(Publicado en la Carta Semanal 613)

En plena ola de frío, las compañías eléctricas han subido el precio de la luz a sus máximos históricos, disparando el IPC al 3%. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy -haciendo de Poncio Pilatos- ha dicho que la única solución es esperar a que llueva. Pero no menos patéticas han sido las reacciones y propuestas de otros. Es asombroso que ante tan grave problema la mayoría de responsables políticos incluso una buena parte de los que se reclaman de los intereses de los trabajadores y la población no aborden soluciones de fondo. David Lucas, del PSOE, sólo ha podido decir que “hay una opacidad espectacular”, y que hay que hacer una auditoría de los costes y “reformar la ley del sector”. Pablo Iglesias y Alberto Garzón, como veremos, han dicho una cosa y la contraria sobre el sector eléctrico.

UGT ha pedido una investigación “para saber por qué en estos días con temperaturas más bajas y mayor consumo se producen las mayores subidas tarifarias”, y ha reclamado “un sistema de configuración de precios más transparente”, y “reducir la fiscalidad de estos suministros básicos aplicando el IVA súper reducido”, en tanto que Paco Carbonero, secretario de CCOO de Andalucía, pedía “un escarmiento bueno a las eléctricas de este país”, y añadía que “el sector energético hay que reformarlo y estamos planteando que debería haber una intervención pública importante”.

Pero entretanto, ¿tendría la gente que quemar sus muebles para calentarse o hay alguna solución?

Un negocio fabuloso…

En el año 2015, las tres mayores compañías eléctricas con operaciones en España (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) obtuvieron un beneficio conjunto de 5.009,6 millones de euros. En los nueve primeros meses del año 2016, habían ganado 4.277 millones de euros, un 1,3% más que en el mismo periodo de 2015. En ese periodo, los precios mayoristas de la electricidad en el mercado habían crecido un 20%. Pero ya habían aumentado un 52% entre el segundo semestre de 2008 y el mismo periodo de 2014, casi el doble de la media de la Unión Europea.

En 1997 se inicia la liberalización del sector eléctrico español, exigida por la Unión Europea. Se promulgó la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, que no era sino una transposición de la Directiva 96/92/CE de la U.E. sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, según la cual “los Estados miembros, basándose en su organización institucional y cumpliendo el principio de subsidiariedad, velarán por que las compañías del sector de la electricidad funcionen con arreglo a los principios de la presente Directiva, con miras a la realización de un mercado competitivo de la electricidad”. Se nos aseguró entonces que con la liberalización y el supuesto “mercado competitivo” bajaría el precio de la luz. Las tarifas actuales muestran los resultados. Y en cuanto al carácter competitivo del mercado, Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, declaraba recientemente que “no hay competencia en el sector, el Gobierno debería intervenir porque las eléctricas están vendiendo la energía al precio que quieren”.

Los beneficios fabulosos se suceden año tras año para las tres grandes eléctricas (8.192 millones en 2010, 6.341 en 2011, 7.296 en 2012, 5.896 en 2013, 7.125 en 2014 y 5.010 millones en 2015), mientras que a millones de personas simplemente no les llega para pagar la luz. El índice Arope cifra en un 11,1% el porcentaje de españoles que no pudieron calentar su casa en 2014 por no ser capaces de afrontar la factura eléctrica. Son 5,1 millones de españoles los que sufren de pobreza energética, una cifra que ha crecido un 47% en los últimos cinco años. [En 2010 eran 3.500.038 (7,5% de la población); en 2011, 3.043.184 (6,5%); en 2012, 4.252.238 (9,1%); en 2013, 3.720.975 (8%); y en 2014, 5.154.825 (11,1%)].

Una situación que se traduce en cifras terribles: veamos las cuentas de las grandes eléctricas en 2015: cortaron la luz a 653.772 hogares y tuvieron 5.010 millones de beneficio.

Como consecuencia, estas compañías aumentan continuamente su valor en Bolsa. Iberdrola es hoy la segunda eléctrica del mundo por capitalización, Endesa el noveno valor en tamaño del IBEX-35. Al mismo tiempo, emprenden grandes inversiones en el extranjero: En 2016 Iberdrola anunciaba inversiones exteriores por un monto de 24.000 millones para los próximos cinco ejercicios, lo que equivaldría a una cantidad estimada de 4.800 millones de euros al año.

Buena parte de estas inversiones no son sino el saqueo de las compañías eléctricas de otros países, y la destrucción de sus redes, sobre todo en Sudamérica (cuando Unión Fenosa absorbió la compañía eléctrica de Nicaragua, era tal la calidad del servicio que el pueblo nicaragüense la llamaba “Unión Penosa”). El antes citado Paco Carbonero recordaba que esta situación “es consecuencia de la privatización en su momento de las eléctricas y cómo se les ha ido permitido ser un poder fáctico que extorsiona los intereses de los ciudadanos”.

Recordemos que este negocio parte, en buena medida, de la privatización (en honor a la “libre competencia”) de Endesa, compañía de titularidad pública que en 1997, tras haber absorbido a Fecsa y Sevillana) era el mayor grupo energético español, con el 41% de la generación.

… con tarifas carísimas

En la segunda mitad de 2015, España era el quinto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad doméstica más cara con 23,7 euros por cada 100 kilovatios por hora, según los datos publicados de la oficina comunitaria de estadística Eurostat. Sólo nos superaban en precios caros Dinamarca (30,4 euros), Alemania (29,5 euros), Irlanda (24,5 euros) e Italia (24,3 euros).

Una parte de estos precios corresponde al precio real de la electricidad, aproximadamente un 35% del recibo. El otro 65% del recibo final, lo suman los impuestos (25%) y los costes regulados (40%), fijados por el Gobierno para financiar, entre otras cosas, el déficit de tarifa y diversas subvenciones. En cuanto al déficit de tarifa, establecido en 1997 “para compensar a las compañías el pase a la libre competencia”, es algo tan oscuro que se ha llegado a decir que “si le explican lo que es el déficit tarifario y usted lo entiende, es que no se lo han explicado bien” (lo que no impide que las eléctricas lo cobren religiosamente).

Toda esta maquinaria ha sido montada, siguiendo instrucciones de Bruselas, por los diferentes gobiernos del PSOE y del PP. Las compañías, por su parte, han recompensado generosamente a diversos políticos profesionales con puestos en sus Consejos de Administración, en los que se sientan ex-ministros, los ex vicepresidentes del gobierno Aznar y Felipe González, miembros de la Casa Real, etc. ¡Para que luego hablen de corrupción!

La única solución, nacionalización sin indemnización

El acceso a una energía barata y en condiciones de seguridad no sólo es una necesidad para los hogares, sino para el conjunto de la economía productiva. Algo que se ha demostrado que está en contradicción con el mantenimiento del negociazo de las compañías eléctricas.

La cuestión de una posible nacionalización ha estado en el debate. Así, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha reclamado una “reforma en profundidad” del sistema tarifario eléctrico y que se valoren “todas las opciones posibles”, entre ellas la adopción de medidas para “nacionalizar las empresas eléctricas”.

En cuanto a Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, ha dicho que la nacionalización de las compañías eléctricas es la última medida que se debe tomar para hacer frente a la pobreza energética ya que, a su juicio, existen “muchas opciones intermedias”, como por ejemplo un Plan de Transición Energética.

Hace unos meses, Iván Calvo, coordinador del grupo de trabajo Nuevo Modelo Energético del Círculo 3E (Economía, Ecología y Energía) de Podemos, comentaba acerca de la propuesta de nacionalización de sectores estratégicos como el energético que su partido defendía en las elecciones europeas: “La nacionalización es el último de los pasos, y hay que pensar que estamos en la Unión Europea y probablemente eso es inviable bajo el derecho europeo, y punto. En estos momentos, no es una opción esto y luego además, nacionalizar cuesta mucho dinero y España en estos momentos no se lo puede permitir (…) No vamos a mantenerlo, no lo proponemos”.

En efecto, las necesidades de la población -y de la economía productiva- chocan con las normas de la Unión Europea, adalid de las multinacionales y del capital financiero. Aquí hay que elegir: tarifas abusivas, beneficios escandalosos y cortes de luz a la población trabajadora o sumisión a las normas europeas (y, tal vez, rogativas para que llueva).

Tiene razón, desde luego, Iván Calvo, cuando dice que España no puede permitirse indemnizar a las eléctricas en caso de expropiación: El valor en Bolsa de Iberdrola era hace unos meses de 41.709 millones de euros, y el de Endesa de 16.500 millones de euros, en tanto que Gas Natural Fenosa vale 19.000 millones. Pero aquí también hay que elegir: que la población pueda calentarse en invierno o que los accionistas (es, decir, en su inmensa mayoría, los especuladores y los fondos de inversión) puedan disfrutar de su inversión. Por nuestra parte, no hay duda: esos fabulosos beneficios que hemos detallado antes demuestran que los consumidores ya han pagado de sobra el precio de una hipotética nacionalización.

En todo caso, no estamos ante una fatalidad, sino ante una consecuencia del régimen de propiedad privada de los medios de producción (incluyendo sectores vitales como el energético), pero no se puede esperar ninguna solución de este gobierno o de los que anteponen la supuesta estabilidad a las necesidades de la inmensa mayoría de la población.

Es preciso un combate, en primer lugar en nuestras organizaciones, para emprender la lucha unida por las soluciones que corresponden a los intereses de la población trabajadora.