Carta Semanal 965 en catalán
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Distintas organizaciones del franquismo político han convocado movilizaciones ante las sedes del PSOE en contra de los acuerdos con ERC y Junts y, en particular, de la inclusión de la amnistía en esos acuerdos. La prensa resalta la participación de lo que llaman “grupúsculos de ultraderecha” ¿de qué se asombran? Los “Hazte Oír”, “Desokupa”, las Falanges y toda la basura que se ha juntado en esas concentraciones son una faceta más del franquismo político, perros de presa que conviven perfectamente con los Abascal, las Esperanza Aguirre, etc.
Franquismo que se nutre de las instituciones del Estado, preservadas en la Transición sin depuración alguna, bajo la presidencia del heredero designado por el dictador (que aceptó su nombramiento como heredero hablando de “la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”). Ejército, Guardia Civil, Policía Nacional, judicatura, son la base del franquismo político en todas sus versiones, desde el PP a la Falange. Como lo es la institución de la Iglesia Católica, que calla sobre los 450.000 niños víctimas de abusos, pero se ha pronunciado, por boca de cuatro obispos, contra la amnistía.
Es evidente la complacencia de la policía con los manifestantes ante la sede del PSOE en Ferraz, que culminó con la policía abriendo paso a una manifestación ilegal por el centro de Madrid. Sabiendo cómo se multa a trabajadores por haberse bajado de la acera en una concentración debidamente comunicada a la delegación del gobierno, o por invadir un carril de más en una manifestación, contrasta lo de la policía abriendo paso a los manifestantes neonazis.
Las concentraciones ante las sedes del PSOE no son las únicas acciones de calle de los franquistas. Se suman a los actos convocados por el principal partido de los franquistas, el PP, en distintos lugares.
Todo ante la pasividad de la dirección del PSOE, que se ha limitado a cerrar sus sedes por las tardes, sin lanzar ninguna iniciativa de defensa del partido, de sus locales y de sus militantes.
Pese a que el foco se pone sobre todo en las acciones en las calles, la movilización contra el acuerdo de gobierno, presentada como si sólo fuera contra la amnistía, implica a más sectores, en particular del aparato de Estado y específicamente del “poder judicial”.
La resolución del Consejo del Poder Judicial
El CGPJ, a iniciativa de ocho de sus vocales, ha lanzado un duro pronunciamiento contra la amnistía. Consejo cuya renovación, que debía haberse hecho hace más de cinco años, no se ha producido por el boicot del PP. Y que no está legalmente legitimado para emitir opiniones sobre actos parlamentarios.
La mayoría ultra reaccionaria que okupa el CGPJ, dice, en su declaración, que debe “alzar su voz cuando la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho puedan estar en peligro”. El Consejo “expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España”.
Según la resolución, el Parlamento no tiene capacidad legal para declarar una amnistía: “El Parlamento no puede, por una mínima lógica constitucional, arrogarse, al amparo de mayorías coyunturales –que son depositarias, pero no titulares de la soberanía nacional—, incidir en concretas sentencias de los Tribunales declarando su nulidad”.
Se erigen los vocales del CGPJ en defensores de la supuesta independencia del poder judicial y de la “separación de poderes” (en otro momento hablaremos del falso principio de separación de poderes en el régimen burgués, concepto que encubre la sumisión de todos los poderes a los intereses del capital financiero), y dicen que “se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico”, y que “Una ley de amnistía como la anunciada (…) tan solo puede tener por objeto dejar sin efecto las decisiones – generalmente en sentencias- adoptadas por los Tribunales con relación a los mencionados hechos del pretendido conflicto catalán. (…) las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial declarando la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales que se integran en él”.
En última instancia, lo que el aparato judicial franquista rechaza es que el Parlamento pueda anular todas las acciones que tomaron cuando, siguiendo las indicaciones del infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, la judicatura se lanzó a perseguir por todos los medios a quienes defendían el derecho del pueblo catalán a decidir libremente su futuro.
La Audiencia Nacional entra en liza
Justo cuando se ultimaban las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura, el juez García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, anunciaba el procesamiento de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretaria general de ERC, y otras diez personas relacionadas con el procès, por terrorismo, en la causa sobre las acciones de Tsunami Democràtic contra la imposición del 155 a Cataluña y el juicio a los dirigentes republicanos catalanes. Una acusación que, según expertos judiciales, podría continuar abierta incluso tras promulgarse la ley de amnistía.
La Audiencia Nacional es, recordemos, una instancia judicial heredera del infame Tribunal de Orden Público franquista, encargado, entre 1963 y 1977, de perseguir a los opositores al régimen, y sucesor, a su vez, del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo creado en 1940. Cuando el TOP fue reemplazado por la AN, en ésta se integraron 10 de los 16 jueces del TOP.
Mientras la AN ha sido incapaz de determinar quién es un tal “M. Rajoy” citado en los papeles de Bárcenas, se ha distinguido en los últimos tiempos, sobre todo de la mano de García Castellón, por abrir procesos contra la dirección de Podemos por los más variados motivos. Junto con el Tribunal Supremo, la AN lanzó 20 causas judiciales contra Podemos, empezando cuando las encuestas daban a la formación morada como ganadora de las elecciones, una posibilidad que el aparato judicial se apresuró a torpedear. Las 20 causas judiciales han sido cerradas por no encontrarse delito alguno, pero sólo después de haber llenado titulares y alimentado campañas de prensa sobre corrupción, financiación a cargo de Venezuela, blanqueo de capitales… Son ejemplos del famoso lawfare (utilización del sistema judicial para influir en la política), cuya mención en el acuerdo entre el PSOE y Junts ha despertado las iras del aparato judicial.
No cabe duda de que el lawfare existe. Fue utilizado contra la izquierda en el ayuntamiento de Sevilla, contra Podemos y, más recientemente, para apartar a Mónica Oltra del gobierno valenciano y ayudar a la formación de un gobierno autonómico del PP y Vox.
Cuerpos de altos funcionarios, contra la amnistía y el acuerdo de PSOE y Junts
Tras el acuerdo entre el PSOE y Junts, que incluye una ley de amnistía y la investigación de casos de lawfare, se han sucedido los pronunciamientos de cuerpos de altos funcionarios.
Los Inspectores de Hacienda han declarado “su rechazo frontal y absoluto a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno de España. Entre estos acuerdos, se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera”
La autodenominada “Unión Progresista de Fiscales” declaraba que “mostramos nuestro más absoluto rechazo al respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política”
Las 4 asociaciones judiciales, tanto las “conservadoras” como las que se declaran “progresistas” publicaban en un comunicado que “mostramos nuestro rechazo al respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política (…) estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del poder Judicial, no son aceptables”.
La asociación de guardias civiles APROGC ha lanzado un comunicado en que se declaran dispuestos a “derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. Otras cinco asociaciones, incluyendo la mayoritaria Jucil, se han pronunciado contra la amnistía y los acuerdos PSOE-Junts.
Garamendi, presidente de la CEOE, ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario en el que “se abordará la situación de España”, “ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial” tras el acuerdo del PSOE y Junts. La patronal ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la amnistía.
Estas declaraciones del aparato de Estado anuncian su voluntad de obstaculizar la acción del futuro gobierno y boicotear cualquier medida de progreso o de resolución del enfrentamiento entre pueblos que el gobierno pudiera adoptar. Lo que pone de manifiesto cómo la conservación de ese aparato de Estado en la llamada “transición” hace que sea un formidable obstáculo para el avance de las reivindicaciones y derechos de la población trabajadora y de los pueblos. De ahí la necesidad de imponer la República para acabar con toda la basura franquista.
La amnistía, una necesidad democrática
Compartimos plenamente lo que declaró al respecto el CATP: “Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1-O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior (…) la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes (…) . Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos! ¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?”
“Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer”.
Aunque el PSOE haya hecho de la necesidad virtud, la amnistía es una necesidad democrática y lo que se está manifestando es la incompatibilidad entre democracia y herencia franquista. Defender la amnistía exige superar esta herencia, del mismo modo que solo un programa que dé satisfacción a las reivindicaciones sociales, que se apoye en la movilización de los trabajadores, podrá parar a la derecha.
Una situación preocupante
La movilización de los franquistas, y, en particular, de los grupos abiertamente fascistas y neonazis, que se está organizando, supone un grave peligro para las movilizaciones populares, para el movimiento obrero y para sus organizaciones, Quienes hoy se movilizan en Ferraz pueden hacerlo mañana contra una manifestación obrera o una huelga. Ingenuo sería dejar la defensa en manos de esa policía tan complaciente con los fascistas. Las organizaciones obreras han de empezar a preparar la defensa de sus locales y de sus actividades.