(Publicado en la Carta Semanal 547)
La Unión Europea tiene normas que aparentemente son de “hierro”, pero la realidad nos muestra que no las aplica de la misma manera en Grecia o en Alemania. En primer lugar porque no puede. Pero, además, el gobierno alemán, por encargo del imperialismo norteamericano, tiene la función de intentar poner “orden” económico y político. Los intereses de los capitalistas y gobiernos de los distintos países son contradictorios. Y en este juego, el capital financiero tiene en cuenta la crisis política y el peligro que representa el que un gobierno caiga y arrastre una crisis general. En Grecia se trataba de dar un “ejemplo ” a todos los pueblos de Europa. Todos los gobiernos se “escudan” detrás de las Instituciones de Bruselas para justificar su política. En la situación actual de dislocación de todas las instituciones europeas, producto del hundimiento económico y de la resistencia de las masas, desde Bruselas surgen posiciones “contradictorias”.
Según esas normas a que hacíamos mención, la aprobación de los Presupuestos de los estados miembros exige la aprobación previa de la Comisión Europea. El hecho de que el principal acto de soberanía nacional esté supeditado al mandato de un organismo de Bruselas que no es elegido por los ciudadanos ni se somete a su voto demuestra cómo la UE es la negación de la democracia y de la soberanía popular.
En ejercicio de esta potestad que le dan los tratados europeos, la Comisión Europea anunció el pasado día 6 su reparo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que le había remitido el gobierno Rajoy. “La Comisión opina que existe riesgo de no cumplir con las provisiones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por ello, la Comisión invita a las autoridades nacionales a ejecutar estrictamente el presupuesto de 2015 y a que tomen las medidas necesarias durante el procedimiento de tramitación”, declaraba en una rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici. Lo que expresan esas declaraciones es que, según la Comisión, existían riesgos de incumplir los objetivos de reducción de déficit comprometidos para los ejercicios de 2015 y 2016, por lo que pedía cambios “lo antes posible”. Hasta ahí la aplicación estricta de las normas antidemocráticas de la Unión Europea.
Pero por encima de las normas…
…están los intereses de conjunto del capital financiero, a los que sirven las instituciones de la UE y, en particular, la Comisión Europea. Hasta ese momento, la Comisión había cumplido con su papel establecido en los Tratados Europeos. Ahora bien, entonces interviene de forma sorpresiva el Presidente de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker, que anuncia primero que el informe de la Comisión se va a dilatar unos días para dar una respuesta “más equilibrada”, para finalmente, tras la intervención de Ángela Merkel, anunciar que la propia Comisión ha acordado dar un visto bueno “provisional” a los presupuestos de Rajoy, eso sí, anunciando que el gobierno que salga de las urnas tras las elecciones del 20 de diciembre tendrá que retocar esos mismos presupuestos para recortar unos 10.000 millones más.
Señalemos, por el momento, cómo la Comisión Europea se permite dictar a un gobierno futuro qué política debe aplicar, lo que significa que da igual lo que voten los ciudadanos y ciudadanas, y detengámonos en el cambio de opinión de la Comisión. José Carlos Díez, jefe de un lobby de economistas, escribe en El País que “es entendible que el comisario Pierre Moscovici y los técnicos de la Comisión adviertan a España para que corrija el presupuesto y evitar sanciones el próximo año. Lo que ha sido sorprendente es que Wolfgang Schaüble, el líder de la austeridad, y Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo que pilotó el rescate a España y el ajuste fiscal que nos metió en recesión en 2012, hayan salido a defender a un país incumplidor”. Efectivamente, la Comisión Europea debería, si hubiera aplicado las normas europeas como el perro guardián que es, haber devuelto los presupuestos al gobierno Rajoy para que éste introdujera los recortes de 10.000 millones de euros. Pero eso hubiera supuesto añadir leña al fuego que devora al régimen en crisis, que no es otro que el rechazo masivo de la población a la política de recortes. Y el imperialismo tiene todo el interés en mantener al régimen. Por tanto, a la hora de la verdad, los intereses de conjunto del imperialismo (esgrimidos, por ejemplo, por Merkel) se imponen, no sin tropiezos y contradicciones. Eso sí, no renuncian a su objetivo de exigir al gobierno, actual o futuro, nuevos recortes y contrarreformas.
La actitud de las Agencias de Calificación
Se puede hallar una cierta semejanza entre la actuación de la Comisión Europea y la de las agencias de calificación de la deuda. Éstas, teóricamente, defienden los intereses de los inversores (o los especuladores) que han invertido en deuda de una empresa o de un Estado. Pero, de hecho, y por encima de eso, defienden los intereses generales del capitalismo. Acabamos de ver cómo esas agencias rebajan hasta casi “bono basura” la nota de la deuda de Cataluña por su enfrentamiento con el Estado. Es normal, saben cómo apostar. Pero podría parecer menos normal que a la vez en lugar de rebajar (menos o más) la calificación de la deuda de España, afectada por el mismo conflicto, la mejoren.
Las distintas agencias del imperialismo intervienen en las crisis de los Estados, hacen opciones políticas.
Cuando algunos nos proponen “reestructurar” la deuda no deberían olvidar esto, que los distintos agentes del imperialismo utilizan la deuda y sus intereses como arma política, y así pueden responder a la derogación de una contrarreforma laboral o a la readmisión de unos funcionarios despedidos con una subida de los intereses, o incluso con una declaración de la deuda del Estado que ha restablecido los derechos obreros y readmitido a esos funcionarios como “bono basura”, reclamando intereses usurarios. No es una conjetura, es, ni más ni menos, lo que le ha sucedido a Grecia hasta que el gobierno Tsipras se ha sometido totalmente.
A esto responden algunos otros proponiendo “agencias europeas de calificación”. Cómo si, por ser “europea”, la Comisión defendiera los intereses de los pueblos de Europa y no los del capital financiero, que no tiene fronteras.
La clase obrera tiene la salida en sus manos
La Comisión Europea tiene un gran poder, que le confieren los tratados europeos y la sumisión de los distintos gobiernos a sus dictados. El Banco Central Europeo, el FMI y las Agencias de Calificación también son poderosos, sin duda. Pero ninguna de sus maniobras puede impedir que los trabajadores busquen cómo combatir el ajuste incluido en el Plan de Estabilidad 2015-2018 (que tal vez ya se quede corto), dirigiéndose en primer lugar a sus organizaciones, ni que la indignación social lleve a los pueblos a levantarse contra la opresión. Preparemos, junto con militantes obreros de distintas orientaciones, esa respuesta.
En particular, hay que levantar desde todas partes la exigencia de que las candidaturas obreras y populares se comprometan a derogar de inmediato las reformas laborales y de pensiones de ZP y de Rajoy.
Hay que remover todos los obstáculos que se oponen a la unidad obrera. La política de Rajoy exige azuzar el enfrentamiento entre pueblos, hay que acabar con ello, exigir que se cancelen las actuaciones judiciales y se allane el camino a soluciones democráticas. Todo lo contrario de lo que están promoviendo la UE y las agencias de calificación imperialistas.