(Publicado en la Carta Semanal 541)

El pasado 1 de septiembre, el PP registraba en el Congreso una proposición de ley para ser tramitada con carácter de urgencia… con el objeto de que el Tribunal Constitucional tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias. Para que no hubiera dudas de a quién iba dirigida de inmediato esa reforma, inmediatamente después de su registro presentaban en el Congreso esa ley el portavoz del grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PP de Cataluña a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol. Hernando explicaba en esa presentación que esa iniciativa es la “evidencia”, de que “nadie va a aprobar la independencia de Cataluña”. García Albiol añadía que va en contra de aquellos que “pretenden saltarse las reglas del juego”, no respetan las decisiones de los tribunales y quieren “romper” Cataluña. Se trata, por tanto, de dotar el TC de un instrumento para poder revocar a Artur Mas y al gobierno de Cataluña.

La iniciativa supondría la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y pretende que el TC pueda sancionar a las autoridades o personas que incumplan sus resoluciones, incluyendo la posibilidad de suspenderlos en sus funciones, además de imponerles multas de entre 3.000 y los 30.000 euros.

Se ha registrado por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada en lo que queda de legislatura. Concretamente, con el trámite de urgencia se pretende que el pleno del Congreso vote la toma en consideración de esta proposición la semana del 14 de septiembre y después vote el texto legislativo el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas. Abusando de las reglas del juego parlamentario, el Presidente del Congreso, Jesús Posada, sin convocar a la Mesa del Congreso, ha dado el visto bueno al procedimiento.

Una ruptura del “consenso constitucional”

La presentación del proyecto de ley y la actuación de Posada ha desatado las iras de toda la oposición. De hecho, esa decisión del gobierno de cambiar las funciones del TC ha quebrado el consenso con los dirigentes del PSOE y los llamados “nacionalistas”. Una quiebra que no se puede afirmar, por el momento, si se va a profundizar o a reducir.

El secretario de Acción Política y Ciudadana del PSOE, Patxi López, ha declarado que el PP hace una “utilización partidaria de las instituciones”, de “deslealtad” e “irresponsabilidad” por esa reforma express del Tribunal Constitucional, y ha asegurado que el PSOE no va a apoyar la reforma. Declaraciones similares han hecho Convergencia, Unió, el PNV, UpyD y la Izquierda Plural.

El papel del Tribunal Constitucional

Hay que recordar que, en la llamada “transición”, se estableció un consenso entre los representantes del aparato de estado franquista –que buscaba su preservación sin petición de responsabilidades ni depuración alguna y manteniendo todos sus privilegios– y los dirigentes de los principales partidos que representaban a los trabajadores (PSOE y PCE) y la mayoría de los “nacionalistas”. Se estableció entonces la figura del TC, cuyos miembros son elegidos por las Cortes, como garante de la preservación de ese consenso materializado en la Constitución de 1978.

Los años transcurridos desde entonces demuestran que ese aparato de Estado franquista mantenido por medio de tal “consenso constitucional” es incompatible con la mínima libertad y derecho. Y que el aparente “equilibrio” entre el aparato de Estado y las libertades y derechos reconocidos en la Constitución en realidad no es tal, pues a la postre, en todas las cuestiones vitales el TC se decanta del lado del aparato franquista. Sobre todo desde que el consenso constitucional entra en crisis con el segundo gobierno Aznar.

En efecto, es cierto que el TC ha dado -muy de vez en cuando- algunos disgustos a los franquistas, ya se trate del aborto o de la legalización de una candidatura a las elecciones europeas de 2009 apoyada por la izquierda abertzale, pero en definitiva ese Tribunal avaló el grueso de la reforma laboral y el conjunto de las contrarreformas emprendidas sobre todo desde Aznar, ha dado por buenos los recortes de salarios y derechos de los empleados públicos, aunque tales recortes se hayan hecho rompiendo acuerdos con los sindicatos y convenios colectivos. Ha sido el que en el año 2010, actuando en un recurso presentado por el PP, representante político de ese aparato de estado franquista, se cargó el Estatuto votado por el pueblo catalán y las propias Cortes. Ese mismo TC dio por buena la reforma del artículo 135 por Zapatero y Rajoy, y anuló el decreto anti-desahucios de la Junta de Andalucía, dejando claro que por encima del derecho a la vivienda está el sacrosanto derecho de la Banca de cobrar sus préstamos.

Formalmente, la letra de la Constitución hubiera permitido a veces otro tipo de sentencias, pero al dar prevalencia a las exigencias del aparato de Estado y de los especuladores, el TC materializa la suerte que debía tener esa Constitución al entrar en colisión, debido a la lucha de clases, los elementos contradictorios (aparato franquista y derechos democráticos) del pacto de 1977-78. (Y ello no significa que el aparato judicial franquista haya aceptado nunca el TC, elemento ajeno, nombrado por las Cortes, lo que se expresa en la propuesta de Ciudadanos de suprimir el TC).

Ahora el Gobierno y un sector del aparato franquista pretende dar al TC otro tipo de funciones, convirtiéndolo en una especie de instancia administrativa -o incluso penal- contra cuyas decisiones, por ser del TC, no cabría recurso alguno ante otro tribunal.

Es una medida que se complementa con la Ley de Seguridad Nacional, que también tiene por objeto que el Gobierno pueda proceder contra las instituciones autonómicas de Cataluña sin pasar ni por las Cortes ni por los tribunales como exigirían, por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución o la declaración de Estado de Excepción.

Estamos ante una vuelta a los tics de la dictadura, en que el poder ejecutivo actúa sin límite alguno.

Urge echar a Rajoy y acabar con el régimen

Todas las actuaciones del gobierno Rajoy y del aparato de Estado en relación con los derechos de los pueblos nos conducen a un enfrentamiento que es absolutamente contrario a los intereses de los trabajadores. La mutilación del Estatuto catalán por el TC, la anulación de la declaración del Parlamento de Cataluña afirmando el derecho a decidir, la prohibición por ese mismo TC del referéndum regular del 9N anulando la ley de Consultas y la convocatoria, la anulación de la “consulta” informal del 9 de noviembre sólo han avivado el fuego. Ahora, Rajoy y otros defensores del aparato de Estado (como Alfonso Guerra) proponen como “solución” disolver la autonomía de Cataluña y meter a Artur Mas en la cárcel. No hay que olvidar que en julio el rey presidió una reunión de la Junta de Seguridad Nacional (que parece haber desaparecido de la web de la casa real y de Google) en la que participa el mando militar y el CNI, y al día siguiente el rey declaró que la evolución del gobierno catalán era “irreconducible”, es decir: a toda máquina hacia el choque de trenes.

Quieren incendiar el país, lo que amenaza todos los derechos y conquistas y por lo tanto las organizaciones obreras no deben permitirlo. Sus medidas tienen la lógica de la desestabilización del Brasil o de Argelia promovidas por el imperialismo, que es la lógica de las guerras que el capital siembra hoy por todo el mundo. Hollande, Merkel, Cameron, Juncker y Obama vienen apoyando a Rajoy.

Sólo el movimiento obrero y sus organizaciones pueden detener y revertir esta gravísima deriva. Recordemos que la posición tradicional del movimiento obrero siempre ha sido la defensa del derecho democrático de los pueblos a decidir libremente. Así lo decía la resolución del congreso del PSOE en 1974: “La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español”.

El enfrentamiento que preparan los franquistas sólo puede ser evitado por la acción de la clase trabajadora. Militantes obreros de distintas orientaciones han difundido un llamamiento bajo el título “no se puede responder con amenazas las aspiraciones democráticas del pueblo catalán”, y que se pronuncia “por la libertad y la fraternidad entre todos los pueblos del estado español”. Hay que ayudar a difundirlo ya a recoger firmas, y organizar actos y reuniones con ese contenido.