(Publicado en la Carta Semanal 763 – ver catalán)
A pesar de todos los obstáculos, en particular desde el propio aparato de Estado, tras la proclamación de Pedro Sánchez como presidente, finalmente se va a formar el gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos, apoyado por diversas fuerzas nacionalistas, regionalistas y de la izquierda y por Esquerra Republicana (a través de la abstención, pactada con el PSOE). De hecho, una amplia coalición de cuyo mantenimiento a lo largo del tiempo dependerá la estabilidad del gobierno que ahora se forma.
Por el mero hecho de haberse formado, y también por algunas medidas incluidas en su programa, (derogación del artículo 315.3 y de la Ley Mordaza, recuperar la ultraactividad de los convenios, aumento del presupuesto de sanidad y educación…), el futuro gobierno ha despertado expectativas en sectores de la clase trabajadora, aunque hay también quienes señalan -no sin razón- importantes limitaciones en su programa. Entre ellas, la voluntad de mantener todas las contrarreformas (laboral, de pensiones…) que promulgó el gobierno Zapatero y que, en su día, se enfrentaron a la movilización de la clase trabajadora, incluyendo la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral. Otros se preguntan cómo hacer compatible el prometido incremento de gasto en sanidad, educación y dependencia con la “estabilidad presupuestaria”.
Sea como sea, el gobierno que se autodenomina “progresista” será juzgado no por sus promesas, sino por sus hechos, es decir, por la política que aplique. De esa acción real va a depender, también, su futuro.
Desde ese punto de vista el gobierno va estar confrontado ante los dictados del capital financiero por un lado, y por otro a las exigencias de los trabajadores y los pueblos, a su movilización para frenar los ataques de la reacción y también la determinación de los trabajadores que entienden que con la llegada de este gobierno ha llegado la hora de conseguir sus reivindicaciones. ¿Si no, para cuando? La suerte no está echada, se inicia una batalla que va a poner en el centro la incompatibilidad entre la monarquía y la democracia. Y ahí se sitúa la responsabilidad de todas las organizaciones que dicen defender los intereses de los trabajadores y los pueblos.
Si este gobierno cede a las presiones de la reacción, las instituciones, la banca y la UE –como auguran Calviño, Marlaska y algunas otras declaraciones– cavará su tumba. De otra manera, sin duda conseguirá el apoyo de los trabajadores.
Para las derechas franquistas y los medios de comunicación que les son afines, el gobierno es un desastre, más que por las políticas -bastante modestas- que se recogen en el acuerdo de coalición, por las perspectivas que puede abrir en el estado de ánimo de los trabajadores y los pueblos, que pueden verlo como un medio para conseguir sus reivindicaciones, para abrir la vía de la movilización y hacerlas realidad. Por eso, desde el primer momento, incluso antes de haberse formado, le presionan acusándole de haber roto el “pacto constitucional”. Algunos sectores más exaltados, vinculados al aparato de Estado, como el general retirado Fulgencio Coll Bucher, jefe del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012 nombrado por el gobierno de Zapatero, y actual concejal de Vox, llegan a proponer que Pedro Sánchez sea acusado ante la Sala Segunda del Supremo “por traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado”. Es de esperar que, desde el aparato judicial, se multipliquen los ataques contra cualquier “desviación” del nuevo gobierno y que el tándem derechas franquistas-aparato judicial funcione para sabotear algunas de sus decisiones, como ha intentado sabotear su propia formación por medio de la inicua decisión de la Junta Electoral Central sobre Torra y Junqueras. Y no hablemos de la patronal, que reclama la urgencia de ataques a los trabajadores y toca a rebato para no perder ninguna de sus armas.
El gobierno ha anunciado en su programa una serie de medidas que recogen, aunque sea de manera limitada, reivindicaciones sentidas por los trabajadores y la juventud. Pero va a intentar aplicar ese programa en un marco extremadamente difícil para cualquier política favorable a los trabajadores, el del régimen de la Monarquía, y sometido, además, a los planes de “estabilidad presupuestaria” de la Unión Europea, que, de entrada, le exige 15.000 millones de euros de recorte del déficit.
El gobierno tiene entre sus objetivos la “estabilidad”, es decir, hacer todo lo posible por mantener el marco del régimen y evitar su ruptura. Un objetivo que ya se ha demostrado imposible en el pasado y que el tiempo va a demostrar incompatible con algunas de las medidas que propone. Y que, sobre todo, cierra el paso a una solución que satisfaga las aspiraciones del pueblo catalán y, tras él, de todos los pueblos.
Más que nunca, es necesaria la independencia de las organizaciones del movimiento obrero
En todo caso, lo que haga el futuro gobierno va a depender, en buena medida, de las exigencias y reivindicaciones que levanten los trabajadores y sus organizaciones. Las decisiones de asambleas e instancias sindicales de plantarse, o movimientos de resistencia de sectores obreros y de la juventud, deben alcanzar a la movilización general con el conjunto de las organizaciones, necesaria para echar atrás a los franquistas y la patronal.
De entrada, los sindicatos han apoyado a fondo la formación del gobierno y “saludado” las medidas positivas, aunque, curándose en salud, señalan los límites. A este respecto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, declaraba hace unos días que el gobierno “necesariamente va a tener que corregir en profundidad o revertir la reforma laboral del año 2012 y en algunos aspectos también de la de 2010”, y que, si no hay cambios en la legislación laboral, “desde luego iríamos a un escenario de movilización sin ningún género de dudas”. Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, declaraba que “recuperar la ultraactividad de los convenios y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa es un buen primer paso, pero habría que añadir de manera urgente la derogación del artículo 52.d y del conjunto de la reforma laboral”.
Los trabajadores y jóvenes más avanzados y luchadores, que desde noviembre del 2012 ven frustradas sus reivindicaciones, y cómo se ha abandonado la vía de la movilización general y sólo se les promete “dialogo social”, siguen atentamente el conflicto que se desarrolla en Francia. Un conflicto que tiene como punto de mira el intento del capital financiero y su gobierno Macron de arrebatar la mayor conquista de la clase obrera francesa: el sistema de seguridad social y las pensiones. En Francia, la movilización en curso coloca en el centro la exigencia de independencia en relación con el gobierno. Allí -como aquí- el dilema es: movilización por las reivindicaciones y por la retirada de los ataques y libre negociación versus “concertación y dialogo social”.
Por ello la Coordinadora de Pensionistas Madrid, afirmándose en las reivindicaciones, convoca una concentración ante las Cortes para el 8 de enero. Con esta convocatoria señalan que, ellos también, juzgarán al gobierno por sus hechos, y no por sus promesas.
En última instancia, para conseguir sus reivindicaciones, las organizaciones de la clase trabajadora deben mantener su independencia con respecto al nuevo gobierno, en la línea de que “gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden”, y no se someten a los intereses de ningún gobierno. Menos aún, a las de un gobierno atado a los lastres de la Monarquía, la OTAN y la Unión Europea.
Los derechos de los pueblos
Está claro que donde está chocando ya la voluntad del gobierno de respetar el marco de la Constitución y de la Monarquía va a ser en la cuestión de los derechos de los pueblos. El pueblo catalán quiere decidir libremente su futuro, lo quiere más del 80% de los catalanes. Una aspiración que no cabe dentro del marco del régimen. Los cancerberos del “orden constitucional”, el Tribunal Supremo, la Junta Electoral y el Tribunal Constitucional, están ahí para velar que no se traspasen esos límites. Y no solo eso, van a seguir actuando, a las órdenes del rey, expresadas con toda claridad en su infame discurso del 3 de octubre de 2017 y en su reciente visita rechazada por el pueblo catalán y sus representantes, para perseguir a los republicanos catalanes, para mantener en prisión a los condenados, para conseguir echarle el guante a los fugados al extranjero, para inhabilitar a Torra, al presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, a todo el que ose defender algún derecho sin someterse.
Más que nunca, los trabajadores y los pueblos de este país necesitan imponer la libertad de los presos republicanos catalanes, de todos los presos políticos, contra el aparato de la Monarquía. Es una exigencia a mantener, gobierne quien gobierne.