(Publicado en la Carta Semanal 593)

El pasado 12 de septiembre, las comisiones ejecutivas de CCOO y UGT hacían pública una declaración en la que, bajo el título “la situación política y las prioridades del movimiento sindical”, daban a conocer su opinión sobre el momento político.

Sin duda muchos afiliados y militantes habrán saludado que las principales organizaciones de la clase trabajadora den un paso adelante en una situación cuya salida para el conjunto de la clase no es indiferente. Tienen razón. Es lo que habían reclamado los delegados y delegadas en los congresos de UGT y muchas instancias de CCOO.

Desde nuestro punto de vista, que parte del respeto de la independencia recíproca de partidos y sindicatos, no es habitual que incidamos en las decisiones de las instancias sindicales, pero la propia declaración conjunta es muy poco habitual, por su contenido.

Ante todo, tenemos que dejar clara una premisa. La Monarquía heredera del franquismo, con el entramado de sus instituciones  es el obstáculo central que se opone a la satisfacción de cualquier aspiración democrática de los trabajadores y de los pueblos, en particular el catalán. Algo que de forma creciente es el sentimiento de sectores cada vez más importantes de trabajadores, de los pueblos. La necesidad de barrer estas instituciones, que no puede resolverse con una combinación parlamentaria o nuevas elecciones, coloca en primer lugar la necesidad de la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos para imponer un marco democrático: la República.

Una vez explicada nuestra postura de que no hay salida para la inmensa mayoría que no sea acabando con el régimen podrido, no compartimos la idea, más bien ultimatista, de algunos que vienen a decir que a los trabajadores y trabajadoras les da igual qué gobierno se forme. Porque –aunque sea obvio hay que decirlo– no sería lo mismo un gobierno que derogara la reforma laboral, la LOMCE, el artículo 315.3 y la ley Mordaza y que revirtiera, aunque fuera parcialmente los recortes en los principales servicios públicos. Habría que recordarles a quienes exigen como condición una “ruptura con la Troika” que esa ruptura se plasma en medidas concretas.

La declaración de UGT y CCOO invita a la reflexión a todo el movimiento obrero. Echemos un cuarto a espadas.

¿Es necesario que haya gobierno, cualquier gobierno?

La declaración comienza por decir que “CCOO y UGT consideramos profundamente negativa la situación de parálisis e incertidumbre política en la que se encuentra el país, dada la incapacidad de las fuerzas políticas para conformar mayorías que permitan disponer de un Gobierno con suficiente apoyo parlamentario” y añade que “la situación que venimos arrastrando desde finales de diciembre de 2015 condiciona las posibilidades de consolidar el incipiente crecimiento económico; retrasa la adopción de medidas para contrarrestar los estragos de la gestión de la crisis”, para llegar a la conclusión de que “este país debe acostumbrarse a ser gobernado desde el diálogo, la negociación y el acuerdo”.

Algo que, sin duda, ha debido dejar perplejo a más de un afiliado o activista sindical. Como el compañero que decía hace poco en una asamblea obrera que él estaba muy a gusto sin gobierno, porque así llevamos casi un año sin recortes y en cuanto se forme nos va a caer encima lo más grande. La semana antes, los participantes en una escuela de formación de UGT aplaudían a rabiar la intervención de un delegado que felicitaba a Pedro Sánchez por haberse negado a llegar a un acuerdo con el PP. Y es que el conjunto de la clase quiere diálogo, negociación y acuerdo, pero no con los franquistas del PP y su apéndice Ciudadanos, sino entre las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras y las que defienden los derechos de los pueblos. Y no un nuevo gobierno de los corruptos, reaccionarios y recortadores del PP con el apoyo (abierto o vergonzante) del Partido Socialista.

Una propuesta contradictoria

Las ejecutivas de CCOO y UGT consideran indispensable “intentar fraguar un acuerdo que, a nuestro juicio, debería girar en torno a nuestro documento conjunto ’20 Actuaciones Urgentes para el Progreso y el Bienestar Social’”. Más adelante señalan algunas de esas medidas: “Hay que derogar las dos reformas laborales. Hay que activar la ley de atención a las personas dependientes. Hay que recuperar la universalidad y la gratuidad de nuestros servicios públicos de educación y sanidad. Hay que garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Hay que devolver la confianza de los jóvenes en el futuro abriendo oportunidades para su integración en el mercado laboral en condiciones dignas. Hay que aprobar un plan integral por la igualdad y contra la violencia de género. Hay que ampliar la cobertura y mejorar las prestaciones por desempleo y hay que regular una Renta Mínima para las personas y familias sin ningún tipo de ingresos”. En su conjunto, esas medidas incluidas en las “20 actuaciones urgentes” -aunque no les faltan algunas contradicciones– recogen buena parte de las reivindicaciones de la clase trabajadora.

Es lógico preguntarse quiénes deberían “fraguar” ese acuerdo. ¿Es posible un acuerdo de ese tipo con el PP, o incluso con Ciudadanos? Muchos pensamos que no y no han faltado en los últimos meses declaraciones sindicales que parecían ir en ese sentido.

Suscita interrogantes esta afirmación: “es necesario revisar con las instituciones europeas los plazos para la consolidación fiscal, a fin de no someter a la sociedad española a mayores sacrificios”. ¿Se pueden combinar las reivindicaciones con las exigencias de ajuste de Bruselas, con más o menos plazo? Muchos recordarán al leer esto las experiencias de “negociación” con la Unión Europea que en su día prometieron Tsipras y Hollande. Porque ambos han acabado imponiendo los peores recortes.

Del mismo modo, la declaración reclama “restablecer el diálogo social, tanto entre empresarios y sindicatos, como entre los interlocutores sociales y el Gobierno, asentándolo definitivamente en la dinámica institucional democrática, y otorgando el valor y respeto que corresponde a sus contenidos y resultados”. ¿No es lícito preguntarse para qué volver a una vía fracasada como el diálogo social con el gobierno del PP, que sólo sirve para que este gobierno consiga la “paz social” a cambio de nada?

Hace falta una salida democrática

Llama la atención que una declaración del 12 de septiembre no haga referencia a los cientos de miles de manifestantes en los actos de la Diada catalana, ni a las tomas de posición de ambos sindicatos en Cataluña. Pero las comisiones ejecutivas de UGT y CCOO son, sin duda, conscientes de la grave situación de crisis del régimen monárquico, y por eso se adelantan a plantear la necesidad de “reformar la Constitución para regular en ella nuevos derechos económicos, sociales y políticos y para configurar un Estado Federal donde encuentren acomodo las diferentes realidades nacionales que conforman el Estado Español”.

Ahora bien, todos sabemos los obstáculos legales y reglamentarios, y sobre todo la hostilidad absoluta de PP y C’s a la búsqueda de soluciones democráticas que permitan la convivencia y colaboración fraterna entre los pueblos. Que den a las cinco diadas masivas una respuesta –que ya tarda– basada en los derechos de los pueblos.

Qué duda cabe de que los trabajadores –y los pueblos, no lo olvidemos– necesitan una salida democrática y que los principales sindicatos obreros deben ser protagonistas en esa salida. Ahora bien, dados los obstáculos, ¿no debería partir la búsqueda de esa salida de un llamamiento a la movilización unida de la clase trabajadora en defensa de sus reivindicaciones, por las libertades y la democracia, por un gobierno que les dé satisfacción? La clase trabajadora es la única capaz de resolver la crisis política en beneficio de la inmensa mayoría, pero eso sólo puede hacerlo con sus propias herramientas de lucha. Y de esas herramientas tienen en buena medida la llave UGT y CCOO, por eso hay que apoyarse en su exigencia de un gobierno que satisfaga las reivindicaciones.