Carta Semanal 868 en catalán
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El acuerdo sobre reforma laboral, ni “avance histórico”, ni “cambio de ciclo”:
Incumplimiento del compromiso de derogación
Los firmantes del acuerdo sobre reforma laboral nos inundan con valoraciones del mismo a cual más optimista.
Los entusiastas del acuerdo
Unai Sordo, secretario general de CCOO, escribe que se trata de “un acuerdo inédito, yo diría que histórico. Lo es porque, por primera vez, una reforma laboral de este calado recupera derechos cercenados en anteriores reformas”. En la web de UGT leemos que “Por primera vez en democracia, se acomete una modificación del calado que supone este acuerdo, no a favor de las pretensiones de la empresa, sino de la clase trabajadora”.
Para el PCE el acuerdo es un “nuevo éxito del Gobierno progresista que representa UP y Yolanda Díaz, que hará avanzar las posiciones de la clase obrera y el sindicalismo. Este es un acuerdo tripartito sin precedentes, con una reforma laboral más beneficiosa para los intereses de los trabajadores”.
Otros intentan convencernos de que hay que apoyar el acuerdo porque es una condición para recibir los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y, en efecto, la premura para llegar a este acuerdo viene dada, en buena medida, por el compromiso del gobierno con Bruselas de efectuar reformas en la legislación laboral antes del 31 de diciembre (componente 23 del Plan de Recuperación comprometido con la Unión Europea). Como si responder al chantaje de Bruselas, que exige condiciones para sus supuestas “ayudas” fuera una virtud.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso Jaume Asens, no sólo alababa el acuerdo, sino que advertía del riesgo de perder el apoyo de la CEOE a la reforma laboral con las enmiendas de los grupos políticos en el Congreso: “Este acuerdo se puede mejorar con enmiendas, pero alertamos del riesgo de que el acuerdo con la CEOE se rompa”. Una patronal cuyo apoyo hay que mimar, cuando consideró insuficiente la reforma laboral de Zapatero y apoyó con entusiasmo la reforma de Rajoy.
Un optimismo que deberían moderar otros comentarios
El País decía en su editorial al día siguiente del acuerdo que éste “contribuye a eliminar la temporalidad abusiva, a asentar la paz social, afianzar la estabilidad política y garantizar el acceso a los fondos europeos”.
Por su parte, ABC –considerado por muchos un portavoz oficioso de la Casa Real- publicaba un editorial muy esclarecedor. Para ABC, se trata de “un acuerdo (…) que modificará algunos aspectos de la que en 2012 aprobó el Ejecutivo del PP pero que mantiene su esencia. En ningún caso se trata de la ‘derogación’ que textualmente prometieron el PSOE y Podemos tanto en sus programas electorales como en su pacto de coalición”. Añade también el periódico que “objetivamente, las empresas seguirán disponiendo de un amplio margen de flexibilidad para el control de las condiciones laborales, los salarios, las contrataciones y los despidos”.
Para las patronales CEOE y Cepyme, “el acuerdo consolida el modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo. En concreto, el acuerdo mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la Paz Social”. Una valoración que, sin duda, contrasta con la que hacen los sindicatos.
Para completar el cuadro, la Conferencia Episcopal Española declaraba sobre el acuerdo que “esta es la reforma que se necesita”.
La FAES de Aznar también avala la estrategia negociadora de la CEOE y opina que este pacto “consolida” aspectos “fundamentales” de la legislación que aprobó el PP en 2012. Según ha explicado, si el objetivo de la patronal “era limitar el daño que las soflamas demagógicas del Gobierno y sus socios parecían anticipar”. Para esa fundación, vinculada el PP, el resultado del acuerdo alcanzado “ha mantenido los elementos fundamentales de flexibilidad interna en las empresas y consolida dos importantes novedades introducidas por aquella reforma: la reducción del coste del despido y la supresión de los salarios de tramitación”.
Sólo los partidos franquistas rechazan abiertamente el acuerdo. Pero es evidente que se debe exclusivamente a motivos electorales.
Los contenidos reales del acuerdo
No vamos a hacer aquí un análisis detallado del acuerdo (para ello remitimos al lector al que ha hecho el CATP, y que puede encontrar en ….)
Pero, básicamente, el acuerdo supone recuperar de manera completa la ultraactividad, es decir, la aplicación de un convenio colectivo una vez terminado el periodo de vigencia pactado en el mismo, y la prevalencia del convenio colectivo sectorial sobre el convenio de empresa (aunque esto, de manera limitada). También incluye medidas que supuestamente van al limitar la temporalidad. Pero, a este respecto, citemos lo que declaraba la presidenta del sindicato de inspectores de trabajo, Ana Ercoreca: “La reforma laboral no va a acabar con la temporalidad, porque ésta no se va a reducir si no se refuerza la Inspección. Si no nos dotan de medios y efectivos, la ley será papel mojado”. Recordemos que en España hay un inspector de trabajo por cada 24.000 trabajadores, mientras en Europa hay uno por cada 12.000. La experiencia de años de limitaciones legales a la temporalidad es que no sirven para nada.
Lo significativo es todo lo que el acuerdo ha dejado sin modificar de las dos reformas laborales: No ha modificado la regulación de los contratos a tiempo parcial, fuente de un fraude empresarial enorme, no modifica la capacidad de los empresarios para modificar unilateralmente lo pactado en convenio colectivo, no recupera la indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente ni los salarios de tramitación, no modifica la más que laxa regulación de los despidos objetivos, mucho más baratos, ni las facilidades para que el empresario haga modificaciones de las condiciones de trabajo….
No se trata de cuestiones sin importancia. Recordemos que el 31 de julio de 2012, CCOO y UGT presentaban una denuncia ante la OIT contra la reforma laboral de Rajoy. En esa denuncia, consideraban una “violación de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva”, la posibilidad del “descuelgue empresarial, es decir de inaplicar lo pactado en convenio colectivo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, sin necesidad de acuerdo con los negociadores del convenio ni siquiera con la representación de los trabajadores en la empresa, con imposición de un arbitraje administrativo obligatorio. La sustitución de la flexibilidad interna negociada, por la decisión unilateral del empresario, que puede sin acuerdo con los trabajadores decidir no aplicar condiciones de trabajo pactadas en acuerdos de empresa con la representación de los trabajadores”. Hoy, lo denunciado entonces como violación del derecho a la negociación colectiva se deja sin tocar en el acuerdo.
Algunos pretenden convencernos alegando que es un paso inicial, que después vendrá la derogación de otros aspectos. Yolanda Díaz ha dejado claro que no va a ser así, que no va a haber más reformas de la legislación laboral en esta legislatura. Por lo tanto, el acuerdo supone que, por medio del “diálogo social”, gobierno y sindicatos aceptan, dejan sin tocar, la inmensa mayoría de los recortes incluidos en las reformas laborales.
¿Qué ha sucedido con otras reformas prometidas?
Recordemos que la reivindicación de los trabajadores, mantenida hasta el momento del acuerdo por los dos grandes sindicatos, era la “derogación completa” de la reforma laboral. Un objetivo, evidentemente, incumplido.
Lo sucedido con la reforma laboral no es un hecho aislado. Hace unos meses se llegaba a un acuerdo sobre pensiones que ha sido rechazado por la gran mayoría de organizaciones de pensionistas. No se ha recuperado la revaloración automática de las pensiones según el IPC, y, este año, las pensiones van a subir un 2,2%, con la inflación en el 6,7%. La Ley Mordaza sigue en pie, y el Gobierno no tiene intención de derogarla. Ya ha anunciado que sólo le va a hacer algunas modificaciones.
La clase trabajadora no va a valorar al Gobierno por sus promesas ni por la propaganda que haga de sus medidas, sino por sus hechos (ahí está el ejemplo de lo sucedido en las elecciones de Madrid). Y los hechos demuestran que no se puede satisfacer las necesidades de la clase trabajadora gobernando dentro del marco de la monarquía y de la Unión Europea. Desde esta convicción, los militantes del POSI participan en la lucha por cada una de las reivindicaciones de los trabajadores.
No se puede gobernar a favor de los trabajadores aceptando los límites que impone el capital financiero por medio de sus instituciones internacionales y nacionales, en particular la Monarquía. La política de consenso, de “diálogo social” lleva a frustrar las aspiraciones de la mayoría, porque presenta como intereses compartidos los que sólo son del capital y, por tanto, contrarios a los intereses de la clase trabajadora, atando de pies y manos a las organizaciones obreras para su legítima actuación como tales. Y ello coloca en el centro el problema central, ¿quién representa los intereses de los trabajadores y los pueblos? ¿Qué representación política necesitamos? Las elecciones autonómicas en Madrid del 4 de mayo mostraron una profunda desconfianza de la población trabajadora hacia el conjunto de candidaturas de las izquierdas, que expresa una verdadera orfandad política.
Pero avanzar en la articulación de una representación política fiel sólo a los intereses de los trabajadores y los pueblos, exige hoy, entre otras cosas, plantear claramente que la exigencia unánime de derogación completa de las reformas laborales sigue siendo un objetivo irrenunciable y de unidad.