Casi cuatro meses después de las elecciones del 23 de julio, se ha llegado a la formación del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, basado en acuerdos con otras formaciones. Ahora toca ver qué política va a desarrollar, pero a nadie se le oculta que ese gobierno se va a enfrentar a poderosos obstáculos, algunos de ellos debidos a su dependencia de la Unión Europea y del imperialismo americano a través de la OTAN, otros a la oposición y el boicot por parte del aparato de Estado heredado del franquismo y sus representaciones políticas (PP, Vox y la morralla que se ha movilizado con ellos), un aparato que el Gobierno no duda en preservar. Otros obstáculos surgen, directamente, de las decisiones del propio gobierno. Sin poder ser exhaustivos, vamos a analizar algunos aspectos que pueden ilustrar la situación general.
La cuestión de las pensiones
El Gobierno se ha comprometido a mantener la subida de las pensiones según el IPC medio del año anterior, una conquista arrancada por los y las pensionistas con su movilización. Pero al mismo tiempo ha de cumplir sus compromisos con Bruselas y aplicar la reforma Escrivá.
La Comisión Europea tiene la potestad de hacer la auditoría sobre el desarrollo de la reforma de pensiones. Y según publica El Economista, la primera revisión prevista “avanza medidas necesarias por valor del 0,8% del PIB, según la AIReF, el equivalente a un desajuste de 10.700 millones que deberá pactar la nueva ministra”. La misma publicación señala que el Banco de España (institución subsidiaria del Banco Central Europeo) “viene alertando de la necesidad de incluir nuevas medidas por la vía del gasto, de los ingresos o una combinación de ambas para cubrir las necesidades del sistema de las pensiones”. Es decir, aumentar las cotizaciones o las aportaciones del Estado (en un marco de reducción pactada con la UE del déficit y la deuda, y de subida del gasto militar) o recortar las pensiones. Todo eso en un contexto en que el gobierno saliente se ha negado reiteradamente a cumplir el mandato legal de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que dispararía toda duda sobre la sostenibilidad del sistema, y el nuevo gobierno no ha incluido, tampoco, esa auditoría entre sus objetivos. .
Al mismo tiempo, señala la misma publicación, ha de aplicar lo dispuesto en la reforma Escrivá sobre “el desarrollo del fondo público de pensiones que gestionarán cinco empresas privadas”. Y “los planes del Ministerio pasan por resucitar el ahorro del plan de pensiones de empleo de la Administración General del Estado”.
Además, el Gobierno ha decidido transferir la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, un paso hacia la ruptura de la Caja única. Y, a partir de ahí, se podría abrir una lógica de que las 17 comunidades lo pidan.
Todas esas cuestiones van a enfrentar a la nueva ministra con el movimiento de pensionistas, movimiento independiente que se basa en el principio de que “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
El boicot del poder judicial y del aparato de Estado en general
Los pronunciamientos del Consejo del Poder Judicial, de los fiscales, de las juntas de jueces de numerosas provincias, contra la amnistía y contra la inclusión del lawfare en el acuerdo del PSOE con Junts auguran una fuerte actuación del aparato judicial para interferir, paralizar o boicotear la aplicación de las medidas que apruebe el nuevo gobierno. Empezando por la amnistía –que, según el texto del proyecto de ley presentado debería aplicar cada juez o tribunal en cada caso concreto– pero extendiéndolo a cualquier otra medida de progreso o de desarrollo de derechos. Aparato judicial que forma parte de un aparato de Estado que actúa en colusión con las distintas representaciones políticas del franquismo.
Se prevé una tortuosa tramitación de la ley de amnistía en el Senado y una más que probable remisión del texto al Tribunal Constitucional, que puede paralizar cautelarmente su aplicación, y, más tarde, anularla total o parcialmente. Ya ha empezado el juego de los franquistas para deformar el TC y evitar que apruebe la amnistía. El apartarse un miembro del TC de un paso preliminar mientras todos los nombrados por el PP, enemigos declarados de la amnistía, siguen en sus puestos, va en la línea del sabotaje que transformó el TC para que se cargase el Estatuto catalán.
Entretanto, el poder judicial sigue actuando para poner obstáculos o incluso dinamitar las alianzas que han permitido la formación del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, ha pedido a las autoridades de Suiza que la policía helvética localice a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida a ese país desde marzo de 2018, como paso previo para solicitar su detención y entrega a España. Todo ello basado en la acusación de terrorismo hecha recientemente contra la dirigente republicana, acusación que el mismo juez parece haberse inventado.
Gobernar conviviendo con el aparato judicial (y con el ejército, la Guardia Civil, la policía y los altos cuerpos de funcionarios, cuerpos franquistas heredados de la dictadura sin depuración alguna según lo pactado por los dirigentes del PSOE, el PCE y nacionalistas en la llamada “transición”, y que ya se han manifestado en contra de la formación del gobierno) es un camino muy difícil. Por eso siempre hemos señalado que un verdadero progreso social y democrático exige la ruptura con esas instituciones y con la Monarquía, exige la República.
La sumisión a las normas de la Unión Europea
Ya en el mes de abril, el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acordó con la Comisión Europea –en el Programa de Estabilidad 2023-2026 y el Programa Nacional de Reformas 2023– adelantar a 2024 la reducción del déficit público al 3%, un año antes de lo previsto. Lo que significa reducirlo casi 2 puntos en 2 años, ya que el déficit público cerró 2022 en el 4,8% del PIB. También se comprometió a continuar la reducción de la deuda, tras la disminución de cinco puntos el pasado año, hasta situarse por debajo del 110% en 2024, un año antes de lo previsto.
Compatibilizar las promesas de incremento del gasto en sanidad (que necesita una inyección urgente de fondos para recuperarla de los gravísimos efectos de los enormes recortes sufridos entre 2020 y 2017 y las consecuencias de la pandemia), en enseñanza y en los servicios e infraestructuras públicas con estos compromisos de recorte de déficit y deuda va a ser una verdadera cuadratura del círculo. Más aún teniendo en cuenta los compromisos de incrementar el gasto militar.
La movilización de la población en defensa de su sanidad y su educación pública tendrá que exigir al Gobierno que financie la sanidad, la enseñanza o el transporte, y oponerse a cualquier decisión gubernamental que las sacrifique.
Y la subordinación a los Estados Unidos
La subordinación del gobierno español –y de todos los gobiernos europeos– al principal imperialismo, el de los EE.UU. condiciona toda la acción exterior del gobierno. Un gobierno que se ha sometido en lo referente al apoyo a la guerra en Ucrania y en el apoyo al supuesto “derecho a la defensa” de Israel, que justifica el genocidio contra el pueblo palestino. Los llamamientos –con la boca chica– a un “alto el fuego” o a “pausas humanitarias” no son más que hipocresía. Como ilustra el caso del alto representante de la Unión Europea para política exterior, Josep Borrell, demostrada recientemente en una entrevista con Al Jazeera:
“¿Consideran que lo que lleva a cabo Israel son crímenes de guerra?”, le pregunta el entrevistador, sobre la postura de la UE. “Yo no soy abogado, pero hay una Corte Penal Internacional que se hará cargo de una investigación”. Inmediatamente después de esa afirmación, el presentador le pregunta: “¿La postura de la UE es que lo que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre son crímenes de guerra?”. Y Borrell responde tajantemente: “sí, lo consideramos un crimen de guerra, porque los civiles fueron asesinados claramente sin ningún otro motivo, aparte de que se encontraban allí”.
El entrevistador responde: “¿Cómo puede ser tan claro a la hora de acusar a Hamás de crímenes de guerra, pero cuando le he preguntado por Israel me ha respondido que no es abogado?”.
Pedro Sánchez ha visitado Israel, donde ha declarado a Netanhayu su total apoyo ante el terrorismo de Hamas, precisamente en un momento en que el clamor mundial por el alto el fuego obligaba a Israel a firmar una tregua. Mientras el Gobierno manifiesta su apoyo al Estado sionista, sigue comerciando con Israel, le suministra armas y consiente las constantes intromisiones de la embajadora del Estado sionista en la política española, decenas de miles se manifiestan en las calles en solidaridad con Palestina, piden al Gobierno la ruptura de relaciones con Israel, exigen el boicot al comercio con Israel.
Por la independencia del movimiento obrero
La situación que hemos expuesto de manera general aboca a una conclusión: el movimiento obrero y popular, si quiere defender sus conquistas sociales y democráticas, y conseguir la satisfacción de sus reivindicaciones, las organizaciones obreras, y, en particular, los sindicatos, si quieren ser fieles a los objetivos para los que fueron fundados y para los que los trabajadores y trabajadoras se unen a ellos, no pueden subordinarse a las decisiones y necesidades del gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Representan a la mayoría y han de actuar y organizarse de manera independiente, guiándose exclusivamente por las necesidades y reivindicaciones de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado. Ha de guiarse por el principio de que, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden y al Gobierno se le exige que las cumpla.
Este lunes 15 de enero se prevé en Berlín, capital de la República Federal Alemana, una manifestación central de campesinos de todos los länder del país. Los campesinos están movilizados desde principios de diciembre ante la decisión del Gobierno federal (gobierno tripartito de socialdemócratas, liberales y verdes, coalición conocida como “semáforo”) de adoptar recortes contra los pequeños campesinos. El Gobierno anunció estas medidas tras la sentencia del Tribunal Constitucional Federal, que declaró inconstitucional el presupuesto del Gobierno de Scholz. El Gobierno federal dejó claro en primer lugar que no se tocará el gasto militar ni los costes de la guerra de Ucrania (recordemos que en un primer momento el Gobierno aprobó un presupuesto especial de 100.000 millones de euros, y que en el presupuesto de 2024 se destinaban 86.000 millones a Defensa, 19.000 más que en 2023). Tampoco se tocarán las subvenciones a las grandes empresas, incluyendo las de las empresas de comercialización de productos alimenticios.
