(Publicado en la Carta Semanal 787 – ver en catalán)

La CEOE ha convocado una cumbre de empresarios con el objetivo, según explica El Periódico, de “consensuar una hoja de ruta común que enarbolar durante el debate de la reconstrucción del país”. Esta cumbre inició sus sesiones el pasado día 15 y tiene previsto seguir hasta el día 25. La presiden el propio presidente de la CEOE,  Garamendi, el presidente de Inditex, Pablo Isla, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, y se prevé la participación de 131 ponentes, entre los que se encuentran los representantes de la mayoría de empresas del IBEX 35.

Desde el primer día, este foro de empresarios no sólo ha pretendido dictar un programa de gobierno sino que exigió un pacto de Estado. O sea, reclaman al gobierno un acuerdo con los representantes políticos de las instituciones heredadas del franquismo: el Partido Popular. No les basta con el posible pacto sobre los presupuestos del 2021 con Ciudadanos, ya que son conscientes de que esa «sombra del franquismo» no tiene el necesario peso específico. Puede, sin duda, servir como bisagra o caballo de Troya, para inclinar al gobierno a abandonar algunas de las medidas incluidas en el acuerdo de coalición, pero el objetivo va más lejos.

El «consenso» que los grandes empresarios piden tiene un contenido preciso

Recordemos el Acuerdo social  del 11 de mayo de la patronal con gobierno y sindicatos, que prolongaba los ERTE por fuerza mayor, suprimiendo la obligación de mantener el empleo durante seis meses que se introdujo en marzo. Este acuerdo giraba, en los hechos, sobre el mantenimiento en la práctica de la reforma laboral y tuvo, también, como resultado rebajar las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social de los 3,5 millones de afectados por los ERTE, que ahora de nuevo piden prolongar hasta diciembre.

Las intervenciones en el foro empresarial han sido coincidentes y precisas. Uno tras otro, los grandes empresarios han exigido ayudas públicas a las empresas y menos impuestos a las empresas, más privatizaciones y mantener, e incluso profundizar, la reforma laboral. Más de lo mismo.

Más allá, los empresarios piden «gestionar» las ayudas europeas que se supone que van a llegar, y que se utilicen en la “colaboración público-privada”. Unas ayudas que claramente aparecen como subvenciones para reconversiones industriales o de servicios, abriendo una perspectiva sólo comparable al desmantelamiento industrial organizado por el gobierno de Felipe González en los años 80, como “preparación” para entrar en el Mercado Común de la época.

La OCDE ya presentó sus 7 medidas: desde mantener las reformas laborales hasta reducir el gasto (social). Son un secreto a voces las medidas que pretenden hacer adoptar y que deberían concretarse en los presupuestos. Y entre ellas se incluye una nueva reforma de las pensiones, que el ministro Escrivá pretende aprobar en el Pacto de Toledo.

Unanimidad en la prensa

El miércoles 17 pudimos comprobar la coincidencia en la misma línea editorial de los principales periódicos, desde La Razón hasta El País.

Así, ABC decía que «Sánchez necesita mirar hacia el PP». La Vanguardia explicaba que «Casado alarga la mano para pactos de Estado y Sánchez recoge el guante», en tanto que El País hablaba de «reforma de pensiones, reforma fiscal, nuevo estatuto de los trabajadores… pacto político en la vía de lo propuesto por el Banco de España o el foro de los empresarios».

Todos ellos son conscientes de la dureza de las medidas de ajuste que según el capital exige una situación en que el gasto público se ha desbocado, mientras los ingresos públicos se desploman, en que la deuda externa que ya estaba en el 100% del PIB según todas las previsiones va a remontar hasta el 115 o 120%. Los portavoces del capital piensan que para esa tarea hay que recurrir a los seguros: el PP amarrando al PSOE. Argumentan que unas medidas tan duras difícilmente podría aplicarlas un gobierno de coalición con apoyos parlamentarios precarios y que, en algunos casos, pueden desaparecer en cuanto se planteen recortes sociales. En sentido contrario argumentan los que dicen que para esas medidas mejor tener con el Gobierno a Podemos y a los sindicatos. Para llevarlas a cabo necesitan un amplio consenso que implique, además, a los sindicatos a través del “diálogo social”.

La misma polémica se estira cuando algunos dicen que para ir a Bruselas, mejor no ir de la mano de ERC, a lo que les contestan que los bancos europeos no saben quién es ERC. Los que sí lo saben son la muy rancia casta de los consejos de administración del Ibex 35.

Otros intentan romper la alianza de gobierno, con una campaña que viene expresándose de diferentes maneras desde hace tiempo, y cuyo penúltimo episodio (los documentos de la CIA, sobre el GAL y Felipe González) busca romper la coalición de gobierno y aumentar las contradicciones entre el PSOE y UP, con el objetivo de desalojar a esta última del gobierno.

Volver a la «vieja normalidad”, en condiciones distintas

Qué lejos quedan ya  las promesas que nos hicieron al comienzo de la pandemia de que todo iba a cambiar, de que se iba a proteger y recuperar la industria, de que no iba a haber más recortes en la sanidad y los servicios públicos. Que se lo digan, ahora, a los trabajadores de Nissan, de Alcoa, de Iveco, de Continental, que se enfrentan a la vieja práctica de los cierres y deslocalizaciones de la industria. Que se lo digan a los sanitarios contratados para hacer frente al coronavirus y que ahora están siendo despedidos, a pesar de la monstruosa lista de espera que se ha generado en la Sanidad Pública. La “nueva normalidad” se asemeja cada día más a la “vieja”.

El protagonismo de la patronal muestra al mismo tiempo que no se siente plenamente representada por las tres derechas de Colon. Una división de la derecha que en su día ABC calificó de muy negativa. A esto se suma que la Monarquía difícilmente puede jugar el mismo papel que el del 3 de octubre de 2017 (contra los catalanes). Por el contrario, hundida como está en el parasitismo y la corrupción,  pone al Estado en peligro, lo que requiere que la arropen el conjunto de las instituciones franquistas, desde los jueces hasta el ejército, pasando por las fuerzas de orden público.

Un pacto de Estado es una apuesta arriesgada y más cuando la mayoría de los trabajadores ya hace el balance de esta crisis: muchos vienen a decir que «quieren hacernos pagar las consecuencias, cuando hablan de reconstruir hablan de sus beneficios»

Por eso, todos esos planes tropiezan en la misma piedra: la resistencia de la clase trabajadora y de la mayoría de la población en general.  Resistencia que se observa en los trabajadores de Nissan que no se resignan al cierre de su empresa, en las movilizaciones del personal de la sanidad y de la población de los barrios, donde vecinos y vecinas se concentran ante su hospital o su centro de salud, de los pensionistas que proclaman que no van a aceptar ningún recorte de pensiones, de los estudiantes y profesores que exigen revertir los recortes. Del conjunto de la población que se aferra a sus conquistas y reivindicaciones.

La responsabilidad de las organizaciones que hablan en nombre de la clase trabajadora es dar forma organizada a esa resistencia. De ello depende también su futuro.