Carta Semanal 1006 en catalán
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La situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales ha sido objeto de numerosos debates. En nuestro país, la mayoría de las fuerzas políticas y medios de comunicación se han sumado a la campaña del imperialismo y la extrema derecha venezolana que intenta imponer la victoria de la oposición venezolana.
Reproducimos dos documentos: un artículo que va ser publicado en O Trabalho, órgano de la sección brasileña de la IV Internacional, y una declaración de un agrupamiento de defensa de los derechos de las clase trabajadora venezolana, independiente del gobierno de Maduro. Ambos parten de una premisa clara: no a la injerencia imperialista y compromiso incondicional con las aspiraciones legítimas de la clase trabajadora.
La crisis en torno a las elecciones debe ser resuelta entre los venezolanos
Por Julio Turra
El título de este artículo es la frase pronunciada por el presidente de México, López Obrador, en los primeros días tras la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, atribuyendo el 51% de los votos a Maduro y el 43% a Edmundo González de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), liderada por la líder ultraderechista y proimperialista María Corina Machado.
Obrador respondía así al frenesí injerencista de los gobiernos de EE.UU. y de algunos países latinoamericanos –como el del ultraderechista Milei en Argentina y el de la golpista Dina Boluarte en Perú– al reconocer a Edmundo Gonzáles como ganador de las elecciones o como presidente electo.
El presidente mexicano decidió esperar la posición final del TSJ (el Tribunal Supremo de Justicia del país) que fue convocado por Maduro para auditar todas las votaciones, y solo entonces retomar las conversaciones con Lula de Brasil y Petro de Colombia en el llamado “grupo de los tres” que pretende ser mediador entre el gobierno y la oposición. Recordemos que los acuerdos de Barbados, negociados entre Biden y Maduro en 2023, que abrieron la puerta a estas elecciones, establecieron que serían organizadas por las autoridades electorales venezolanas.
La guerra de números de la oposición
Pero incluso antes de las elecciones, el PUD de María Corina se negó a aceptar que el CNE fuera el responsable de sus resultados, a diferencia de los otros nueve candidatos a la presidencia. Lo que equivale a entrar a las elecciones ya gritando “fraude”, sin aceptar al árbitro.
Afirmando tener en sus manos el 80% de las actas (papeletas) recogidas por sus inspectores, María Corina declaró presidente electo a su títere Edmundo Gonzáles con el 67% de los votos contra el 30% de Maduro. ¿Con qué pruebas? Pues un sitio web creado por la empresa digital “Súmate” propiedad de la familia de Corina.
El CNE, por su parte, al dar a conocer los resultados el pasado 29 de julio, no publicó las actas de las mesas electorales, como era costumbre en elecciones anteriores, alegando un ciberataque en su página web. Muchos sectores políticos y sociales, entre ellos la izquierda crítica del “madurismo”, comenzaron a exigir la publicación por parte del CNE de las actas electorales. En 2013, cuando Maduro ganó por un estrecho margen al líder opositor Capriles, la oposición pidió un recuento de los votos, que, una vez realizado, confirmó la victoria del actual presidente.
Pero esta vez, Maduro presentó una solicitud de revisión de todos los votos a la oficina electoral del TSJ, que instó a los 10 candidatos a entregar las actas que obran en su poder. Solo uno no asistió, el “autoproclamado” Edmundo Gonzáles.
No a la injerencia del imperialismo
Los grandes medios de comunicación, que desde EEUU se hacen eco de la acusación de “fraude” hecha por la oposición, también denuncian la represión llevada a cabo por el gobierno de Maduro. Pero guardan silencio ante los ataques sufridos por militantes del PSUV, el partido gobernante, depredaciones a organismos públicos, escuelas y hospitales, realizados, según el gobierno, por jóvenes y adolescentes de barrios populares pagados por la oposición de derecha, que serían buena parte de los más de 1.400 detenidos y 20 muertos, entre los que se encuentran policías y dos dirigentes regionales del PSUV.
Lo que está en juego hoy en Venezuela ya va mucho más allá de una disputa por los resultados electorales. No es necesario “embellecer” la política regresiva y antiobrera que Maduro viene aplicando desde hace años para tomar una posición clara del lado del pueblo venezolano y sus instituciones frente a cualquier injerencia en el país por parte del imperialismo norteamericano y sus vasallos.
Los compañeros de la Coordinadora Autónoma e Independiente de Trabajadores (CAIT), que formaron parte de la “Otra Campaña” que denunció la política de privatización y ataque a los derechos y salarios practicada por Maduro, mientras se deslindaba de María Corina y su oposición entreguista al servicio del imperialismo, están dispuestos a la más amplia unidad para impedir cualquier injerencia extranjera en Venezuela.
Para defender la soberanía de la nación no bastan movilizaciones como la del 17 de agosto, mucho más grandes que las convocadas por la oposición, es necesario tener una política que atienda las demandas del pueblo trabajador, con aumento de salarios y pensiones, que reafirme y haga cumplir las conquistas sociales, laborales y democráticas inscritas en la Constitución Bolivariana.
Es el pueblo venezolano el que decidirá su destino de manera soberana: ¡Fin de todas las sanciones y bloqueo! ¡Estados Unidos, quítenle las patas a Venezuela!
Ni los Gobiernos ni las Instancias Internacionales resolverán conflicto poselectoral en Venezuela
Por Coordinadora Nacional Autónoma Independiente de Trabajadores (CAIT)
La situación que ha emergido luego de las elecciones del 28 de julio apunta que la estrategia del gobierno de EE.UU. estuvo marcada por las negociaciones secretas en Qatar entre el gobierno y el imperialismo, que establecieron el alivio parcial de las sanciones, intercambio de prisioneros, garantizar el suministro energético mediante una alianza de intereses con sus corporaciones petroleras y un acuerdo para la realización de las elecciones presidenciales.
Este cambio de estrategia del gobierno norteamericano se correspondía con el fracaso de la estrategia de Guaidó y Trump de gobierno paralelo. El viraje se conectaba con el efecto de las sanciones en la crisis social y económica, que se amplió con las políticas regresivas aplicadas por el gobierno, que termino colocando el peso de la crisis en los hombros del pueblo trabajador. En este contexto de descontento social, raíz de la caída de aceptación de Maduro y la ruptura de sectores populares con el gobierno, el imperialismo consigue agrupar a la oposición de ultraderecha y reintegrarla a la ruta electoral; María Corina aglutinaba en zonas rurales y barriadas, bastión del chavismo, importantes movilizaciones.
Tras las elecciones del 28 de julio, el imperialismo no ha logrado el cambio de gobierno a través de las elecciones concebidas por Washington; pero ha conseguido alcanzar ciertos objetivos al generar una crisis de legitimidad que antes no existía, mediante la matriz de opinión de fraude electoral; con el desconocimiento de los resultados emitidos por las autoridades electorales, lo cual quedó evidente cuando de manera apresurada se reconoció el triunfo de Edmundo Gonzáles, aunque después reculó, exigiendo el conteo de las actas.
Ni injerencia ni desestabilización
En medio de una controversia poselectoral que se encuentra en proceso de resolución en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las recientes gestiones del gobierno estadounidense con la acentuación de las presiones diplomáticas han lineado a su política intervencionista a los presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, y las instituciones controladas por el imperialismo: la ONU, la desahuciada (OEA), la Unión Europea y varios países latinoamericanos.
Es la reproducción de antiguos esquemas de presión, desestabilización y ataques directos a la soberanía nacional del país. El imperialismo apuesta a un aislamiento total de Maduro, obligándolo a una salida negociada que no haga estallar todo por los aires, poniendo en peligro sus propios negocios entre la petrolera Chevron y PDVSA, de cara a la elección presidencial de noviembre próximo entre Kamala Harris y Donald Trump, y más de fondo el peligro de la desestabilización regional si Venezuela entra en una situación de alta convulsión social.
Las flamantes propuestas esbozadas por Lula y Petro, sugiriendo la formación de un gobierno de coalición o la convocatoria a elecciones con un comité electoral independiente y observadores internacionales, mientras Petro propuso el levantamiento de sanciones, amnistía general, garantías para la acción política y un gobierno de cohabitación transitorio que conduzca a nuevos comicios, iniciativas en consonancia con la política de Biden busca garantizar la conducción y el tutelaje de la crisis política poselectoral. En la Constitución ni en las leyes venezolanas, establece que el Poder Electoral, como una de las ramas del poder público nacional, tiene como jurisdicción electoral la presidencia de Brasil, de Colombia, la ONU, el Centro Carter, la Unión Europea o cualquier institución supranacional.
En tal sentido, la Coordinadora Nacional Autónoma Independiente de Trabajadores (CAIT) rechazamos y condenamos esta política injerencista en los asuntos internos de nuestro país. Como las amenazas de imposición de sanciones, la utilización de las redes sociales de agenda de violencia desestabilización.
Demandamos: Paren las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales, la utilización de organizaciones parapoliciales para intimidar y reprimir a los sectores disidentes, los despidos en las instituciones del sector público por retaliación política.
Más allá de cualquier interpretación jurídica, la resolución del conflicto es a partir de nuestra propia constitución, sin embargo, como pueblo trabajador, demandamos que se conozca la verdad de los resultados electorales.
Después de la decisión de la Sala Electoral, el Consejo Nacional Electoral debe cumplir con la ley y publicar los resultados en la Gaceta Electoral dentro de los 30 días de la proclamación, según lo establecido en la ley.
De tal manera, todas las acciones legales de los actores políticos deben apegarse al Estado de derecho y reconociendo de la institucionalidad y la Jurisdicción Electoral venezolana; haciendo uso de sus derechos de hacer denuncias de ilícitos electorales contra el Directorio del CNE, por falta de transparencia, solicitando se respeten los resultados del 28J y se garanticen procesos de auditorías postelectorales, ante la incertidumbre y zozobra colectiva que ha generado los acontecimientos.
Cualquier negociación o diálogo debe abordarse con el impulso de una economía soberana en la medida de lo posible, reactivación de la industria petrolera, poniendo énfasis en el interés nacional, promover el crecimiento industrial y económico en general y garantizando los beneficios y derechos de los trabajadores y mayorías.
Para derrotar la política de intromisión, se quiere volver a la constitución para responder a las demandas del pueblo trabajador. Recomposición del salario, pensiones, el respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.