Carta Semanal 1076 en catalán
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Entramos en un periodo electoral. Como mínimo, va a haber elecciones en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. Y la debilidad del gobierno hace que planee siempre la posibilidad de elecciones generales anticipadas. Unas elecciones que –debemos expresarlo sin ambages- no son, no van a ser, limpias. El aparato judicial y la UCO van a seguir sacando o creando escándalos. Así hundieron a Podemos, y ahora no van a parar en urdir tramas contra Pedro Sánchez y su gobierno.
Durante la llamada “transición” pretendieron convencernos de que, por arte de magia, los jueces franquistas se iban a convertir en democráticos, la guardia civil y la policía del régimen se iban a volver democráticas. Ahora, sindicatos de ultraderecha son ampliamente mayoritarios en Policía y Guardia Civil, organizan actividades formativas con entidades neonazis como Desokupa. La UCO, el Supremo y jueces como Peinado (y hay muchos Peinados) abren una investigación tras otra contra el entorno de Pedro Sánchez, y contra el gobierno, buscando hundirles. Como hicieron con Podemos, con Alberto Rodríguez, con Mónica Oltra, con cientos de ciudadanos catalanes -instigados por el famoso discurso del Rey del 3 de octubre de 2017- y con muchos políticos de izquierda a niveles locales.
Pero, a pesar del peso de la campaña del aparato de Estado heredado del franquismo y de los medios de comunicación a su servicio, el quid de la cuestión está en la incapacidad de los partidos del gobierno de convencer a su base social para que les dé su voto.
Las elecciones extremeñas
En esta situación, los resultados de las elecciones en Extremadura son significativos. La abstención es la mayor de todas las autonómicas extremeñas, más del 37%. Han votado 86.000 personas menos que en 2023. Por tanto, la abstención es la verdadera vencedora de las elecciones, pues con un censo electoral de 860.375 ciudadanos con derecho a voto, 321.124 han decidido no acudir a las urnas.
El PP, supuesto “vencedor” ha perdido 9.000 votos. Vox sí ha crecido realmente, ha ganado casi 40.000 votos. Unidas por Extremadura (UE), que agrupaba a Izquierda Unida y Podemos, con cabecera de lista de Podemos, ha ganado casi 18.000 votos, lo que significa un aumento del 50% con respecto a 2023, pero está lejos de permitir recuperar una mayoría de izquierdas. El PSOE ha sufrido un gran descalabro. Ha perdido casi 110.000 votos (o sea, un 44% de los que tuvo en 2023). Todo parece indicar que una parte importante de los votantes socialistas se han abstenido, aunque un pequeño número de ellos puede haber votado a UE. La mayoría de los comentaristas señala que la abstención ha sido mucho mayor en las ciudades.
En cuanto a la lista conjunta de Izquierda Unida y Podemos, que celebra su incremento de votos, es preciso señalar que ese aumento no cubre ni de lejos la pérdida de votos del PSOE, ni permite compensar el crecimiento de la ultraderecha. Se presentaban con un programa de “gestión de izquierdas” del “Estado de las autonomías”. Y el electorado no quiere más de lo mismo. Busca un cambio real, un programa que de verdad satisfaga sus reivindicaciones.
Sin duda, ha habido factores locales. Un candidato del PSOE imputado por haber, supuestamente, “enchufado” al hermano de Pedro Sánchez, y la sensación de abandono de muchos extremeños y extremeñas, que esperan desde hace decenios al tren de alta velocidad, mientras ven cómo las líneas férreas tradicionales están en estado de auténtico abandono, a la vez que ven cómo miles de millones son destinados a gasto militar. Una comunidad con importante peso de la agricultura y la ganadería en el PIB de su región, el 7,7%, frente al 2,7% de media del resto de comunidades autónomas, que sufre las políticas agrarias de la UE, que destruyen las pequeñas explotaciones agrarias y agravan la despoblación.
Pero a las cuestiones regionales se suman otras que tiene que ver con la política general del gobierno. Porque Pedro Sánchez debería preguntarse cómo estará la gente para que ni la tradicional corrupción del PP, ni la desastrosa gestión de las mamografías en Andalucía, ni las listas de espera galopantes, ni el reciente caso de corrupción en Revuelta (las juventudes de Vox), ni la pésima gestión de la Dana, ni el genocidio de Gaza, ni la política de Trump, hagan mella en el electorado.
Un gobierno que da la espalda a su base social
Las encuestas hablan de un porcentaje importante del voto de los jóvenes a la extrema derecha y de una importante abstención en este grupo de población. Una generación que se siente abandonada por el sistema, que ve que no tiene posibilidades de independizarse por el desorbitado precio de la vivienda (ya sea en alquiler o para compra), y por los bajos salarios y la inestabilidad en el empleo.
La vivienda es la principal preocupación de los españoles, según el 30,4% de los encuestados por el CIS. El precio de la vivienda libre ha subido un 12%, y ya supera el de los tiempos de la burbuja inmobiliaria de comienzos del milenio, mientras los alquileres han subido más del 50% en cuatro años en las principales ciudades. Y, sin embargo, el gobierno acaba de presentar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una financiación de 7.000 millones de euros en esos cinco años, de los cuales un 60% sería aportado por el Estado, y un 40% por las comunidades autónomas. Es decir, que el Estado pondría 840 millones al año. No es de extrañar que los jóvenes se sientan estafados (más aún, si comparamos con los miles de millones que el gobierno se propone destinar al gasto militar). A pesar de las subidas del SMI, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el salario medio era de 1.372,8 € para los menores de 25 (los menores de 20 no llegan a mileuristas), y de 2.131,6 de 25 a 34 años. Con esos salarios es imposible acceder a una vivienda, independizarse.
El gobierno presume de su éxito económico. Un éxito, sin duda, para las grandes empresas y los fondos de inversión (El Ibex 35 ha subido un 50%, más del doble que las grandes bolsas europeas y Wall Street), pero no tanto para la mayoría trabajadora, que sufre el aumento de precios de la vivienda y de los alimentos y cada día ve más difícil calentar su vivienda y llegar a fin de mes.
Telefónica acaba de anunciar un ERE con despido de 4.525 trabajadores, una cuarta parte de su plantilla. El mismo año en que ha repartido un dividendo a sus accionistas del 9% del valor de sus acciones. Puede permitirse esos despidos con menores costos porque las reformas laborales que abarataban el despido no han sido derogadas, y la reforma de Yolanda Díaz no ha tocado la regulación de los despidos.
COESPE ha lanzado una campaña contra la aplicación de la Ley Mordaza a sus miembros. Una ley que el gobierno prometió derogar, pero que no sólo sigue en vigor, sino que es aplicada sin piedad por las delegaciones del Gobierno -dependientes del Ministerio del Interior- que dan validez a pies juntillas a las acusaciones de los policías de turno, incluso cuando hay denuncias penales de los denunciados por maltrato policial.
El escándalo del Hospital de Torrejón ha puesto de manifiesto el funcionamiento de la llamada “colaboración público-privada” en la Sanidad Pública. Pero las promesas de la ministra de Sanidad, Mónica García, de derogar la ley 15/97 que abre la vía esos desmanes, no se han cumplido. Es más, la ministra ha dejado sin respuesta la petición de mil sindicalistas y activistas firmantes de un manifiesto por su derogación.
Los médicos han hecho varias huelgas exigiendo poner fin a las jornadas interminables de guardia. Otros colectivos de la Sanidad han reclamado con huelgas y movilizaciones su reclasificación, en cumplimiento del EBEP, paralizada por una disposición “transitoria” desde hace casi 20 años. Ninguno de ellos ha obtenido respuesta a sus justas peticiones.
La sanidad y la enseñanza públicas agonizan por falta de presupuestos y por los terribles recortes sufridos en años anteriores. Pero las prioridades del gobierno van por otro lado. De un superávit fiscal de 19.000 millones, 16.500 han ido a la compra de armas.
Los pequeños agricultores de toda Europa acaban de manifestarse en Bruselas contra la firma del tratado de libre comercio con Mercosur, que amenaza con poner fin a la rentabilidad de sus tierras. Pero el gobierno de Pedro Sánchez es un firme defensor de la firma del tratado.
Cientos de miles de personas se han movilizado durante dos años contra el genocidio en Gaza, exigiendo al gobierno ruptura de relaciones con Israel y el fin de toda compra y venta de ramas al Estado sionista. El gobierno se ha negado a romper relaciones y al cabo de dos años de movilizaciones ha aprobado un decreto que establecía la prohibición de la compra y venta de armas excepto por “razones de seguridad nacional”. Apenas han pasado tres meses, y ya el gobierno ha aplicado esa excepción, permitiendo la compra de diverso material militar a empresas israelíes.
Así, sin cumplir sus compromisos electorales y sin responder a las reivindicaciones de su base social, es imposible que el gobierno recupere el voto de la parte de esa base social que le está dando la espalda. Por el contrario, está cavando su propia tumba. Si quiere vencer a la derecha y la ultraderecha en las próximas elecciones, es imprescindible y urgente un giro a la izquierda en sus políticas.
Flaco favor hacen a sus organizaciones y a la clase trabajadora los dirigentes de las grandes confederaciones en su apoyo ciego al gobierno, sin exigir con la movilización unida ese giro a la izquierda, la satisfacción de las principales necesidades de la población trabajadora.
La necesidad de construir una fuerza de ruptura
Evidentemente, por más que el camino más fácil para encontrar una salida a la situación sería un cambio de orientación del gobierno, militantes y activistas no pueden esperar a que éste se produzca -o no- sin actuar de manera independiente.
Por nuestra parte afirmamos que esa acción independiente, que no puede esperar, necesita de la constitución de una fuerza de ruptura que dé cuerpo a los miles de movilizaciones aisladas que se producen, una alternativa política fiel a la clase trabajadora.
50 años de Monarquía han demostrado que no se puede gobernar para la mayoría, que ninguna conquista social o democrática está consolidada si el gobierno se limita a » gestionar» las instituciones, negándose a romper con ellas, y teniendo que hacer frente a su boicot a todo avance social y a su persecución contra la izquierda. Es imprescindible abrir la vía a la soberanía popular. A la democracia, es decir, a la Republica, de los pueblos y para los pueblos. Por ello afirmamos que esa fuerza que necesita la población trabajadora debe partir de la ruptura con el régimen, del combate contra el aparato de Estado heredado del franquismo y que pretende gobernar por encima de los elegidos por el pueblo.