El Gobierno de Pedro Sánchez y las exigencias de los trabajadores y los pueblos

(Publicado en la Carta Semanal 712ver en catalán)

El mensaje que la ex-consellera de la Generalitat de Catalunya y antigua responsable de UGT en Gerona, Dolors Bassa, ha difundido desde la prisión de Puig de les Basses, donde la tiene recluida el poder judicial franquista, pidiendo  a los republicanos catalanes que hagan lo posible por no “dejar caer” al Gobierno de Pedro Sánchez, porque “la alternativa a tumbar a este Gobierno es mucho peor” podría resumir lo que sienten muchos trabajadores y trabajadoras, tanto en Cataluña como a lo largo y ancho de todo el Estado. Porque Dolors Bassa no basa su carta en la defensa de lo que el gobierno haya hecho, sino de lo que podría venir si cae.

Qué duda cabe de que la moción de censura que echó a Rajoy del gobierno despertó muchas esperanzas en millones de personas, que esperaban del nuevo gobierno que derribara la obra funesta del gobierno de PP, que derogara las principales contrarreformas, pusiera fin a los recortes en los derechos y los servicios públicos, diera satisfacción a las reivindicaciones más urgentes y buscara una salida democrática a las aspiraciones del pueblo catalán.

Tímidos pasos adelante

Tampoco cabe duda de que la inmensa mayoría de la población saluda las medidas adoptadas en los últimos días, la subida del salario mínimo a 900 euros, que ha beneficiado a millón y medio de trabajadores y, sobre todo, trabajadoras, la subida de las pensiones, y especialmente de las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad Lo que, de nuevo, afecta especialmente a las mujeres de la clase trabajadora, la subida de salarios de los empleados y empleadas públicos, etc.

Ahora bien, muchos se preguntan por qué sólo estos tímidos pasos adelante, por qué, después de seis meses de gobierno, el gobierno no ha tomado otras medidas. Por qué no se han derogado las reformas laborales, la LOMCE, la Ley Mordaza, el infame artículo 315.3 del Código Penal, incluso la reforma de pensiones de Rajoy (y la de 2011), etc. Y también por qué siguen los republicanos catalanes en prisión, por qué siguen acusados de delitos falsos por los que se les piden 200 años de prisión. Y por qué siguen cerrados todos los caminos que podrían conducir a una solución política a la “cuestión catalana”.

De alguna manera, Pedro Sánchez ha respondido a estos interrogantes cuando ha insistido, a propósito de Cataluña, que todo debe someterse al marco de la Constitución de la Monarquía.

Los límites del Régimen

En efecto, las aspiraciones de los trabajadores y los pueblos chocan con el rígido marco que el Gobierno Sánchez se ha autoimpuesto, el del respeto de las reglas del Capital Financiero y, en particular, del Régimen de la Monarquía, sus instituciones y sus reglas. Una jaula en la que también se han encerrado los dirigentes de Unidos Podemos y de las principales organizaciones obreras.

Lo señalaban el sábado pasado los 85.000 manifestantes que, en Bilbao y Bayona, en manifestaciones que contaban con el apoyo de todos los sindicatos, reclamaban un cambio de la política penitenciaria. En el comunicado final de esas marchas se decía que el gobierno “pareció dispuesto a tomar algunas iniciativas de pacificación y convivencia que dieron esperanza a miles de personas”, pero “no hace sino dar largas, subiendo el listón de exigencias para el cierre del ciclo de violencias y represión”.

Veamos, como ejemplo, el Reglamento de las Cortes. Asentados en mayoría en la Mesa del Congreso, PP y Ciudadanos -que no tienen mayoría en la Cámara- bloquean la tramitación de la derogación de las principales leyes de Rajoy (LOMCE, Ley Mordaza, etc.) y del artículo 315.3. Se apoyan en el reglamento del Congreso, que impide a la mayoría de diputados que apoyó la moción de censura sustituir a la Mesa por otra y que les permite, prorrogando los trámites y abriendo una y otra vez nuevos plazos de enmienda, bloquear cualquier iniciativa parlamentaria.

Con ese mecanismo de “filibusterismo” parlamentario, han conseguido imponer al gobierno Sánchez un estrechísimo límite de déficit, muy por debajo del que la propia Comisión Europa había aceptado, y condicionar, así, los propios Presupuestos del Estado, limitando los fondos que tan desesperadamente necesitan los servicios públicos, estrangulados por años de “austeridad”. Y el gobierno de Sánchez, al aceptar jugar con esas reglas tramposas, ha tenido que tragar.

Del mismo modo, la sumisión a la Constitución de la Monarquía, que se basa en la “indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles”, le ata de pies y manos para dar cualquier paso que responda a las aspiraciones del pueblo de Cataluña, donde más de las tres cuartas partes, incluyendo independentistas y no independentistas, quiere poder decidir libremente sobre su futuro.

Para otras medidas, como la derogación completa de las reformas laborales, el gobierno aduce que no tiene mayoría y que sólo podría derogar algunos aspectos. Incluso, los dirigentes de UGT y CCOO, aceptan, aunque sea a regañadientes, este argumento y se limitan a reclamar que esa modificación parcial se haga cuanto antes. Como si la movilización de los pensionistas, que impuso que dejara de aplicarse la reforma de pensiones de Rajoy, e incluso, que el mismo gobierno Rajoy acabara por caer, no hubiera demostrado que la “aritmética parlamentaria” puede ser doblegada por la presión de las masas.

¿Sobrevivirá el gobierno Sánchez?

El elevadísimo porcentaje de abstención obrera y popular en las elecciones andaluzas, que llevó a la expulsión del PSOE del gobierno andaluz, muestra el hartazgo de la población trabajadora con los gobiernos “de izquierda” que se someten a las instituciones y las reglas del Régimen y aplican recortes en servicios esenciales “por imperativo legal”, como llegó a decir el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y miembro de Izquierda Unida, Diego Valderas, cuando era Vicepresidente en el anterior gobierno de Susana Díaz.

No desconocemos las presiones que el aparato judicial y militar, y las demás instituciones del Estado, ejercen sobre el gobierno. Por ejemplo, el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, marcando línea sobre la cuestión catalana, impone límites muy estrechos a este respecto. El poder judicial franquista, aplicando las instrucciones del Borbón, ha decidido mantener en prisión preventiva a los republicanos catalanes y mantener las acusaciones más graves (algo que muchos juristas han criticado abiertamente). Tampoco olvidamos las presiones que ejerce la “quinta columna” de ese mismo aparto de Estado que suponen los Page, Lambán, Susana, etc., desde dentro del propio Partido Socialista. Pero si el gobierno Sánchez sigue defraudando las expectativas de la inmensa mayoría de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, no le van a valer como excusa las “circunstancias” y las limitaciones que le impone el Régimen, ni las presiones de los “barones”.

Hay que recordar que esos mismos “barones” impusieron en el Comité Federal del PSOE la destitución de Pedro Sánchez y la formación de una gestora para imponer al PSOE el apoyo al gobierno de Rajoy en bien de la “estabilidad del Régimen”. Pero la movilización de los militantes del PSOE derrotó a Susana Díaz, candidata del aparato felipista, en las Primarias, devolvió a Pedro Sánchez a la Secretaría General y abrió la vía a la moción de censura. Un hecho que, como la movilización de los pensionistas, demuestra que existe la posibilidad para hacer las cosas de otra manera, apoyándose en la base obrera de su propio partido y en la clase trabajadora y sus organizaciones.

En última instancia, el gobierno Sánchez puede seguir encerrándose a sí mismo en el marco del respeto al marco del Régimen, construido para impedir la satisfacción de las reivindicaciones, o dar un paso adelante para, apoyándose en las masas, tomar medidas en favor de la inmensa mayoría, saltándose los límites que impone la Monarquía. De lo que decida dependerá, en última instancia, su supervivencia.

En última instancia, la situación está marcada por un contexto del que ni Sánchez ni nadie puede librarse: el combate diario por cada una de las reivindicaciones más inmediatas -incluso la reforma de los aspectos más nocivos de la Reforma laboral de Rajoy, como piden hoy los dirigentes sindicales- se enfrenta y enfrentará a la oposición feroz de las instituciones del capital financiero, tanto las nacionales (Banco de España, CEOE…) como las internacionales (FMI,UE…) y por encima de todo la Monarquía y sus instituciones. Por eso, llevar hasta el fin este combate exige relacionar estas reivindicaciones con la necesidad de acabar con el régimen abriendo la vía a la República, a la Unión de Repúblicas libres, es decir, a la democracia.

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