El reino de las subvenciones

(Publicado en la Carta Semanal 692 ver en catalán)

Hace unas semanas hablábamos en esta Carta Semanal de algunos elementos de corrupción que afectan a la cúspide del Régimen, la Casa Real. Hoy vamos a detenernos en una cuestión no menor: cómo el régimen  mantiene a partidos y organizaciones a través de un entramado de subvenciones. Pero el análisis es necesario abordarlo separando la financiación pública de las instituciones y asociaciones cuya existencia  se asienta en el nacimiento y continuidad del Estado (el PP, la Iglesia, las órdenes religiosas, las fundaciones del  franquismo, ONGs, asociaciones patronales) de la financiación pública que el Estado otorga a organizaciones y sindicatos nacidos del combate histórico de la clase obrera. Las primeras solo pueden vivir  de esas subvenciones, mientras que las segundas,  en algunos casos con importantes recursos propios, reciben subvenciones que solo tienen el objetivo de comprometer sus políticas.

Para quien defiende la independencia de los partidos y organizaciones de la clase trabajadora con respecto al Estado, la cuestión no es de menor importancia, ya que las subvenciones son el cordón umbilical que hace a las organizaciones dependientes del Régimen.
Recientemente se hacía público el dato de que sólo 66.000  de los más de 800.000 afiliados declarados por el PP  reunían un requisito exigido para votar en las primarias de ese  partido: pagar las cuotas. Es decir, que sólo el 7,6 por ciento de los supuestos afiliados paga su cuota. Son menos que el total de candidatos que el PP presentó en las elecciones municipales de 2015. Es decir que el PP -y la misma situación tiene los demás partidos que actúan en las instituciones del Régimen- vive de las subvenciones.

Subvenciones  a los partidos políticos

La inmensa mayoría de los fondos que legalmente manejan los partidos que actúan en las instituciones del Régimen procede de las subvenciones. De los fondos que reciben ilegalmente, de la corrupción, no vamos a hablar hoy, pero ahí están los múltiples escándalos para demostrar que no son pocos precisamente.

Los últimos datos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas (correspondientes al año 2013) confirman que la financiación pública de los partidos políticos supone el 82,2% del total, mientras que los donativos ascienden sólo al 2,2% (y los “donativos” habría que ponerlos en duda: la antigua CiU del 3% era la que más donativos recibía). Sólo el 15,47% de los fondos totales corresponde a las cuotas de los simpatizantes y afiliados.

Los partidos políticos reciben, sólo del Estado, 50 millones para gastos ordinarios, 2 millones para sus Fundaciones, más las subvenciones electorales (unos 50 millones en cada elección general).  A eso hay que sumar subvenciones en los Parlamentos Autonómicos y  las Corporaciones Locales.

Las subvenciones vienen de orígenes muy diversos: subvenciones públicas para gastos electorales en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General; en la legislación reguladora de los procesos electorales de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos; subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento; subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente; las otorgadas por los Territorios Históricos vascos y, en su caso, por las Corporaciones Locales.

Además hay subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que puedan establecerse en la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

A todo eso hay que sumar las aportaciones que los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales.

Es difícil hacer un cálculo total, pero nos daría la cifra de entre 150 y 200 millones de euros al año sin contar las subvenciones electorales y las eventuales en caso de referéndum.

No cabe duda de que esas subvenciones hacen a todos esos partidos y organizaciones (incluyendo a los que representan electoralmente a la clase trabajadora) dependientes del Régimen. Y condicionan decisiones políticas.

Por poner un ejemplo: la decisión de Izquierda Unida de ir en las últimas elecciones generales junto con Podemos fue determinada, en buena medida, por los malos resultados electorales en las elecciones anteriores, que, al implicar una caída brutal de las subvenciones, ponían en peligro su misma existencia económica. Una decisión electoral que les obligó a dejar de lado en el programa electoral elementos como la salida de la OTAN o el cierre de las bases militares USA.

Las subvenciones a los sindicatos han hecho mucho ruido, pero son menores al lado de las que reciben los partidos: 10 millones de euros. Y suponen no más del 25% de su presupuesto total, frente al 82,2% que suponen las que reciben los partidos.

Aún así, se ha demostrado que vivir de las subvenciones es dejarle la llave de la caja al enemigo: le ha bastado al Estado cerrar el grifo durante la crisis para poner a los sindicatos en graves apuros financieros y llevarlos a recortar apresuradamente gastos, forzar fusiones de federaciones y a realizar EREs de sus empleados. Por cierto, que reciben subvenciones no sólo UGT y CCOO, como se dice: las reciben todos, los “nacionalistas”, la CGT, la USO, los corporativos…

La “nueva política” no se diferencia de la “vieja” en la cuestión de las subvenciones. Han hecho bandera de no pedir préstamos a los bancos para entrar de pleno en la financiación por subvenciones.

Y como ejemplo ilustrativo, de un total de casi 500.000 inscritos en Podemos, apenas 14.000 aportan algún tipo de cuota a la organización.

Dice un viejo refrán que “quien paga la orquesta, decide la música”. No puede haber organizaciones independientes sin financiación independiente, a base de cuotas y aportaciones de los militantes y de campañas económicas. Y la clase obrera sólo puede avanzar si sus organizaciones son independientes. Alguno dirá que es imposible construir organizaciones sin subvenciones pero la experiencia histórica es el mejor argumento contra esa idea. Recordemos que en el Estado Español ha habido potentes organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora financiadas sin subvenciones.

Claro que los partidos y sindicatos no son los únicos que viven de las subvenciones ya que por ejemplo las supuestas ONGs reciben más de 400 millones.

Sólo del Gobierno Central unos 231,29 millones de euros a lo que hay que sumar ayudas de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, etc. Las subvenciones suponen en la mayoría de los casos entre un 80 y un 100% de su presupuesto total.

Los militantes y organizaciones que nos invitan a participar en ellas, la juventud a la que atraen con tantos cantos de sirena deberían preguntarse como puede ser “no gubernamental” una organización que depende del gobierno para subsistir.

Con la Iglesia hemos topado

Claro que la gran campeona de las subvenciones es la Iglesia Católica bajo el régimen “no confesional” de la Monarquía: de entrada recibe 249 millones de  Asignación IRPF, que suponen más del 95% del presupuesto de la Conferencia Episcopal según los últimos datos publicados.  A eso hay que sumar 1.000 millones de ahorro por la exención del pago de impuestos como el del IBI o el de patrimonio.

Además, la Iglesia Católica recibe del Estado 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores-catequistas de religión de los colegios públicos (600 millones de euros) y para financiar centros concertados. Recibe, además, 25 millones para “funcionarios religiosos” (para el pago del sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes en cárceles y cuarteles) y 290 millones en subvenciones para abonar los gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local.

La Iglesia católica  suma un total de 2.165 millones (sin contar los 4.000 millones de la enseñanza concertada), 6.165 millones si los sumamos.

Así mismo deja de pagar en execciones de impuestos que pagamos el resto de los mortales ingentes cantidades: están exentos de IBI los centros de culto, los domicilios de Obispos, canónigos y sacerdotes,  los locales destinados a oficinas, la Curia Diocesana y las oficinas parroquiales, los seminarios y Universidades eclesiásticas, los edificios destinados a casas o conventos de las Órdenes Religiosas y los centros docentes concertados de carácter religioso.

La Iglesia está exenta de los impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y de  los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales.

Resumiendo

La Iglesia Católica recibe 2.165 millones (sin contar los 4.000 millones de la enseñanza concertada), el 95% de su presupuesto.

Las ONGs,  más de 400 millones, entre un 80 y un 100% de su presupuesto.

Los partidos políticos reciben entre 150 y 200 millones de euros, el 82,2% de su presupuesto.

Los sindicatos, 10 millones de euros, un 25% de su presupuesto total.

La Monarquía es el reino de las subvenciones.

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