(publicado en la Carta Semanal 479)
El anuncio de las direcciones confederales de UGT y CCOO de que iban a poner en marcha una campaña contra la represión sindical, bajo el lema “la huelga no es delito” con actos públicos y movilizaciones en distintas ciudades, ha tenido una respuesta inmediata por parte del aparato judicial: la detención del extesorero de UGT-Andalucía, Federico Fresneda, acusado de fraude en los cursos de formación con el fin de financiar ilegalmente a la UGT. La decisión del ministerio fiscal, por tanto del Gobierno, busca al mismo tiempo garantizar la pantomima de la sucesión monárquica y para ello es necesario que los sindicatos estén paralizados y a la defensiva.
Veamos los hechos: El compañero Fresneda fue detenido en Canarias, donde estaba de vacaciones, y donde acudió de manera voluntaria ante la Guardia Civil, que lo ha trasladado detenido a Sevilla y puesto a disposición judicial tras 72 horas de detención. El juez ha decretado su libertad con cargos. La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla defendió la presunción de inocencia de los imputados y felicitó al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla por llevar su investigación “de forma discreta y con mucha celeridad”.
Poco antes conocíamos que la Fiscalía “Anticorrupción” solicitaba a la juez Alaya la imputación de varios dirigentes de UGT y CCOO por haber solicitado en el ERE de Altadis (la antigua Tabacalera) una ayuda de la Junta de Andalucía para financiar prejubilaciones.
Cada una de esas actuaciones judiciales es magnificada y jaleada de forma permanente por todos los grandes medios de comunicación. No se trata sólo de RTVE, ABC o El Mundo, El País está ahora en primera línea, y en la SER Àngels Barceló abrió su programa Hora 25 con un alegato “anticorrupción” que ponía en el mismo saco a Urdangarín, la caja b del PP… y las declaraciones de Cándido Méndez afirmando que en la UGT no hay cajas b y que el sindicato da cursos de formación.
Una campaña que obedece a una necesidad del régimen
En efecto, la crisis abierta del régimen por la abdicación de Juan Carlos exige que el Gobierno agrave las medidas de represión antisindical. Los procesos judiciales por los ERE y la formación forman parte de la misma ofensiva antisindical que los procesos contra los piquetes de huelga y las movilizaciones. Y eso no tiene nada que ver con lo que cada cual piense de la política seguida sobre los ERE o sobre la formación. Hay que recordar que más de 260 sindicalistas por el momento están procesados en 81 expedientes en los que el Ministerio Fiscal, dependiente del Gobierno, pide 120 años de cárcel, además de otras faltas y sanciones económicas, por su actividad sindical y la participación en huelgas generales contra las reformas laborales, o en huelgas y movilizaciones sectoriales o de empresa. Ya se han producido varias condenas a prisión. Miles de sindicalistas y las propias federaciones sindicales han sido multadas por el mismo motivo.
El capital, temeroso de que la crisis del régimen le ponga en peores condiciones para atacar las conquistas sociales de la clase trabajadora y para recortar nuestros derechos y salarios, empuja al Gobierno a ir más lejos. No olvidemos que han llevado a la clase trabajadora del Estado Español a una situación límite. Seis millones de personas están en paro (lo que supone una de cada cuatro personas en disposición de trabajar). Cuatro millones de ellas no reciben prestación de desempleo de ningún tipo. Quienes aún conservan un puesto de trabajo, tampoco están, en muchos casos, mucho mejor. Casi todos han visto rebajados sus salarios una media del 10%. Y un reciente informe de la Fundación 1º de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras, señalaba que un 35% de la población ocupada en España recibe un salario mensual igual o inferior a los 641,40€ del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La Fundación alerta en ese informe de que más del 12% de los trabajadores españoles vive en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza.
Los últimos meses han demostrado que esta situación social es explosiva. Desde el Gamonal a Can Vies, pasando por la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo, se ha evidenciado la disposición de la clase trabajadora y de buena parte de la población a movilizarse para acabar con esta situación. En esa respuesta de los trabajadores tienen un lugar central huelgas como las de los barrenderos y jardineros de Madrid, de la sanidad, de Panrico o Coca-Cola. Y el surgimiento de un movimiento a escala estatal contra la Monarquía, por la República, no hace más que estimular la resistencia obrera.
Y para organizar esa necesaria respuesta y para ayudar a esta resistencia, los trabajadores y trabajadoras no tenemos otra arma para defendernos que nuestras organizaciones y, en primer lugar, los sindicatos que nuestra clase ha construido para conseguir sus reivindicaciones y defender sus conquistas. De ahí la necesidad del enemigo de clase de lanzar esta brutal ofensiva contra los sindicatos y la acción sindical, utilizando a los jueces, la Guardia Civil y sus medios de prensa.
¿Un poder judicial imparcial e independiente?
¿Puede alguien pensar que quienes organizan esa campaña tienen ningún interés en promover la “limpieza” de nuestras organizaciones? Nada de eso. Lo que quieren es acabar con ellas. Ni el aparato judicial –recordemos que fue heredado del franquismo sin depuración alguna, y que los mismos jueces que mandaban a la cárcel a los militantes obreros siguieron administrando “justicia”– ni la policía y la Guardia Civil –de las que tampoco fueron expulsados los torturadores de la dictadura– persiguen la corrupción: persiguen a nuestras organizaciones. Basta con comparar los escritos de jueces y fiscales sobre los sindicalistas con el recurso del fiscal “anticorrupción” de Baleares en defensa de la Infanta Cristina de Borbón. Por eso, merecen el rechazo de cualquier demócrata, de todo sindicalista las declaraciones como la de Carmen Castilla de “respeto” a esas actuaciones judiciales.
Hay que recordar que la actuación contra huelguistas y piquetes se basa en el artículo 315 del Código Penal, que persigue las supuestas “coacciones para secundar una huelga”. Ese artículo es una herencia franquista. Proviene del artículo 496 del viejo Código Penal de 1976 (es decir, del franquismo moribundo, cuando aún eran ilegales los sindicatos). El objetivo declarado de ese artículo era el de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.
Frente a la brutal campaña contra las principales organizaciones de la clase trabajadora, los dirigentes de CCOO y UGT deben decir ¡basta!, organizar la defensa de los sindicatos contra todos estos ataques. Los trabajadores esperan que nuestras organizaciones organicen la movilización para exigir la anulación inmediata de todos los procesos contra sindicalistas, y la derogación de toda la legislación antisindical, en especial el artículo 315 del Código Penal.
Es una cuestión de democracia
La libertad sindical es el eje de todas las conquistas democráticas impuestas por la clase obrera a la muerte del dictador.
Los ataques del aparato franquista contra las organizaciones y derechos de los trabajadores muestran que la Monarquía es incompatible con las libertades que tuvo que admitir en un momento dado.
Resulta, pues, inadmisible que las web y las declaraciones del PSOE y de IU defiendan todo tipo de causas pero ignoren el ataque contra la libertad sindical. Nadie que hable en nombre de los trabajadores puede mirar para otro lado ante lo que está pasando. El gobierno andaluz de coalición PSOE-IU debería ser el campeón de la libertad sindical frente a los desmanes de la Guardia Civil y los jueces del PP. Los candidatos a la secretaría general del PSOE deberían rivalizar en ser los mejores defensores de UGT.
Si esto no es así, ¿de qué reformas constitucionales pueden hablarnos? El régimen monárquico no se puede aguantar un día más porque les quita a los trabajadores el pan, el trabajo, los derechos más importantes y las organizaciones. Por eso no se puede dejar que proclamen al nuevo rey y todos los ataques sigan en nombre de futuras reformas.
La defensa de la libertad sindical, en particular por el fin de la criminalización de sindicalistas y la derogación del artículo 315.3, llama a la unidad de todas las organizaciones e instancias que se reclaman de la clase obrera, y a organizar un gran frente al respecto.
La política de Diálogo Social, un obstáculo para la acción de nuestros sindicatos
Para hacer frente a los ataques a la clase trabajadora, a sus derechos, sus salarios y sus conquistas sociales son más necesarios que nunca sindicatos de clase fuertes, independientes y combativos. Y sin embargo, nuestros sindicatos pierden cada día afiliación y prestigio. Muchos trabajadores y trabajadoras, especialmente los más jóvenes, no se sienten identificados con ellos. La política de desmovilización, de buscar acuerdos con el Gobierno a través del diálogo social, la tregua de hecho otorgada al Gobierno desde la última huelga general desarman a los sindicatos, los alejan de los trabajadores y trabajadoras, y desmoralizan a los cuadros sindicales.
Defender hoy las organizaciones exige un cambio de rumbo, que pasa por asumir plenamente las funciones para las que fueron creadas, es decir, la defensa de los intereses específicos de la clase trabajadora, opuestos a los de la clase capitalista. En una sociedad dividida en clases no existe ningún “bien común”. Los sindicatos deben enfrentarse a los gobiernos que atacan a los derechos y conquistas de la clase trabajadora, y organizar el combate en defensa de salarios y pensiones, por la derogación de la reforma laboral, contra las leyes “mordaza”, la ley del aborto, los recortes en sanidad y enseñanza. Es decir, ponerse en cabeza de la organización de la lucha hasta el final contra el gobierno Rajoy, organizando en esa lucha un amplio frente que agrupe a los millones de trabajadores y jóvenes que quieren acabar con la miseria a que nos llevan los gobiernos sometidos a los mandatos de la Troika.
No cabe diálogo social, no se puede seguir patéticamente mendigando acuerdos con un gobierno que ha demostrado ser el peor enemigo de la clase trabajadora. No se puede negociar con un gobierno que fija una agenda de negociación en la que sólo está la aplicación de su política de recortes, de la que están excluidas todas las medidas de recuperación de derechos. Aceptar ese escenario supone traicionar las aspiraciones de la clase trabajadora y de la inmensa mayoría de los afiliados y afiliadas sindicales, y sólo puede servir para ayudar al Gobierno a mantenerse en el poder, es decir, a mantener todos los recortes y aplicar otros nuevos. Organizar esta movilización hasta el final es la mejor manera de hacer frente a la campaña antisindical y recuperar la confianza de los trabajadores y trabajadoras.
Para esta política, única que puede defender y salvar a los sindicatos, es imprescindible la independencia económica y que sean los propios sindicatos los que, por sus propios mecanismos democráticos y sin injerencias externas, eliminen a quienes han traicionado los principios de honradez y limpieza y solucionen sus problemas.
Más de mil doscientos sindicalistas han suscrito una carta a Toxo y Méndez encabezada por la afirmación: “ante el anuncio de un nuevo diálogo social, hay que derrotar al gobierno Rajoy y no darle oxígeno”. El pasado sábado 28 de junio, una reunión de la Plataforma de Sindicalistas ha acordado pedir una entrevista a ambos secretarios generales para entregarles las firmas. Animamos a todos los afiliados y activistas sindicales a suscribir y difundir la carta y a apoyar la celebración de esa entrevista.