Carta Semanal 914 en catalán
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A cambio de los fondos europeos, el gobierno remitió a Bruselas un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, que incluía, entre otras muchas cuestiones, compromisos de reforma del sistema público de pensiones, para garantizar –dicen- su sostenibilidad. Recordemos que, para poder mantener el falso argumento de que el sistema no es sostenible, el gobierno en que se sienta Escrivá se niega a cumplir el mandato parlamentario de hacer una auditoría pública de la caja de la Seguridad Social. El objetivo real no es garantizar las pensiones públicas, sino dar pasos para lo que el capital financiero ansía: convertir las pensiones de jubilación en un negocio, a través de sus fondos de pensiones (lo que exige que las pensiones públicas de jubilación bajen lo suficiente para que no garanticen la supervivencia de los jubilados). Se trata de un gasto de 179.810 millones de euros, lo que supone un 11,8% del producto interior bruto (PIB), según el presupuesto consolidado de la Seguridad Social para 2022.
De paso, recordar que se dijo que estos fondos europeos eran sin condiciones, o sea, un engaño. Y que, además, esos fondos solo sirven para garantizar los beneficios de las grandes empresas.
En ese documento remitido a Bruselas, el gobierno se ha comprometido a legislar, con el plazo del 31 de diciembre como máximo, un nuevo paquete de reformas de las pensiones contributivas, lo que se conoce como la “segunda parte” de la reforma de Escrivá. Por tanto, el Gobierno apura las últimas semanas para presentar su propuesta. El pasado día 18, en un editorial, El País decía lo siguiente: “ha llegado el momento de presentar el sistema por el que España planea superar los déficits estructurales del modelo contributivo, algo que, dadas las circunstancias, no se puede hacer sin asumir algunos costes”.
Reducir el gasto en pensiones
La propuesta que baraja el ministro José Luis Escrivá tiene dos patas: el destope de las bases máximas de cotización (hoy topadas en los 4.139 euros), para que los salarios más altos coticen más. Una medida que aumentaría los ingreso del sistema. Pero lo central de la reforma es otra medida, para bajar el gasto en pensiones: la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión definitiva. Según los cálculos que baraja el propio gobierno, el aumento del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de los 25 a los 35 años, reducirá las futuras pensiones iniciales un 5,45% de media. Una medida brutal, si recordamos que más de la mitad de los jubilados (el 52%), es decir, 4,75 millones de personas, perciben una paga que se sitúa por debajo de salario mínimo interprofesional (SMI). Si tenemos en cuenta los distintos tipos de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), la pensión media en España es 1.087,48 euros.
Implicar a las organizaciones
El editorial de El País que citábamos antes dice: “el papel de las pensiones en el modelo social español es esencial y se debería hacer un esfuerzo por retomar los acuerdos básicos que han hecho que, con todas sus reformas y contrarreformas, el sistema haya superado innumerables vicisitudes”. Con esas palabras, llama al consenso de las fuerzas políticas en el pacto de Toledo y a la implicación de los dirigentes sindicales. Como sucedió con la reforma de Zapatero en 2011, que retrasó la edad de jubilación a los 67 años, y que se basó en el “Acuerdo Social y Económico” (ASE), firmado por los dirigentes de UGT y CCOO. Pero, por el momento, los dirigentes de ambos sindicatos se muestran reticentes. El ASE generó un importante rechazo entre los trabajadores y dentro de los propios sindicatos. Una campaña en la que participamos los militantes de la Cuarta internacional recogió más de 2.000 firmas de sindicalistas, que fueron entregadas a Toxo y Méndez, que se vieron obligados a recibir a una delegación de los firmantes. La participación directa de las direcciones de UGT y CCOO en un recorte de pensiones ha sido determinante para que los pensionistas se hayan organizado en sus propias coordinadoras y plataformas, ajenas a los sindicatos y a menudo enfrentadas a ellos.
Por tanto, los dirigentes no se atreven a suscribir un nuevo recorte de pensiones, y posiblemente el apoyo de las confederaciones no aseguraría, hoy, al gobierno, la “paz social” necesaria para imponer ese nuevo recorte.
La auditoría de las cuentas, una absoluta necesidad
Como señalábamos al comienzo de esta carta, todas las reformas de las pensiones, todos los recortes, se han basado en el mismo argumento: el sistema público de pensiones, tal y como está ahora, es “insostenible”, y, para garantizar las pensiones futuras, hay que introducir reformas, hay que recortar las pensiones, hay que prolongar la edad de jubilación.
Y, sin embargo, recordemos que Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, en una comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), reconocía que, sólo entre los años 1989 y 2018, la Seguridad Social asumió103.690 millones de euros en gastos no contributivos (los denominados gastos impropios) y que, por lo tanto, debían haber sido financiados por el Estado en vez de ser sufragados sacándolos de las arcas del sistema de pensiones. Un estudio de CCOO, que abarca muchos más años atrás, sube la cifra de “gastos impropios” a más de 500.000 millones.
La COESPE levantó la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, una propuesta que fue retomada por otras plataformas y, además, muchas instancias sindicales la apoyaron, desde El Congreso Confederal de UGT a varias Federaciones de CCOO, así como numerosas secciones sindicales, un movimiento que sigue en curso. La propuesta fue asumida por varios grupos parlamentarios y finalmente incluida en la votación de la primera parte de la “reforma Escrivá”. Este mandato parlamentario ha sido incumplido.
El pasado 2 de noviembre, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, respondía en el congreso a una interpelación del diputado Jordi Salvador, de ERC, que preguntaba por el incumplimiento del mandato parlamentario, que se cumplirá con esa condición, que aún “tenemos tiempo”, pero que en este momento “estamos enfrascados en la recuperación económica”. Montero añadió, en esa misma intervención, que el sistema de pensiones es “sostenible”. Lo que no impide que Escrivá siga argumentando, para imponer la reforma que ha comprometido a Bruselas, que hay que hacer cambios para garantizar su sostenibilidad.
La democracia exige que las cuentas del Estado sean claras. Desde el franquismo se ha impuesto la existencia de “gastos ocultos”. El presupuesto de la Casa Real es falso, no incluye el 60% de los gastos que nos cuesta la parásita familia Borbón. El presupuesto militar es igualmente falso, y no incluye muchos gastos disimulados en otras partidas del presupuesto. La auditoría de cuentas de la seguridad social es fundamental para garantizar el futuro de millones de pensionistas. En efecto la auditoría demostraría la sostenibilidad del Sistema (realizada por el Tribunal de Cuentas). Pero además evidenciaría la corrupción del funcionamiento de las instituciones heredadas del Franquismo. De ahí la resistencia de éstas a su realización. Resistencia a la que el gobierno se somete incluso cuando los grupos parlamentarios la votaron el 28 de diciembre del 2021. De ahí la importancia de continuar la batalla al respecto integrando la exigencia a los parlamentarios de que hagan cumplir el acuerdo.