Carta Semanal 1002 en catalán
Carta Semanal 1002 para descargar en PDF
El gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha anunciado que va a presentar al Congreso de los Diputados medidas de “regeneración democrática”. Es legítimo preguntar a qué medidas se refiere.
¿Va a presentar medidas que impidan la persecución del aparato judicial y policial contra sindicalistas, activistas, y partidos de la izquierda? ¿Va a presentar medidas contra el espionaje policial a diputados de Podemos y otras formaciones políticas? ¿Va a derogar completamente la infame ley mordaza? ¿Va a derogar las leyes que permiten la persecución de la acción sindical? De momento, lo anunciado no es eso, sino unas mínimas medidas de control de los medios que difunden bulos y noticias falsas para alimentar a la derecha y la ultraderecha, siguiendo medidas ya aprobadas por la Unión Europea, cuya eficacia es más que dudosa, y un mínimo retoque a un artículo de la ley mordaza.
Hablemos de regeneración democrática.
La pesada herencia de los Pactos de la Moncloa y de la Constitución
A la muerte de Franco, la clase trabajadora y los pueblos del Estado español tenían objetivos y reivindicaciones claras, apoyados en una potente movilización que sacudió todos los rincones del Estado, de la que es muestra el hecho de que desde 1976 hasta mediados de 1978 se perdieron nada menos que 13.240.000 jornadas en huelgas.
Con su acción directa impusieron, en la práctica, el derecho de huelga, de reunión y de manifestación, la libertad de expresión y de organización. Todo ello antes de que esas conquistas democráticas se convirtieran en leyes. Arrancaron la libertad de todos los presos políticos.
Las masas movilizadas tenían un programa claro: libertades democráticas plenas, derecho de los pueblos de todo el Estado a decidir libremente su futuro, disolución de la policía política y todos los cuerpos represivos de la dictadura, la amnistía total para los luchadores antifranquistas, la exigencia de responsabilidades por los crímenes del franquismo, el fin del aparato judicial franquista. Junto a sus reivindicaciones económicas y sociales. Un programa que exigía el fin de la monarquía encarnada en el heredero designado por Franco de entre la corrupta dinastía borbónica.
Aterrado por la perspectiva de perderlo todo, el aparato de Estado se sentó entonces a negociar con los dirigentes de las principales organizaciones obreras (el PCE de Santiago Carrillo y el PSOE de Felipe González) y nacionalistas. De esta decisión, encargada por el rey Juan Carlos, a su vuelta de un viaje a los EE.UU., al nuevo presidente del gobierno, Adolfo Suárez, surgen los Pactos de la Moncloa, por los cuales PSOE, PCE y nacionalistas pactan con la representación del aparato de Estado franquista, a cambio de la legalización de todos los partidos obreros y nacionalistas y el reconocimiento de los derechos democráticos que el movimiento ya había arrancado en la calle, el mantenimiento de la Monarquía, de todo el aparato judicial y policial de la dictadura sin la más mínima depuración, el mantenimiento del ejército del 18 de julio –del que seguirían excluidos los miembros de la Unión Militar Democrática-, la impunidad de todos los represores y criminales franquistas. Esos acuerdos, se plasmaron luego en la constitución de 1978.
Apenas hubo unos cambios de nombre. La Brigada de Investigación Político-Social se convirtió en Brigada de Investigación, el Tribunal de Orden Público en Audiencia Nacional. Nadie fue procesado ni despedido y muchos siguieron cobrando sus medallas ganadas en la represión y disfrutando de sus prebendas.
De aquellos barros, estos lodos
Las consecuencias del mantenimiento del aparato judicial y policial heredado de la dictadura las vivimos cada día.
La cabra tira al monte. Y el aparato judicial se ha dedicado a lo mismo que había hecho durante 40 años: perseguir a sindicalistas, activistas sociales y políticos de izquierdas. Se ha destacado en la persecución contra los militantes obreros y activistas sindicales. Durante años, apoyándose en el artículo 315.3 del Código Penal, una campaña en la que colaboraban la policía, la fiscalía y cientos de jueces organizó una persecución contra centenares de sindicalistas, acusados de participar en piquetes de huelga, que tenía como objetivo la prohibición de los piquetes y, en última instancia, de la organización de huelgas. Derrotada esa maniobra por una potente campaña que implicó a las direcciones de UGT y CCOO y que llevó a la derogación del 315.3, la ofensiva judicial contra la acción sindical no se ha detenido.
Lo acabamos de ver en la condena a más de tres años de prisión para las “seis de la Suiza”, por la realización de movilizaciones sindicales ante una pastelería que no cumplía el convenio colectivo, ni respetaba a sus trabajadoras. Veamos los implicados en esa sentencia:
Javier Gómez Bermúdez, abogado de la parte empresarial y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Lino Rubio Mayo, magistrado del Juzgado de lo Penal de Gijón, que emitió la sentencia en primera instancia, y con un largo historial de polémicas relacionadas con conflictos laborales o sociales, entre ellas, la condena a tres años de prisión para los sindicalistas de la CSI, Cándido y Morala, por una protesta laboral contra el cierre de Naval Gijón.
El mismo aparato judicial acaba de condenar a penas de casi cinco años de prisión a los “seis de Zaragoza”, por participar en una movilización contra un mitin de Vox. Convirtió una pelea de bar en Alsasua en un acto de “terrorismo”, que llevó a condenar a 8 jóvenes a entre 2 y 8 años de prisión. Mandó a prisión al rapero Pablo Hassel por la letra de unas canciones.
Es el mismo aparato judicial en el que hoy el Tribunal Supremo se niega a amnistiar a los dirigentes republicanos catalanes, retorciendo la argumentación del supuesto delito de malversación, y lleva la Ley de Amnistía al Tribunal Constitucional. En el que otro juez organiza una grotesca acusación a Puigdemont por “traición”, mientras otro organiza el show de la acusación contra Begoña Gómez, haciendo caso omiso de dos informes de la Guardia Civil que descartan que exista delito alguno, pero citando testigos a denuncia de un ultraderechista condenado por abusos sexuales a menores.
El mismo aparato judicial que organizó en su día una campaña contra Podemos –cuando las encuestas les daban magníficos resultados electorales- con más de 20 actuaciones judiciales, finalmente archivadas, pero que permitieron ocupar las portadas de los periódicos. El mismo que procesó a Mónica Oltra para echarla del gobierno valenciano o a Alberto Rodríguez para expulsarlo de su escaño en Cortes. El mismo que organizó la persecución contra los republicanos catalanes.
¿Van a incluir las medidas de “regeneración democrática” anunciadas alguna actuación para acabar con el inmenso poder de este aparato judicial? No se ha anunciado ninguna. Por contra, el gobierno ha pactado con el PP una renovación del Consejo general del Poder Judicial que deja a los franquistas un inmenso poder. El gobierno “progresista” está preso de su defensa de la supuesta “independencia del poder judicial”. Que permite que 5.400 jueces impongan su programa político y social sin someterse a la soberanía popular ni responder ante los ciudadanos y ciudadanas. Además, el gobierno les premió en 2023 con una subida salarial de entre 440 y 450 euros al mes para jueces y fiscales, mientras se negó a subir un céntimo al resto de funcionarios judiciales.
¿Qué se podía esperar de los cuerpos represivos heredados del franquismo sin depuración alguna? Colaboraron activamente en la aplicación del 315.3, amañando pruebas y con declaraciones falsas, actuaron con verdadera saña contra los millones de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que intentaban votar pacíficamente en el referéndum del 1 de octubre de 2017, se han aplicado a investigar uno por uno a los 69 diputados de Podemos elegidos en 2015. Pero no se ha anunciado ninguna medida contra ese aparato policial. Y los jueces se han apresurado a exonerar a 46 policías investigados por su actuación en las cargas policiales del 1-O, en aplicación –a ellos sí- de la ley de amnistía.
Todos esos cuerpos se encargan de expulsar de su seno a quienes puedan cuestionarles. Como echaron a Garzón cuando se atrevió a investigar crímenes del franquismo o han echado a varios militares demócratas.
Tampoco se ha anunciado entre las medidas de “regeneración” ninguna contra la corrupción de la Monarquía.
Regeneración democrática es República
Desde el respeto a los jueces, a los cuerpos policiales del franquismo, al ejército del 18 de julio (cuyos miembros se prodigan en declaraciones de alabanza a Franco (eso sí, esperando a pasar a la reserva para que no se les pueda sancionar), a la Monarquía, todo esfuerzo de “regeneración” es ineficaz. La única regeneración democrática posible ha de partir de la limpieza total del aparato de Estado. De la cúspide borbónica a los aparatos judiciales, policiales y militares. No podrá haber regeneración sin plena democracia, sin República
Declaración de DSA sobre el abandono de la campaña presidencial de Joe Biden
Joe Biden ha sido durante mucho promotor de guerras y perpetrador de un genocidio, se ha comprometido con las grandes empresas, es un enemigo de los inmigrantes y del medio ambiente, y un fiasco desde el punto de vista de la clase obrera. Tiene bien merecido el vergonzoso final de su carrera.
Incluso si, al abandonar hoy la carrera presidencial, Biden aumenta las posibilidades de evitar una presidencia de Trump, quienquiera que sea el candidato demócrata estará sin duda por debajo de lo que la clase obrera merece.
Cada vez más estadounidenses constatan en carne propia que la dirección del Partido Demócrata no está en absoluto preparada para combatir a la extrema derecha con la ferocidad necesaria. Fuentes demócratas bien informadas admitieron recientemente que Biden fue nominado en 2020 no porque pudiera vencer a Trump, sino porque querían vencer a Bernie Sanders, un candidato socialista democrático enormemente popular.
Desde que asumió la presidencia, Biden ha aprovechado todas las oportunidades para acabar con sus posibilidades de reelección. Ante todo, sigue financiando y apoyando activamente el horrible genocidio que Israel perpetra contra los palestinos en Gaza, arruinando así su popularidad entre los votantes jóvenes. No ha ofrecido ninguna visión de futuro que no sea «en lo fundamental, nada cambiará». Y, a medida que empeoran las condiciones sociales y económicas, vemos que incluso eso era mentira.
Ninguno de los dos grandes partidos tiene una visión útil para la clase obrera. Necesitamos una alternativa seria al proto-fascismo del Partido Republicano y su guerra contra los sindicatos, los inmigrantes, las mujeres y los transexuales, y la propia democracia – y una alternativa a la complicidad del Partido Demócrata.
Necesitamos un nuevo partido que represente a un movimiento de masas de gente corriente que quiera levantarse y luchar por un mundo libre de guerras, reacción y explotación empresarial. Nos merecemos un partido que se convierta en heraldo del poder de los trabajadores, de la lucha por la liberación y la dignidad para todos, del fin de la crisis climática y que cree programas universales como la vivienda pública, la educación superior gratuita y Medicare (1) para todos.
Únete al DSA para construir este partido con nosotros.
21 de julio de 2024
(1) programa del Gobierno federal estadounidense que financia el seguro de enfermedad de las personas mayores de 65 años y los discapacitados (nota del editor).