Frente al “techo de gasto” que intensifica los recortes

(Publicado en la Carta Semanal 637)

¡Defensa incondicional de las conquistas!

Dramáticamente puesta de moda la expresión “techo de gasto”, ningún preboste explica con claridad qué significa lo que se esconde tras ella. Sin embargo, los trabajadores perciben que se trata de una forma más de disciplinar el ajuste, de hacerlo permanente. Y no se equivocan. Pero vale la pena exponer con más detalle en qué consiste exactamente, de dónde viene, cuáles son sus implicaciones. Y, coronando todo, qué dicen las distintas organizaciones políticas y sindicales al respecto. Porque el problema no es sólo su magnitud, sino que su mera existencia supone per se un ataque a la soberanía y la democracia. Ya que, ¿quién ha dado un mandato democrático a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el FMI para teledirigir el gasto público aquí? Gasto del que dependen nuestras conquistas sociales: la enseñanza, la sanidad, etc. Veámoslo.

El pasado 11 de julio el Congreso aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2018-2020 y el límite de gasto no financiero para 2018, con los votos de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria junto a la abstención de Nueva Canarias y pese al rechazo de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. El techo de gasto se sitúa en 119.834 millones de euros, Un 1,3% más que en 2017, cuando la última previsión del gobierno (3 de julio) es que el PIB crezca un 2,6%. No sólo se mantiene el recorte, se intensifica, ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se elaboran a partir de este primer paso, corroborado por el Senado el día siguiente, 12 de julio (PGE que sólo pueden aprobarse si se ajustan a la normativa de la UE).

 Además, el objetivo comprometido de que el déficit público no supere el 2,2% del PIB en 2018, se reparte en 0,7% para el Estado, 1,1% para la Seguridad Social, 0,4% para las Comunidades Autónomas y el 0% para los ayuntamientos. Así, el Estado español saldría del “procedimiento de déficit excesivo” de la UE en el que lleva desde 2009 (de acuerdo con el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su desarrollo en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establece el mecanismo sancionador.

 ¿Qué significado social tienen todas estas cifras?

 En plata para los trabajadores, en términos sociales, ¿qué significa toda esta retahíla de cifras? Es la definición misma de “gestión de la miseria”, ya que se establece que el punto de partida para los presupuestos no son las necesidades sociales (para cuya cobertura habría que poner los mecanismos financieros necesarios), sino que sólo se dispone de una cantidad, cada vez más exigua en proporción, para repartir entre todas necesidades de gasto. Necesidades siempre grandes en una sociedad capitalista y mayores hoy como resultado de la crisis.

Pero no es solamente la imposición de un tope, y cada vez más limitado, sino que también se teledirige en gran medida cómo debe repartirse. Reservar para la administración central casi dos tercios del total disponible para los tres niveles administrativos (0,7 el Estado frente al 0,4 de las CCAA y al 0 de los ayuntamientos) facilita el mantenimiento de gastos como el de la Casa Real, el de la diplomacia o el de Defensa (que, de hecho, luego se dispara a través de otros mecanismos, como se explicó en una Carta Semanal previa). Y así concentrar la mal llamada austeridad en el gasto público social (tres cuartas partes del gasto autonómico es de carácter social: enseñanza, sanidad, etc.). De este modo se busca asegurar que no se vean afectados los gastos públicos exigidos por el capital y sus instituciones, imponiendo de facto que el recorte sea social.

La UE y el BCE dictan, al servicio del FMI: el ajuste ha venido para quedarse, debe ser eterno

 En septiembre de 2011 se modificó el artículo 135 de la Constitución Española, para institucionalizar al mayor nivel legal posible una prioridad en el gasto público: el pago de la deuda al capital privado… de acuerdo con la orden del Consejo Europeo en la cumbre de marzo previo y con la mediación en agosto de la amenazante carta del entonces presidente del BCE, Trichet, a Zapatero. Es la UE, la mal llamada Unión Europea, porque ni es unión ya que los intereses de trabajadores y capitalistas nunca podrán unirse, pese a toda la tan dañina retórica del diálogo social. Ni es europea en tanto, desde sus orígenes en los años cincuenta como expresión de las exigencias del imperialismo dominante, el estadounidense, a través del Plan Marshall, etc. hasta la actualidad, instrumento a su servicio. ¿Exageramos? La mejor prueba es la troika, formalmente integrada por Comisión Europea, BCE y FMI, en realidad caballo de Troya a través del cual este organismo controlado por Estados Unidos que es el FMI toma de forma más directa las riendas de las políticas en países europeos, al modo como ya lo habíamos visto en América Latina, África, Asia o Europa del este, especialmente desde los años ochenta. El propio Trichet lo reconocía en octubre de 2011: “condiciones estrictas, enteramente conformes con la política del FMI”. O El País (13/10/2012), titulando “El BCE condiciona su apoyo al rescate de España a que el FMI supervise los ajustes”.

 En el Tratado de Maastricht, artículo 107, se establecía ya que “ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos comunitarios, ni de los Gobiernos de los Estados miembros (…)” Es decir, se les independizó de toda supervisión gubernamental o parlamentaria, por tanto más o menos democrática… para subordinarlos mejor a las instrucciones del capital financiero a través del FMI.

 En el artículo 135 mencionado se consigna asimismo la necesidad de una ley que asegure lo establecido, que efectivamente se promulga en abril de 2012 bajo el título de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En su preámbulo se habla expresamente de la necesidad de una “política económica contundente” para “manifestar el claro compromiso de España con las exigencias de coordinación y definición del marco de estabilidad común de la Unión Europea”. Y en su artículo 30 se impone “el techo de asignación de recursos” del que hablamos en este Carta Semanal.

Un ejemplo de qué implica el “techo de gasto”

 Lamentablemente sobran los ejemplos que muestran sus implicaciones, como se verifica en el ámbito de la administración local, donde los ayuntamientos se encuentran atados de pies y manos ante el corsé presupuestario (revelándose con ello los límites severos de toda ilusión electoral en este contexto). Pero hay un ejemplo reciente particularmente ilustrativo. El pasado 18 de julio, con todo el simbolismo de la fecha, en la Universidad Complutense se completó un ataque brutal dirigido desde el propio rectorado al dictado, eso sí, del gobierno autonómico madrileño, plenamente inscrito en la orientación fondomonetarista del gobierno central y su subordinación a la UE (al rector se le recompensa esta política con símbolos como la medallita del 2 de mayo o con publirreportajes como el de El País). La concreción de este ataque es la eliminación de la mitad de los departamentos, como ya se ha hecho en otras universidades, lo que en este caso supone una amenaza directa a más de 80 empleos de profesores y aún más, por encima de 90, de personal de administración y servicios (desde 2007 se han perdido 1118 empleos, un 11% de la plantilla). Con sus consecuencias en términos del deterioro de la actividad universitaria, tanto docente como investigadora, además de una mayor burocratización, etc.

 Todo este proceso ha sido muy antidemocrático, negándose incluso la información más elemental a los sindicatos y asociaciones estudiantiles, como a los propios órganos de representación. ¿A qué obedece todo esto? Las formas antidemocráticas al contenido regresivo que motivó un rechazo muy amplio. Pero, ¿su contenido? El rectorado lo decía con claridad el propio día 18: un ahorro de 600.000 euros. En efecto, en ningún momento el rectorado ha ofrecido ni un solo argumento académico, es decir, el terreno que es propio en la universidad. Sólo económicos que avalan la política de recortes. Es decir, como las cuentas de las universidades públicas dependientes de las comunidades autónomas, efectivamente computan en el procedimiento por déficit excesivo o, dicho de otra manera, están afectadas por el “techo de gasto” (www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/notamet_pde.pdf) y, por tanto, desde la perspectiva de quienes se subordinan a la UE y sus directrices se concluye que no hay dinero para mantener su actividad de una forma adecuada.

¿Qué hacer? Defender las reivindicaciones incondicionalmente, con nuestras organizaciones

 La inestabilidad propia del capitalismo en su estadio imperialista otorga un estatus de “cuento de la lechera” a las previsiones oficiales. De modo que en los próximos años realmente puede ocurrir prácticamente de todo. Excepto una cosa en particular: que en el marco del corsé de la UE, Maastricht y el Plan de Estabilidad y Crecimiento se puedan atender las merecidas reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos.

 Se ha revelado en la Complutense. El sentir mayoritario de rechazo al plan rectoral por cuenta del gobierno de Cifuentes, no se ha articulado políticamente porque las direcciones sindicales no han desplegado plenamente la capacidad de intervención sindical. Han sido cómplices por pasiva. Si hubieran movilizado consecuentemente, el gobierno autonómico no habría podido ni soñar con infligir este duro golpe, ni siquiera recurriendo a maniobras como la vieja práctica franquista de atacar la enseñanza en periodo no lectivo. Es un golpe duro pero es sólo una batalla y la pelea va a continuar.

 Este caso nos ofrece una enseñanza: la clase trabajadora, con sus organizaciones a la cabeza, solamente puede tener una divisa: la de la defensa de sus reivindicaciones de una forma incondicional, es decir, no supeditándola a ningún compromiso con las instituciones del capital, tomen estos la forma de la Constitución española y su artículo 135, el euro y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la imposición de objetivos de déficit y deuda o todo el engendro del llamado “diálogo social”. Con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto con el “techo de gasto”, fijados para el trienio 2018-2020 se pretende comprometer la política de un posible gobierno alternativo, hipotecándola. No se puede aceptar. Las declaraciones de dirigentes de CCOO y UGT rechazando el techo de gasto van por el buen camino, pero es necesario proseguir, no quedarse en el terreno meramente declarativo. Nos va mucho en ello.

Rechazar el techo de gasto impuesto por el capital financiero y sus instituciones exige rechazar los mecanismos que lo permiten. Por ejemplo, ¿pueden negociar los empleados públicos y sus sindicatos si el techo de gasto impide las mejoras salariales más elementales? Lo mismo sucede con las necesidades sanitarias de la población. Y para cerrar el paso a cualquier reivindicación, a cualquier negociación libre, pusieron en la Constitución el nuevo artículo 135, impuesto por el gobierno Zapatero con Rajoy, pasando por encima de la afiliación socialista (pero apoyado por González y Díaz), contra el que se manifestaron los sindicatos. No se puede aceptar ese artículo 135, ni otros mecanismos para imponer el techo de gasto: la defensa de los derechos exige no supeditarse a la política de concertación o diálogo social que parte NO de las reivindicaciones de los trabajadores sino de la adecuación a las exigencias del capital financiero.

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