“El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de un sistema aéreo de vigilancia multisensor para sustituir a los aviones de patrulla marítima (MPA) y vigilancia marítima (VIGMA). Con la tramitación de este expediente, que supone la adquisición de 16 aeronaves, se procederá a recuperar las capacidades militares necesarias para cumplir los objetivos de la OTAN para España, y poder seguir garantizando los compromisos nacionales adquiridos en el seno de la Alianza. El valor estimado del contrato es de 2.034.000.000 €”.

La cita literal procede del propio Gobierno, ya que, en efecto, el pasado 12 de septiembre el Gobierno en funciones aprobó un nuevo aumento del gasto militar, por un monto total de 8.747 millones de euros. Monto que se añade a los más de 4.000 millones aprobados en los tres anteriores consejos de ministros, redondeando 13.000 millones desde finales de julio. Se trata de modificaciones sobre los presupuestos generales del Estado, que ya registraban un aumento del 26% en 2023 para los fondos del Ministerio de Defensa y que, además, comprometen gasto hasta 2035. Entre otros dispendios, se destinan 4.593 millones hasta entonces para comprar 25 aviones de combate, así como otros 16 aviones por 2 034 millones.

Es toda una declaración de intenciones: no se trata de ayudar al pueblo ucraniano -cuya primera aspiración es, lógicamente, el alto el fuego inmediato y un auténtico plan de reconstrucción y por tanto público-, sino de atender sumisamente las exigencias del imperialismo estadounidense, moneda cuya otra cara es desatender las necesidades de la clase trabajadora aquí. El gobierno en funciones, con el apoyo del PP, va más lejos que otros, manteniendo esta política, mientras varios gobiernos europeos como el polaco retiran la ayuda militar al régimen de Zelenski. Y sectores crecientes de la sociedad estadounidense piden cesar el envío de armas.

Las reivindicaciones de la clase trabajadora no se satisfacen…

¿Qué dotación extraordinaria de fondos asigna el gobierno a la lucha contra el desempleo que, de acuerdo con la OIT, alcanza a 2,7 millones de personas? ¿Qué dotación extraordinaria de fondos provee el gobierno frente al impacto de la caída salarial, que, según la OCDE, es del 5,3%? ¿Qué dotación extraordinaria de fondos concede el gobierno a la sanidad pública, cuyas insuficiencias reveló la pandemia y que cada día se revelan en la carencia de personal e infraestructuras? ¿Qué dotación extraordinaria para promover la vivienda pública, que sólo representa el 2,5% del total, frente al nada idílico 9,3% promedio en la UE, y cuando el precio del alquiler se eleva al 79,2% del salario juvenil en promedio? ¿Qué dotación extraordinaria contra la pobreza infantil cuando ésta, explica CCOO, supera el 29% del total de menores quienes siguen estando en riesgo de pobreza o exclusión social y casi un 7% sufre carencia material severa? ¿Qué dotación extraordinaria para abordar las más de 300.000 personas en lista de espera para recibir las ayudas por dependencia?

Detengámonos en un ámbito de primera importancia democrática, como es la enseñanza pública. La infradotación que padece es tan grave que, sólo por el lado del personal y de acuerdo con los cálculos de CCOO, se necesitan más de 113.000 profesionales: 34.717 para reducir ratios; 21.177 para atención al alumnado con dificultades de aprendizaje; 10 026 para la prevención y detección de dificultades y problemas y su correspondiente seguimiento; 18.995 para cubrir la figura de coordinación de bienestar y protección. Esto es, “el total en el que deberían aumentarse las plantillas docentes a nivel estatal sería, por tanto, de unos 84.915, una media de unos 4 docentes en cada centro educativo”. En lo que respecta al PAS del sector, que incluye personal administrativo, de integración social, técnicos educativos, fisioterapeutas, de enfermería, etc. “los efectivos necesarios serían 28.493”. Como concluye el sindicato, “la inversión necesaria para estas medidas es muy razonable, más si se tienen en cuenta su calado y sus beneficios estructurales. Supondrían una subida del 7,41% sobre el total de presupuesto educativo, un 0,70% sobre el gasto público total y un 0,33% del PIB de 2022”. Le ponemos número: apenas 438 millones de euros. Compárese con lo aprobado para aviones de combate.

En el caso de la sanidad, si entre 2010 y 2017 se hubieran mantenido los 70 672,15 millones de euros anuales de 2009, el sistema habría recibido para su sostenimiento un total de 565 377 millones durante ese periodo. En cambio, sólo le llegaron 526 186, lo que supone una merma de 39 191 millones de euros. Un recorte que ha destrozado la sanidad pública. No ha habido desde entonces ninguna “dotación extraordinaria” para recuperar esos recortes.

Ni empleo, ni salario, ni pobreza infantil, ni dependencia, ni sanidad, ni enseñanza, ni vivienda públicas, que son legítimas reivindicaciones de la clase trabajadora, merecen la consideración del gobierno; una consideración que sí recibe el gasto militar, para, en palabras del propio gobierno, “cumplir los objetivos de la OTAN para España, y poder seguir garantizando los compromisos nacionales adquiridos en el seno de la Alianza”. No es solamente que los fondos que se destinan a gastos militares no van a gasto social, sino también cómo se financian esos aumentos, en tanto que la deuda que generen ya sabemos que se utiliza como excusa para más y más ajustes.

…inmoladas en el altar de la ganancia del capital financiero

Cui prodest es una expresión latina siempre pertinente en una sociedad de clases, porque significa quién se beneficia. De la política de gasto público no se ve favorecida, desde luego, la clase trabajadora, cuyas necesidades el gobierno desatiende, incluso las más acuciantes, volcando cada vez más el gasto público en el sector militar. Ya hemos señalado que lo que necesita el pueblo ucraniano es el alto al fuego inmediato, la retirada de las tropas, el restablecimiento de todos los derechos y garantías democráticos, así como de un auténtico plan de reconstrucción público a su servicio, no al de los mismos conglomerados multinacionales que se están beneficiando ahora de su destrucción.

En efecto, hay sectores que están obteniendo pingües beneficios de la barbarie. Es el caso de la energía, uno de los principales campos de batalla que subyace a la guerra: “la guerra de Ucrania ha beneficiado especialmente a las compañías originarias de Estados Unidos, Chevron y Exxon (…) Chevron anunció (…) beneficios récord de 35.500 millones de dólares en 2022 (…) Exxon (…) un aumento del 144% con respecto a 2021 (…)”. Y lo mismo ocurre con el sector del armamento, otro de los más beneficiados, gracias a la complicidad de los gobiernos que lo financian: “la mayor empresa de armamento del mundo, la norteamericana Lockheed Martin, ha visto sus acciones crecer un 23,3% desde hace un año (…) Northrop Grumman, otro conglomerado de empresas estadounidense (…)también ha crecido un 23,3% (…)”.

¡Alto el fuego! ¡Retirada de las tropas! ¡No al envío de armas! ¡Retirada de las sanciones! ¡Presupuestos militares para gastos sociales!

De acuerdo con el New York Times del pasado 18 de agosto, que cita a fuentes militares estadounidenses, en Ucrania ya se habrían producido más de 500 000 muertes. Además de ello y las personas heridas, desplazadas más la propia destrucción de la base productiva, las infraestructuras sociales, las viviendas, etc., el efecto económico de la guerra sobre la mayoría es demoledor a escala mundial: “en 116 países (…) los costos totales de energía de los hogares aumentarían entre un 62,6 % y un 112,9 %, lo que contribuiría a un aumento del 2,7 % al 4,8 % en los gastos de los hogares (…) entre 78 y 141 millones de personas adicionales se verán potencialmente empujadas a la pobreza extrema”.

Todo ello respaldado por los gobiernos de la UE, incluido el español. No es ineluctable. El 23 de julio se dilucidaba en las urnas la posibilidad cierta de un gobierno ultrareaccionario de PP y Vox que, con seguridad, habría intentado ir más lejos en los ataques a la clase trabajadora. Pese a todas las limitaciones del terreno electoral, la mayoría votó para impedir la aritmética parlamentaria que hiciera posible ese gobierno. El rey, digno heredero en la antidemocrática jefatura del Estado de su padre y del dictador, intervino para tratar de lograrlo, desesperadamente. Pero la mayoría no votó sólo para que no se constituyera el gobierno ultrarreaccionario mencionado, sino también como una palanca más para que se satisfagan las legítimas reivindicaciones de la mayoría que el aumento del gasto militar impide.

El gobierno tiene una pelota en su tejado que debe deslizar o bien, del lado de respetar el mandato popular expresado por la mayoría en las calles, en los centros de trabajo y estudio, en los barrios; o bien del lado de la sumisión al capital financiero, concretada entre otras políticas reaccionarias en el gasto militar. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos incondicionalmente comprometidos por el conjunto de reivindicaciones legítimas y en particular por el alto el fuego en la estela del llamamiento de igual título y las conferencia europeas del 9 de abril y 25 de junio de 2022 y del 8 de julio de 2023. Y por su otra cara, como en la movilización que se prepara en defensa del sistema público de pensiones para el próximo 28 de octubre -que integra el rechazo al gasto militar- y por la amnistía que abra una perspectiva democrática. Porque los trabajadores no pueden esperar a que se forme eventualmente un gobierno, ya que las reivindicaciones son urgentes.