El gobierno Rajoy y los Fondos de Pensiones

(Publicado en la Carta Semanal 666)

Los Fondos y Planes de Pensiones privados forman parte de la política de todos los gobiernos desde que el Pacto de Toledo lanzara, en 2003, entre sus 15 recomendaciones, la de los “Sistemas complementarios”, es decir, “apoyar el desarrollo de la protección social voluntaria como mecanismo de ahorro a medio y largo plazo, y como complemento y mejora de las prestaciones de la Seguridad Social”.

A tal efecto, los planes de pensiones han tenido siempre un tratamiento fiscal mucho más favorable que cualquier otro sistema de ahorro o de inversión. Y, sin embargo, nunca han acabado de arrancar. A pesar de tener a día de hoy 8 millones de beneficiarios, sólo acumulan un total de 106.000 millones de euros (es decir, 13.250€ por persona, bastante poco para el objetivo de asegurar ingresos a lo largo de años de vida tras la jubilación). La suma total no llega al gasto en pensiones de la Seguridad Social en un año.

¿Por qué no arrancan los Fondos de Pensiones?

Dejando de lado las dificultades que supone la idea de “ahorrar para la vejez” cuando los salarios bajan y hay millones de desempleados, hay otro factor importante: a pesar del apoyo de los gobiernos y las ventajas fiscales, los Planes de Pensiones, en su conjunto, son una ruina. Pablo Fernández, profesor del IESE, ha publicado varios informes sobre rentabilidades de los fondos de pensiones. En su último estudio, que abarca el periodo 2000-2015, explica que “la rentabilidad obtenida por la media del sector a 15 años era del 1,58%. ¿Podemos pedir a nuestros potenciales inversores que realicen el esfuerzo de ahorrar para dedicar su dinero a producir un 1,58% anual durante 15 años? Sinceramente, creo que no”. Sobre todo cuando más del 40% de los productos ni siquiera logra cubrir el incremento del coste de la vida en los últimos 10 años.

Fernández compara, para ese periodo de 15 años, la rentabilidad anual media del IBEX 35 (un 4,62%), la de los bonos del Estado a 15 años (5,40%) y la rentabilidad media de los fondos de pensiones, que, como hemos dicho, fue del 1,58%.

Entre los 322 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo dos superaron la rentabilidad del IBEX 35, y sólo uno superó la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años. Pero lo peor es que 47 fondos tuvieron rentabilidad promedio ¡negativa!. Y eso que la cosa mejoró en los últimos 5 años, porque entre 2001y 2011, 191 de los 532 Planes de Pensiones tenían rentabilidad negativa y solo 27 superaron la inflación promedio.

Más aún, un informe de 2014 de la Comisión Europea calificó los Planes de Pensiones españoles como “el peor producto de inversión” de toda Europa, con rentabilidades anuales medias del -1,17% entre 2000 y 2013.

Parte de esta falta de rentabilidad se debe a las importantes comisiones que se adjudican los gestores de los Fondos: según datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en 2007, un 36% de los fondos cobraron comisiones de gestión comprendidas entre el 2% y el 2,5% del patrimonio y un 24% de los fondos cobraron comisiones de gestión comprendidas entre el 1,5% y el 2% del patrimonio. Entre 2002 y 2008, las comisiones de los fondos sumaron un total de 5.700 millones de euros (es decir, que en aquel momento las entidades administradoras de los Fondos se quedaban con un 6% del dinero invertido por los ahorradores). Pero, como señalan muchos economistas, las elevadas comisiones explican sólo parcialmente la pobre rentabilidad de los planes de pensiones. Además, parece que sus gestores figuren entre los asesores financieros más torpes, como demuestra un experimento llevado a cabo por el investigador Pablo Fernández Acín en 2014. Fdez. Acín comparó la rentabilidad que obtuvieron 248 alumnos del colegio Retamar (entre 6 y 17 años) con la rentabilidad de los fondos de inversión de renta variable española y con la de los fondos de pensiones de renta variable en el periodo 2002-2012. Los alumnos obtuvieron una rentabilidad media del 105% mientras que la rentabilidad media de los fondos de pensiones de renta variable fue 34%. La rentabilidad media de los fondos de inversión fue 71%. 72 de los 248 escolares superaron la rentabilidad de todos los fondos.

Con una situación así, muy cuesta arriba se le pone al gobierno del PP su apuesta por los Fondos de Pensiones. A pesar de la voladura que está haciendo del sistema público de Seguridad Social. Por eso el gobierno ha dado nuevos pasos.

El nuevo decreto sobre Planes de Pensiones

Con el objetivo declarado de “estimular el ahorro”, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que permitirá a los poseedores de planes de pensiones rescatar su dinero tras 10 años, a partir de 2025 (hasta ahora, sólo podían hacerlo en caso de desempleo de larga duración, enfermedad grave o muerte). Un estímulo al ahorro que podría dedicarse, según Rajoy “a la jubilación o a la educación de sus hijos” (lo que, por cierto, muestra cuáles pueden ser los planes de su gobierno respecto de la Educación Pública).

La nueva norma contempla también, en la mayoría de los casos, la reducción de la comisión de gestión máxima de los planes de pensiones, fijada actualmente en el 1,5%, a tres tramos: 0,85%, 1,3% y 1,5% sólo para los fondos de renta variable y fondos garantizados.

Desde el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, se han apresurado a cuestionar esta medida porque sólo va a beneficiar a las “personas con mayores rentas”, que son las que recurren a este tipo de inversiones. Además, denuncian que las ventajas fiscales vigentes, son “regresivas”, porque, a igualdad de importes invertidos en planes de pensiones, la ventaja fiscal para las mayores rentas es casi el doble que para las rentas medias. Gestha señala que la adhesión a este tipo de productos se dispara a partir de 30.000€ de ingresos y, especialmente, desde el tramo de los 60.000. Y mucho más, para los 50.000 contribuyentes con rentas superiores a 150.000€.

Precisamente para favorecer que las personas con salarios más altos se vuelvan hacia los Fondos de Pensiones, el Gobierno se ha negado a destopar las cotizaciones a la Seguridad Social y este año no ha aumentado tampoco la base más alta de cotización (ni, por tanto, la pensión máxima)

¿Qué busca el gobierno?

Toda su política sobre Seguridad Social apunta a un objetivo, que es del capital financiero y los especuladores: acabar con la protección para la jubilación que supone el sistema público de Seguridad Social, reduciendo las pensiones a unas cantidades mínimas, para que los bancos y los especuladores puedan acceder a los fondos de jubilación. Como hizo la dictadura de Pinochet en Chile, donde hoy esos fondos privados de pensiones atesoran 200.000 millones de dólares (más del 75% del PIB del país). Una cifra equivalente en España sería de 800.000 millones de euros, todo un botín para el capital financiero.

Qué más quisiera el gobierno que poder imponer su opción como hizo Pinochet. Pero aquí las condiciones políticas y sociales no le permiten tomarse esos lujos. A diferencia del Pinochet de 1980, es un gobierno débil, sin mayoría parlamentaria, hundido en las encuestas y acorralado por los escándalos de corrupción. Para imponer sus planes necesita del consenso, sobre todo del consenso con las organizaciones políticas y sindicales que hoy representan a la clase trabajadora.

El pacto de Toledo, trampa para el futuro de las pensiones

Para conseguir ese consenso, el Gobierno Rajoy debe recurrir al Pacto de Toledo, escenario institucional del consenso sobre pensiones. Por eso quienes defienden soluciones para las pensiones a partir del Pacto de Toledo se meten –por acertadas que fueran sus propuestas iniciales– en una trampa de la que no puede salir nada bueno para los trabajadores y los pensionistas, actuales y futuros.

Pero los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo no avanzan. La magnitud del ataque detiene la mano de sus miembros. El fantasma de la indignación de los pensionistas y trabajadores ante cualquier nuevo recorte acecha a la Comisión, que teme –no sin razón– que pueda convertirse en una movilización imparable (como en Chile).

La defensa del sistema público de Seguridad Social frente a los recortes del Gobierno (tanto los actuales como los que tiene en cartera) pasa por la unidad de las organizaciones obreras para organizar su defensa. Militantes sindicales preparan una Conferencia Estatal para el sábado 10 de marzo con una campaña que trabaja en ese sentido. Hay que unir fuerzas para que esa conferencia sea un éxito.

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