(Publicado en la Carta Semanal 520)
Junto con compañeros y compañeras de otras organizaciones, los militantes del POSI luchamos por levantar, para las inminentes elecciones municipales, candidaturas que luchen por la ruptura con el régimen corrupto de la Monarquía, impuesto en 1978, candidaturas de lucha por la República. Y algunas personas, en este debate, vienen a decirnos que ésta no es una “cuestión de actualidad”, que se trata de un debate que “no interesa a la gente” o que “qué más da tener un rey que un presidente”. Ciertamente, si ese último fuera el debate, no les faltaría razón. Pero la cuestión es, precisamente, que no es ése el debate.
La mayoría de los que desdeñan la lucha por la República en el debate sobre las elecciones municipales defienden programas “municipalistas” que incluyen propuestas más o menos atinadas, pero que, en última instancia, defienden que es posible hacer otra política, gobernar en favor de los trabajadores y de la inmensa mayoría, dentro de las instituciones de la Monarquía y jugando con las reglas de ésta. Se trata, en última instancia de trabajar por la “regeneración democrática” del régimen. En esta línea, la cuestión de la corrupción se solucionaría cambiando a las personas e introduciendo unos “códigos éticos”, como si el régimen en sí no fuera la base de toda la corrupción.
Pablo Iglesias decía poco después de la abdicación de Juan Carlos I que el debate no era “monarquía o república, sino dictadura o democracia”. Los más viejos del lugar no pudieron evitar recordar que eso mismo decía Santiago Carrillo en 1977-78 para defender la aceptación del Monarquía por el PCE.
Una voluntad de cambio que choca con el régimen
En las manifestaciones de nuestras huelgas generales, y también en la Marcha de la Dignidad de 2013, ondeaban miles de banderas republicanas, a pesar del empeño de muchos voceros del 15M en expulsar esa bandera. El 2 de junio pasado, ante la abdicación del Borbón heredero de Franco, muchas decenas de miles nos echamos a las calles y plazas de cientos de poblaciones de todo el país para exigir la República.
Este impulso de cambio se enfrenta al régimen de la Monarquía. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional, guardián de la legalidad monárquica, ha aprobado todos y cada uno de los recortes. Ha negado reiteradamente los derechos de los pueblos, y en especial el derecho a decidir libremente. Anuló el Estatuto votado por el pueblo de Cataluña. Ha declarado ilegal el referéndum catalán primero y la “consulta” después, a la vez que ha legalizado la Reforma Laboral que arrasa los derechos de los trabajadores y trabajadoras, acaba de legalizar la no actualización de las pensiones según el IPC.
El interés de la mayoría trabajadora, la aspiración de la juventud, evidentemente no se trata únicamente de cambiar al rey hereditario por un presidente elegido que actúe como árbitro en beneficio del capital financiero. Se trata de cambiar el régimen para cambiar las cosas. Porque en la conciencia de las masas, República es abrir camino a la satisfacción de las reivindicaciones, República es defensa de la escuela pública, República es reforma agraria, República es reconocimiento de los derechos de los pueblos… República es gobierno del pueblo y para el pueblo.
Tras el referéndum de 1986 sobre la OTAN, en el que siete millones de votos NO expresaron este impulso de ruptura, Gerardo Iglesias y luego Julio Anguita levantaron Izquierda Unida como ala izquierda del régimen. Durante años no se cansaron de decir que su programa era el cumplimiento de la Constitución de 1978. Hoy, mucha gente de Izquierda Unida no defiende eso, y quizá por eso el régimen fomenta otros instrumentos políticos.
Podemos, la Monarquía y la República
Sirva a título de ejemplo la actitud de los principales dirigentes de Podemos sobre esta cuestión.
El pasado 31 de enero en la manifestación que convocaron en la Puerta del Sol, los dirigentes de Podemos, que habían dado instrucciones de manifestación sin banderas, se encontraron con cientos de enseñas republicanas. También había alguna bicolor, lo que sirvió para que el secretario de Participación Interna, Luis Alegre, aplaudiera la presencia de ambas banderas, diciendo que “Podemos celebra que hubiese banderas que no conviven con facilidad, lo que expresa esa nueva mayoría social y el espíritu de una ilusión por un país común”, a la vez que negaba con rotundidad que hubiera más abundancia de enseñas republicanas.
Aunque desde el escenario podían ver muchas banderas republicanas agitarse entre el público, es evidente que la consigna era no mencionar este tema y ni una palabra del nuevo rey, Felipe VI. El propio Iglesias evitó mencionar a la II República cuando aludió a los acontecimientos históricos que había vivido el balcón de la Puerta del Sol (desde el que se proclamó esa II República en 1931)
Por el mismo motivo, los dirigentes de Podemos eluden pronunciarse sobre el modelo de Estado que defienden. “Es un debate que aún no se ha abierto en el seno de la formación”, aseguraba el secretario de Organización del partido, Sergio Pascual, al ser preguntado sobre la Monarquía en una rueda de prensa. Según interpretan los responsables de Podemos, “no es un asunto que interese ahora mismo a la ciudadanía española”.
Entretanto, Pablo Iglesias no duda en decir en público que la reina Letizia le parecía una gran comunicadora, expresando sus deseos de conocerla, mientras que pide audiencia al Rey Felipe VI, sobre el que dice que “el actual jefe del Estado tiene una enorme simpatía por parte de los ciudadanos españoles” y que “sería bueno para la democracia que sea Jefe de Estado no por razones hereditarias, sino porque los españoles le han votado”.
Ruptura con la Monarquía
Desde 1977, los dirigentes del PCE apostaron por el juancarlismo y su servicio de orden reprimía a los militantes comunistas que mantenían la reivindicación de la República. Por su parte, la dirección felipista del PSOE renunció a la movilización social para apoyar la exigencia de República que aún mantenía -de manera testimonial- en 1978 en las Cortes “constituyentes” amañadas y espúreas. De ese modo, jugando con su influencia en la clase trabajadora y con la amenaza de un supuesto golpe militar, el PCE de Santiago Carrillo y el PSOE de Felipe González, lograron contener el impulso de ruptura democrática de la inmensa mayoría e imponer un pacto con los representantes del aparato de estado franquista. Con ese pacto, el aparato de Estado se resignaba a aceptar –de momento– la ruptura sindical y las libertades democráticas que los trabajadores y los pueblos ya habían impuesto en la práctica con su movilización, y a reconocer la legalidad de las organizaciones de los trabajadores y de los pueblos que ya se habían impuesto igualmente. A cambio, había que mantener el aparato judicial, militar y represivo del franquismo sin depuración alguna, renunciar a castigar a los responsables de los crímenes franquistas (y a reparar esos crímenes, aun dejando a cientos de miles de asesinados en cunetas y fosas comunes) y mantener el entramado de negocios urdidos a la sombra del aparato franquista (sembrando las bases de la corrupción que hoy tanto sale en las noticias). Y, en particular, negar la autodeterminación que a la muerte de Franco todo el movimiento obrero defendía.
Nadie ose rebelarse contra eso. Quien saca los pies del plato, como Garzón al intentar investigar los crímenes franquistas o Silva metiendo en la cárcel al presidente de Bankia, lo paga con su inhabilitación.
El debate es ese: ¿Podemos imponer los cambios que la inmensa mayoría necesita si no acabamos con ese régimen podrido que pudre a todas las organizaciones que se someten a él? No se trata, por tanto, de cambiar rey por presidente, sino de imponer la ruptura democrática que el pueblo necesita para poder alcanzar sus reivindicaciones y recuperar sus conquistas arrebatadas.