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¿Qué hacer ante la inflación?

Carta Semanal 882 en catalán

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Nuevamente, como en otros momentos históricos, la inflación se dispara en la economía española. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que publica el INE, el aumento acumulado de precios durante los últimos doce meses asciende al 9,8%. El impacto es inmediato sobre las posibilidades de consumo de la clase trabajadora y, por tanto, sobre sus condiciones de vida, que dependen de su salario real, es decir, de su poder de compra. Pero las revisiones salariales, cuando existen, se hacen a año pasado y mientras en 2021 los precios aumentaron oficialmente el 6,5%, la subida nominal de salarios para 2022 que recogen los convenios es del 1,55% en promedio, la de los empleados públicos el 2% y la del salario diferido que son las pensiones el 2,5% con carácter general. Esto es, se imponen unas rebajas salariales del 4,95%, el 4,5% y el 4% respectivamente. La situación es peor para quienes no tienen convenio (1.500.000 según la ministra de Trabajo), a quienes de hecho no se les amortigua o apenas el impacto de la inflación y que, por tanto, verán cómo su capacidad adquisitiva cae más del 6%.

Conviene enfatizar este punto: la inflación -el aumento generalizado de precios- reduce el poder de compra de la clase trabajadora cuando los salarios no aumentan como ella (por eso se llama evolución del  “salario real” a la que pone en relación el “salario nominal” -el efectivamente cobrado en la moneda que sea- con los precios). Pero además reduce un poder de compra ya reducido en los últimos años: entre 2009 y 2019, mientras los salarios nominales aumentan un 8,6%, la inflación es del 12,8%, una caída por tanto de los salarios reales de más del 4%.

En consecuencia, las organizaciones de la clase trabajadora no deben permanecer inmóviles ante esta situación, sino que, de forma acorde con lo que motivó su constitución y debe motivar su existencia hoy, han de reaccionar mediante la movilización que, de forma urgente, luche por la preservación del poder de compra de los salarios frente a la inflación. Precisado esto, conviene abordar las causas del aumento de precios para que, más allá de la medida inmediata mencionada de defensa del salario real, se pueda abrir una salida a los problemas económicos que padece la clase trabajadora, de los que la inflación es sólo uno entre otros.

La inflación, resultado de la dislocación del mercado mundial

¿Por qué se disparan los precios? Esta pregunta sólo puede responderse conociendo cómo se determinan los precio

s, cuáles son sus factores determinantes, para lo que resulta imprescindible el análisis que Marx expone en El capital[1], donde revela que los precios no se determinan de un modo técnico, sino social. Y que no se establecen, fundamentalmente, en el momento del intercambio, sino en la producción, en función de cuánto trabajo cuesta, en cada sociedad y en cada momento, producir cada mercancía. Es la ley del valor, que con la determinación social de los precios identifica que se trata, por tanto, de una determinación conflictiva en una sociedad clasista como es la capitalista. Dicho de otra manera, toda sociedad atrasada como es hoy la capitalista se define por estar presidida por una pugna distributiva (a pesar de las posibilidades que aporta la productividad del trabajo, nada está asegurado, todo depende de cómo le vaya a cada cual en el mercado). Trabajadores y capitalistas pugnan por la distribución del producto, de la tarta, que se divide en una parte de trabajo pagado -el salario, con el que viven los trabajadores-, y una parte de trabajo no pagado -la plusvalía, que se apropian los capitalistas-. Pero los capitalistas pelean también entre sí, por la distribución de la plusvalía total entre sus ganancias individuales. Y todo ello se refleja en los precios.

En el número 110 de nuestra revista teórica, La Verdad, publicamos un artículo titulado “La dislocación del mercado mundial y la crisis del capitalismo”, título que define de forma sintética la situación actual a la que ha conducido la supervivencia del capitalismo:

Caracterizamos como dislocación del mercado mundial el proceso por el que las distorsiones de todo tipo que lo definen, provocando su desbarajuste general, un funcionamiento trabado, irregular, que estrangula los circuitos habituales de valorización del capital, impidiendo, en definitiva, que el mercado mundial albergue un proceso de acumulación del capital mínimamente fluido. Dichas distorsiones no son un resultado circunstancial, sino que reflejan la huida adelante del capital ante la estrechez del mercado mundial para su valorización, en un contexto presidido por la exacerbación de la pugna competitiva entre capitales y la agudización de la lucha de clases. Por tanto, están ligadas al carácter crecientemente contradictorio del capitalismo, expresado en la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia formulada por Marx.

En el desencadenamiento de un proceso inflacionario influyen distintos elementos, incluyendo eventualmente aspectos de demanda, pero lo determinante, el aspecto de fondo es la dislocación del mercado mundial, ligada a la crisis del capitalismo. Es decir, no se trata de que la inflación sea resultado de una conspiración capitalista contra el ingreso de la clase trabajadora, aunque efectivamente se utilice la inflación para ello -así como las políticas que dicen adoptarse contra el aumento de precios- sino que el desbarajuste económico propio del capitalismo es lo que provoca una inestabilidad general que se expresa también en los precios. Esta consideración es importante para entender que la única solución de fondo es, obviamente, la superación del capitalismo que no sólo provoca inflación sino en general una devastación cada vez mayor, una destrucción de fuerzas productivas cada vez más sistemática, concretada en particular en el cuestionamiento de las condiciones de vida de la mayoría. Obviamente que mientras tanto resulta imprescindible luchar por todas las reivindicaciones, incluyendo las más elementales, que permitan a la clase trabajadora sobrevivir.

¿Por qué la inflación se dispara más en la economía española?

Mientras que la inflación aquí trepa al 9,8% interanual en marzo (mayor dato desde 1985), en Alemania se sitúa en 7,6%, en Francia en el 5,1%, en Italia en el 7,0%, en Portugal en el 5,3% y en la zona euro en el 7,5%. Resulta pertinente preguntarse por qué. Al respecto, la primera precisión que ha de hacerse es que la guerra contra Ucrania no explica la inflación, aunque sí contribuya a dispararla. Basta simplemente recordar que la guerra arranca el 24 de febrero y el año 2021 ya había terminado con una inflación del 6,5%. Es falsa por tanto la afirmación de la ministra de Hacienda, Montero, de que “el paquete de medidas que aprobó el Consejo de Ministros viene justamente para hacer frente a esta situación provocada exclusivamente por la guerra de Putin”. Más bien hay que decir que la guerra se utiliza como excusa para camuflar los problemas, así como para intentar aplicar las políticas que exige el capital, a un enorme costo para la clase trabajadora.

La explicación de la mayor inflación española que, por ejemplo, la portuguesa -prácticamente el doble-, se debe sobre todo a la regulación estatal aquí, presidida por el hecho histórico de que las mayores empresas, en gran parte procedentes de las privatizaciones, se han beneficiado de un trato de enorme favor desde el Estado (engrasado personalizadamente a través de las llamadas puertas giratorias). El caso de las eléctricas es inequívoco. La agencia Moody’s explica: “los efectos de la subida de los precios de la energía han sido más pronunciados en España que en el resto de Europa porque la factura de la luz está muy ligada a la evolución de los precios mayoristas del gas. Por ejemplo, en febrero, los precios de la energía en España habían aumentado un 43,7% respecto a febrero de 2021, frente al 32% en la Eurozona”. Así, la electricidad sube un 80% en 2021, frente a un 33% en la zona euro (o los combustibles el 52% frente al 43%). Este lazo tan directo entre grandes empresas y Estado se explica, a su vez, porque los gobiernos se niegan a adoptar las medidas que efectivamente permitirían poner coto a por lo menos este factor inflacionario. Y en este disciplinamiento de los gobiernos europeos la UE desempeña un papel crucial, porque impone una política tarifaria que se convierte en un fardo insoportable, revelándose una vez más su condición de “protectorado de EE. UU.” para favorecer a sus multinacionales.

Qué hacer

El capital exige políticas con las que busca beneficiarse tanto de la inflación como del supuesto remedio contra ella. Promoviendo la idea falsa de que el aumento de precios se debe a un aumento de la demanda, ligado a su vez a los aumentos salariales, formula la idea de una espiral inflacionista, sólo atajable mediante el recorte de salarios (aunque también habla de limitar las ganancias, se trata de mera retórica, estamos por ver alguna vez una medida sustantiva al respecto). Incluso la dotación del acuerdo sobre pensiones, por más limitado que sea en conjunto, ya está cuestionándose por el Banco de España y la prensa, planteando que respetarlo significaría un déficit de más de 13.500 millones de euros. Y en esta orientación se inscribe el “pacto de rentas” que quiere aplicar el gobierno. Es decir, bajo la repetida premisa falaz de que los salarios son responsables de la inflación, se persigue preservar en el tiempo su caída real, que es lo que ocurre cuando los salarios nominales crecen menos que los precios de los productos con los que vive la clase trabajadora.

En otros momentos, que eventualmente podrían volver, con durísimas consecuencias sociales, el capital ha impuesto lo que se conoce como políticas monetaristas, que parten de atribuir la inflación a un exceso de liquidez en la economía. De modo que la inflación se corregiría mediante una política monetaria recesiva, concretada en particular en un aumento de los tipos de interés, ante la que el capital financiero se frota las manos por la posibilidad acrecentada de negocio que se le abre, sirviendo a la vez para debilitar a la clase trabajadora, por el mayor desempleo que deriva del parón de la actividad que suponen esos mayores tipos de interés (ya que desalientan la inversión y el consumo, porque su financiación se encarece). Es lo que ocurrió en Reino Unido a partir del triunfo de Thatcher en las elecciones de mayo de 1979, provocando un efecto nefasto para la clase trabajadora británica y contribuyendo también, decisivamente, a disparar la crisis de la deuda externa que estallaría apenas tres años después.

La perspectiva de la clase trabajadora es la opuesta. Más allá del corto plazo, atajar los problemas de inflación está ligado a atajar los problemas de la explotación, fuerza motriz de la acumulación capitalista. Por eso la expropiación del capital, particularmente en sectores básicos como el energético, las telecomunicaciones o las finanzas, es una reivindicación ineludible si realmente se quieren afrontar los problemas. Mientras tanto, frente al hecho específico de la inflación, una exigencia inmediata debe imponerse: preservar el poder de compra. Por consiguiente, debe reivindicarse, desplegando todos los resortes de los que dispone la clase trabajadora, un mecanismo de revalorización automático del conjunto de los salarios nominales acorde a la subida de los precios. No vale el mal menor -es decir, el mal- de aminorar la parte del poder de compra que la inflación recorta, como cuando se propone una revalorización por la “inflación media”. Tampoco se puede apelar a la cláusula de garantía salarial, tan reducida en los últimos años: mientras antes de 2008 el 70% de trabajadores tenían dicha cláusula en su convenio, hoy, según el Ministerio de Trabajo, son sólo el 16%, apenas 1.200.000.

La reivindicación es elemental: la revalorización de todos los salarios, incluidas por tanto las pensiones, debe garantizar el poder de compra, esto es, alcanzar, como mínimo, el aumento de los precios (que el IPC debe recoger efectivamente). Más aún: la fórmula debe ser un aumento el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación razonablemente prevista para el año que comienza, con cláusula de revalorización automática a final de año si la inflación efectiva supera la prevista. Se trata de lograr la escala móvil de salarios, esto es, que en los convenios y en los contratos en general se asegure el aumento automático de los salarios en correlación con la elevación del precio de los artículos de consumo. Porque está en juego que la inflación deteriore aún más la situación de la mayoría de la población, quienes vivimos de nuestro salario. Planteamos que las organizaciones que levantó la clase trabajadora actúen fuera de todo supuesto interés común del conjunto de la sociedad, imposible en una sociedad clasista, basada en la explotación (por eso es positivo que las direcciones de CCOO y UGT no acepten, al menos por el momento, un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que no incorpore cláusulas de revisión obligatorias y generalizadas). Es imprescindible que actúen de forma acorde a su función constitutiva, la defensa de los intereses de la clase explotada, incondicionalmente, hasta el final. Para eso trabajamos.

[1] La potencia del método de Marx no tiene que ver sólo con su solvencia intelectual, complementada por Engels, sino con el hecho de que ellos representan los intereses de la clase trabajadora, que no tiene nada que perder con la comprensión rigurosa de las causas profundas de sus problemas. A diferencia de la burguesía, que dinamita la ciencia económica porque sus privilegios y nuestros padecimientos tienen el mismo origen, que ella necesita esconder.

Acerca de la Conferencia Europea de urgencia, convocada para el 9 de abril de 2022

Carta Semanal 881 en catalán

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La Nueva Corriente de Izquierda (NAR), de Grecia,  y el Partido Obrero Independiente (POI), de Francia, han lanzado una convocatoria a una conferencia europea de urgencia, cuyo contenido incluye el combate contra la guerra, pero que va más allá, buscando “establecer un vínculo entre trabajadores y militantes confrontados en toda Europa a una ofensiva sin precedentes contra todas las conquistas de la clase obrera”. Ofensiva de ataque a todas las conquistas obreras y democráticas y, en primera línea, los sistemas de seguridad social que aseguran la supervivencia de los trabajadores y trabajadoras en su vejez, y los servicios públicos de sanidad, enseñanza, etc. Sigue leyendo

Los trabajadores y sus organizaciones frente a la guerra

Carta Semanal 880 en catalán

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El jueves 24 y el viernes 25 de marzo se reunieron en Bruselas los 30 jefes de Estado o primeros ministros de los países miembros de la OTAN, después se reunió el G7 y a continuación los 27 jefes de Estado o de gobierno de los miembros la Unión Europea. El presidente de los EE.UU., Joe Biden,  participó o “presidió” los tres cónclaves. Es la primera vez que un presidente de los USA participa en una Cumbre de la UE. Lo que demuestra, para quienes aún tuvieran dudas, una dependencia que viene desde el origen de estas instituciones europeas y que se vio sobre todo en los años 2010 al formarse la Troika: que la UE es subsidiaria de la administración americana, a través del FMI, de la OTAN… y no es una institución neutral ni una instancia meramente “económica”. Sigue leyendo

Ante las consecuencias de la guerra para la clase trabajadora: la lucha contra la guerra y la lucha por las reivindicaciones, dos caras de la misma moneda

Carta Semanal 879 en catalán

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¿Qué impacto supone la guerra y las medidas que la acompañan? La propaganda de los medios de comunicación burgueses plantea la cuestión en términos de cada país, como si los efectos fueran los mismos para toda la población, con independencia de su posición de clase… cuando resulta evidente que, por ejemplo, un aumento del gasto militar es un regalo para las multinacionales estadounidenses del “complejo militar-industrial”, mientras que para la mayoría supone un desvío de fondos en contra del gasto público social. A quienes defendemos los intereses de esta mayoría nos interesa, por tanto, conocer cuáles son las consecuencias de la guerra para ella, para la clase trabajadora.

Los miles de muertos y heridos, los millones de refugiados… no son capitalistas, son trabajadores

La gravedad de la situación está fuera de toda duda: destrucción por doquier, con muertos y heridos que ya se cuentan por miles y miles, con más de tres millones de refugiados que escapan del terror con lo puesto. Pero las manipulaciones desinformativas ocultan que los muertos, heridos y refugiados no son los capitalistas ucranianos, no son los dueños de las grandes empresas. Son sobre todo los trabajadores quienes engrosan esas cifras dramáticas de muertos y heridos, como revela el ejemplo tan elocuente y trágico, entre tantos otros, que fue la masacre de soldados argentinos durante la guerra de las Malvinas en 1982 (soldados que eran principalmente jóvenes de clase trabajadora, a los que la dictadura condenó, enviándolos sin formación ni material adecuado a combatir al bien pertrechado ejército imperialista británico, provocando entre ellos cientos de muertos y miles de heridos). También son trabajadores quienes hoy se quedan sin vivienda en Ucrania, quienes se ven obligados a huir con lo puesto.

Estos efectos golpean directamente a la clase trabajadora ucraniana. Pero también castigan a la rusa, pues son fundamentalmente jóvenes de la clase trabajadora quienes nutren las filas del ejército que el régimen liderado por Putin lanza contra Ucrania, no en favor de unos supuestos intereses rusos, sino de los intereses particulares de la oligarquía rusa; de igual modo que la presión del imperialismo de EE. UU. a través de la OTAN, a la que se subordinan plenamente la UE y sus gobiernos, no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría de la población europea -y estadounidense-, sino que obedece a las necesidades del capital financiero de la primera potencia mundial. Ciertamente la mayoría de la población ucraniana soporta la condición de rehén de los intereses económicos de los distintos sectores del capital financiero, que pugnan por un lugar en el mercado mundial. Pero asimismo es rehén la mayoría de la población rusa, rehén del gobierno de quienes, como en otros países, se apropian de las riquezas de la nación. Y, aunque evidentemente a otra escala, también el conjunto de la clase trabajadora en los demás países es rehén de los gobiernos respectivos, que despliegan todos los medios posibles al servicio del siniestro negocio de la guerra.

La guerra: destrucción económica y más desempleo y precariedad

Son también los trabajadores quienes padecen fundamentalmente la aniquilación de una gran parte de la actividad productiva por la guerra y, consecuentemente, de los empleos con los que obtenían su medio de vida; son los trabajadores quienes sufren la demolición de sus viviendas por los bombardeos, que también liquidan los servicios elementales -sanitarios, educativos, de transporte, etc.- que son imprescindibles para unas condiciones de vida dignas, todo lo cual provoca la huida masiva de la población, sobre todo trabajadores. La destrucción que provoca la guerra en territorio ucraniano tiene consecuencias sociales directas, que son nefastas para la clase trabajadora allí. También en Rusia se producen efectos muy negativos por la plena orientación económica al esfuerzo bélico que devasta las condiciones de trabajo y de vida en general allí, además del cuestionamiento de los derechos obreros y democráticos. A lo que se unen las sanciones que, ciertamente, los ricos pueden eludir, pero no la clase trabajadora. Esta regresión, en fin, se verifica en toda Europa y más allá, a escala mundial.

El FMI estima que, de alargarse la guerra, el PIB de Ucrania podría desplomarse entre un 25 y un 35% (incluso en el escenario menos desfavorable la caída alcanzaría el 10%). La OCDE, por su parte, prevé que el PIB de Rusia se reducirá alrededor del 10% (en 1998, año de la grave crisis financiera rusa, cayó un 5,3%, apenas la mitad de dicha previsión). Según RS Research, sólo por la ejecución de las sanciones contra el pueblo ruso por parte de las primeras 50 multinacionales, se destruirá más de un millón de empleos. La propia OCDE calcula un impacto adverso del 2% en el PIB de la UE y de un 1% en la economía mundial. En ese contexto es fácil intuir el efecto en una mayor precariedad laboral, con todo su terrible corolario sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población. Máxime considerando la promulgación de leyes liberticidas bajo el amparo de la coartada de la guerra, como las penas de hasta 15 años de prisión impuestas en Rusia a quienes, de hecho, se expresen públicamente contra la guerra. O la persecución que lleva a cabo el gobierno ucraniano contra militantes comunistas. O en el caso español el mantenimiento de la Ley Mordaza por el actual gobierno, pese al compromiso de derogarla por parte de todos los partidos que lo integran.

Encarecimiento de la vida

En los últimos meses se han recrudecido los problemas económicos y entre ellos, en particular, el de la inflación, que en el caso español ya alcanza el 7,4% anual medido por el IPC. Se había desmoronado ya toda la retórica burguesa de que tras la pandemia se iba a relanzar la actividad económica, espoleada por el gasto público (que en realidad es una nueva transferencia masiva de recursos al capital financiero, bajo el señuelo de una supuesta “economía verde” y la llamada digitalización). Problemas de suministros que paralizan las denominadas cadenas globales de valor (la internacionalización del capital productivo, vaya), dificultad de aprovisionamiento de la energía y su encarecimiento, insuficiencia de las infraestructuras tras lustros de recortes… todo ello revelaba una auténtica dislocación del mercado mundial, incapaz de absorber las necesidades del capital, como ya explicaba Marx hace un siglo y medio (véase el número 110 de La Verdad, revista teórica de la IV Internacional).

El caso español es muy claro: para este año 2022, frente al aumento del 6,5% de los precios, la subida media de los salarios nominales en convenio se limita a un 1,55%, la de los empleados públicos al 2% y la de las pensiones al 2,5% (3% en algunos casos). Es decir, se impone una pérdida de poder adquisitivo de en torno a un 4 o 5% o, dicho de otro modo, una reducción del salario real de ese monto. Mientras tanto, los capitales que componen el Ibex 35 alcanzaron en 2021 un beneficio récord de 58.543 millones de euros. Ante ello, el gobierno español apela a un supuesto interés nacional compartido por explotadores y explotados, para promover un “Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra”. Un plan que incluye un “pacto de rentas que proporcione estabilidad desde la perspectiva de los costes salariales y los beneficios empresariales”. Es decir, con la tramposa excusa de evitar más inflación se pretende abundar en la mal llamada contención o congelación de los salarios que, al aumentar menos que los precios, en realidad se reducen (sin que nunca haya límites a las ganancias del capital). Además de aprobar “el mecanismo RED de flexibilidad y estabilización el empleo (…) que posibilita a las empresas sometidas a crisis temporales o estructurales adoptar medidas de reducción de jornada y suspensión temporal de contratos de trabajo”, cuyo contenido real es la destrucción de empleo y el deterioro de las condiciones laborales. El gobierno de Sánchez exige a partidos y sindicatos su subordinación; es decir, la “unión nacional” para atender a las exigencias del capital financiero.

Crisis crónica del capitalismo, guerra y aumento de los presupuestos militares

La guerra no es la causante de las dificultades económicas, como tampoco la pandemia era su origen. El capitalismo, en su estadio imperialista, padece una suerte de crisis crónica en la que se suceden periodos críticos sin que entre ellos se intercalen fases realmente expansivas. La pandemia hizo aflorar la crisis latente y la disparó. La guerra responde a esa crisis, que se expresa en una pugna exacerbada por el mercado mundial; responde a ella y la agudiza. Es una auténtica huida hacia delante del capital, que revela su carácter cada vez más destructivo. El imperialismo estadounidense instiga la guerra para tratar de fortalecer la posición de su capital en el mercado mundial, a lo que responde el régimen ruso poniéndola en marcha, infligiendo grandes padecimientos a la población ucraniana y al propio pueblo ruso. Todo lo cual es en gran parte financiado por las economías europeas, cuya subordinación a EE. UU. ya ni se disimula: en la cumbre de los próximos días 24 y 25 se prevé la participación de Biden, refrendándose así que la UE no es ni unión ni europea. Esta subordinación se revela también en que es el propio Biden quien presidirá la cumbre de la OTAN del mismo día 24.

En efecto, el dictado estadounidense de que los Estados europeos reserven el 2% de su PIB para gasto militar es asumido, de un día para otro, por quienes durante dos años se han negado a dotar los fondos que se requerían ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Así, el mismo gobierno alemán al que EE. UU. impone renunciar a la utilización del gasoducto que le facilitaría la llegada del gas de Rusia -del que depende el 55% de su consumo-, aumenta su presupuesto militar en 100.000 millones de dólares. Y el gobierno español se compromete a incrementarlo en un 20% en los dos próximos años. Cómo se financiará hace planear la sombra de más impuestos indirectos y más endeudamiento, con sus consecuencias conocidas: recortes masivos en el gasto en sanidad, educación y el conjunto de los servicios sociales que componen el salario indirecto de la clase trabajadora.

¿Qué hacer? La lucha contra la guerra y la lucha por las reivindicaciones, dos caras de la misma moneda

El POSI, sección de la IV Internacional en el Estado español, no es un comentarista de la actualidad. No observa la realidad como espectador, sino que trata de ayudar para la única intervención que puede evitar la profundización de la barbarie ya en curso, la de la clase trabajadora en el terreno de independencia que le es propio: la defensa de las legítimas aspiraciones de la mayoría. En 1944, Maurice Thorez, máximo responsable del Partido Comunista Francés, declaró a su vuelta a París desde Moscú que “la huelga es el arma de los trusts”. Expresaba así la subordinación del estalinismo a la dominación burguesa. Al estilo de la declaración de Enrique Santiago, secretario del PCE y secretario de Estado, en noviembre pasado a los trabajadores del metal de Cádiz en huelga, invitándoles a confiar en “su gobierno” y, por tanto, renunciando a la lucha. La huelga no es el arma del capital. Su arma es la política destructiva de las conquistas obreras y democráticas; su arma es, llegado el caso, la guerra. El arma de la clase trabajadora es la movilización, la huelga. El agrupamiento por las reivindicaciones, por su defensa hasta el final, sin someterlas a ningún condicionamiento y, en particular, rechazando todos los cantos de sirena que toman la forma de la unión nacional, del diálogo social, de unos supuestos intereses compartidos entre explotados y explotadores que, en realidad, camuflan los intereses de éstos.

La concreción de esto hoy, aquí, es la lucha contra la guerra y la lucha contra la explotación. Es decir, la lucha contra el gasto militar y contra las sanciones al pueblo ruso; la lucha por la plena derogación de las contrarreformas laborales de 2010 de Zapatero y de 2012 de Rajoy; la lucha por la defensa del sistema público de pensiones y, en consecuencia, por la auditoría de la seguridad social de acuerdo con la fórmula reivindicada por el movimiento de pensionistas; la lucha de los enseñantes en Cataluña con la huelga que señala el camino para otros sectores; la lucha por la preservación del poder de compra, con el establecimiento de cláusulas de revisión salarial con efectos retroactivos. Etcétera. Luchas cuya agrupación permita abrir la salida digna de este nombre que la clase trabajadora necesita, frente a la barbarie que la supervivencia del capitalismo no deja de profundizar.

 

Berna, Zimmerwald, Kienthal: socialistas contra la I Guerra Mundial

Carta Semanal 878 en catalán

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Hoy, cuando la guerra vuelve a Europa, con sus secuelas de destrucción, de muertes, de millones de refugiados, cuando todos los gobiernos llaman a aumentar el gasto militar, y a sacrificios para la guerra, (“Me gustaría más invertir el dinero de los contribuyentes en escuelas o pensiones, pero debemos gastar en defensa”, declaraba la primera ministra sueca, Magdalena Anderson, a su llegada a la cumbre de la UE celebrada el 10 y 11 de marzo), a moderar las subidas de salarios cuando los precios se disparan, a renunciar a las reivindicaciones, merece la pena recordar lo que los socialistas de izquierda hicieron para hacer frente a las masacres de la I Guerra Mundial. Sigue leyendo

La Verdad 110, estará pronto disponible: “Se abre una nueva situación mundial”

Carta Semanal 877 en catalán

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En el sumario del número de la revista teórica de la IV Internacional, que próximamente entrará  en imprenta, y tendréis a vuestra disposición en unos diez días, hallaréis:

– Notas editoriales. Del informe discutido en el Secretariado Internacional (SI) de la IV Internacional del 3 y 4 de febrero de 2022.

– Anexo – La Lettre de la Vérité n.º 1043 y 1044 (6 y 23 de enero de 2022) (extractos). Publicación de la sección francesa de la IV Internacional.

– Clima, ecología, medio ambiente: reunión de debate con jóvenes.

– La dislocación del mercado mundial como expresión de la crisis del capitalismo.

– A propósito de la situación en China.

– Venezuela: y ahora, ¿a dónde vamos?.

– Guadalupe, Martinica, prosigue la resistencia contra la barbarie capitalista. Sigue leyendo

Hay que defender los salarios, también ante la subida del IPC

Carta Semanal 876 en catalán

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Según los datos oficiales, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha tenido, en 2021, una subida del 6,5%. La mayoría de los expertos atribuyen esa subida a los desmesurados incremento de los precios de los carburantes (un 23,3% para el caso de la gasolina y un 24,14% superior en el caso del gasóleo), y la electricidad (que había aumentado en noviembre del año pasado un 46,7% anual, debido sobre todo al incremento del precio del gas natural y al mecanismo de fijación del precio).   Por eso -nos dicen- la inflación subyacente (es decir, la que se calcula excluyendo los precios de los alimentos y la energía), estuvo en 2021 en un 2,1%. El precio de los alimentos habría subido, según los datos de COAG, un 4,56% en 2021. Sigue leyendo

México y las multinacionales “españolas”

Carta Semanal 875 en catalán

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Sean cuales fueren los motivos por los cuales el actual presidente de México Andrés López Obrador (AMLO) ha abiertamente puesto al descubierto las diferentes actividades de las multinacionales de matriz española en México y su connivencia con los tres últimos gobiernos del país desde la presidencia de Vicente Fox en 2000, los hechos no pueden ser más impactantes.

Recordemos, la victoria electoral del actual presidente en  julio de 2017 significó una ruptura con el régimen político imperante en México por la hegemonía del PRI (Partido Revolucionario Institucional) la alternancia del PAN (Partido de Acción Nacional) en 2000 y la vuelta de Enrique Peña Nieto (del PRI) en el 2012. (Los mandatos presidenciales son de sexenios y los presidentes no pueden volver a presentarse). El PRI y el PAN, practicaron una política de total subordinación al “aliado ” del norte, que se tradujo sobre todo en la firma y puesta en aplicación en enero de 1994 del ALENA, tratado de libre comercio entre los USA, Canadá y México. En 2018 este tratado fue revisado y se firmó un nuevo Tratado (USMCA) impuesto por Trump y que buscaba imponer cuotas de producción norteamericana a la producción de automóviles, ampliamente deslocalizada en México. Sigue leyendo

Unas elecciones que agravan la crisis

Carta Semanal 874 en catalán

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La decisión de la dirección nacional del PP de adelantar las elecciones regionales en Castilla y León buscaba aprovechar la victoria de Ayuso en Madrid el 4 de mayo pasado para ir preparando las elecciones legislativas que, según el calendario, si se mantiene, se realizarán en noviembre del 2023, reforzando por ello el liderazgo de Casado amenazado desde el interior del PP y desde el exterior por el trasvase de votos a Vox.

Ello suponía, a la vez, mantener al actual Gobierno, aunque debilitándolo, respetando el calendario electoral, porque es el único que puede en estos momentos realizar la agenda del capital financiero y la monarquía. El rifirrafe de la reforma laboral, el alineamiento total con las aventuras militares de la OTAN y su disponibilidad a continuar con la reforma de pensiones y otros ataques lo certifica.

Los resultados de las elecciones no han satisfecho las expectativas del PP. A pesar de la debacle de Ciudadanos, ha sacado, incluso, menos votos que en 2019 (algo menos de 380.000 votos ahora, frente a 433.905 en 1989). Gana 2 escaños y se queda a 10 de la mayoría absoluta que pretendía. Sólo ha ganado en 4 de las 9 provincias. Y, si buscaba no depender de Vox, no lo ha conseguido, ya que este partido ha pasado de un procurador a 13, ha casi triplicado sus votos y ahora el PP depende de ellos para gobernar en Castilla y León.

En todo caso, la suma de las derechas de PP, Cs y Vox ha sacado ahora 646.000 votos, frente a unos 716.000 en 2019. 70.000 votos, que son casi un 10% menos.

El PSOE pierde 118.000 votos con respecto a 2019. Y Unidas Podemos ha cosechado unos resultados que decepcionan todas sus expectativas: en 2019 se presentaron por separado IU y Podemos, y sacaron entre ambos casi 100.000 votos. Ahora, yendo unidos, han sacado menos de 62.000, y han perdido uno de sus dos procuradores. Los partidos provinciales han sacado 92.000 votos (frente a unos 38.000 en 2019). Y han sido la fuerza más votada en Soria. 

El descrédito de las instituciones regionales

A pesar de que todos los dirigentes nacionales han hecho campaña en la región, la elevada abstención muestra el desinterés de la población respecto de las instituciones artificiales de la Comunidad, así como el descrédito creciente de los partidos que han asegurado hasta este momento la estabilidad del régimen.

La autonomía de Castilla y León tiene un carácter absolutamente artificial: Fue creada reuniendo provincias dispares como las de Castilla la Vieja (de la que se separó a Cantabria y la Rioja), y León. La provincia de Segovia hubo de ser incluida a la fuerza por el Congreso de los Diputados, cuando la mayoría de sus ayuntamientos llegó a abogar por una autonomía uniprovincial. El resultado: un ente  incapaz de consolidarse como región, a pesar de que la autonomía ha cumplido ya los cuarenta años, y que provoca en la población el no reconocimiento de estas instituciones.

En última instancia, es la constatación del carácter artificial de Estado de las autonomías, diseñado en 1978 para dividir  a los trabajadores y desviar las reivindicaciones nacionales de las nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia, e incluso de las regiones con clara identidad.

La oposición a la política antisocial del gobierno ha tomado a veces la forma de “reivindicaciones regionales”: En estas elecciones, el voto a los partidos que se han venido en llamar “de la España vaciada” expresa el hartazgo de la población con todos los partidos, a pesar de que los nuevos partidos locales no ofrecen una vía de salida.

Una región destruida por las políticas de la Unión Europea

A la vez que se va construyendo esta autonomía, se van dando los pasos que preparan la entrada de España en la Unión Europea. Un hecho trascendental, porque la aplicación de las políticas impulsadas por la UE –Política Agraria Común y desindustrialización en nombre de la “libre competencia”- es responsable del importante declive de la región. 

En este marco, las instituciones regionales han sido incapaces de responder a los problemas de la población. En los últimos diez años, esta comunidad autónoma ha perdido 175.000 habitantes, un 7% de su población. La región ha perdido casi medio millón de residentes (471.093 habitantes menos) desde los años 50, a diferencia de la expansión demográfica que sí se ha dado en el conjunto del país, que ha sumado a casi 20 millones más de habitantes. El 82% del territorio de Castilla y León tiene una densidad poblacional inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado –por debajo de 10 se considera desierto demográfico–, y la región encabeza junto con Aragón el ranking de la despoblación en España. 

La huida de habitantes afecta especialmente a la mano de obra más cualificada: el 35,5% de los universitarios nacidos en esta autonomía han emigrado a otra comunidad, un porcentaje superior al de cualquier otra región en España.

Una situación agravada por el cierre de la minería del carbón –sobre todo en León-  que ha dejado en el camino más de 5.000 puestos de trabajo en la última década. Los 23 municipios con más relación con la minería perdieron en tres años, según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, 2.804 habitantes.

Casi 40 años de autonomía no han servido para desarrollar la región. Las infraestructuras son muy deficientes, con carreteras que llevan casi 30 años en obras y que parcialmente van abriendo tramos inconexos, como la Autovía del Duero, que fue declarada de interés estratégico por la Junta de Castilla y León en el año 1993, o sea, hace 28 años. Y su primera piedra se puso en el año 1997, hace 24 años. Todavía hay tramos que ni siquiera están proyectados.

Con los años, se han agravado los problemas. El transporte público es cada vez más escaso, no hay redes de internet rural, los consultorios locales de sanidad se van cerrando, como las escuelas. Pueblos enteros sin acceso a una sucursal bancaria o incluso a un cajero automático. 

Además, ninguna de las fuerzas en campaña –por llamar de algún modo el espectáculo organizado por unos y otros- ha dado respuesta a los problemas que sufre la región y a los que se avistan en el futuro. 

Por ejemplo, la gran mayoría de la producción industrial de la región corresponde a la fabricación de automóviles, que contribuye al 25% del PIB de Castilla y León: son 4 factorías: Renault (Valladolid y Palencia), FIAT-IVECO (Valladolid) y Nissan (Ávila) con 26.000 trabajadores directos y 70.000 indirectos, que generan un volumen de facturación de 12.300 millones de euros. Varias de ellas se enfrentan ya a una “reestructuración”, y la implantación del coche eléctrico puede reducir aún más las plantillas o poner fin a todo. 

Por la República, por la Unión Libre de Repúblicas

La Monarquía y sus gobiernos han querido, y lo siguen haciendo, enfrentar a los pueblos, fomentando los agravios comparativos, con fiscalidades diferenciadas para fomentar la competencia entre ellas. Desde el punto de vista de los trabajadores y sus organizaciones es más que nunca necesario afirmar los intereses comunes de los trabajadores de todo el país.

El interés común de la clase trabajadora, desde Valladolid a Sevilla, exige la derogación completa de las reformas laborales, la defensa del sistema público de pensiones, de la sanidad pública y la escuela pública, de todos los elementos que realizan la igualdad de derechos.

Al mismo tiempo que exigen la defensa de todas las reivindicaciones particulares, desde la lengua a la cultura y la posibilidad de decidir soberanamente las relaciones a establecer con los demás pueblos del Estado.

El enemigo de todos los pueblos, y el principal obstáculo a las reivindicaciones, es la Monarquía y demás instituciones heredadas del franquismo.

Es por ello que la lucha por la República aúna las exigencias de todos los pueblos y regiones del Estado.

Portugal: A propósito de la victoria del PSP

Carta Semanal 873 en catalán

Carta Semanal 873 para descargar en PDF

La victoria por mayoría absoluta en las elecciones legislativas del 30 de enero del Partido socialista portugués(por la ley electoral consigue con el 41,7 por ciento de los votos la mitad más uno de los diputados) puede aparecer como un caso único en Europa.

Sin embargo, esta “victoria” es más bien la derrota de sus adversarios e incluso sus aliados. En efecto el hundimiento del Bloque de izquierdas (el equivalente de Podemos) tiene una explicación política. Según un histórico del Bloco, Mario Tomé, se debe al error estratégico del Bloco de “extender la mano al PSP para hacer acuerdos en vez de presentarse como una alternativa”. El Partido Comunista de Portugal sigue la evolución de TODOS los PCs que o han desaparecido o están en crisis de desaparición. Y esto es el producto diferido de la caída de la URSS en 1991, pues todos los PCs dependían de la estructura internacional del Kremlin. El PC portugués sigue manteniéndose porque continúa dirigiendo la CGTP, el principal sindicato de masas del país . Sigue leyendo