La explosión social del campo frente a latifundistas, multinacionales y Unión Europea

(Publicado en la Carta Semanal 770ver en catalán)

Las manifestaciones de este domingo 16 de febrero en las principales ciudades de León, convocadas por UGT y CCOO contra las consecuencias del cierre de las minas y exigiendo un plan de reindustrialización son una expresión aguda de la crisis que atraviesa hoy prácticamente todos los sectores productivos del país. No es una particularidad española, incluso un famoso economista tan acérrimo defensor del capitalismo como Paul Krugman declaraba recientemente que las economías europeas están a nivel financiero peor que en 2007. En efecto, no hay que ser muy inteligente para comprender que la causa es el propio sistema de producción capitalista embarcado en una nueva guerra comercial, donde los monopolios, las multinacionales y los trust están dispuestos a todo para sobrevivir, arrastrando a los estados y empujando a todos los gobiernos a arrasar con todas las conquistas sociales y democráticas. Es en este marco que debemos integrar la respuesta, la revuelta de los pueblos, de norte a sur, de este a oeste, con los trabajadores y la juventud a la cabeza.

En esta situación la crisis en el campo toma formas particulares. Si las movilizaciones de León intentan ser derivadas por algunos hacia una salida “cantonalista” que algunos caracterizan como el ejercicio del derecho a decidir, lo que confirma es que el “Estado de las autonomías” hace aguas, porque su continuidad franquista, al servicio exclusivo del gran capital, hunde a este país, sus gentes y sus pueblos en un naufragio continuado.

Y plantea evidentemente a los trabajadores y organizaciones exigencias superiores a los simples reclamos, plantea el problema de reordenar la sociedad bajo nuevos parámetros.

Los agricultores en lucha

Desde finales de enero en movilizaciones organizadas en distintos puntos del país, las principales organizaciones de agricultores y ganaderos (Asaja, Coag, Upa y después la Unió de Pagesos) han planteado las reivindicaciones acuciantes de los agricultores que conciernen particularmente a los pequeños y medianos propietarios. Hay una base clara para la indignación de los agricultores: en los últimos 10 años la renta agraria ha disminuido un 23 por ciento. Decenas de miles de agricultores trabajan a pérdida o simplemente sobreviven al borde de la ruina. Desde la entrada en la UE, la población activa agraria ha bajado casi la mitad, del 10% a menos de un 6%.

Paralelamente la Unión Europea que está debatiendo sobre su presupuesto plurianual anuncia una reducción del presupuesto de la PAC (Política Agraria Común) del 13,9 por ciento. La renta agraria en nuestro país está cubierta en un 30 por cien con los fondos de la PAC. La PAC, que en su inicio buscaba promover la producción subvencionándola, cambió sus criterios en los años 2000 pasando a subvencionar la superficie de las explotaciones. Quiere esto decir que en estos momentos son los grandes latifundistas los que son subvencionados. Muchos de ellos ni siquiera participan en la producción y son auténticos “agricultores de salón” (o sea, los Domecq, Alba, Mora Figueroa…, también se benefician de la PAC las grandes distribuidoras, los fondos de inversión, …). El 75 por cien de los agricultores no reciben más de 5.000 euros al año. La PAC, de hecho, impulsa la concentración de la propiedad de la tierra. Hoy la gran propiedad, el latifundio es mayor que en los años 30. Y hay que tener en cuenta que, a partir de la entrada en la UE, la PAC es la única política agraria, porque los gobiernos han cedido a las instituciones de Bruselas toda soberanía en este terreno, como en tantos otros.

¿Qué busca la Unión Europea?

Sobre el papel, su objetivo es distribuir productos baratos a nivel europeo, aunque sea a costa del campesinado. Incluso con acuerdos de libre comercio” con terceros países que producen a más bajos precios, una producción controlada también por los grandes monopolios. Pero estos productos, en contra de lo prometido, no llegan a precios baratos a la población trabajadora de Europa. Pues las cadenas de distribución y la agroindustria sacan a veces el 500 por cien del beneficio. Esto ocurre en España y en Europa, pues nuestro país es un exportador neto. Una vez más, la política de la UE se pone en evidencia.

¿Qué piden los agricultores?

Simplemente, unos ingresos dignos. Han visto que todos los productos: tractores, simientes, fertilizantes, energía… han subido, mientras que los precios de venta de sus productos bajan. Y sin embargo los precios de venta al consumidor han subido también. Cuestión que no puede eludirse con la “venta directa” a la cual se han lanzado una minoría. A gran escala, el precio está fijado por los monopolios y pocos pueden escapar a ello.

La ley de la Cadena Alimentaria de 2013 de hecho mantenía el circuito de distribución dominado por las multinacionales de la distribución y transformación.

Las organizaciones convocantes de las movilizaciones, organizando sobre todo a los pequeños propietarios agrícolas, han mostrado su independencia de las organizaciones políticas. Así en la concentración en las Cortes el lunes 10 de febrero expulsaron a los representantes de VOX que pretendía manipular la movilización.

Cómo ha reaccionado el Gobierno

La primera reacción del gobierno “progresista” ha sido enviar a su policía a apalear a los agricultores. Después, el ministro Planas ha intentado primero negociar con las organizaciones medidas paliativas, disminución de las cotizaciones, discusión con las grandes distribuidoras para ajustar los precios, buscar subvenciones al combustible. Por el momento, ninguna medida de fondo. Y si se trata de rebajar las cotizaciones sociales en el campo, habrá que ver si eso repercute en menores pensiones futuras para los jornaleros agrarios o en menores ingresos para la Seguridad Social, que no le sobran.

Es más, la ministra de Trabajo y el vicepresidente se reunieron antes con los sindicatos de jornaleros para modificar el PER (reducir de 33 a 20 las peonadas para cobrar el subsidio) y aumentar los controles de inspectores de trabajo. En efecto decenas de miles de jornaleros, muchos de ellos emigrantes, trabajan sin contrato ni protección.

De hecho, portavoces oficiosos del gobierno como el “liberal” El País decían que el problema se resolvería “aumentando el tamaño de las explotaciones para ganar en competitividad” (El País 3 de febrero), o sea, acabar con los pequeños campesinos.

Es evidente que ninguna medida paliativa puede responder verdaderamente a las reivindicaciones de los agricultores. Sólo atacando a las redes de distribución oligopólicas, planteando su control e incluso su nacionalización, dotando de recursos a los agricultores sería posible una respuesta positiva. La reforma agraria moderna es abiertamente anticapitalista, contra la gran propiedad que se confunde con los monopolios de distribución y los fondos de inversión y contra la política de la Unión Europea. Todo ello asegurando a los jornaleros salarios acordes (contra la demagogia del supuesto impacto negativo del aumento del SMI que no afecta ni al 1% del precio del producto). También a los sobreexplotados trabajadores de la industria agroalimentaria.

Como en todas las cuestiones la pelota está en el campo del Gobierno, pero también de las organizaciones sindicales, que deben impulsar la movilización hasta el logro de las reivindicaciones.

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