Carta Semanal 917 en catalán
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El capitalismo vive en una situación de crisis prácticamente permanente. Aunque en cada crisis nos presenten a un “culpable” externo (la subida del petróleo en 1973, unas hipotecas mal planificadas en 2088, una pandemia luego y, finalmente, una guerra), es el propio modelo de producción el que lleva en su seno las crisis. Crisis que son el resultado de la estrechez del mercado mundial, que lleva a una competencia cada vez más feroz y destructiva, y, sobre todo, como recuerda Xavier Arrizabalo en La Verdad nº 111 “la rentabilidad, que es la fuerza impulsora de la acumulación capitalista, está sometida a una ley, la de su tendencia a descender. Esta tendencia es susceptible de ser contrarrestada puntualmente, pero cada vez con más dificultades y, desde luego, a través de una mayor explotación además de otros elementos de barbarie como la propia guerra”.
La reducción de la tasa de ganancia (o sea, la reducción del beneficio) obliga al capital a incrementar la tasa de la plusvalía (es decir, la explotación), reduciendo los salarios reales, ya sea directamente, o mediante la deslocalización de la producción o a través de la inflación. El militarismo es también, como explicaba Rosa Luxemburgo, “en lo puramente económico, para el capital, un medio de primer orden para la realización de la plusvalía, esto es, un campo de acumulación”.
El estrechamiento del mercado mundial hace que una masa creciente de capitales busque cómo valorizarse. Lo que les obliga a buscar la apertura al capital financiero de nuevos campos para sus negocios, para la extracción de la plusvalía. Y ahí el capital se ha fijado como objetivo entrar a saco en los servicios públicos de seguridad social, de la sanidad y la enseñanza públicas en Europa, como ya había hecho en otros continentes a través del FMI y sus planes de ajuste.
Conquistas del movimiento obrero
La seguridad social, que garantiza la supervivencia de los trabajadores y trabajadoras cuando sus fuerzas ya no les permiten ganarse la vida trabajando, es una conquista del movimiento obrero, que arrancó al capital el pago de un salario diferido. La sanidad pública fue establecida por primera vez por la revolución de octubre de 1917 en Rusia, y el Servicio Nacional de Salud fue establecido en Gran Bretaña –en imitación reconocida del servicio de salud soviético- por la movilización obrera y el gobierno laborista establecido por esa ola obrera tras la victoria contra el nazismo en la segunda guerra mundial. En Francia, la seguridad social fue impuesta por el movimiento revolucionario en 1945-48.
Se trata de conquistas del movimiento obrero que garantizan, a su vez, derechos. La seguridad social garantiza el derecho a la jubilación, la sanidad pública, el derecho a la salud, y la enseñanza pública el derecho a la instrucción y la educación. Porque sólo hay un derecho social cuando existe un servicio público que lo garantiza.
Son conquistas, además, que unifican a la clase trabajadora a escala de cada Estado.
… pero también un amplio campo para los negocios
El Presupuesto consolidado de la Seguridad Social para 2022 presenta un gasto no financiero de 179.810 millones de euros, y supone un 11,8% del producto interior bruto (PIB). El gasto de la sanidad pública ascendió a 81.600 millones de euros, según datos del Ministerio de Sanidad, y representa el 6,6% del PIB nacional. El gasto público en educación para el conjunto de las administraciones y universidades públicas alcanzó en 2020 los 55.265,8 millones de euros, que supone el 4,93% del PIB. En total, se trata de la respetable cifra de 317.000 millones de euros, un 22,3% del PIB. En otros países europeos, las cifras son muy elevadas, y el porcentaje del PIB es aún mayor.
No es de extrañar que el capital financiero babee por tener acceso a esos fondos para hacer negocio a su costa. Pero ese empeño choca con la lucha de clases.
La clase se aferra a sus conquistas
La voluntad del capital de apropiarse del mercado que suponen los servicios públicos choca con la determinación de la clase obrera por defenderlos. Utilizando para ello a las organizaciones que ha construido o incluso por encima de sus organizaciones. A la colaboración de los dirigentes de UGT y CCOO en el recorte de pensiones impuesto en 2011 por el gobierno Zapatero y a su pasividad ante los recortes impuestos por Rajoy en 2013, los pensionistas respondieron organizándose en plataformas y coordinadoras (lo que no quiere decir que no haya dentro de los propios sindicatos una resistencia creciente. Basta con ver cómo numerosos congresos sindicales apoyan la Auditoría y, por otra parte, los llamamientos de secciones sindicales al respecto). La movilización que levantaron los pensionistas obligó al propio gobierno del PP a retirar su reforma, ha recuperado la actualización de pensiones según el IPC, y ha conseguido hacer aprobar en Cortes la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, aunque el gobierno se resista a cumplir esa resolución parlamentaria. A los recortes impuestos por Ayuso en la sanidad de Madrid, el pueblo madrileño ha respondido con una formidable movilización de más de 500.000 personas, organizada desde las plataformas de barrios y pueblos, a la que ha seguido una movilización de 40.000 en Sevilla (ver Carta semanal de la seman pasada). En el País Valenciano, la movilización ha impuesto la reversión de parte de las privatizaciones que llevó a cabo en la sanidad el gobierno del PP. En Francia, la movilización ha parado, por el momento, la aplicación de la reforma de la jubilación impuesta por Macron.
Esa resistencia obrera implica que la imposición de una privatización “a la brava” de estos servicios requeriría una derrota de la clase trabajadora. La sanguinaria dictadura de Pinochet pudo imponer en Chile la reforma de la Seguridad Social que supuso su entrega a los fondos de pensiones privados, pero las burguesías europeas están muy lejos de esa situación.
La táctica del salchichón
Eso obliga a los gobiernos europeos a ir paso a paso, con reformas paulatinas. Es lo que se llama la “táctica del salchichón”, de ir recortando rodaja a rodaja hasta quedarse sólo con la cuerda. Pero ni la propuesta del PSOE de convertir los hospitales públicos en fundaciones, ni las privatizaciones de Madrid y Valencia lo consiguieron. Muchas de las privatizaciones se han revertido por la presión de los trabajadores, de sus organizaciones, y de la propia población.
Otra de las vías de privatización es el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, para que la población (o el sector de ella que pueda permitírselo) opte por servicios privados. Los númerus clausus en el acceso a las universidades han dado lugar a la proliferación de universidades privadas donde la única barrera al acceso es tener dinero suficiente para pagarse las mensualidades. Dejar a 100.000 alumnos al año fuera de los estudios de FP lleva a que tengan que buscarse una FP privada.
En la sanidad, los recortes impuestos desde 2011 han hecho que el número de españoles con una póliza de seguro de salud privado haya aumentado un 6%, pasando de 8,6 millones a 11,6 millones. Desde la pandemia, el crecimiento se ha acelerado, con más de un millón de nuevos pacientesen tres años.
En cuanto a las pensiones, el fracaso de los fondos de pensiones (con una capitalización total que no llega a los 120.000 millones, es decir, un 60% del gasto de la seguridad social en un año), obliga a recortar las pensiones públicas, para hacer más atractivo el recurso a pensiones privadas. Y el ministro Escrivá, mientras prepara un nuevo recorte de pensiones vía aumento del periodo de cálculo, ya ha impuesto la nueva figura de los “planes de pensiones de empleo”.
Política de guerra y ofensiva contra los servicios públicos
La ofensiva contra los servicios públicos forma parte de la política de guerra emprendida por todos los gobiernos de la Unión Europea. No solo porque hace falta liberar capitales para invertirlos en armamento, como hace poco declaró el portavoz del MEDEF (equivalente de la CEOE en Francia) sino porque el capital financiero, presionando sobre los presupuestos y su composición, utiliza la guerra para este fin. Por esto afirmamos que el combate contra la guerra es inseparable de la lucha contra la inflación, la austeridad y por las reivindicaciones, entre ellas la defensa de los servicios públicos y su plena reconstitución, anulando los recortes y dotándolos de los presupuestos necesarios.