750 jueces se solidarizan con el Tribunal de “La Manada”

(Publicado en la Carta Semanal 687ver en catalán)

Hay que acabar con este poder judicial franquista

Más de 750 jueces españoles han presentado una queja en el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para denunciar la “gravísima amenaza” que según ellos se ha producido contra la independencia judicial por lo que ellos denominan el “linchamiento público”, contra el tribunal que dictó la sentencia de La Manada.

Esos 750 jueces, que suponen nada más y nada menos que el 15% del total de jueces que hay en España, denuncian en su escrito la “gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España” y explican que “el caso consiste en que recaída recientemente una sentencia de un tribunal español (la Audiencia Provincial de Navarra) en un caso muy notorio conocido como La Manada se ha desatado una presión social contra dicho órgano jurisdiccional hasta llegar al linchamiento público”.

Es decir, que a estos jueces no les preocupa ni la sentencia, que dictaminó que no había violencia ni intimidación en los abusos sexuales cometidos por cinco hombres jóvenes y fornidos contra una joven indefensa, ni la situación de la víctima, ni el hecho de que los cinco violadores hayan sido recientemente puestos en libertad, sino la indignación social contra esas sentencias.

Según los 750 jueces que firman el escrito, esto se produce “con la complicidad y aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales y sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de unos jueces injustamente atacados”

La queja de estos jueces añade que se sienten “completamente desprotegidos ante las interferencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la función judicial”.

Recordemos que llueve sobre mojado. Anteriormente, las cuatro asociaciones de jueces -sin diferencias entre asociaciones “progresistas” y “conservadoras” y otras entidades como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial han respaldado sin fisuras la actuación de estos jueces.

Entretanto, más de 1.400.000 personas han firmado una petición de inhabilitación de los jueces de La Manada. Compartimos su indignación, pero tenemos que añadir que la solidaridad de tantos jueces con este tribunal demuestra que este sistema judicial no es reformable ni democratizable, que con estos jueces no hay ni va a haber justicia para las mujeres agredidas o violadas.

No es de extrañar. Se trata del aparato judicial heredado del franquismo sin depuración alguna. Un sistema judicial que durante años ha perseguido a las mujeres que luchaban por su libertad, y ha amparado o cerrado los ojos hacia la violencia machista (sólo ha ido cambiando ante la movilización social). Un aparato judicial que se ensaña con los 300 sindicalistas procesados por hacer huelgas o con los políticos catalanes que han osado atentar contra la “unidad de España”, pero que sale en defensa de los que ponen en libertad a violadores.

Reivindicar la “independencia judicial” con estos jueces no es una petición democrática ni progresista. Todo lo contrario, es amparar que se mantengan en su puesto estos enemigos de los derechos de los trabajadores, de los pueblos y de las mujeres.

Hay que acabar con esta basura judicial. Hay que acabar con este aparato judicial. Hay que acabar con este régimen que les ampara. Solo imponiendo una República en la que los jueces sean elegidos por le pueblo y respondan ante él se puede abrir paso la defensa de los derechos y la vida de las mujeres.

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