Archivo por días: 27/09/2021

¿Por qué es necesario un juicio popular al Borbón ladrón y a la Monarquía?

Carta Semanal 854 en catalán

Carta Semanal 854 para descargar en PDF

Cada día que pasa hay una nueva noticia sobre la corrupción del Rey “emérito”, Juan Carlos de Borbón, cuya fortuna, amasada durante sus 39 años de reinado, se calcula en más de 2.000 millones de euros.

Una fortuna basada -como cada día cuentan más abiertamente los medios de comunicación- en actividades de intermediación, como el cobro de una comisión por cada barril de petróleo comprado a Arabia Saudí, o las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, y directamente por el tráfico de armas.

Al mismo tiempo, se multiplican las noticias sobre cuentas ocultas en paraísos fiscales.

Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado, en 2020 y 2021, a regularizar ingresos con Hacienda por valor de más de 5 millones de euros. Ahora se ha sabido que lo ha hecho después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo la notificara, al menos en tres ocasiones, (en junio, noviembre y diciembre de 2020), de que le estaban investigando. Un dato que, según hizo público en marzo la Asociación de Inspectores de Hacienda, supondría que “las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos”, ya que para que no haya responsabilidad  penal, debe procederse “al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción”

La supuesta inviolabilidad

En todo caso, las posibles acciones de la Fiscalía se van a limitar, como mucho, a las actuaciones de Juan Carlos I después de su abdicación, porque antes de ella, y durante sus 39 años de reinado, todas sus acciones estarían cubiertas por la inviolabilidad del Rey que establece el artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Al menos, esa es la interpretación que hacen tanto los sucesivos gobiernos como el poder judicial. Que actúan, evidentemente, para proteger a la institución de la Monarquía. En cuanto a los gobiernos ¿acaso puede alguien defender que ninguno de ellos estaba informado de los manejos del rey, que ya habían sido publicados en algunos medios de prensa? Consta que las comisiones por la compra de petróleo a Arabia (iniciadas cuando era Príncipe de España) eran un hecho conocido en los primeros gobiernos de la Monarquía. Y en lo que respecta al aparato judicial, es evidente que entre sus funciones está proteger al régimen y a la Corona. Basta con recordar tan sólo cómo, en defensa de la familia real, eximió a la infanta Cristina de toda responsabilidad en los trapicheos de su marido, Iñaki Urdangarín, en contradicción con toda la jurisprudencia y con lo que siguen haciendo ahora los jueces en casos similares.

Como señala Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, “el principio de la inviolabilidad de los reyes procede de la creencia de que todo poder viene de Dios y de que sus representantes en la tierra eran los reyes, por lo que no se les podía atacar”. Y añade que la supuesta inviolabilidad supondría que el Rey puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático”. De Esteban concluye que los únicos actos cubiertos por la inimputabilidad establecida en el art 56.3 CE  son los que derivan de su función como jefe del Estado (…) Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad”.

En la misma línea, son muchos los juristas que opinan que son sola y exclusivamente los actos citados en el artículo 64 CE, los refrendados por el gobierno y que carecen de validez sin ese refrendo, los que están cubiertos por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución. Por ejemplo, Joan Carles Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, que escribe que “no es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan”. Que sepamos, ningún gobierno ha refrendado- por más que los hayan tapado y consentido- los trapicheos del hoy “emérito”.

A pesar de ello, todo el aparato judicial cierra filas para defender la impunidad del Borbón. De ahí que, como mucho, la Fiscalía Anticorrupción va a investigar solamente los indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero no al supuesto cobro de comisiones, que se produjo en la época en Juan Carlos I todavía era el jefe de Estado. De este modo, el grueso de los miles de millones amasados no podría tocarse.

De este modo, el poder judicial asume, en defensa de la Corona, que según la Constitución -y violando incluso todos los principios de lo que los defensores del orden burgués llaman “estado de derecho”- el Rey podría asesinar a alguien, violar a un niño o robar cientos de millones sin que pueda ser penalmente imputado.

Son los mismos tribunales que avalan los recortes a los empleados públicos, las reformas laborales, las estafas bancarias, la ley mordaza y todos y cada uno de los ataques a la población trabajadora.

Pero no es sólo el poder judicial quien sale en defesa del Régimen y de su máxima autoridad, la Corona. La Mesa del Congreso, con los votos del PP, del PSOE y de Vox, ha rechazado hasta en diez ocasiones distintas peticiones de comisiones de investigación sobre la fortuna amasada por el Rey “emérito”. Escudándose en todos los casos en la supuesta inviolabilidad (que, en todo caso, podría impedir una imputación penal, pero no una investigación parlamentaria).

Es evidente que una investigación en sede parlamentaria que estableciera las actividades corruptas del Rey tendría una repercusión política que haría tambalearse las propias bases del Régimen. Por tanto, los defensores de éste deben cerrar el paso a esa posibilidad.

Ahora bien, ¿cómo puede combatirse la corrupción si se consiente la que lleva a cabo la más alta institución del Régimen?

Porque no nos resignamos a la impunidad del Borbón, ¡juicio popular!

Hay que dejar clara una cuestión: no es el problema de un individuo, es la trama y estructura de la Casa Real, imbricada con los poderes financieros y la alta  administración del Estado.

Ningún demócrata puede aceptar que la corrupción de la Corona pueda seguir impune. Si el aparato judicial y los partidos franquistas bloquean la vía a una investigación judicial o parlamentaria, sólo hay una posibilidad de que Juan Carlos de Borbón sea juzgado por sus delitos y la fortuna que ha amasado vuelva a manos del pueblo: un juicio popular.

Es la exigencia que todas las organizaciones democráticas y populares deben levantar. Y poner de inmediato las condiciones para hacerlo posible. Las organizaciones que se declaran republicanas deberían estar al frente de esta tarea.

Per què és necessari un judici popular al Borbó lladre i a la Monarquia?

Carta Setmanal 854 per descarregar en PDF

Cada dia que passa hi ha una nova notícia sobre la corrupció del Rei “emèrit”, Joan Carles de Borbó, la fortuna, pastada durant els seus 39 anys de regnat, es calcula en més de 2.000 milions d’euros.

Una fortuna basada -com cada dia compten més obertament els mitjans de comunicació- en activitats d’intermediació, com el cobrament d’una comissió per cada barril de petroli comprat a l’Aràbia Saudita, o les comissions per l’adjudicació de l’AVE a la Meca, i directament pel tràfic d’armes.

Al mateix temps, es multipliquen les notícies sobre comptes ocults en paradisos fiscals.

Joan Carles de Borbó s’ha vist obligat, en 2020 i 2021, a regularitzar ingressos amb Hisenda per valor de més de 5 milions d’euros. Ara s’ha sabut que l’ha fet després que la Fiscalia del Tribunal Suprem la notifiqués, com a mínim en tres ocasions, (al juny, novembre i desembre de 2020), que li estaven investigant. Una dada que, segons va fer públic al març l’Associació d’Inspectors d’Hisenda, suposaria que “les regularitzacions efectuades no impedirien la persecució dels delictes fiscals comesos”, ja que perquè no hi hagi responsabilitat penal, s’ha de procedir “al complet reconeixement i pagament del deute tributari (incloent-hi els interessos de demora i recàrrecs que corresponguin), abans que per l’Administració Tributària se li hagi notificat l’inici d’actuacions, denúncies o diligències per part de l’AEAT, del ministeri fiscal o del jutge d’Instrucció ” .

La suposada inviolabilitat

En tot cas, les possibles accions de la Fiscalia es van a limitar, com a molt, a les actuacions de Joan Carles I després de la seva abdicació, perquè abans d’ella, i durant els seus 39 anys de regnat, totes les seves accions estarien cobertes per la inviolabilitat del Rei que estableix l’article 56.3 de la Constitució: “la persona de Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Els seus actes seran sempre referendats en la forma establerta en l’article 64, no tenint validesa sense aquest referendament, llevat del que disposa l’article 65.2 “.

Com a mínim, aquesta és la interpretació que fan tant els successius governs com el poder judicial que actuen, evidentment, per protegir la institució de la Monarquia. Quant als governs per ventura pot algú defensar que cap d’ells estava informat dels tripijocs del rei, que ja havien estat publicats en alguns mitjans de premsa? Consta que les comissions per la compra de petroli a Aràbia (iniciades quan era Príncep d’Espanya) eren un fet conegut en els primers governs de la Monarquia. I pel que fa a l’aparell judicial, és evident que entre les seves funcions està protegir el règim i  la Corona. Només cal recordar tan sols com, en defensa de la família reial, va eximir a la infanta Cristina de tota responsabilitat en els tripijocs del seu marit, Iñaki Urdangarín, en contradicció amb tota la jurisprudència i amb el que segueixen fent ara els jutges en casos similars .

Com assenyala Jorge de Esteban, catedràtic de Dret Constitucional, “el principi de la inviolabilitat dels reis procedeix de la creença que tot poder ve de Déu i que els seus representants a la terra eren els reis, per la qual cosa no se’ls podia atacar “. I afegeix que la suposada inviolabilitat suposaria que “el Rei pot cometre qualsevol fet sense ser jutjat perquè està per sobre de la llei i aquesta posició la mantindrà respecte de tots els actes que dugui a terme durant el seu mandat, fins i tot després que cessi en la Prefectura de l’Estat. Doncs bé, al menys al meu entendre, les dues afirmacions són insostenibles. Perquè ni són necessàries ni s’acomoden als principis constitucionals d’un Estat democràtic “. De Esteban conclou que els únics actes coberts per la inimputabilitat establerta en l’art 56.3 CE són “els que deriven de la seva funció com a cap de l’Estat (…) És obvi que tots aquells actes realitzats pel Rei que no guarden relació amb la seva funció com a cap de l’Estat i que, per tant, és impensable que puguin estar ratificats per les persones a què fa referència l’article 56.3, no estan sotmesos a la inviolabilitat“.

En la mateixa línia, són molts els juristes que opinen que són sola i exclusivament els actes esmentats a l’article 64 CE, els confirmats pel govern i que no tenen validesa sense aquest referendament, els que estan coberts per la inviolabilitat de l’article 56.3 de la Constitució. Per exemple, Joan Carles Carbonell Mateu, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de València, que escriu que “no és casual que es continguin en el mateix paràgraf i separats per un punt i seguit la declaració d’inviolabilitat i la minuciosa regulació dels actes de Rei, l’exigència de ratificació i la translació de responsabilitat a qui els ratifiquen “. Que sapiguem, cap govern ha refrendat- per més que els hagin tapat i consentit- els tripijocs de l’avui “emèrit”.

Tot i això, tot l’aparell judicial fa pinya per defensar la impunitat del Borbó. Per aquest motiu, com a molt, la Fiscalia Anticorrupció va investigar només els indicis que apunten a possibles delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal, però no el suposat cobrament de comissions, que es va produir en l’època quan Joan Carles I encara era el cap d’Estat. D’aquesta manera, el gruix dels milers de milions pastats no podria tocar-se.

D’aquesta manera, el poder judicial assumeix, en defensa de la Corona, que segons la Constitució -i violant fins i tot tots els principis del que els defensors de l’ordre burgès diuen “Estat de dret” – el Rei podria assassinar a algú, violar un nen o robar centenars de milions sense que pugui ser penalment imputat.

Són els mateixos tribunals que avalen les retallades als empleats públics, les reformes laborals, les estafes bancàries, la llei mordassa i tots i cadascun dels atacs a la població treballadora.

Però no és només el poder judicial qui surt en defesa del Règim i de la seva màxima autoritat, la Corona. La Mesa del Congrés, amb els vots de PP, PSOE i Vox, ha rebutjat fins en deu ocasions diferents peticions de comissions d’investigació sobre la fortuna pastada pel Rei “emèrit”. Escudant-se en tots els casos a la suposada inviolabilitat (que, en tot cas, podria impedir una imputació penal, però no una investigació parlamentària).

És evident que una investigació en seu parlamentària que establís les activitats corruptes de Rei tindria una repercussió política que faria trontollar les pròpies bases del Règim. Per tant, els defensors d’aquest han de tancar el pas a aquesta possibilitat.

Ara bé, com es pot combatre la corrupció si es consent la que porta a terme la més alta institució de l’Règim?

Perquè no ens resignem a la impunitat del Borbó, judici popular!

Cal deixar clara una qüestió: no és el problema d’un individu, és la trama i estructura de la Casa Reial, imbricada amb els poders financers i l’alta administració de l’Estat.

Cap demòcrata pot acceptar que la corrupció de la Corona pugui seguir impune. Si l’aparell judicial i els partits franquistes bloquegen la via a una investigació judicial o parlamentària, només hi ha una possibilitat que Joan Carles de Borbó sigui jutjat pels seus delictes i la fortuna que ha amassat torni a mans del poble: un judici popular.

És l’exigència que totes les organitzacions democràtiques i populars han d’aixecar. I posar immediatament les condicions per fer-ho possible. Les organitzacions que es declaren republicanes haurien d’estar al capdavant d’aquesta tasca.