Tras la victoria del pueblo en las municipales

(Publicado en la Carta Semanal 530)

Carta-530El partido que representa al aparato de estado heredado del franquismo ha sido derrotado en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de junio. Una doble derrota, puesto que se ha completado el 13 de junio en la constitución de los ayuntamientos, cuando las fuerzas que han recibido el voto de la mayoría de los trabajadores y de todos los que quieren un cambio social y político (básicamente, el PSOE y las candidaturas de unidad popular ligadas a Podemos) se unieron para echar al PP de muchas alcaldías. Ese día, en todas partes, salvo algunas excepciones lamentables como Gijón, la voluntad popular de echar al PP de todos los gobiernos se impuso, también, a quienes, con la cantilena de “la misma mierda es”, pretendían traicionar el mandato popular dejando al PP gobernar.

El pueblo ha celebrado estos resultados como su victoria, con expresiones de júbilo. Así, la plaza del ayuntamiento de Valencia se llenó la misma noche del 24 de mayo de miles de personas que celebraban el fin del gobierno municipal de Rita Barberá, y en Getafe cientos de personas jaleaban la constitución del nuevo ayuntamiento en un teatro municipal.

En cambio, el Gobierno y las fuerzas reaccionarias (incluido el gobierno Mas) desde el día 25 emprendieron una guerra sin cuartel, por todos los medios, contra los que el pueblo acababa de elegir. Intentaron impedir la unidad y al fracasar han arreciado su ofensiva contra los ayuntamientos de izquierda/progresistas.

Desde el día siguiente a la constitución de los ayuntamientos, el gobierno del PP se ha dispuesto a intentar imponer a los nuevos gobiernos municipales la política de recortes. El ministro Montoro se apresuró a reunir el viernes 12, en vísperas de la constitución de los nuevos ayuntamientos, a los Secretarios de Estado de Hacienda, de Administraciones Públicas, y de Presupuestos y Gasto Público, anunciando que el objetivo de esa reunión era impulsar medidas para “mantener el rigor presupuestario, la consolidación fiscal y la reducción del déficit de esas administraciones”.

Poco después, el mismo Montoro, en un curso patrocinado ¡oh, casualidad! por el BBVA, explicaba lo siguiente: “Tras el 24 de mayo, los nuevos gobernantes tienen una legislación vigente a la que tienen que atenerse (…) Son reglas de gasto y un techo de deuda. El responsable es el gobernante electo y el funcionario, que debe aplicar las normas y su actuación está marcada por el Código Penal”. Una clara presión sobre interventores y secretarios municipales, por un lado, y sobre los propios alcaldes y concejales, por otro, para que se sometan a los recortes dispuestos por Bruselas y aplicados por el gobierno del PP.

En esta línea, se ha anunciado que el mismo Montoro convocará a mediados de julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que sientan el Gobierno y las comunidades autónomas para tratar asuntos económicos, y que también reunirá a los ayuntamientos para que asistan a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), organismo equivalente para municipios y diputaciones. El plan del ministro en esas reuniones pasa, según se ha anunciado, por marcar las líneas rojas presupuestarias. Es escandaloso cuando en estos años los ayuntamientos (e incluso las autonomías) han recortado drásticamente el déficit, contra lo que hacía el gobierno central de Rajoy.

Su objetivo es asfixiar a los ayuntamientos y autonomías de izquierda para impedir que tomen medidas que favorezcan a los trabajadores, para obligarles a atacar a los que les han elegido y así cerrar el paso a un cambio de orientación en el próximo gobierno. El 26 de junio tienen previsto aprobar el tope de gasto de los presupuestos de 2016, que se enviará a las Cortes y una vez aprobado a Bruselas, intentando condicionar ya al gobierno que haya tras las elecciones.

En efecto, al mismo tiempo, también desde el primer día, la reacción organiza una formidable campaña, escarbando en el pasado, para desprestigiar y/o someter a los nuevos electos, y al PSOE como cómplice, con casos como el del concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, miembro de Podemos, a quien investigaron más de 20.000 twits hasta encontrar dos “inadecuados”. (Vuelven contra ellos, es cierto, la proclamación de “absoluta limpieza ética” de algunas nuevas formaciones, frente a la “casta corrupta”).

Si los nuevos ayuntamientos se someten a estas imposiciones antidemocráticas –no es el PP quien ha ganado las municipales, sino la izquierda– sería repetir la lamentable experiencia del gobierno andaluz de coalición PSOE-Izquierda Unida, que desde el primer momento se sometió a aplicar los recortes “por imperativo legal”, una política que llevó finalmente a la ruptura de ese gobierno y a Izquierda Unida a perder la mitad de su representación en el Parlamento de Andalucía.

Si la campaña reaccionaria consiguieran su objetivo convertiría en una nueva decepción el sabor a miel de la doble victoria del 24 de mayo y el 13 de junio. Y no está en juego solo la suerte de unos importantes ayuntamientos, sino ante todo la lucha por echar al PP del Gobierno y lograr un cambio de política.

Por tanto, es preciso desde los ayuntamientos y desde todas las organizaciones de los trabajadores, así como las que se han presentado defendiendo un cambio social y político, organizar la lucha contra el gobierno del PP, para que se imponga la voluntad popular y no la dictadura de Montoro.

¿Candidaturas de unidad popular?

Invocando la experiencia de las municipales en muchas ciudades, numerosas voces han propuesto organizar para las próximas elecciones generales candidaturas de unidad popular para imponer un cambio político. Izquierda Unida ha hecho suya esa propuesta, mientras que Pablo Iglesias ha dicho que Podemos es la unidad popular.

Para los militantes, que han acumulado una amplia experiencia sobre victorias y derrotas electorales, se impone un debate fundamental: ¿candidaturas de unidad popular con qué objetivo? Tenemos una larga experiencia de victorias electorales que han sido malogradas. En 1979 la izquierda se impuso en los principales ayuntamientos, pero en lugar de avanzar hacia el gobierno, tras esa victoria el PCE (y también el PSOE y otras fuerzas) desmantelaron el poderoso movimiento vecinal que en los últimos años de la dictadura había canalizado las reivindicaciones populares en los barrios. Y por su parte, Felipe González maniobró hasta imponer al PSOE el “abandono del marxismo” como prenda de su compromiso con los poderes establecidos del franquismo. Todo ello permitió que los franquistas mantuviesen el gobierno tres años más obstaculizando las reivindicaciones y a los ayuntamientos de izquierdas. En 1982, el voto obrero y popular masivo llevó al PSOE al gobierno con un enorme respaldo, y la política de Felipe González –aunque tuvo que realizar muchas reivindicaciones– fue consolidar las instituciones y el entramado económico que venían del franquismo, lo que condujo a no resolver la cuestión vasca, mantenernos en la OTAN y meternos en el Mercado Común a costa de la industria pesada y otros sectores, a costa de las pensiones. Los trabajadores tuvieron que frenarle con una imponente huelga general. Camaradas de Andalucía nos recuerdan que la victoria electoral en las elecciones andaluzas de 2012, en plena lucha por la huelga general contra la reforma laboral de Rajoy y por acabar con los recortes, fue convertida en derrota por la política del gobierno Griñán-Valderas al aplicar todos y cada uno de los recortes dictados por Rajoy. Y con eso renunció a ser la referencia y el punto de apoyo del movimiento obrero contra Rajoy.

Felipe González justificó –un tanto cínicamente– su política después de 1982 alegando que quienes le exigían otra cosa no tenían en cuenta la existencia de un poderoso aparato de estado heredado del franquismo (como si eso fuera algo como la Ley de la Gravitación Universal, imposible de combatir). Pero en esa afirmación nos dio una clave de cómo abordar el debate.

¿Candidaturas de unidad popular para “democratizar” y “limpiar” las instituciones del régimen? Eso sería tropezar otra vez en la misma piedra de 1979, 1982 y 2012. Sería convertir esas candidaturas en algo que –como ha señalado el manifiesto de algunos dirigentes de Podemos– contribuya al “remiendo de un régimen en crisis”, es decir, a la salvación del régimen podrido. Hace falta otra cosa.

La responsabilidad de las fuerzas políticas que hoy representan a la mayoría (básicamente el PSOE, Izquierda Unida y las diversas candidaturas progresistas) es movilizar a esa mayoría para acabar ya con el gobierno del PP y formar un gobierno que abra un periodo nuevo: anulación de los recortes (empezando por las reformas laborales), libertades plenas, derecho de los pueblos a decidir en la forma que ellos determinen… y esto significa acabar con el régimen monárquico agotado y podrido.

Por tanto, unas candidaturas de unidad popular fieles a la voluntad de cambio deben propugnar la República, que las nuevas Cortes y el nuevo gobierno tomen medidas de urgencia en el sentido que acabamos de decir y convoquen unas Cortes Constituyentes en las que se exprese la libre voluntad de los pueblos –incluida la libre decisión que tome el pueblo catalán, por ejemplo–. Unas Cortes que se impongan y no se sometan a los poderes antidemocráticos (judicial, represivo, eclesiástico…) de la Monarquía, que barran las leyes e instituciones antidemocráticas, antiobreras y enemigas de todos los pueblos y sobre esta base organicen una unión libre de pueblos libres. Unas Cortes que se nieguen a discutir los presupuestos partiendo del límite de gasto pactado por Montoro con Bruselas a espaldas del pueblo. Unas Cortes que proclamen la decisión soberana de los pueblos del Estado español de tender la mano a los trabajadores y naciones de Europa y de no someterse a ninguna imposición de la Unión Europea y del FMI, a no poner ninguna norma de estas instituciones del capital financiero por encima de la voluntad, las reivindicaciones y las necesidades del pueblo trabajador, de la inmensa mayoría.

Para llegar lo más lejos posible en esa lucha las candidaturas unitarias deben ser extremadamente democráticas. Hacia dentro: candidaturas plurales, que agrupen a partidos y organizaciones, sin exigir la destrucción de ninguna organización levantada por los trabajadores, candidaturas organizadas desde abajo, en asambleas abiertas, donde se discuta y se decida libremente. Hacia fuera: decididas a buscar la unidad de todas las fuerzas que representen a la mayoría social para realizar sus aspiraciones.

Lo más urgente

Ante todo, no se trata en ningún caso de dejar a este gobierno gobernar “en paz” seis meses más. Incluso si se quiere derrotarlo en las urnas, hay que organizar de inmediato la acción unida para impedir que apruebe las 48 leyes que tiene en trámite. No se puede permitir sin más que siga esos seis meses agarrado al BOE, sacando leyes y decretos de recortes de derechos.

Cómo hacerlo debe ser la primera preocupación de los compañeros que luchan por cualquier reivindicación, de todas las instancias de las organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores. Es, por necesidad, la primera preocupación de los que pelean por sacar adelante los nuevos ayuntamientos, y debe ser también el primer debate de la preparación de cualquier candidatura unitaria que busque el cambio que exige la mayoría.

Este es el único camino para derrotar, de verdad, a Rajoy y a lo que representa.

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