Ante la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat

(Publicado en la Carta Semanal 679ver en catalán)

El lunes 14 de mayo, en segunda votación, el Parlament de Cataluña eligió por 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones, a Joaquim Torra como nuevo president de la Generalitat. Más allá de acabar con un largo período de suspensión de la autonomía y de aplicación del 155, lo que en estos momentos se preguntan muchos trabajadores es si la elección del nuevo presidente, y la consiguiente formación de un nuevo gobierno de la Generalitat, va a abrir una perspectiva diferente, o no. Si va a facilitar la aspiración mayoritaria del pueblo catalán de derrotar al PP y encontrar una salida democrática a la situación, o no. Veamos algunos elementos.

El gobierno de la Monarquía mantiene el 155

Inmediatamente después de conocerse quienes son los miembros que han de componer el nuevo gobierno de la Generalitat –con la inclusión de dos consellers en prisión y otros dos que han tenido que huir para no ser detenidos-, Rajoy, de común acuerdo con Pedro Sánchez y Rivera, ha anunciado que bloquea los nombramientos y que mantiene el 155. Antes de que Puigdemont-Torra sirvieran en bandeja esta respuesta, Rajoy ya había lanzado una advertencia sobre la aplicación de nuevo del 155 si el nuevo gobierno catalán se salía de la “línea”. Aviso seguido por las declaraciones del número dos del PSOE, José Luis Ábalos, que en contra de la memoria de miles de militantes socialistas que lucharon por la libertad, y dando de nuevo la espalda a toda salida política que acabe con el gobierno arbitrario de los jueces franquistas, se ha permitido decir que “cuando se ha aplicado una vez el 155, la segunda es más fácil”. ¿Puede alguien que se reclame de izquierda o de la democracia, plantear que la alternativa a las aspiraciones de la gran mayoría del pueblo de Cataluña es la amenaza de aplicar otra vez el 155 en una versión ‘más contundente’? ¿Dónde han quedado las promesas de reforma constitucional –inocuas, por otro lado– para solucionar el «encaje territorial», y sobretodo, cómo se compatibilizan las mismas con el anuncio de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal, para inventar un nuevo delito de rebelión que permita destituir a los gobernantes elegidos?

Los dirigentes del PSOE deberían reflexionar acerca de adónde conduce su política de alineamiento incondicional con el régimen monárquico, que favorece al gobierno del PP, hunde a su partido incluso electoralmente, y refuerza a todos aquellos que no quieren ninguna salida política a la cuestión catalana. Hay que añadir también que alimenta la política de bloques que el PSC dice querer combatir en Cataluña.

Las posiciones inaceptables de Torra, la “confrontación” propagandística con el Estado que no lleva a ningún sitio, no justifican en ningún caso tal alineamiento.

Un diálogo imposible

Sin embargo, acosado por C’s, y por el hundimiento generalizado del PP, Rajoy se ha apresurado también a ofrecer “diálogo” al nuevo gobierno de la Generalitat. Eso sí, dentro de la legalidad constitucional monárquica. Es decir, más de lo mismo. Por su parte, Torra, en medio de la retórica “republicana” vacía de contenido a la que recurren particularmente los dirigentes del PDeCAT, ha retado a Rajoy a que ponga día y hora para una reunión. Más allá de que pueda tratarse de un recurso propagandístico de uno y de otro, lo cierto es que el único diálogo necesario, el que respalda una amplia mayoría social en Cataluña, el que tendría sin duda una influencia decisiva en el desbloqueo de la situación -que no es otra cosa que los gobiernos de Madrid y Barcelona se pusieran de acuerdo para organizar un referéndum de autodeterminación vinculante-, no es posible. Y no lo es porque el aparato de Estado monárquico, el gobierno del PP que actúa en esto siguiendo fielmente las instrucciones, no está dispuesto a ello. Y en eso les apoya un sector del independentismo, que cree que el referéndum ya se ha hecho y que lo único que corresponde ahora es defender “el mandato del 1 de octubre” que la mitad de la población o más no reconoce. Precisamente el respeto a los demócratas que impusieron la votación el 1 de octubre, incluidos los dos millones y pico de ciudadanos, exigiría materializar la unidad de la gran mayoría de la población catalana, que exige el derecho a decidir.

Mientras tanto, los presos siguen en prisión y el acoso judicial no cesa.

¿Qué persigue la elección de Torra?

Este era el dilema que tenía la mayoría parlamentaria surgida de las elecciones del 21 de diciembre. Mayoría que debía ponerse de acuerdo para elegir un presidente y formar un gobierno. Se ha elegido un presidente, no sabemos para qué programa, pues el presidente destituido afirma que lo único que exige es que negocien con él, y está abierto a todo lo demás. Puigdemont, apoyado por el discurso sin programa de Torra, se deja las manos libres para cortejar a los reaccionarios gobiernos europeos. Eso en boca de Puigdemont, que siguió los recortes de derechos sociales de Mas, es para echarse a temblar. Recordemos que hace meses Rajoy declaró que le parecería bien tener en la Generalidad a Elsa Artadi, que organizó los brutales recortes de 2011-2012. Si Puigdemont busca el apoyo de los gobiernos europeos por ese camino, dividiría de nuevo al pueblo de Cataluña, impidiendo que éste derrote al aparato franquista.

Abunda en esa política de división la trayectoria política del nuevo presidente, sus declaraciones, su apoyo a figuras históricas catalanas que en su día coquetearon con el fascismo, lo que no puede hacer de él un defensor de los derechos del pueblo catalán, y en particular, del sentir mayoritario por el derecho a decidir. Y justamente su designación –por Puigdemont, con el apoyo directo y necesario de los grupos parlamentarios de PDeCAT y de ERC y el apoyo indirecto y necesario del grupo parlamentario CUP– viene a representar una bofetada a todos los que desde el independentismo se plantean ampliar la base social, buscar aliados y abandonar el “nosaltres sols” de catastróficas consecuencias.

Esta es la cruda realidad. En el momento en el que ERC y otros independentistas hablan de abandonar el callejón sin salida al que ha conducido el creer que se pueden imponer soluciones unilaterales cuando no se tiene el apoyo suficiente y ampliamente mayoritario de la población, la operación de Puigdemont persiste sin ofrecer ninguna salida. Es un torpedo en la línea de flotación que solo puede entenderse a partir de considerar que ni el círculo más próximo a Puigdemont, ni el antiguo entramado convergente, están interesados en ampliar la base social porque, en estos momentos, eso implica hacer un discurso social –es decir, hablar de las reivindicaciones, de la lucha contra los recortes, etc–, al que no están dispuestos a llegar, y que revelaría –retórica republicana al margen– que para ellos el interés de la burguesía está por encima del derecho a decidir. Por el contrario, están interesados en mantener un punto de «conflicto» con el Estado español por si las instituciones y gobiernos europeos acudiesen al rescate del pueblo catalán. Una idea que, como ha quedado demostrado, conduce a una vía muerta, y que combinada con el discurso «antiespañol» puede llevar a algo peor que el bloqueo. Pero en ningún caso quieren una República impuesta por los trabajadores de Cataluña y del Estado español.

La realidad es que ampliar la base social del independentismo -como dice ERC- es contradictorio con el proyecto político de Junts per Catalunya y el PDeCAT. Rechinan los oídos de muchos trabajadores cuando oyen a algunos dirigentes neoconvergentes hablar de «hacer República» y de ser «fieles al pueblo». Ellos que han apoyado las reformas laborales, que instigan las de las pensiones y se apuntan a todas las medidas promovidas por las instituciones del capital financiero. Que defienden los conciertos con las escuelas privadas, mientras la enseñanza pública se ahoga en los recortes y en barracones. Ellos que se quejan de la intervención financiera de la Generalitat que se realiza al amparo de las leyes de Estabilidad Presupuestaria, votadas por los diputados de CiU. Su «república» no es la de los trabajadores y, seguramente, tampoco la que anhela gran parte de los dos millones doscientos mil del 1 de octubre.

Continuar en un callejón sin salida o abrir una nueva perspectiva

Acabar con una política que solo ha servido para aislar al pueblo catalán es una necesidad. Dejar de confiar en los gobiernos y en las instituciones europeas es un imperativo. Como decimos más arriba, la decisión de entronizar a Torra va a ser un nuevo obstáculo para quienes entienden que la lucha por la soberanía del pueblo catalán requiere una base social más amplia, y requiere también de acuerdos que van más allá del ámbito catalán. Y al mismo tiempo va a facilitar la labor del régimen. El discurso “antiespañol” no solo sirve para enfrentar a «catalanes» con «españoles» y dividir a los propios catalanes, sino también para dar pretextos a la represión y la persecución judicial.

Pero los trabajadores de Catalunya, así como los del resto de pueblos que forman hoy parte del Estado español, tienen una lección aprendida que se asienta en la experiencia de la lucha antifranquista, por más que ésta se haya intentado sepultar tras el consenso monárquico. La experiencia dice que cuando los diferentes pueblos del Estado español han marchado juntos en la lucha por la democracia y las libertades todo ha sido posible, todo ha estado al alcance de la mano.

Más recientemente y a otra escala, la lucha de los pensionistas es una buena prueba de ello: la movilización de todos ellos, desde Barcelona a Sevilla, desde Bilbao a Madrid o Valencia, ha hecho que el gobierno retroceda aunque sea parcialmente. Este es el camino. El de la lucha unida. El de la Alianza de Trabajadores y Pueblos, por todas las reivindicaciones sociales, por los derechos democráticos, contra las medidas reaccionarias del gobierno de la Monarquía. Abriendo la perspectiva de la lucha por la República, por acabar con el régimen que niega las reivindicaciones e impide que los pueblos pueden escoger libremente su destino.

No hay más salida para el pueblo catalán que la de buscar la alianza con los otros pueblos del Estado español, erigiéndose en vanguardia de todos ellos. Quienes a día de hoy todavía siguen mirando hacia los gobiernos e instituciones europeas como garantes de las libertades, se constituyen en un obstáculo.

El nuevo presidente de la Generalitat dice que quiere ser «fiel al pueblo” y «respetar el mandato popular». Nada más loable pero los hechos deben acompañar a las palabras. Y de momento adónde acompañan es al mismo callejón sin salida de antes.

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