48 leyes

(Publicado en la Carta Semanal 529)

Carta-529El sábado 13, echando al PP, se han constituido muchos ayuntamientos que tienen el compromiso de ayudar a recuperar las condiciones de vida de los trabajadores y la mayoría social. Cierto, el triunfo del 24M ha sido obstaculizado por las maniobras de los dirigentes que se preocupaban más por diferenciar su imagen cara a las generales que por el mandato de los electores. Cierto, a muchos dirigentes les preocupaba más no enfrentarse a las instituciones del capital y de la Monarquía, y por tanto tendían la mano a Ciudadanos y se resistían a romper los puentes con el PP. Pero el impulso del 24M sigue pesando.

A fin de cuentas, la voluntad de la mayoría social ha forzado un cambio considerable. Ahora, para cumplir su compromiso esos ayuntamientos necesitan el apoyo económico e institucional del Gobierno. En lugar de eso, como se señala más abajo, el gobierno Rajoy organiza la guerra contra ellos, el sabotaje económico sigue a la guerra sucia de las descalificaciones. Defender los ayuntamientos conquistados es otro motivo importante para evitar que Rajoy siga gobernando ni un día más.

Una entrevista clarificadora

El martes pasado, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se reunía en un almuerzo con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa. Un día ajetreado para Sánchez, que esa misma noche cenaba en un reservado de un hotel de Madrid con el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias.

Antes de su almuerzo en la Moncloa, Sánchez había dado una rueda de prensa en la que anunció que iba a exigir a Rajoy un ”cambio de políticas”. Durante el propio almuerzo, según han hecho saber fuentes de la propia Moncloa, habría exigido a Rajoy que no tramite más leyes en la Cortes, pues entiende que la legislatura está “acabada”, y según esas mismas fuentes le anunció que revocaría esas leyes si gana las elecciones generales.

No obstante, fuentes del PSOE matizan esas informaciones de La Moncloa, y niegan que el líder socialista exigiera una paralización de todas las leyes en curso. Según esas fuentes, sólo pidió que no se tramiten tres leyes (entre ellas, la liberalización del sistema ferroviario y reformas en la función pública), y que se paralizara la tramitación de la reforma del Ley del Aborto que busca impedir que las mujeres de 16 y 17 años puedan decidir por sí mismas, sin autorización de sus padres. También dicen que Sánchez no amenazó con derogar esas leyes si se aprobaban.

Todo esto ha puesto de relieve un hecho que venimos señalando en la Carta Semanal: que el gobierno del PP tiene en estos momentos en trámite 48 proyectos de ley, 35 pendientes en el Congreso y otras 13 en el Senado. Para que se culmine su aprobación, el PP pretende forzar los ritmos en el Congreso, habilitando tres plenos durante el próximo julio, comisiones en agosto y dos plenos en septiembre para sacarlas adelante.

Hace dos semanas advertíamos de que el Gobierno pretende ampliar a toda prisa el contingente de tropas USA en la base de Morón. Evidentemente, no es el único daño que puede hacer en los meses que faltan hasta la fecha prevista de las elecciones generales. Esas 48 leyes suponen otros tantos ataques a derechos y conquistas sociales y a los servicios públicos. La semana pasada se anunciaban igualmente dos nuevas condenas a sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, y están previstos nuevos juicios.

El gobierno Rajoy representa otra amenaza más grave si cabe: quiere aprovechar estos meses para llevar a un punto de no retorno el enfrentamiento con el pueblo catalán, en torno a las supuestas elecciones plebiscitarias del 27S. Desde la amenaza militar hasta la asfixia económica, la prevaricación judicial y el terrorismo mediático, no va a reparar en medios.

¿Cómo puede permitirse todo eso un gobierno derrotado en dos elecciones consecutivas, expulsado de los grandes ayuntamientos y de varias autonomías, acosado cada día por un nuevo escándalo de corrupción, hundido en las encuestas y sustentado por un partido, el PP, cada vez más dividido? La respuesta es muy sencilla: porque le dejan. El Comité Confederal de UGT ha pedido adelantar las elecciones, es un paso que deberían dar todos. Pero hasta el día de hoy, en conjunto las organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores y del cambio político lejos de hacer un frente común para poner fin a ese gobierno desahuciado le dan cancha pidiéndole que cambie de política, proponiéndole reformas, dialogando con él.

Máximo respeto al marco institucional

Esta decisión de esperar pacientemente a la convocatoria de las elecciones generales para noviembre es el resultado de una línea política compartida por el conjunto de organizaciones políticas, tanto “clásicas” como “emergentes”: la decisión de no cuestionar el marco podrido del régimen monárquico y esforzarse en la supuesta “regeneración democrática” de sus instituciones. Una decisión que puede comprobarse en el documento “hacia la Unidad Popular”, aprobado por la presidencia federal de Izquierda Unida esta semana pasada, en el que desaparece toda referencia a República o proceso constituyente. En el manifiesto difundido por Pablo Echenique y otros dirigentes de Podemos –cuyos contenidos están, por demás, muy lejanos de nuestra orientación– se preguntan, con relación a la línea impuesta por el grupo de Pablo Iglesias, “si Podemos aspira simplemente a convertirse en un partido más, que contribuya al remiendo de un régimen en crisis”.

Quienes alimentan las ilusiones en que pueden cambiarse las cosas, gobernar en favor de los trabajadores y de la mayoría sin desafiar las leyes del gobierno y el marco institucional de la Monarquía se van a topar con un muro. Recordemos las consecuencias por ejemplo para la Junta de Andalucía al haber aceptado el “imperativo legal” que supuestamente obligaba a aplicar los recortes sin organizar y llamar a la movilización de los trabajadores y los pueblos… Cada reivindicación concreta choca con el marco institucional del régimen. Alimentar ilusiones al respecto no puede llevar más que a un callejón sin salida.

Ada Colau lo ha reconocido cuando ha afirmado “comprended que no se podrá hacer todo el primer día, hay poderes muy fuertes en nuestra ciudad”. Y si esos poderes antidemocráticos son “fuertes” en Barcelona, ¿no lo son en todo el país? ¿Y en Europa? ¿Cómo vencerlos?

Un ejemplo. Ante los cambios en los ayuntamientos, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, convocó el día 12, en vísperas de la constitución de los nuevos ayuntamientos, a sus tres secretarios de Estado (el de Hacienda, Miguel Ferre; el de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y la secretaria de Estado de Presupuestos y Gasto Público, Marta Fernández Currás), para impulsar medidas para “mantener el rigor presupuestario, la consolidación fiscal y la reducción del déficit de esas administraciones”. Es decir, para asegurarse que ayuntamientos y autonomías “de izquierdas” se someten a las exigencias de déficit cero y al principio establecido en el artículo 135 de la Constitución –traduciendo lo que exigen los tratados de la Unión Europea– es decir, que el pago de la deuda a los especuladores está por encima de las necesidades de la población y de los servicios públicos.

¿Cambio en los ayuntamientos con Rajoy en el gobierno?

Pero, como hemos señalado antes, permitir que Rajoy siga, aunque sea unos meses más, en el gobierno, es permitirle que siga adelante con su política de destrucción de derechos y conquistas sociales. ¿Por qué se le debe permitir, por ejemplo, que lleve adelante la ley de liberalización del sistema ferroviario, es decir, dar nuevos pasos –aplicando las recetas de Bruselas– hacia la destrucción del ferrocarril público y la privatización de Renfe, patrimonio de todo el pueblo español? ¿Qué hace falta para que partidos y organizaciones que hablan en nombre del pueblo trabajador y de sus exigencias de cambio político y social se pongan de acuerdo para echar a Rajoy, ya?

Permitir que este gobierno continúe ni un día más, es una política suicida. Ni el empleo, ni los servicios públicos, ni los municipios pueden aguantar seis meses más de ataques de Rajoy. Al contrario, requieren cuanto antes un gobierno que ponga manos a la obra a deshacer todo el entramado de leyes que impiden atender incluso las necesidades más urgentes, desde la ley Hipotecaria hasta el artículo 135 y el plan de estabilidad entregado a Bruselas. Sin ese cambio, los nuevos ayuntamientos y gobiernos regionales de “progreso” no podrán satisfacer las innumerables necesidades de la población. Cuando más podrán hacer un poco de caridad moviendo los escasos medios con que cuentan de una partida a otra. Desvestir a un santo…

El comienzo del “cambio político” que se ha iniciado este 13 de junio con la constitución de los ayuntamientos es un auténtico llamamiento a acabar cuanto antes con el Gobierno y sus contrarreformas y avanzar hacia el desmantelamiento del régimen de la Monarquía y el sometimiento a la UE. No hay otro camino para todos aquellos que deseen ser fieles a las necesidades más vitales de la mayoría social.

Millones han votado y están dispuestos a ir más allá si no basta con el voto, como han estado dispuestos a movilizarse contra el Gobierno a pesar de las amenazas y la represión. En el movimiento obrero y democrático hoy es más necesario que nunca discutir sobre las formas y medios de ayudar a la mayoría a imponer su voluntad pese a quien le pese y sean cuales sean los obstáculos.

Tras las elecciones municipales muchos hablan de candidaturas de “unidad popular” de cara a las elecciones generales. Sin duda hace falta la unidad, pero no la unidad para dejar a Rajoy gobernar más tiempo, para lavarle la cara a las instituciones del régimen, para salvar a la Monarquía, para aplicar los planes de destrucción de la Unión Europea y el FMI. Hay que forjar la unidad para satisfacer las reivindicaciones, para traer el cambio político y de régimen que hace falta, la democracia, la República.

La Conferencia Obrera del próximo 27 de junio impulsada por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, en cuyo seno participamos los militantes de la IV Internacional, pretende contribuir a ello en el más escrupuloso respeto a los métodos de la democracia obrera. Invitamos a todos los lectores de esta Carta Semanal a participar en ella o bien en las delegaciones que desde diversos puntos del Estado se preparan o haciéndonos llegar sus opiniones y contribuciones.

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