Detrás de la propuesta de reforma del Estatuto vasco

(Publicado en la Carta Semanal 665)

Como en toda sociedad capitalista la nuestra está sometida a múltiples intereses contradictorios entre sí que a veces emergen con mayor claridad o virulencia, y es al calor de la crisis abierta entre el régimen monárquico y el pueblo de Cataluña que estos intereses han vuelto a estallar: cuarenta años de transición monárquica no han resuelto ninguna de las reivindicaciones que reclamaban los trabajadores de todo el Estado en su lucha secular de clase y especialmente contra la dictadura franquista, y esa falta de respuestas les une a la de los pueblos oprimidos que forman el Estado español.

Ni Cataluña, ni Euskadi han encontrado el marco para la autodeterminación, como ninguna de las poblaciones han encontrado en la Monarquía de las autonomías el marco en el que realizar sus ansias de libertad, de autonomía real o de acceso a la tierra en Extremadura o Andalucía por ejemplo, entre otras reivindicaciones.

Hoy estamos en cierta medida en una nueva etapa de la crisis del régimen. Si algo ha demostrado la “cuestión catalana” es que las instituciones heredadas del franquismo con el Rey a la cabeza representan el poder real, al servicio exclusivo del capital financiero y manteniendo sus privilegios, prebendas y corruptelas.

El pacto que los partidos firmaron con el régimen en 1978 naufraga, y mantenerlo se hace a costa de la crisis casi terminal de la propia existencia de las organizaciones, como vemos en la crisis del PSOE y ya vimos en el PCE u otras. Es evidente que la política de la dirección del PSOE de defensa de la Monarquía no hace más, a nivel interno, que aumentar el desapego de militantes y cuadros.

En este marco lo que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), presidida por el PNV, en acuerdo de coalición con el PSE-PSOE desde el 20 de noviembre del 2016, ejemplifica la crisis general del régimen.

Los portavoces del PNV y del Gobierno Vasco han protestado testimonialmente contra la represión ejercida sobre sus homólogos catalanes, sin duda con el temor de sufrir las mismas consecuencias. Ello contribuyó a que las mayores manifestaciones de solidaridad con Cataluña fueran en Euskadi, pero no evitó que el PNV y otros como las plataformas por el derecho a decidir (Gure Esku Dago) manifestaran una y otra vez que Euskadi no es Cataluña y que el pueblo vasco respetará el marco establecido, es decir, todas las arbitrariedades del Estado y sus jueces.

Hoy plantean de nuevo la necesidad de una reforma del Estatuto vasco, según sus palabras para introducir el derecho a decidir dentro de la legalidad monárquica, pero dedicando la mayor parte del discurso a recordar que este cambio debe empezar en el sentido de que el PP transfiera las competencias que faltan a la CAV. Haciendo doble o triple hincapié en las transferencias sobre Seguridad Social.

Frente a toda veleidad que ayude a revestir de progresismo al PNV recordemos que éste ha defendido siempre, desde su fundación, la necesidad de un pacto con la Corona. Es decir, una mayor autonomía pero sin dejar de “gozar” de la protección del Estado y sobre todo de su ejército y policía.

La fracción vasca del capitalismo español comparte los intereses genérales del capital financiero sin excluir su lucha por una mayor autonomía para hacerse un “lugar propio” en el mercado mundial. Sin dejar de jugar un papel de muleta al Gobierno de Madrid siempre que a este le ha hecho falta, la última vez aprobando los presupuestos del 2017.

El “derecho a decidir” para la dirección del PNV nada tiene que ver con las aspiraciones del pueblo vasco, sino con sus intereses de clase de ampliar las competencias propias que les da el concierto, una ventaja frente a otras fracciones de la misma burguesía española y por supuesto monárquica.

No es nuestra intención hacer un juicio de intenciones, vemos los hechos y partimos del acuerdo de gobierno firmado con el PSE/PSOE, acuerdo que el propio PP también apoya, a pesar de su brutal españolismo franquista (https://www.eaj-pnv.eus/documentos/acuerdo-eajpnv-pseee_15790.html)

Preparando de facto la ruptura de la caja única de la Seguridad Social

En el apartado “Gestión de las políticas pasivas de empleo y del régimen económico de la Seguridad social” se dice:

“(…) A este respecto, y de conformidad con el artículo 18.2 y la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika, plantearemos al Estado la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la negociación, en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, de los correspondientes convenios que regulen la citada transferencia, desde el respeto al principio de solidaridad y al carácter unitario del sistema (…)”

La transferencia de la “gestión del régimen económico de la Seguridad Social” a lo único que lleva es a la ruptura de facto de la caja única, y como hemos visto en el caso de la sanidad o de la enseñanza, si se acaba por transferir la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas acabaremos entregando en 17 trozos la Seguridad Social a los bancos.

Nadie puede negar un hecho: en muchos casos es más fácil privatizar autonomía a autonomía que enfrentados a toda la clase obrera y los pueblos del Estado, de Cádiz a Bilbao, de A Coruña a Barcelona. El caso de la transferencia de la sanidad ha sido un ejemplo palmario.

Recientemente el PP ha pactado con PSE-PSOE y PNV para sacar adelante los presupuestos de la CAV de este año, y este acuerdo aparte de fiscalidad y presupuestos también esconde la ruptura de la caja única y el traspaso de las propiedades de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma para que ésta las ponga a disposición del sector privado. El PP pretende con esto conseguir el apoyo de PNV en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año.

De hecho la semana pasada se ha reunido la comisión del Pacto de Toledo para debatir como “gestionar” la deuda de la Seguridad Social con el Estado, y la solución que plantean para saldar esta “deuda” es el traspaso del patrimonio e inmuebles de la Seguridad Social a Hacienda y que los hospitales sean un bien gestionado por las Comunidades Autónomas.

Es inaceptable y es lógico que provoque rabia entre activos, parados y jubilados que hablen de deuda de la Seguridad Social con el Estado, cuando ha sido el Estado el que en estos últimos años ha saqueado sus reservas con el único fin de hundirla y destruirla, desposeerla de su patrimonio y empujar hacia la privatización de pensiones y sanidad.

Al reventar el sistema de caja única, un gobierno que se le llena la boca de “unidad de la patria” está dispuesto a destruir uno de los elementos principales que unen a la clase trabajadora de este país porque la caja única de la Seguridad Social no se llena con dinero del Estado, sino con las aportaciones de los trabajadores.

El contenido de la nueva reforma del Estatuto

Jaleado por la dirección de Bildu, amparado por el silencio cómplice de la nueva política, el PNV pretende “gestionar”, con el apoyo del PSE, las transferencias que le otorga el Estatuto llamado de Gernika, haciendo hincapié en aquello que le permita una relación directa con la Unión Europea. Es decir, con el capital financiero que hasta ahora tiene más confianza en Rajoy, y sobre todo en el ejército del 18 de julio reconvertido a la OTAN, en la Guardia Civil y las múltiples policías del Estado

Desde el punto de vista de los trabajadores y la mayoría de la población, en primer lugar la vasca, hay que decir que esto no tiene nada que ver con el justo derecho a la autodeterminación.

Este derecho es la condición democrática para que los pueblos y no el capital financiero controlen su economía, y en particular para que se avance hacia una Unión Libre de Pueblos Libres, o lo que es lo mismo la Unión de Repúblicas Libres que sólo puede comenzar a andar a partir de la defensa de las conquistas comunes de los trabajadores y los pueblos del conjunto del Estado.

La Seguridad Social es pieza clave de las conquistas de los trabajadores, no es propiedad ni de la monarquía, ni de los bancos ni de los gobiernos autónomos, es propiedad de la clase obrera. Es salario directo y diferido y es parte del futuro de millones de personas en todo el país que no puede entregarse a las reinos de taifas de las llamadas autonomías bajo la tutela de la monarquía.

Por ello la movilización unida en defensa de estos derechos comunes cuestiona al régimen monárquico y a los que al servicio del capital financiero le hacen el juego. No puede haber república vasca soberana, ni república catalana soberana, que no se apoye en la fraternidad entre los pueblos..

La lucha por el ejercicio del derecho de autodeterminación se basa en la lucha de los trabajadores y los pueblos por sus derechos sociales y democráticos: la defensa, mantenimiento y refuerzo de los derechos sociales y democráticos conquistados por la clase obrera y amenazados por el capital financiero y sus instrumentos.

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