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Monarquía de las autonomías o Unión Libre de Repúblicas soberanas

Carta Semanal 1059 en catalán

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Más de tres Semanas

En el momento que escribimos esta Carta Semanal hace ya más de tres semanas que decenas de incendios arrasan nuestras tierras. Concentrados en particular en Castilla y León, Galicia y Extremadura, pero con puntos importantes en Andalucía, Asturias, antes en Catalunya y también en Valencia. Como decíamos en una declaración de Información Obrera hace más de quince días, esta trágica oleada de incendios parecía una crónica política de un desastre anunciado. Todas las instituciones del Estado sabían que más de la tercera parte de los bosques (cuya masa total representa el 36 por ciento de la superficie del Estado) eran pura dinamita, por la inmensa biomasa acumulada –especialmente tras un año de lluvias importantes- sin ningún mantenimiento o limpieza llevado a cabo por los poderes públicos o/y por los propietarios privados (biomasa que casi no está explotada por las grandes empresas energéticas, pues es más rentable importar petróleo y gas. Se calcula que esta biomasa es equivalente a diez mil millones de toneladas de petróleo).

Unánimemente todas las instituciones del Estado atribuyen la proliferación de incendios al «cambio climático» (para los más mayores esto nos recuerda el discurso monocorde de la Dictadura cuando achacaba las dificultades a la «pertinaz sequía»). Sin duda hay cambio climático y aumento de las temperaturas, pero la humanidad tiene los medios para combatirlo, paliarlo e incluso utilizarlo en su provecho, a condición de que la sociedad y los gobiernos se guíen por la búsqueda del bien público y no por la protección de los poderosos, como las multinacionales de la alimentación, la agroindustria, la ganadería industrial, la especulación inmobiliaria, planificación urbanística al servicio del turismo, contra su industria y la producción al servicio de la población.

No son palabras, son hechos.

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El régimen de la Monarquía y la corrupción

Carta Semanal 1054 para descargar en PDF

El debate celebrado en el Congreso hace unos días sobre la corrupción ha sido definido por algún comentarista como “Y tú más”, por las acusaciones cruzadas entre el PSOE y el PP. Pocos días después, a los escándalos vinculados al PSOE que motivaron el debate se suma un nuevo caso, que afecta a toda la cúpula del Ministerio de Hacienda bajo Aznar y Rajoy, comenzando por su ministro, Cristóbal Montoro. La población, que se enfrenta cada día a enormes dificultades para sobrevivir, asiste asqueada a este espectáculo, que alimenta a la abstención obrera y a la extrema derecha.

Pretenden convencernos de que se trata de casos aislados, que pueden atajarse con algunas medidas. Otros culpan al “bipartidismo”, para presumir de jimienza y, también, para salvar al régimen. Pero no es así: la corrupción –que es un fenómeno propio del capitalismo- se acentúa en España porque afecta a todo el régimen, que corrompe o ha corrompido a todas las organizaciones que viven de sus instituciones. La corrupción recorre al régimen desde la Casa Real al último ayuntamiento.

Juan Carlos I, el heredero designado por Franco, amasó en sus años de reinado una fortuna que Forbes calcula en 1.800 millones de euros (más de 46 millones al año). Cobraba mordidas y comisiones de todo tipo. La fiscalía le atribuyó, sólo entre 2008 y 2012, cinco delitos fiscales acreditados. En todos los ejercicios fiscales consultados. También le atribuyó un posible blanqueo de capitales por la transferencia ordenada a favor de su amante Corinna. Un posible cohecho pasivo por recibir 100 millones de dólares del rey Abdallah o 1.8 del Sultán de Bahrein. Todo fue archivado, ya sea por prescripción o por la inmunidad que le otorgaba su cargo.

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Combate Socialista 24. La clase obrera ante la cuestión nacional.

 Combate Socialista 24 para descargar en PDF

En el momento en que la Constitución de 1978 cumple 36 años, es moneda común entre los dirigentes de los partidos con base obrera; como lo es de los partidos nacionalistas y de las “nuevas formaciones”, proponer su reforma, un proceso constituyente… Lo bien cierto es que atravesamos una grave crisis institucional y política que cuestiona de arriba abajo esa Constitución. Todas las instituciones del régimen monárquico están amenazadas de supervivencia por la acción de los trabajadores y los pueblos de España que buscan una salida favorable a sus intereses, y no por casualidad: los Pactos de la Moncloa de septiembre de 1977 sentaron sus bases políticas (el mantenimiento de las instituciones de la dictadura y el reconocimiento obligado de las libertades), el acuerdo en el diagnóstico y los planes de ajuste a aplicar por el Gobierno franquista en minoría parlamentaria. Sobre estos pactos se suelda el consenso constitucional (Constitución, Estatutos de Autonomía,
Estatuto de los Trabajadores); y en cada ocasión que el juego institucional de la supuesta Monarquía parlamentaria se ha visto amenazado por una crisis (desde el 23 de febrero de 1981 hasta mayo
de 2011) se ha puesto en evidencia la incompatibilidad entre la Monarquía y los intereses y aspiraciones de trabajadores y pueblos; sin embargo, la aceptación de los dirigentes políticos y sindicales del movimiento obrero de la legalidad constitucional (vale decir, el respeto a las instituciones heredadas del franquismo por encima de la soberanía de los pueblos y de la democracia) ha conducido a que las crisis se resuelvan en contra de los intereses y de las necesidades de los trabaja dores y de los pueblos de España, manteniéndose el dominio de la economía y de las condiciones de vida de las capas populares por el capital financiero internacional y nacional y los franquistas, fundidos en el crisol de la dictadura con el aparato de Estado y las instituciones franquistas (entrada en la OTAN y en la entonces CEE –como formas de proteger y reforzar las instituciones surgidas del consenso de 1978-; reconversión/desmantelamiento industrial y agrícola, reforma constitucional en septiembre de 2011 para asegurar a los bancos y especuladores el pago de la deuda, etc.). Pero si todo esto es cierto, no lo es menos que la movilización de masas de en los años 70 buscaba con denuedo terminar con la dictadura, imponer la ruptura, destruir el aparato de Estado centralista opresor e instaurar una República basada en el derecho de autodeterminación. Traicionada por sus dirigentes (Santiago Carrillo en primer lugar, pero también Felipe González, que, sometidos al imperialismo y al aparato de Estado, trataron de evitar la ruptura con todos los medios a su alcance), la movilización impuso el reconocimiento de las libertades y de las organizaciones de los trabajadores. El POSI se funda, a partir del voto No a la Constitución, sobre la base de una afirmación: la Monarquía es incompatible con las libertades y con las organizaciones. Lo acontecido en estos casi cuarenta años es el desarrollo de esta contradicción: todos los recortes de los derechos laborales y de las libertades que la crisis del aparato de Estado acelera hoy, demuestran que, a pesar de la orientación de sus dirigentes, la existencia de UGT y CC OO como organizaciones de la clase obrera en todo el Estado español, son una espina clavada en el corazón del régimen, que debe destruirlas como organizaciones de clase para ir más lejos en la política de los recortes exigidos por la UE y el FMI, en la sobreexplotación. Un elemento central, determinante y catalizador de la crisis institucional y política es lo que llaman la cuestión catalana, el derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos a decidir, o dicho de otra forma: el derecho a la autodeterminación de las naciones, excluido expresamente de la Constitución del 78.

La monarquía borbónica, un régimen con fuerte tufillo neocolonial al servicio del capital

Carta Semanal 1012 en catalán

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El 1 de octubre tomó posesión de la presidencia de México, la candidata del partido MORENA Claudia Sheinbaum, ganadora por mayoría absoluta en las elecciones del 2 de junio.

En su discurso de investidura, la nueva presidenta anunció que iba a presentar una propuesta de decreto para que el Estado mexicano pida perdón a las víctimas de la masacre de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968, fecha en que el ejército masacró a los estudiantes en la plaza de Tlatelolco (se calcula que hubo entre 300 y 4000 muertos). Un hecho que la presidenta caracterizó como «un crimen de lesa humanidad».

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La monarquia borbònica, un règim amb fort “tufo” neocolonial al servei del capital

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L‘1 d’octubre va prendre possessió de la presidència de Mèxic, la candidata del partit MORENA Claudia Sheinbaum, guanyadora per majoria absoluta en les eleccions del 2 de juny.
En el seu discurs d’investidura, la nova presidenta va anunciar que anava a presentar una proposta de decret perquè l’Estat mexicà demani perdó a les víctimes de la massacre de Tlatelolco, del 2 d’octubre de 1968, data en què l’exèrcit va massacrar els estudiants a la plaça de Tlatelolco (es calcula que hi va haver entre 3000 i 4000 morts). Un fet que la presidenta va caracteritzar com «un crim de lesa humanitat».

En aquest mateix discurs es va dirigir a Felip VI d’Espanya, exigint disculpes pel comportament de la corona «espanyola». En efecte el març del 2019 l’anterior president López Obrador va escriure una carta personal a Felip VI plantejant la necessitat d’arribar a un acord perquè la Monarquia espanyola reconegui les atrocitats comeses en el passat per Hernán Cortés durant la conquesta de Mèxic (https://www.gob.mx/amlo/documentos/carta-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-felipe-vi-rey-de-espana). En comptes de respondre a la missiva, la corona va fer pública la carta personal i va imposar una campanya de premsa contra el govern mexicà, campanya que no només buscava justificar la massacre i explotació que van patir els nadius de l’actual territori mexicà, sinó que, de fet, tenia també l’objectiu d’apuntalar les actuals relacions de saqueig que les multinacionals de matriu espanyola exerceixen a Mèxic.

El mes de juliol d’enguany, el govern de López Obrador va començar a parlar amb el govern espanyol sobre les invitacions a la sessió d’investidura de la presidenta, prevista per a l’1 d’octubre.

El comportament desdenyós de la monarquia espanyola, del seu rei i cort, és clar que no pot ser acceptat pel govern mexicà, ja que reproduiria les relacions del passat. Recordem l’actitud de Felip VI a Colòmbia, l’agost del 2022, durant la presa de possessió del president Gustavo Petro, davant l’espasa del Libertador Simón Bolívar. Quan l’arma va arribar a la plaça principal, els ciutadans i assistents de tots els països del món («fins i tot dels Estats Units») es van aixecar de les seves cadires per donar-li la benvinguda. Tots, menys el rei Felip VI.

El borbó actua avui, no en defensa d’uns suposats interessos espanyols sinó seguint a peus les indicacions de l’administració nord-americana, i això contràriament al que creuen els nostàlgics de l’imperi. Nostàlgics que tenen avui un interès particular, ja que donen suport i promouen l’explotació salvatge de la mà d’ obra dels països llatinoamericans, que en bona part treballen en condicions d’ economia submergida, per furtar-los els drets a aquests treballadors i els fons necessaris per a la seguretat social.

Mèxic i la seva reforma judicial

El 12 de setembre el senat mexicà va votar per 86 contra 41 la reforma del sistema judicial. Va ser una de les promeses electorals de MORENA amb la qual va arrasar en les eleccions del 2 de juny.

El 15 de setembre va ser publicada la llei al Butlletí oficial

El contingut de la reforma és simple: els jutges i els ministres (components) de la Cort Suprema són elegits per la població, via sufragi universal. El que suposa que, en última instància, cap institució de l’Estat ha d’escapar a la voluntat popular.

Aquesta llei ha provocat una reacció mundial per part de l’imperialisme. D’entrada l’ambaixador USA a Mèxic va convocar una conferència de premsa per declarar que aquesta reforma era contrària als Tractats de lliure comerç (ALENA). Aquests tractats –recordem- han permès l’anomenat «lliure comerç» al nord d’Amèrica. «Lliure» perquè, com explicava Marx en el seu «Discurs sobre el lliure canvi» de gener de 1848, «No és la llibertat de cada individu amb relació a un altre individu. És la llibertat del capital per matxacar el treballador». Tractats que, entre altres coses, han facilitat la penetració del narcotràfic a les institucions de l’Estat federal mexicà. Aquesta llei, que per aplicar-se exigirà la mobilització i organització dels treballadors i el poble mexicà, aixeca la preocupació i oposició de tota la reacció mundial.

En efecte, després de l’ambaixador USA, l’administració Biden i el govern del Canadà s’hi han pronunciat en contra, així com la Relatoria Especial de l’ONU i la Fundació Soros. I, en nom de què? Doncs de la tan aclamada com fal·laç independència judicial. Per als que tenen tot, és «independent»… del poble un reaccionari al qual el president Trump va nomenar jutge del Suprem per a tota la vida.

Des d’Espanya és fàcil comprendre el que està en joc. Per això, és fàcil també establir la relació de la nostra posició en defensa de la sobirania de la nació mexicana i la lluita al nostre país per la democràcia, per l’amnistia, per acabar amb el poder judicial franquista, pilar central de la Monarquia borbònica que continua lamentant la pèrdua del seu imperi, quan les nacions d’Amèrica Llatina van conquerir la independència. Pretenent assegurar, almenys, la barra lliure per al saqueig de les empreses espanyoles, tan estimades de la monarquia.

Davant la submissió del Govern a la Corona, solidaritat internacionalista entre els pobles

El govern mexicà va convidar el govern Sánchez, però no el rei, a causa de la seva absoluta falta de respecte a la nació mexicana en la persona del seu president. Sotmetent-se al més podrit i neocolonial dels borbons, el govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz es va negar a enviar una delegació oficial (tot i que Podem i Sumar van enviar alguns dels seus dirigents). Aquest procedir desacredita aquest govern i qualsevol que pretengui representar-nos.

La nova presidenta va tenir a bé dir que les relacions amb el poble espanyol són excel·lents i va recordar que Mèxic, sota la presidència de Lázaro Cárdenas, va obrir les seves portes als republicans espanyols, el 1939, com havia fet amb Trotski, contràriament a l'»acollida» que van rebre en països germans com França (governada pel Front Popular de l’època),  que va tancar milers de combatents republicans en 14 camps de concentració.

La lògica del capital financer és una lògica neocolonial, en la qual el regne d’Espanya actua a la manera del capatàs, al servei del veritable amo: els grans capitals internacionalitzats, particularment estatunidencs. No podent mantenir el control directe de les antigues colònies, pretén manar-hi a través de governs titella. No accepten la sobirania nacional com no accepten la democràcia. En aquest sentit s’imposen aquests anomenats acords de lliure comerç, l’acceptació dels quals per part de qualsevol govern l’hipoteca per poder aplicar les polítiques a les quals aspira la majoria de la població. Scheinbaum té raó: el poble mexicà i els pobles integrats a l’Estat espanyol no són enemics. Comparteixen la més legítima aspiració: una vida digna, per a la qual els recursos han d’ estar al servei del conjunt de la població, no parasitats per la petita minoria que conforma el capital. Els compromisos de la nova presidència apunten en la bona direcció en matèries com la judicial esmentada. La seva aplicació efectiva és tasca ara de la classe treballadora organitzada, per a la qual des d’aquí manifestem la nostra solidaritat: la lluita del poble mexicà per la seva sobirania és també la nostra lluita per una veritable democràcia, incompatible amb la monarquia opressora dels pobles i garant de l’explotació dels treballadors.

Mobilització dels franquistes contra l’amnistia

Carta Setmanal 965 per descarregar en PDF

Diferents organitzacions del franquisme polític han convocat mobilitzacions davant les seus del PSOE en contra dels acords amb ERC i Junts i, en particular, de la inclusió de l’amnistia en aquests acords. La premsa ressalta la participació del que anomenen «grupuscles d’ultradreta» de què es sorprenen? Els «Hazte Oír», «Desokupa», les Falanges i tota la morralla que s’ha ajuntat en aquestes concentracions són una faceta més del franquisme polític, gossos de presa que conviuen perfectament amb els Abascal, les Esperanza Aguirre, etc.

Franquisme que es nodreix de les institucions de l’Estat, preservades en la Transició sense cap depuració, sota la presidència de l’hereu designat pel dictador (que va acceptar el seu nomenament com a hereu parlant de «la legitimitat política sorgida el 18 de juliol de 1936»). Exèrcit, Guàrdia Civil, Policia Nacional, judicatura, són la base del franquisme polític en totes les seves versions, des del PP a la Falange. Com ho és la institució de l’Església Catòlica, que calla sobre els 450.000 nens víctimes d’abusos, però s’ha pronunciat, per boca de quatre bisbes, contra l’amnistia.

És evident la complaença de la policia amb els manifestants davant la seu del PSOE a Ferraz, que va culminar amb la policia obrint pas a una manifestació il·legal pel centre de Madrid. Sabent com es multa treballadors per haver-se baixat de la vorera en una concentració degudament comunicada a la delegació del govern, o per envair un carril de més en una manifestació, contrasta el de la policia obrint pas als manifestants neonazis.

Les concentracions davant les seus del PSOE no són les úniques accions de carrer dels franquistes. Se sumen als actes convocats pel principal partit dels franquistes, el PP, en diferents llocs.

Tot davant la passivitat de la direcció del PSOE, que s’ha limitat a tancar les seves seus a les tardes, sense llançar cap iniciativa de defensa del partit, dels seus locals i dels seus militants.

Malgrat que el focus es posa sobretot en les accions als carrers, la mobilització contra l’acord de govern, presentada com si només fos contra l’amnistia, implica més sectors, en particular de l’aparell d’Estat i específicament del «poder judicial».

La resolució del Consell del Poder Judicial

El CGPJ, a iniciativa de vuit dels seus vocals, ha llançat un dur pronunciament contra l’amnistia. Consell la renovació del qual, que s’havia d’haver fet fa més de cinc anys, no s’ha produït pel boicot del PP. I que no està legalment legitimat per emetre opinions sobre actes parlamentaris.

La majoria ultra reaccionària que okupa el CGPJ, diu, en la seva declaració, que ha d ‘alçar la seva veu quan la democràcia, les llibertats fonamentals i l’Estat de dret puguin estar en perill». El Consell «expressa amb aquesta declaració la seva intensa preocupació i desolació pel que la projectada llei d’amnistia suposa de degradació, quan no d’abolició, de l’Estat de dret a Espanya».

Segons la resolució, el Parlament no té capacitat legal per declarar una amnistia: «El Parlament no pot, per una mínima lògica constitucional, arrogar-se, a l’empara de majories conjunturals –que són dipositàries, però no titulars de la sobirania nacional—, incidir en concretes sentències dels Tribunals declarant la seva nul·litat».

S’erigeixen els vocals del CGPJ en defensors de la suposada independència del poder judicial i de la «separació de poders» (en un altre moment parlarem del fals principi de separació de poders en el règim burgès, concepte que encobreix la submissió de tots els poders als interessos del capital financer), i diuen que «es violenta la independència dels tribunals en el seu aspecte més bàsic»,  i que «Una llei d’amnistia com l’anunciada (…) tan sols pot tenir per objecte deixar sense efecte les decisions – generalment en sentències- adoptades pels Tribunals amb relació als esmentats fets del pretès conflicte català. (…) les Corts vindrien a incidir en el Poder Judicial declarant la nul·litat de les sentències dictades pels tribunals que s’hi integren«.

En última instància, el que l’aparell judicial franquista rebutja és que el Parlament pugui anul·lar totes les accions que van prendre quan, seguint les indicacions de l’infame discurs de Felip VI el 3 d’octubre de 2017, la judicatura es va llançar a perseguir per tots els mitjans els qui defensaven el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur.

L’Audiència Nacional entra en joc

Just quan s’ultimaven les negociacions entre PSOE i Junts per a la investidura, el jutge García Castellón, titular del Jutjat d’Instrucció 6 de l’Audiència Nacional, anunciava el processament de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretària general d’ERC, i altres deu persones relacionades amb el procés,  per terrorisme, en la causa sobre les accions de Tsunami Democràtic contra la imposició del 155 a Catalunya i el judici als dirigents republicans catalans. Una acusació que, segons experts judicials, podria continuar oberta fins i tot després de promulgar-se la llei d’amnistia.

L’ Audiència Nacional és, recordem, una instància judicial hereva de l’infame Tribunal d’ Ordre Públic franquista, encarregat, entre 1963 i 1977, de perseguir els opositors al règim, i successor, al seu torn, del Tribunal Especial per a la Repressió de la Masoneria i el Comunisme creat el 1940. Quan el TOP va ser reemplaçat per l’AN, en aquesta es van integrar 10 dels 16 jutges del TOP.

Mentre l’AN ha estat incapaç de determinar qui és un tal «M. Rajoy» citat en els papers de Bárcenas, s’ha distingit en els últims temps, sobretot de la mà de García Castellón, per obrir processos contra la direcció de Podem pels més variats motius. Juntament amb el Tribunal Suprem, l’AN va llançar 20 causes judicials contra Podem, començant quan les enquestes donaven a la formació morada com a guanyadora de les eleccions, una possibilitat que l’aparell judicial ràpidament va torpedinar. Les 20 causes judicials han estat tancades per no trobar-se cap delicte, però només després d’haver omplert titulars i alimentat campanyes de premsa sobre corrupció, finançament a càrrec de Veneçuela, blanqueig de capitals… Són exemples del famós lawfare (utilització del sistema judicial per influir en la política), la menció de la qual en l’acord entre el PSOE i Junts ha despertat les ires de l’aparell judicial.

No hi ha dubte que el lawfare existeix. Va ser utilitzat contra l’esquerra a l’ajuntament de Sevilla, contra Podem i, més recentment, per apartar Mónica Oltra del govern valencià i ajudar a la formació d’un govern autonòmic del PP i Vox.

Cossos d’alts funcionaris, contra l’amnistia i l’acord de PSOE i Junts

Després de l’acord entre el PSOE i Junts, que inclou una llei d’amnistia i la investigació de casos de lawfare, s’han succeït els pronunciaments de cossos d’alts funcionaris.

Els Inspectors d’Hisenda han declarat «el seu rebuig frontal i absolut als acords que es deriven de la negociació per a una futura investidura de l’actual president del Govern d’Espanya. Entre aquests acords, es visibilitza de manera clara i evident la ruptura del règim constitucional actual, en diverses matèries, entre les quals es troba la matèria financera»

L’autodenominada «Unió Progressista de Fiscals» declarava que «mostrem el nostre més absolut rebuig al respecte de les referències al lawfare o judicialització de la política»

Les 4 associacions judicials, tant les «conservadores» com les que es declaren «progressistes» publicaven en un comunicat que «mostrem el nostre rebuig al respecte de les referències al lawfare o judicialització de la política (…) aquestes expressions, quan trasllueixen alguna desconfiança en el funcionament del poder Judicial, no són acceptables».

L’associació de guàrdies civils APROGC ha llançat un comunicat en què es declaren disposats a «vessar fins a l’última gota de la nostra sang en defensa de la sobirania i independència d’Espanya i el seu ordenament constitucional». Altres cinc associacions, incloent-hi la majoritària Jucil, s’han pronunciat contra l’amnistia i els acords PSOE-Junts.

Garamendi, president de la CEOE, ha convocat un Comitè Executiu extraordinari en el qual «s’abordarà la situació d’Espanya», «davant la greu preocupació existent en el món empresarial» després de l’acord del PSOE i Junts. La patronal ja s’ha pronunciat en diverses ocasions en contra de l’amnistia.

Aquestes declaracions de l’aparell d’Estat anuncien la seva voluntat d’obstaculitzar l’acció del futur govern i boicotejar qualsevol mesura de progrés o de resolució de l’enfrontament entre pobles que el govern pogués adoptar. El que posa de manifest com la conservació d’aquest aparell d’Estat en l’anomenada «transició» fa que sigui un formidable obstacle per a l’avanç de les reivindicacions i drets de la població treballadora i dels pobles. D’aquí la necessitat d’imposar la República per acabar amb tota la brossa franquista. 

L’amnistia, una necessitat democràtica

Compartim plenament el que va declarar al respecte el CATP: «Van ser gairebé 3.000 persones les encausades, moltes d’elles ja condemnades, no només per organitzar el referèndum de l’1-O, també com a conseqüència de la repressió imposada en general al moviment independentista durant el període posterior (…) la immensa majoria són ciutadans i ciutadanes de peu, en especial, joves (…) . Aquest nombre desorbitat de perseguits i processats és el resultat de la campanya empresa per l’aparell policial i judicial contra el poble català després de l’infame discurs de Felip VI el 3 d’octubre de 2017, i la consigna de “A por ellos!” Quin futur de progrés es pot establir en aquest país sobre la base de la persecució i condemna de milers de ciutadans? Com es pot establir una relació de fraternitat entre els pobles de l’Estat sobre aquesta base?»

«Des del CATP, convençuts que tot avenç social en aquest país necessita de l’aliança de la classe treballadora i dels pobles de tot l’Estat, donem suport a tot pas que condueixi a l’amnistia d’aquests processats i detinguts, sense condicions. Defensar l’amnistia dels represaliats polítics catalans, sense renunciar al dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur i a la realització d’un referèndum amb garanties forma part, en conseqüència, de la mateixa lluita de la classe treballadora de tot l’Estat. Suposa un avenç important perquè, sigui quin sigui el govern que es formi, puguem continuar defensant les nostres reivindicacions més urgents i uns drets i garanties democràtiques que l’actual règim monàrquic s’ha mostrat incapaç de satisfer».

Encara que el PSOE hagi fet de la necessitat virtut, l’amnistia és una necessitat democràtica i el que s’està manifestant és la incompatibilitat entre democràcia i herència franquista. Defensar l’amnistia exigeix superar aquesta herència, de la mateixa manera que només un programa que doni satisfacció a les reivindicacions socials, que es recolzi en la mobilització dels treballadors, podrà parar a la dreta.

Una situació preocupant

La mobilització dels franquistes, i, en particular, dels grups obertament feixistes i neonazis, que s’està organitzant, suposa un greu perill per a les mobilitzacions populars, per al moviment obrer i per a les seves organitzacions, els qui avui es mobilitzen a Ferraz poden fer-ho demà contra una manifestació obrera o una vaga. Ingenu seria deixar la defensa en mans d’aquesta policia tan complaent amb els feixistes. Les organitzacions obreres han de començar a preparar la defensa dels seus locals i de les seves activitats.

Movilización de los franquistas contra la amnistía

Carta Semanal 965 en catalán

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Distintas organizaciones del franquismo político han convocado movilizaciones ante las sedes del PSOE en contra de los acuerdos con ERC y Junts y, en particular, de la inclusión de la amnistía en esos acuerdos. La prensa resalta la participación de lo que llaman “grupúsculos de ultraderecha” ¿de qué se asombran? Los “Hazte Oír”, “Desokupa”, las Falanges y toda la basura que se ha juntado en esas concentraciones son una faceta más del franquismo político, perros de presa que conviven perfectamente con los Abascal, las Esperanza Aguirre, etc. Sigue leyendo

La designación del rey: los franquistas deben formar Gobierno

Carta Semanal 954 en catalán

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El rey, utilizando los poderes que le otorga la Constitución del 78 -su artículo 99 en este caso- ha designado, contra la voluntad expresada en las urnas el 23J, a Núñez Feijóo para que intente ser investido presidente del Gobierno. Daba así un mensaje claro: las instituciones heredadas del franquismo, con la Corona a la cabeza, quieren impedir por todos los medios un gobierno que tome medidas, por limitadas que sean, que supongan un alivio para la opresión que sufren los pueblos de España o para la explotación de los trabajadores. El editorial del ABC del 24 de agosto lo expresaba así: «una amnistía [a los dirigentes nacionalistas implicados en el referéndum del 1-O] significaría la deslegitimación formal del régimen constitucional de 1978». Fácil establecer la relación con el discurso de Felipe VI del «a por ellos», realizado el 3 de octubre del 2017. Sigue leyendo

La designació del rei: els franquistes han de formar Govern

Carta Setmanal 954 per descarregar en PDF

El rei, utilitzant els poders que li atorga la Constitució del 78 -el seu article 99 en aquest cas- ha designat, contra la voluntat expressada a les urnes el 23J, a Núñez Feijóo perquè intenti ser investit president del Govern. Donava així un missatge clar: les institucions heretades del franquisme, amb la Corona al cap, volen impedir per tots els mitjans un govern que prengui mesures, per limitades que siguin, que suposin un alleujament per a l’opressió que pateixen els pobles d’Espanya o per a l’explotació dels treballadors. L’editorial de l’ABC del 24 d’agost ho expressava així: «una amnistia [als dirigents nacionalistes implicats en el referèndum de l’1-O] significaria la deslegitimació formal del règim constitucional del 1978». Fàcil establir la relació amb el discurs de Felip VI del «a por ellos», realitzat el 3 d’octubre del 2017.

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Tras la elección de la mesa del Congreso. Y ahora, ¿qué?

Carta Semanal 953 en catalán

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La derrota de los franquistas el jueves 17 de agosto en el Congreso de los Diputados abre, sin duda alguna, nuevas perspectivas. La dirección del PSOE consiguió un acuerdo, tras una intensa negociación, con todas las organizaciones que se reclaman de la soberanía de Cataluña y el País Vasco, e incluso, de su independencia. Hasta Junts de Puigdemont, que se presentaba casi como un partido antisistema, ha aceptado un acuerdo que, en última instancia, significa «participar en la gobernabilidad del Estado» Sigue leyendo