Pero, bajo el régimen de la Monarquía, las cosas no son así. El que ha ganado unas elecciones tiene que pedir permiso a una serie de controles para legislar, para gobernar. En particular, al llamado Tribunal Constitucional. El  nombre engaña, pues no imparte justicia, pero a sus decisiones las llama sentencia, auto, etc.

El TC tiene la misión de certificar en nombre del Estado si lo que uno dice o hace es conforme a la Constitución, y, por tanto, hace legales o ilegales esos actos. Según el artículo 1 de la ley del TC:

“El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.”

No pertenece a ninguno de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), sino que está por encima de los tres. Recurren al TC sentencias de los tribunales de justicia, pero a la vez es la ‘tercera cámara’, que decide sobre las leyes aprobadas por el Congreso, el Senado, y las autonomías. Es una aberración, que está por encima de los poderes máximos. No lo eligen directamente los ciudadanos, pero se impone a los que sí han sido elegidos.

No existía en el sistema parlamentario tradicional, creado por la burguesía en ascenso, sino que es propio de la burguesía decadente, que se parapeta contra la amenaza de la revolución proletaria. La II República creó un artilugio de este tipo, el Tribunal de Garantías Constitucionales. A instancias de los patronos, ese “Tribunal” anuló la Ley de contratos de cultivo (33-34) de la autonomía catalana, y contra ese abuso se rebeló el pueblo catalán, proclamando el Estado Catalán de la República Federal española.

Tiene 12 miembros, que se renuevan por tercios, siendo designados por el Congreso (4), el Senado (4), el Gobierno (2) y el Consejo General del Poder Judicial (2). Éste último, a su vez es designado por el Congreso (10 vocales) y el Senado (otros 10) más el Presidente del Supremo elegido por los 20. Por tanto su origen queda lejos del voto de los ciudadanos.

El mecanismo de su elección son los 3/5 de la cámara correspondiente, lo que garantiza el derecho de veto por parte del PP y las asociaciones afines. Para evitar que los votados por partidos no franquistas tengan mayoría, el PP llegado el caso decide no designar a los que han de sustituirles. O amenaza con no votar a los designados por el PSOE si no son gente “aceptable” para el PP. O exige que el PSOE vote a inaceptables como recientemente a Álvarez Rendueles (que acaba de proponer la infame prohibición al Congreso de que vote lo que había decidido votar), y hace años a Martínez Tristán, juez repudiado por el Partido Socialista de Madrid en lo relativo a la privatización de la sanidad.

Por tanto, no es que ahora haya un problema con el T. Constitucional, sino que hay un problema permanente con un mecanismo de elección basado en el chantaje que favorece el juego de los franquistas.

De mal en peor

Ha habido dos grandes cambios en el Tribunal Constitucional.

1. a) En 2007 el Gobierno Zapatero abordó la sobresaturación de casos del TC cortando por lo sano, facilitando que se rechazasen casos. Antes, para que no se admitiese un recurso, hacía falta la unanimidad, y de no haberla se abría un trámite de audiencia, en el que los representantes del recurrente y los fiscales pudiesen defender sus posiciones. Ahora, sin oír al recurrente ni al fiscal, la mayoría del TC no acepta el recurso, y se le da carpetazo.

Este ha sido un medio fundamental para rechazar querellas o acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por franquistas.

La saturación del TC viene de que el aparato judicial franquista, bueno para perseguir, era incapaz de ayudar a resolver los problemas democráticos y sociales.

1. b) Rajoy suprime garantías para hacer “ejecutivo” al Tribunal Constitucional

En 2015, en plena escalada represiva contra los catalanes, mientras el jefe de Estado Mayor Alejandre orquestaba un plan para la intervención del ejército en Cataluña, Rajoy dice que el TC tiene que garantizar por sí mismo que se cumplen sus resoluciones.

En 2017, el TC obedeció disciplinadamente las consignas del rey, única institución a la que el TC se pliega, en nombre de la cual existe.

El TC organizará la ejecución de sus resoluciones, anulará resoluciones contrarias previa consulta, suspenderá responsables, actuará si es preciso sin oír previamente pero dando un plazo a los afectados.

Estas instrucciones son lo que ha pretendido ahora aplicar el TC contra el Congreso y el Senado, pero saltándose los requisitos.

El TC ha actuado con dos miembros caducados a pesar de las exigencias del Gobierno, del Congreso y de la Fiscalía. Es un TC ‘ilegal’, formado por miembros cuyo mandato ha vencido.

Al Senado le interpela por lo que ha hecho el Congreso, como ha ocurrido el jueves 22

Este mismo procedimiento se aplicó antes al Parlamento de Cataluña (en septiembre del 17) impidiendo que los elegidos para legislar y gobernar legislen y gobiernen,

Contra el ataque antidemocrático del PP ha habido un cierre de filas de diversos grupos parlamentarios, incluso en parte la derechista C. Canaria.

En cambio, la Comisión Europea por boca de su comisario de Justicia ha intervenido apoyando de hecho al PP.

El boicot del PP a los relevos

El PP tiene como norma parar los relevos de miembros del TC y del CGPJ cuando le conviene. Hubo un primer bloqueo en 1995 de ocho meses en todos los órganos, que terminó en cuanto Aznar tuvo el Gobierno y mayoría en las Cortes en 1996.

En 2008, estando Zapatero en el Gobierno, el bloqueo del relevo del TC duró 2 años y sirvió para preparar la mayoría que en 2010 se cargó el Estatuto catalán. Ahora, se cumplen 4 años en el CGPJ dentro de un plan de bloqueos sucesivos en otros órganos para impedir mayoría progresista en el TC que rompa el largo dominio del PP. No ceden, porque buscan que Bruselas imponga que sean los jueces franquistas los que elijan, lo que daría dos puestos fijos en el TC al PP.

Qué ha hecho el Tribunal Constitucional

1) Apoyó las reformas laborales

Una sentencia de 16 de julio de 2014 del Tribunal Constitucional avala de la a a la z la reforma laboral rechazando todos los argumentos de los sindicatos, con un texto que parece una declaración de la CEOE:

• La reforma vulnera el artículo 35 de la Constitución sobre la duración del periodo de prueba y el artículo 37, pero lo hace por un motivo razonable, y también es razonable que pisotee la legislación laboral sobre el despido unilateral.
• El cambio por el empresario de las condiciones laborales se hace para mantener puestos de trabajo, y según el TC no viola la negociación colectiva. Y tampoco da más discrecionalidad al empresario. Y le parece bien que se imponga la descentralización de la negociación colectiva y niegue prioridad a los convenios sectoriales.

2. Una y otra vez, contra los pueblos
3. A) El TC fue transformado para cargarse el segundo Estatuto de Cataluña. El Parlamento catalán aprobó el 30 de septiembre de 2005 un nuevo Estatuto por amplísima mayoría. Al llegar al Congreso éste lo dejó profundamente cambiado. Esa versión recortada fue votada en referéndum por el pueblo catalán, con pocos votos pues muchos se negaron a reconocerlo.

En el Constitucional,

– Apartaron al magistrado Pablo Pérez Tremps del caso del Estatuto catalán, a iniciativa del PP y con el pretexto de que había elaborado un estudio teórico sobre un estatuto diferente al aprobado.

– El PP se negó a relevar a otros magistrados ni a sustituir a uno fallecido.

– El magistrado Aragón se pasó al PP.

Así se amañó una mayoría falsificada en el Constitucional, que dejó irreconocible el Estatuto, dado a conocer en junio de 2010. El presidente Montilla, todos los partidos, sindicatos e innumerables entidades convocaron y el pueblo catalán salió masivamente a la calle el 10 de julio de 2010. Ahí por primera vez, se abrió un proceso de movilizaciones masivas por el derecho a decidir, por la independencia.

Ante la preparación del Referéndum del 1 de octubre de 2017, ilegalizado por Rajoy, el Gobierno tensó todos los dispositivos del Estado para chantajear y reprimir. El PP, tras forzar su mayoría en el TC, lo  transformó en un perro de presa, como se ha explicado antes.

3) Ocultar y negar la Memoria histórica

Durante 86 años todos los jueces españoles se han negado a admitir a trámite ninguna acusación de crímenes franquistas. La única excepción fue el juez Baltasar Garzón, que se apoyó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por España en 1977. El Supremo dictó una sentencia con todos los supuestos motivos para negar la tramitación de tales crímenes, negando la utilización del pacto. Y el poder judicial maniobró para echar a Garzón

Pero la Constitución, en su artículo 10, señala que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”

Cuando el Gobierno presenta a las Cortes el proyecto de ley de Memoria Democrática, el TC emite de inmediato, el 15 de septiembre de 2020, un laudo garantizando que, digan lo que digan las Cortes, los jueces españoles seguirán negándose a admitir las acusaciones de crímenes franquistas. La ley de la Memoria Democrática responde punto por punto a las alegaciones del TC.

El obstáculo es la Monarquía

El embrollo creado a lo largo de 44 años de régimen cuestiona su viabilidad.

En suma, los sistemas de consenso en que se basa el Constitucional y otros órganos son un obstáculo para la verdad y la justicia. Una Constitución democrática no debe utilizar tal artilugio.

Europa les apoya

Destacamos la intensa intervención de la UE en la actual crisis de la cúpula monárquica.

Últimas noticias indican que Bruselas quiere mantener los tres quintos dejándonos sometidos al PP y sus bloqueos. A la vez, la UE  mantiene que los jueces elijan directamente a 12 miembros del CGPJ, lo que aseguraría de manera permanente dos puestos para los franquistas en el TC.

En definitiva Bruselas quiere apoyarse en los franquistas para evitar que la irrupción de las masas rompa el orden de la UE garantizado por la Monarquía.