(publicado en la Carta Semanal 450)
La campaña desatada “en defensa de la constitución monárquica” en ocasión del 35 aniversario del referéndum que “aprobó” la constitución en 1978, no es sino una tentativa de unos y de otros de salvar al régimen podrido que se basa en esa constitución.
En 1978, en cumplimiento de los Pactos de la Moncloa, los dirigentes del PSOE, del PCE –entonces aún no existía IU– de CCOO y de UGT, junto con los principales “nacionalistas” pidieron el voto a favor de esa constitución, asegurando que los derechos de los trabajadores y los pueblos del Estado español cabían en ese texto. A cambio de eso, había que aceptar el mantenimiento del heredero de Franco, así como el aparato judicial y policial de la dictadura franquista, así como la impunidad de los crímenes políticos y económicos del franquismo y las fortunas que se hicieron a su sombra, y la negación de toda investigación de la represión, incluyendo el mantener enterrados en las cunetas y las fosas comunes a decenas de miles de asesinados por militares y falangistas. Y renunciar a las principales reivindicaciones sociales, al derecho de autodeterminación de los pueblos catalán y vasco, y a la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, complementaron estas falsas promesas amenazando velada o abiertamente con un golpe militar si la Constitución no era aprobada.
Los años han revelado sin género de dudas la falsedad de todos aquellos argumentos. Las autonomías, que no podían ni pueden garantizar los derechos de los distintos pueblos del Estado, se han convertido en la mayor fuente de enfrentamiento entre éstos, en tanto que los derechos políticos que nos decían se iban a garantizar están siendo arrasados, y los derechos y conquistas sociales, sacrificados al rescate de los banqueros y al pago de la deuda, consagrado como prioridad absoluta en la reforma express de la constitución de agosto de 2011. La supuesta soberanía ha sido sacrificada ante la Unión Europea y la OTAN
Hoy, ese régimen está en abierta y profunda crisis, sacudido por los escándalos de la familia “real”, desgarrado por la cuestión catalana (es decir, por su negación del derecho democrático de los pueblos a decidir libremente sobre su futuro), sometido a las exigencias de la Unión Europea que llevan al pueblo a la miseria, y a las exigencias militares de los Estados Unidos y la OTAN.
Un duro precio
El mantenimiento del régimen monárquico presidido por el heredero nombrado por Franco, y descendiente del monarca corrupto expulsado por el pueblo en abril de 1931, ha supuesto un duro precio para los trabajadores y los pueblos del Estado español.
El aparato policial y judicial de la dictadura, mantenido intacto e incluso reforzado en sus privilegios, se revuelve hoy contra la movilización popular y contra las principales organizaciones de los trabajadores, los sindicatos. No es casualidad, es el resultado de la incompatibilidad entre esas instituciones franquistas y la clase obrera organizada. No es por tanto fruto del azar que la situación política, sobre un trasfondo de catástrofe económica, esté determinada por el pulso entre el régimen y las organizaciones sindicales, con la incapacidad de los dirigentes de defender a la organización, atados por su defensa del aparato del Estado, que incluye el “respeto de las actuaciones judiciales”
Mientras los jueces arremeten contra los sindicatos, el mismo aparato judicial absuelve a los responsables de la catástrofe del Prestige (la mayoría de los cuales no han sido ni siquiera procesados) y deja escapar de rositas a la infanta Cristina o a los hermanos de la ministra Báñez, y expulsa a quienes osan intentar investigar los crímenes del franquismo o dar digna sepultura a los fusilados.
Las nóminas de los trabajadores y las compras cotidianas se ven abrumadas de impuestos, mientras que las grandes fortunas amasadas al calor del régimen, y las multinacionales, no pagan apenas impuestos, y los inspectores de Hacienda que intentan que los paguen se ven expulsados de sus puestos.
La escuela pública languidece, estrangulada por la falta de presupuesto, mientras que los negocios de la Iglesia Católica en el campo de la enseñanza reciben 4.600 millones de euros al año a cargo de los Presupuestos, y la Iglesia recibe un total de más de 10.000 millones de euros en conceptos varios. Una media de 200 euros por habitante.
Las Autonomías, negación de los derechos de los pueblos, han impedido cualquier avance hacia una solución democrática de las aspiraciones de los pueblos catalán y vasco, de todos los pueblos. Y todas ellas recortan en los servicios públicos más esenciales, mientras se enfangan en la corrupción. La cuestión catalana es el resultado de la incompatibilidad entre la Monarquía heredera de Franco y de los borbones y los derechos de los pueblos, que además arrastran el lastre de estar representados por partidos que manipulan la lucha por la soberanía en aras a sus intereses de clase capitalista;
Los trabajadores y los pueblos del Estado Español han pagado un duro precio por el mantenimiento del régimen de la Constitución de 1978.
Todos a salvar al régimen
El país se encuentra al borde de un estallido social, con 6 millones de parados (casi dos millones sin ningún tipo de subsidio), miles de personas perdiendo sus viviendas, asfixiados por las deudas (más del 10% de los créditos son morosos, mientras otro 30% se pagan a duras penas). Y el régimen vive su peor crisis.
Se repite la situación de crisis abierta a la muerte de Franco y, como sucedió en los Pactos del Moncloa, todos los partidos instalados en las instituciones del régimen se aprestan a salvarlo. Y detrás de ellos, los dirigentes de UGT y CCOO, que renuncian a organizar la lucha hasta el fin en defensa de los salarios y las pensiones. Salvar al régimen significa mantener hasta 2015 al gobierno Rajoy, aceptando, por tanto, el mantenimiento de todos los recortes y los nuevos que se avecinan. Como significa aceptar por “consenso” el nombramiento para el Consejo del Poder Judicial del juez que busca legalizar la privatización de la sanidad en Madrid
En esta operación de salvación del régimen hay diferencias entre unos y otros. El aparato franquista y el PP se aferran a la Constitución si ningún cambio, en tanto que un destacado defensor del régimen como Felipe González declaraba recientemente en El País que “si no se reforma la Constitución se puede derrumbar todo lo conseguido”. Rubalcaba impone al PSOE su “reforma federal” mientras que Duran Lleida trata de salvarla con su propuesta de “tercera vía” para Cataluña. Hasta Sortu, recién acogida en las instituciones, extrema su moderación en lugar de defender en este momento la república vasca libre.
Alianza de los trabajadores y los pueblos para abrir una salida al podrido régimen monárquico
¿Puede haber satisfacción para las principales reivindicaciones de los trabajadores dentro de este marco podrido? ¿Pueden salvarse los servicios públicos aceptando el principio constitucional de prioridad para el pago de la deuda? ¿Pueden encontrar satisfacción los derechos del pueblo catalán, de todos los pueblos? Es evidente que no, por mucho que los dirigentes del PSOE, de IU y la UGT se aferren a la Constitución, sacrificando a ella todas las reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos. Hoy, más que nunca, la lucha por una Asamblea Constituyente que proclame la república basada en el derecho de autodeterminación –es decir, en la unión libre de Repúblicas de los pueblos del estado español– está ligada directamente a la lucha de clases, a las exigencias inmediatas de los trabajadores y los pueblos.
Esta unidad entre reivindicaciones y lucha por la república nos lleva a una reflexión sobre quienes proponen “procesos constituyentes”. Para algunos, como la dirección del PCE, esta propuesta no pasa de una concesión de palabra a algunos sectores de su organización. Proceso constituyente sería ganar unos pocos más de diputados y cambiar un poco el funcionamiento de las instituciones parlamentarias de la Monarquía. Otros lo proponen con una intención más sincera de ruptura con el régimen, pero plantean su propuesta al margen de la clase, los pueblos y sus movilizaciones. Al hacerlo, proponen un callejón sin salida y levantan un obstáculo suplementario al combate por la alianza de los trabajadores y los pueblos y al combate por una representación política fiel a los intereses de los trabajadores.
La defensa de las reivindicaciones obreras y nacionales, que exige la defensa de las organizaciones levantadas por la clase trabajadora, única fuerza social capaz de imponer el cambio necesario, precisa de la lucha por construir esa representación política, que sólo se puede construir con una orientación de Frente Único Obrero, es decir, de ruptura con la Monarquía. No es por casualidad que la propuesta de Conferencia Estatal por la fraternidad de los pueblos se haya fijado como referencia de celebración la fecha del 14 de Abril.