A 100 días de la aplicación del 155

(Publicado en la Carta Semanal 664)

El pasado día 30 debía haber tenido lugar la sesión de investidura para nombrar al presidente del gobierno de la Generalitat. Las circunstancias que han rodeado este hecho –cuya conclusión final está todavía por ver– demuestran una vez más el carácter antidemocrático del régimen heredado del franquismo. La sesión venía precedida del anuncio por parte del presidente del Parlamento, Roger Torrent, de presentar a Carles Puigdemont como candidato, a pesar de que, previsiblemente, no podría presentarse, so pena de ser detenido. La reacción del Gobierno no se hizo esperar: puso en marcha toda la maquinaria para impedirlo, utilizando para ello el desacreditado Tribunal Constitucional que, retorciendo la ley y contestando a lo que no se le pedía, emitió un auto prohibiendo que se invistiera a Puigdemont. La sesión fue suspendida formalmente a la espera de lo que decida el recurso presentado por Puigdemont ante el Constitucional, y del informe que los letrados de la cámara catalana deben realizar.

Para todo el mundo que se reclame de la democracia, la cuestión es muy clara, ¿puede permitirse que se impida gobernar a quién, en función de los resultados electorales, ha obtenido la mayoría de diputados suficiente para hacerlo? La respuesta es no. No puede permitirse que quienes no son elegidos por nadie –el rey, los jueces…– impidan que gobiernen quienes sí han sido elegidos para ello. Cualquiera que se reclame de la democracia, debe apoyar el derecho que tiene el candidato propuesto por la mayoría parlamentaria a presentarse. Los trabajadores no somos ajenos a este interés porque defendiendo la democracia, defendemos también las reivindicaciones. Y defender el derecho a presentarse, luchar por la libertad de los diputados electos y la del resto de presos, no quiere decir en ningún caso que tengamos ninguna solidaridad política con el programa que hipotéticamente podría desarrollar un gobierno de esas características. No hay contradicción entre defender el derecho a presentarse –sin ser detenido– del candidato propuesto por la mayoría parlamentaria, y mostrar nuestro rechazo absoluto a las medidas puestas en marcha desde el gobierno de la Generalitat por el partido que nuclea a JxC.

El gobierno y la reacción presionan

El Ministro de Justicia de la Monarquía ha anunciado recientemente cuales son las intenciones del Gobierno en las próximas semanas con relación a la cuestión catalana. Junto a la ofensiva judicial que busca dar la vuelta a los resultados de las elecciones del 21-D, ahora lo que se anuncia es la expulsión práctica de la vida política de diversos cargos electos catalanes. En realidad, es lo que perseguía el Fiscal desde un inicio cuando, en contra de la opinión de muchos juristas, incluyó el delito de rebelión entre la lista de cargos que figuraban en los procedimientos judiciales abiertos por la Audiencia Nacional, y posteriormente por el Tribunal Supremo. Ésta es toda la respuesta que es capaz de desarrollar un Estado, parapetado en un “constitucionalismo” que equivale a la ley del embudo: lo que exigen los poderes económicos y el aparato estatal se transforma en ley mientras toda defensa de los derechos sociales y nacionales es ilegal, o lo será enseguida. Aquí puede apreciarse claramente el sentido del mensaje de Felipe VI la noche del 3 de octubre. Mensaje que constituyó una señal de los poderes de hecho para que todas las instituciones del Estado, y en particular el aparato judicial, pasaran a la “acción”.

Es lo que, por otro lado, refleja el editorial del periódico monárquico ABC del 3 de febrero. En él se alecciona contra la tentación de tener ningún “gesto” con el “golpismo separatista”, al tiempo que reconoce sin ningún tipo de rubor que “la reacción del Estado al conflicto separatista en Cataluña está exigiendo un especial compromiso del Poder Judicial, de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, con decisiones que objetivamente se sitúan en los límites de la ley”, y que incluso osa declarar, con meses o años de antelación algunas de las penas que los tribunales del Estado impondrán: “aún resta por llegar la inhabilitación cautelar de los principales dirigentes del proceso unilateral de independencia”.

Para el vocero de la Casa Real, ante la incapacidad del gobierno y los partidos para hacer frente al pueblo catalán, son los jueces quienes han tomado el relevo: “prisiones provisionales y órdenes de detención para los responsables del golpe contra el Estado, y medidas preventivas constitucionales para el pleno del Parlament, que nunca se celebró, son ejemplos de la necesaria y justificada dureza que ha adquirido la ofensiva judicial contra el separatismo catalán.

Sin embargo, todos ellos son conscientes de que solo la represión y la “justicia” no es suficiente. Necesitan forzar la unanimidad de los partidos llamados constitucionalistas, para detener el deshilachamiento del pacto constitucional a partir de Cataluña, cuestión a la que se presta lamentablemente la dirección del PSOE

La aceptación del 155 tiene consecuencias

La primera de ellas es un secreto a voces y tiene que ver con la división en las filas de los partidos que defienden la independencia, en relación a cómo afrontar la presión del gobierno del PP y del aparato judicial. En efecto, la contradicción entre, por un lado, aceptar en la práctica el 155 y, por el otro, querer representar la voluntad de dos millones de ciudadanos que votaron contra el marco político que impide la libre expresión democrática y los derechos nacionales, no tiene solución al margen de la movilización de las masas contra ese marco, ni puede tener salida sin el apoyo de los trabajadores y los pueblos del resto del Estado, que se enfrentan al mismo gobierno Rajoy y a sus ataques a derechos y conquistas sociales.

Esta contradicción ha hecho mella entre unos y otros. La Monarquía y su gobierno exigen a los dirigentes nacionalistas que respeten la Constitución y que se sometan a las órdenes del régimen defensor de los intereses del capital financiero. Y ante ello hay quienes aconsejan que Puigdemont se retire y se presente otro candidato sin causas judiciales, mientras que los partidarios de mantenerlo dicen que Puigdemont o elecciones. Estos últimos, además, siguen confiando en que las instituciones europeas acudirán finalmente al rescate de la causa catalana. Vana esperanza que conduce, como se ha visto, a un callejón sin salida o a la claudicación. Es este callejón sin salida, precisamente, lo que provoca la división y el desconcierto entre las filas de JxC, ERC y la CUP. Desconcierto que no pueden ocultar por más que se quiera eludir con proclamas acerca de la voluntad de continuar “desarrollando la República”, o acuerdos sobre supuestos “procesos constituyentes”, que suenan a inverosímiles cuando la autonomía está intervenida de arriba abajo por el Estado y amenaza con hacerlo tantas veces como sea necesario.

Hay otra forma de enfrentarse al régimen

Basta con mirar hacia las enseñanzas de la historia. Los pueblos del Estado español sólo han podido conquistar derechos cuando han unido su causa a la de los trabajadores y pueblos del resto del Estado. Y viceversa. La lucha del pueblo catalán por su derechos sólo puede salir del callejón sin salida a la que la han llevado sus dirigentes si se apoya en la lucha de los trabajadores del todo el Estado contra los recortes sociales, contra la reforma laboral, contra la LOMCE, en defensa de sus pensiones. La clase trabajadora de Cataluña y del resto del Estado, a la que los dirigentes independentistas han dado la espalda, mientras buscaban en las instituciones de la Unión Europea un apoyo que éstas les han negado, es el único posible aliado del pueblo catalán.

Y viceversa. Si los banqueros y el aparato de Estado consiguen aplastar al pueblo catalán, todo será mil veces más difícil para los trabajadores y los demás pueblos. La arbitrariedad con que los jueces, la policía, el gobierno están actuando contra el pueblo catalán y sus representantes, ¿cómo detenerla? Y menos si los dirigentes del PSOE y de otras organizaciones aceptan, apoyan y tragan la voluntad de los gobernantes. El desmelenamiento de los poderes del Estado y de la región aragonesa contra los derechos de los trabajadores de Opel es un anuncio de a dónde nos quieren llevar. Defender los derechos de los ciudadanos catalanes, de los representantes elegidos, es el punto de partida para defender los derechos de todos.

Esto es precisamente lo que más teme el régimen: que se establezca la relación entre las reivindicaciones de los trabajadores, la defensa de las pensiones, la derogación de las reformas laborales … y las exigencias democráticas de los pueblos, de entrada del pueblo catalán.

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