Las elecciones y la crisis del Régimen

(Publicado en la Carta Semanal 722ver en catalán)

Los próximos meses van a estar marcados por los distintos procesos electorales que prácticamente se encadenan. Unos comicios controlados por el poder judicial heredado del franquismo, como demuestran las últimas actuaciones de la Junta Electoral Central (de cuyos 14 miembros, 8 son magistrados del Tribunal Supremo). La paradoja de dejar el gobierno de unas elecciones democráticas a un poder judicial franquista es una muestra más de los equilibrios establecidos en la llamada “Transición”.

La convocatoria anticipada de elecciones es el resultado de la incapacidad del gobierno Sánchez de responder a las expectativas generadas por la moción de censura. Salvo la subida del Salario Mínimo a 900 euros, durante estos 9 meses, Sánchez apenas ha adoptado algunas medidas de las que reclamaba la mayoría social que vio con esperanzas la expulsión del PP del gobierno. La LOMCE y la Ley Mordaza siguen en pie. Como el artículo 315.3 del Código Penal. La reforma de pensiones de 2013 no ha sido derogada. Tampoco se han derogado –ni siquiera parcialmente- las reformas laborales, pese al acuerdo de la Ministra de Trabajo con los sindicatos, cuyo cumplimiento demandan hoy los dirigentes de UGT y CCOO. A nadie se le oculta que fue la negativa de Pedro Sánchez a dar siquiera un paso en lo que respecta al juicio de los republicanos catalanes lo que finalmente motivó el rechazo parlamentario a aprobar los Presupuestos del Estado, que desencadenó la decisión de Sánchez de anticipar la convocatoria de elecciones.

Ahora, todas esas medidas que el gobierno no quiso aprobar se convierten en promesas electorales, ante el desconcierto de buena parte de la clase trabajadora. Millones de trabajadores y jóvenes dudan sobre qué hacer en las elecciones. Sin duda, temen la posibilidad de una victoria de las derechas que llevara a la formación de un gobierno PP-Cs-Vox que buscaría arrasar sus derechos y conquistas sociales, y que llevaría la situación en Cataluña a un punto de enfrentamiento irrespirable, pero, por otra parte, dudan de las promesas de las organizaciones que hablan en su nombre y que han aplicado también recortes de derechos, salarios y conquistas sociales desde los distintos gobiernos. En esta situación, muchos dudan si ir a votar para cerrar el paso a la derecha, mientras otros se plantean abstenerse.

El rifirrafe de las listas electorales

Mientras las encuestas auguran un resultado muy ajustado, o incluso un “empate técnico” que deje la formación de un hipotético gobierno en manos de los republicanos catalanes, devolviendo todo a la casilla anterior a la convocatoria de elecciones, los distintos partidos, a falta de medidas concretas que ofrecer a los votantes, se enfrascan en operaciones de propaganda a base de “fichajes estrella”.

Cada uno a su estilo. Mientras el PP se jacta de haber fichado para su candidatura por Barcelona a una persona que tiene a orgullo no hablar catalán y Vox lleva en sus listas a unos cuantos generales en la reserva, Ciudadanos recurre a gentes de la “sociedad civil” como el ejecutivo de Coca-Cola Marcos de Quinto, presentando así por Madrid a uno de los responsables del ERE de Coca-Cola, cuyo rechazo aglutinó las fuerzas de buena parte del movimiento obrero (a cuyas organizaciones calificó públicamente de “sectarios, parasitarios e inútiles”).

El PSOE no es ajeno a esta búsqueda de “figuras” para sus candidaturas, como ya hizo Pedro Sánchez para su gobierno, tropezando con los antecedentes fiscales de algunos candidatos adinerados con el objetivo de pagar menos impuestos.

Tampoco la confección de las listas de Podemos e IU expresa la voluntad de combatir por las reivindicaciones sociales, estando presidida dicha confección por peleas que no tienen un trasfondo político, sino la pura pugna por los puestos de salida (como el caso madrileño muestra con claridad).

En última instancia, el recurso a figuras “estrella” por parte de los diferentes partidos, a falta de alternativas reales que ofrecer, es una muestra de la crisis que sacude al Régimen de la Monarquía y a sus instituciones y que golpea a todas las organizaciones que viven inmersas en las instituciones del régimen. Y también alimenta el escepticismo y el rechazo de muchos trabajadores y jóvenes hacia la política oficial.

Las reivindicaciones

Nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez han dejado sin respuesta las principales reivindicaciones de los trabajadores, la juventud y los diferentes pueblos del Estado.

Para los trabajadores, la cuestión está clara: hay que derogar las reformas laborales, así como la LOMCE, el decreto 3+2, la Ley Mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal. Hay que defender el sistema público de pensiones, lo que exige derogar las contrarreformas de 2011 y 2013, e imponer por ley la revalorización como mínimo según el IPC. Diga lo que diga Bruselas, hay que imponer un presupuesto de urgencia para los servicios públicos, para poner fin al deterioro de la sanidad, la enseñanza, la dependencia, y hay que poner en marcha un presupuesto extraordinario de inversiones en infraestructuras, para paliar el deterioro producido por años de recortes en carreteras y transporte ferroviario.

La inmensa mayoría social que vio con esperanza la moción de censura contra el PP, esperaba que el gobierno Sánchez se orientara en esa dirección. Pero no ha sido así y el gobierno Sánchez, ha querido justificar su inacción por la inexistencia de una mayoría parlamentaria sólida, y su falta de valentía política por las “exigencias desaforadas” de los nacionalistas catalanes. En realidad, excusas porque la debilidad parlamentaria del gobierno hubiera quedado en un segundo término si aquél hubiera tomado medidas en favor de los trabajadores, de los pensionistas, de la juventud. No hay mejor receta para combatir a los convocantes de la plaza Colón. Apoyarse en la mayoría social que quiere recuperar derechos y defender lo que es de todos, reforzar esa mayoría social sobre la base de una solución democrática a la cuestión catalana, en lugar de plegarse a quienes hacen del enfrentamiento entre pueblos una de sus principales banderas.

El silencio de las organizaciones

Pero la falta de valentía política del gobierno no es el único problema. En la situación vivida en los últimos meses, para muchos trabajadores, y para muchos afiliados y cuadros de los sindicatos obreros, es muy desconcertante el silencio y la pasividad de los dirigentes de los sindicatos obreros. Primero animaron a esperar a que el gobierno actuara. Luego, cuando se veía que el gobierno no se decidía a adoptar medidas como la derogación de las reformas laborales, subieron el tono de las demandas, pero manteniendo los límites.

El 8 de febrero, en un acto conjunto de UGT y CCOO convocado para exigir al gobierno “más hechos, menos palabras”, los secretarios generales de ambas organizaciones instaron al gobierno a cumplir sus compromisos y dar pasos reales para revertir los recortes sociales y laborales, sin escudarse en la falta de mayorías parlamentarias. Unai Sordo dijo que “no podemos pedir a nadie que gane una votación en el Congreso, pero sí que se corresponsabilice con lo que ha acordado con CCOO y UGT”. Amenazaron con convocar nuevas movilizaciones si el gobierno no pasaba de inmediato “de las declaraciones al BOE”.

Después del 8 de febrero, y tras la convocatoria de elecciones, el gobierno hizo oficial su decisión de no tocar las reformas laborales, y los dirigentes sindicales no han pasado de condenas verbales a ese anuncio. Han llegado a decir que no van a convocar movilizaciones en periodo electoral. Para muchos, se trata de no poner en apuros a Pedro Sánchez y al “voto de izquierdas”. Unai Sordo declaraba que “vamos a hacer un llamamiento permanente a los trabajadores y trabajadoras a la movilización electoral”, porque hay que frenar “la agenda reaccionaria”.

La pasividad de los dirigentes de las organizaciones viene de lejos. Desde la huelga general de 2012, han decidido, en los hechos, cerrar la vía de la movilización y confiarlo todo al “diálogo social” con los diferentes gobiernos, a pesar de que ningún resultado haya salido de ese “diálogo”. Una vía que no ha hecho sino profundizar el desapego de amplias capas de trabajadores hacia las organizaciones y el recurso a coordinadoras y plataformas para organizar la defensa de sus derechos.

¿Cuál es la salida?

La solución a las necesidades de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, de los pueblos, exige la más amplia democracia, exige acabar con el régimen de la Monarquía, imponer la República, las Repúblicas de todos los pueblos del Estado unidas fraternal y libremente.

Sin duda, en las próximas elecciones muchos trabajadores votarán las candidaturas del PSOE o de Unidos Podemos o de otras organizaciones que recogerán reivindicaciones obreras y democráticas en sus programas. Algunos con la renovada esperanza de que se haga algo más desde el gobierno, y otros, más preocupados por el auge de la derecha franquista, que por la ilusión que generan aquellos. Otros se abstendrán. Desde luego, no somos indiferentes a lo que pueda suceder en las elecciones, ya que la victoria electoral de unos u otros tendrá consecuencias políticas inmediatas. Muchos trabajadores saben lo que puede suceder en este país si triunfan Casado-Rivera-Abascal. Sin embargo, la experiencia está hecha y lo sucedido en los últimos meses lo ha vuelto a confirmar: no hay salida sin hacer retroceder al régimen monárquico y sus instituciones al servicio del capital financiero; no hay salida si la decisión es someterse de nuevo a poderes –como el judicial- heredados del franquismo, que impiden una solución democrática para la cuestión catalana. Una solución democrática que no cabe dentro del marco de la Constitución Monárquica, que establece la “unidad indisoluble de la Nación Española” y que funciona bajo la tutela de poderes antidemocráticos como el poder judicial franquista, el ejército, plagado de apologistas del franquismo y que nutre las listas electorales de Vox (como también las del PP y Cs), y la propia Monarquía. No hay salida, en definitiva, si no se gobierna a favor de la mayoría social, optando por claudicar ante Bruselas o la CEOE. En el mejor de los casos, se volverá a la misma situación de bloqueo que ha llevado a la convocatoria electoral.

Las conquistas arrancadas tras la muerte del dictador han sido recortadas o están amenazadas. La defensa de cada una de ellas requiere acabar con el régimen monárquico y abrir la vía a la República. En el momento en que se va a conmemorar el 14 de abril, todos los que nos reclamamos de la lucha por las libertades y la democracia, debemos contribuir a que tenga expresión política la mayoría social que aboga por la derogación de las reformas y de todas las contrarreformas; que quiere defender las pensiones y parar los pies a la derecha “desacomplejada”, que quiere un cambio político en profundidad y acabar con el enfrentamiento entre pueblos.

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