Carta Semanal 930 en catalán
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El presidente del Gobierno español ha acusado al principal propietario de Ferrovial, Rafael del Pino, de falta de patriotismo y le ha reprochado su escaso grado de compromiso con el país por su decisión de trasladar su sede social desde España a Países Bajos.
Hay quienes apelan a la supuesta lealtad que la empresa debería profesar al Estado español. Pero el capital únicamente se debe al principio sacrosanto de la rentabilidad, de tal manera que aprovecha todo el potencial que el marco jurídico que regula la actividad económica ofrece para garantizar la obtención del máximo nivel de beneficio posible. Y Estas empresas hacen lo que la UE y el gobierno español les permite y les anima a hacer, porque los tratados europeos acaban con la soberanía nacional como se ha conocido hasta ahora. La UE desdibuja los marcos nacionales tanto para los estados como para las multinacionales. Sobre todo para estas.
En este marco, la elección de la nueva sede fiscal obedece a un movimiento para reducir costes mediante la rebaja fiscal que supondría tributar en el país neerlandés. Desde hace años, este país ofrece una suculenta vía para eludir el pago de impuestos sobre los beneficios generados por las compañías multinacionales, habiéndose generalizado la expresión de “sándwich holandés” para referirse a ella. Concretamente, en el marco de los convenios que este país tiene firmados con sus antiguas colonias, que en su mayoría son consideradas paraísos fiscales, es posible que se puedan transferir los beneficios generados por las empresas radicadas en Países Bajos a estos territorios. Por lo tanto, la normativa vigente permite este tipo de operaciones que, al respetar el marco jurídico no están penalizadas legalmente.
Según el ranking del Corporate Tax Haven Index de 2021, publicado por la Tax Justice Network, los Países Bajos son el 4º mayor paraíso fiscal del mundo: https://cthi.taxjustice.net/en/ Entre los primeros puestos de este mismo ránking aparecen otros países de la UE, como Luxemburgo o Irlanda.
Además, en los Países Bajos la empresa podrá intentar refinanciar su endeudamiento, aprovechándose de la mejor calificación (AAA) respecto a la española (A), de acuerdo con Standard & Poor’s. Y, de paso, hace campaña política en favor de la derecha que, nunca debe olvidarse, tiene genes franquistas. En todo caso, estos movimientos no pueden descontextualizarse de la situación general de la dislocación del mercado mundial y sus efectos en las estrategias del capital. El cambio de sede a los países bajos tiene además un objetivo prioritario: cotizar en la bolsa de New York. El 85 por ciento de los negocios de Ferrovial están en el extranjero, particularmente en los USA. Según Expansión y Cinco Días Ferrovial ya tiene nuevos contratos por más de 4000 millones de dólares en este país…es solo una sindicación de los efectos de la ofensiva de Biden por atraer empresas europeas a partir de La ley de Reducción de la Inflación, un programa dotado con 391.000 millones en créditos fiscales y subvenciones.
Este movimiento no puede ser sorpresivo para ningún otro Gobierno europeo. Desde que la Unión Europea pone en marcha, en 1986, el Acta Única Europea, garantizando el marco de libre movilidad de capitales en terreno europeo, los Estados de los países adheridos al proyecto de integración han emprendido una verdadera carrera competitiva de reformas fiscales. El objetivo ha sido el de favorecer la imposición que recae sobre el capital para, por una parte, atraer al capital internacional y, por otra, intentar retener al capital nacional. Esto ha supuesto una renuncia a una ingente cantidad de recursos por parte de los Estados, que han exigido un esfuerzo de tributación creciente a las rentas del trabajo para contrarrestar la atenuación de las cargas fiscales sobre el capital. En España, recordemos que más del 80% de la recaudación por IRPF corresponde a rentas del trabajo (que suponen menos del 50% de la Renta Nacional)
La UE es la barra libre para el capital
Todos los Estados europeos han quedado sometidos a esta presión. Y el español no ha representado ninguna excepción. A las rebajas de la imposición directa sobre los beneficios -el tipo nominal ha descendido desde el 35% hasta el 25% en las últimas décadas y se han ampliado las deducciones tanto de la base como de la cuota imponible- hay que añadir aquellas aplicadas sobre las rentas derivadas del ahorro en el IRPF – han disfrutado de un tipo impositivo único, independiente del aplicado sobre las rentas procedentes del trabajo y más reducido. Además, se han incrustado en el sistema fiscal español algunos elementos como las SICAV o las ETVE: (Sociedades de Inversión de Capital Variable y Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, entidades radicadas en España, que disfrutan de un régimen fiscal especial, mucho más favorable para sus propietarios. Dicho más claramente: una forma legal para pagar menos impuestos.
El marco fiscal que ofrece Países Bajos es acorde con los principios que imperan en el mercado único europeo, y que también han alcanzado al caso español. No podía ser de otra manera teniendo en cuenta el carácter de clase del propio proceso de integración. El Gobierno español, por su parte, alega haber instado a los propietarios de la empresa a replantearse su decisión, habida cuenta del apoyo que esta empresa ha recibido del Estado, desde su creación bajo el régimen franquista hasta el periodo reciente, durante la recesión vinculada a la pandemia.
En el periodo reciente la empresa ha recibido apoyo estatal, fundamentalmente, a través de dos vías. Disfrutó del rescate por parte del Estado sobre las autopistas de peaje mediante el que se socializaron las pérdidas de estas empresas, (con un coste estimado de entre 1.000 y 3.000 millones de euros) . Ferrovial absorbió una parte significativa de los fondos dedicados a este rescate.
Quienes critican la “falta de patriotismo” de Ferrovial resaltan el apoyo recibido por parte del Gobierno autodenominado progresista del PSOE y UP, a través de los ERTE. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha afeado la decisión de la constructora después de haberse beneficiado de las ayudas estatales durante la fase más dura de la recesión1. De este modo, la confesión involuntaria de Yolanda Díaz de que los ERTE eran ayudas a las empresas parece contradictoria con el discurso de que eran medidas para evitar despidos, y pone de manifiesto el verdadero carácter de los ERTE, a pesar de que se vendieran como un elemento más del denominado escudo social: en realidad, no representan más que otra vía diferente para socializar pérdidas de carácter privado. Es decir, más allá de que permitan maquillar las estadísticas sobre el desempleo, a través de los ERTE el Estado acaba asumiendo costes que corresponden al capital.
Añadidamente, Ferrovial, al igual que las otras grandes constructoras, manipuló durante décadas licitaciones públicas en España y formó parte de diversos cárteles, tal como ha venido denunciando la CNMV en múltiples ocasiones, aunque con escaso éxito2.
Como hemos señalado, la legislación en relación con la actuación de las grandes empresas, específicamente sus movimientos internacionales, es prácticamente de barra libre, especialmente a partir de la constitución del mercado único con el Acta Única de 1986. Lo mismo ocurre con la normativa relativa a la recepción de ayudas públicas, que apenas contiene exigencias. El Estado actúa como un auténtico instrumento para favorecer la acumulación del capital, en particular de ciertos segmentos de él, en este caso el de uno de los sectores mimados del capitalismo español, el de las constructoras, que viven en gran medida de la teta del Estado y cuya actuación está relacionada con la especulación inmobiliaria que tanto sufrimiento provoca a grandes sectores de la clase trabajadora.
¿Seguro que no se puede intervenir? ¿Acaso no es posible actuar en favor de la mayoría, que es la clase trabajadora?
Como en muchos otros casos, tal que el de Nissan en 2020, se alega la inevitabilidad de estas fugas de capitales, amparadas en una supuesta libre competencia, que sin embargo no opera en relación con procedimientos como el del reparto de los contratos públicos. En todo caso, no es inevitable. Entre quienes lo alegan se encuentran quienes buscan así tapar su responsabilidad política por no hacer nada. Pero claro que es posible intervenir, en favor de la mayoría, que es la clase trabajadora, siempre que exista la voluntad política de hacerlo. Al menos en dos planos: con carácter inmediato eliminando las ayudas públicas al gran capital, imponiendo condiciones estrictas para la actividad empresarial, incluida la gestión de sus ganancias, las condiciones laborales de su plantilla, etc.
Y más allá de lo inmediato, a través de una política que ponga los medios de producción al servicio de la población, para asegurar que los bienes y servicios elementales ostentan la condición de derechos, garantizando por tanto su acceso al conjunto de la población, y no la de mercancías, que provoca la privación de ellos para sectores amplios. Ponerla al servicio de la población, ¿cómo? A través de todos los medios necesarios, que pueden ser en primera instancia impositivos o regulatorios, pero que en ningún caso pueden excluir su expropiación.
Tal vez se nos diga que estamos impidiendo la libertad de empresa. En ese caso, responderemos que no tenemos ninguna duda en el dilema entre la libertad de empresa y las legítimas aspiraciones de trabajadoras y trabajadores a satisfacer sus necesidades, acordes a lo que su productividad hace posible. Porque, como explicaba Marx en el Discurso sobre el libre cambio, pronunciado el 9 de enero de 1848 en la Sociedad Democrática de Bruselas:
¿Qué es, pues, el libre cambio en el estado actual de la sociedad? Es la libertad del capital. Cuando hayáis hecho desaparecer las pocas trabas nacionales que aún obstaculizan la marcha del capital, no habréis hecho más que concederle plena libertad de acción. Por favorables que sean las condiciones en que se haga el intercambio de una mercancía por otra, mientras subsistan las relaciones entre el trabajo asalariado y el capital, siempre existirán la clase de los explotadores y la clase de los explotados
No os dejéis engañar por la palabra abstracta de libertad. ¿Libertad de quién? No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo. Es la libertad del capital para machacar al trabajador3.
En política económica, da igual el color político del gobierno cuando se somete a las exigencias del capital financiero, vehiculizadas a través de sus organismos (FMI, UE). Pero no se puede decir seriamente que no se puede hacer nada. Se puede hacer todo, si se ponen por delante las reivindicaciones de la mayoría, sin someterlas a ninguna condición. Ésta y no otra es la cuestión.
1 “Yolanda Díaz recuerda que Ferrovial se acogió a varios ERTE y fue salvada con dinero público español”, en el diario.es (2/mar/2023): www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9996905_1097859.html.
2 El Diario (3/3/2023): “Ferrovial manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España”: www.eldiario.es/economia/ferrovial-manipulo-durante-decadas-licitaciones-publicas-cientos-millones-espana_1_10002739.html.