Quien con franquistas se acuesta….

(Publicado en la Carta Semanal 784ver en catalán)

Desde el comienzo del Estado de Alarma, el Gobierno situó al ejército, la policía y la Guardia Civil en “primera fila mediática” de la lucha contra la pandemia. No era un antojo de Sánchez, sino que la Ley de Seguridad Nacional de 2015 determina que en caso de crisis el Presidente del Gobierno dirige el Sistema asistido por el Consejo de Seguridad Nacional”. Sánchez dirige el país como parte del monárquico Sistema de Seguridad Nacional y no como gobierno elegido por los ciudadanos con el mandato de defender su salud. Así lo estipuló el decreto ley de declaración del Estado de Alarma, aprobado por el gobierno Sánchez.

Nos desayunábamos hasta hace unas semanas con ruedas de prensa que a más de uno le recordaban el “parte”, el noticiero de los tiempos del franquismo, trufadas de coroneles y generales. Algo inaudito, ¿parecería que la historia iba hacia atrás? Más bien confirmaba el papel especial que las instituciones heredadas del franquismo siguen jugando, en un régimen presidido por un rey que hereda el cargo del heredero designado por el propio dictador. No es de extrañar que torturadores como Billy el Niño mueran en su cama cobrando sobresueldos por las medallas conseguidas por su sádica persecución a los que luchaban por las libertades democráticas y los derechos de la clase trabajadora, y que los que querían que sus crímenes fueran perseguidos hayan tenido que irse a Argentina para intentarlo.

Para algunos será una anécdota el que ayer 26 de mayo el Gobierno proclamara 10 días de luto que deben finalizar ¡con un homenaje presidido y a la mayor gloria del Rey!

Veamos los hechos de esta última semana

Los franquistas sin careta se manifestaban el fin de semana en las principales ciudades. Contaban con la autorización de los tribunales. De los mismos tribunales que el 1 de mayo negaban a sindicatos y organizaciones obreras el derecho a manifestarse. Antes de esa fecha habían celebrado manifestaciones ilegales, durante cuyo desarrollo la mayoría trabajadora del país se indignaba al comprobar la complacencia de policías y guardias civiles, los mismos que durante el Estado de Alarma han puesto más de un  millón de multas a quienes se saltaban las mismas disposiciones que los pijos del barrio de Salamanca desafiaban mientras no se les pedía ni un carnet.

El lunes 25 el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituía al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de la GC de la Comunidad de Madrid. De inmediato, el teniente general Laurentino Ceña, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil (segundo de la cadena de mando) presentaba su dimisión en protesta por esa decisión (una medida claramente demostrativa, ya que tenía previsto jubilarse en un mes).

La causa de la destitución de Pérez de los Cobos, aunque el ministro Marlaska ha hablado de “pérdida de confianza”, no es otra que el hecho de que los servicios de su comandancia habían emitido un informe, desconocido por el Gobierno, a demanda de la juez Carmen Rodríguez Medel, que investiga las denuncias contra el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber “permitido” la manifestación del 8 de marzo. El informe de la GC concluía “que a partir del 5 de marzo no se debería haber realizado ninguna manifestación”.

Este “informe” ha sido publicado en diversos medios, y todo el mundo ha podido comprobar que está trufado de manipulaciones (se cambia, por ejemplo, la fecha en que la OMS declaró la pandemia), de falsificaciones de declaraciones de testigos, de citas de Okdiario y El Mundo que se tratan como si fueran hechos probados… A pesar de ello la juez ha salido en su defensa declarando que lo considera “una magnífica investigación”. En realidad, su objetivo era claro. Sólo buscaba implicar al Delegado del Gobierno y al propio Ministro de Sanidad, sin reparar en falsificaciones. Y, claro, hacer presión con estas calumnias sobre el Gobierno.

Y sin embargo, las instituciones franquistas poco pueden reprocharle a Marlaska, que desde su puesto en la Audiencia Nacional desoyó todas las denuncias de torturas a detenidos, y que a la cabeza del Ministerio del Interior ha sido el más activo defensor e impulsor de la aplicación de  la Ley Mordaza (instrumento que la policía y la GC han utilizado a fondo durante el Estado de Alarma). Hoy parecen “decepcionados” con el magistrado en excedencia.

Pérez de los Cobos, que ha hecho carrera como cargo de confianza de ministros del PP y del PSOE, es, cuanto menos, un personaje particular. Es de conocimiento público su historial. Se sabe que durante el golpe del 23F de Tejero acudió al cuartel de la GC de su pueblo a ofrecerse como voluntario para apoyar el golpe, de las conexiones de su familia con Fuerza Nueva, de su procesamiento por torturas, en que fue absuelto por falta de pruebas, aunque alguno de sus colaboradores fue condenado. Protagonista del dispositivo policial contra el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, que fracasó pisoteando a los ciudadanos, ha sido acusado de “testimonio falso” contra Trapero en el juicio a los catalanes.

A este personaje que ha aprovechado la ocasión para apuñalarlos por la espalda, el Gobierno lo ha presentado como defensor de las libertades. Es una consecuencia obligada de la aceptación del marco de la Monarquía, que supone “tragarse” al poder judicial, el ejército y los cuerpos represivos del franquismo, todos ellos disfrazados de demócratas (aunque sean feudos de Vox y firmen manifiestos profranquistas en cuanto pueden quitarse la careta). En este mundo es ingenuo el que quiere serlo.

En ese mismo momento, el Consejo de Ministros aprobaba –y el BOE del 27 de mayo publicaba– una nueva subida de sueldo a los policías y guardias civiles, una medida que se aprueba con carácter retroactivo a fecha del 1 de enero y que tendrá un coste extra de 247 millones de euros anuales. Con esta medida se completa una subida de más del 27% en tres años, mientras el personal de la sanidad y del resto de servicios públicos se ha tenido que conformar con un 7% en esos mismos años.

El problema de fondo

La prensa, que en su conjunto se ha declarado partidaria abierta de la solución del Banco de España (acuerdo político de larga duración para aplicar el ajuste, del que hablamos en la Carta Semanal anterior), se lamenta ahora de “la no pertinencia de esta crisis” cuando, como decía  La Vanguardia el 27 de mayo, “el Estado de Alarma en vigor aconseja el consenso entre gobierno y oposición”.

Y más preocupado se mostraba El País de este 27 de mayo, que decía que con medidas como la destitución de un enemigo de la libertad y estos enfrentamientos como la insubordinación de los agentes “sólo se obtendrá un resultado: el descrédito de los poderes del Estado… que aumenta cada día”.

El ABC intenta ¡limitar la crisis! a la dimisión de Marlaska, que les ha decepcionado. Limita la crisis a que Sánchez destituya a alguien porque agentes calumnian al Gobierno.

Sin embargo, la “oposición” se ha lanzado en tromba contra el Gobierno, con acusaciones cada vez más subidas de tono. La guinda del pastel ha sido la acusación de la marquesa Álvarez de Toledo al padre de Pablo Iglesias, luchador antifranquista a quien ha acusado de “terrorista” desde la tribuna del Congreso, aunque la dictadura de Franco sólo le acusó ante el Tribunal de Orden Público de “propaganda ilegal” por repartir unos panfletos llamando al 1 de mayo.

Porque la cuestión de las cuestiones es cómo la mayoría de los trabajadores y la población que sufren el desbarajuste de la Sanidad, los ERTE, el paro, la amenaza de un futuro de “sangre, sudor y lágrimas”, que ven cómo Nissan y Alcoa cierran ahora sin que el Gobierno lo impida, viven esta situación. Esa mayoría no va a olvidar que mientras ellos sufrían el confinamiento, perdían buena parte de sus salarios por los ERTE, sufrían la angustia de los despidos que se anuncian, las cumbres del Estado y las instituciones se dedican a conspirar contra un gobierno elegido mostrando su carácter parasitario y su incapacidad de defender a la población, mostrando, en última instancia, la incompatibilidad entre instituciones heredadas y democracia.

El Gobierno se enfrenta a un dilema. Como demuestran los casos Pérez de los Cobos y Nissan, por la vía de la sumisión a las instituciones del Estado y a las normas del “libre mercado”, no se puede defender los intereses de la inmensa mayoría. Y si no se defienden esos intereses, los peores males amenazan en los próximos años a la población (y el futuro del Gobierno es negro sin que le vaya a sustituir otro mejor).

Entretanto, la indignación y cólera que se acumula entre la amplia mayoría social se refleja en exigencias y reivindicaciones inmediatas. Los 14 puntos que propone el CATP buscan ayudar a la expresión consciente de la mayoría, incompatible con los dictados de las multinacionales y el poder omnímodo de las instituciones heredadas, con la Monarquía a la cabeza, tal como se está demostrando.

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