Pensiones: en defensa del actual sistema de reparto

 (Publicado en la Carta Semanal 636)

La comisión del Pacto de Toledo tenía previsto resolver con prontitud las propuestas de reformas del actual sistema de pensiones. Las necesidades derivadas de la debilidad del gobierno minoritario de Rajoy exigían cerrar lo antes posible la discusión sobre las pensiones. Por ello suenan las alarmas cuando se hace patente el alargamiento de los plazos hasta después del verano. El País del domingo 2 de julio denuncia “negligencia en las pensiones”, urge a cerrar el plan de reformas y califica de irresponsable” el acuerdo de aplazar la toma de decisiones. Temen que tome cuerpo en los sindicatos y demás organizaciones obreras el movimiento de rechazo que anida en los colectivos, coordinadoras y agrupamientos creados en defensa del sistema de pensiones con un gobierno en minoría y responsable, entre otros, de la política de saqueo y destrucción de la Seguridad Social.

El programa de asistencialización de la Seguridad Social está en marcha

Los llamamientos urgentes a proponer medidas para “salvar el futuro de las pensiones” pretenden esconder una realidad más cercana, como es la actuación lenta y silenciosa del plan diseñado por la reforma de Zapatero de 2011 profundizada por la reforma de Rajoy en 2013. Con estas reformas se diseñó la destrucción del sistema de pensiones tal como la conocemos, y que, de no detenerlo, lo convertirá en un sistema de prestaciones cercanas a las asistenciales. El resultado sería una pérdida del poder adquisitivo cercana al 50% y la ampliación, poco a poco, del mercado de los fondos privados de pensiones, objetivo constante e irrenunciable del capital financiero.

Su objetivo es abordar la sostenibilidad del sistema de reparto reduciendo los gastos, adaptándolos a los ingresos menguantes propiciados por las reformas laborales, el paro y la eventual reducción de cotizaciones reclamadas por la CEOE. La única medida adoptada sobre los ingresos ha consistido en la concesión de préstamos a la Seguridad Social desde el Presupuesto del Estado, que son, por cierto, muy útiles para simular el cumplimiento de los compromisos del Gobierno con Bruselas trasladando a la Seguridad Social parte del déficit de Estado y para alimentar la falsa opinión de que no hay dinero para pagar las pensiones.

Por ello, la primera tarea es organizar la lucha por la derogación de esas dos reformas, de 2011 y 3013, que, no hay que olvidar, ponen en marcha unos dispositivos automáticos de desvalorización de la pensión que chocan con los derechos a pensión de los trabajadores cotizantes en cuanto a suficiencia y mantenimiento de poder adquisitivo, garantizados por el ordenamiento jurídico.

La sostenibilidad del sistema de reparto

Es indiscutible que el soporte de las pensiones públicas son las cotizaciones sociales. Prueba de ello es que, según cálculos de CCOO, los superávits generados durante decenios por nuestro sistema de reparto, utilizados para sostener la sanidad y otras políticas públicas, ascienden a 519.104 millones de euros saqueados a la Seguridad Social. Y que podrían haber nutrido unas reservas suficientes para financiar las carencias actuales en cotizaciones sociales, que ha generado el incremento del paro, las reformas laborales, los bajos salarios y la precariedad.

Con carácter subsidiario, la garantía de la sostenibilidad del sistema de reparto es el Estado con sus recursos propios. Cuando las cotizaciones sean insuficientes, según la Ley General de Seguridad Social (art. 109), el Estado debe realizar aportaciones obligatorias desde su presupuesto al Presupuesto de la Seguridad Social: debe financiar con aportaciones estatales, no con préstamos reembolsables. De esta manera se garantiza el derecho de los trabajadores jubilados a cobrar su pensión, derecho cuya garantía de cumplimiento tiene rango constitucional (art. 41 y 50).

La concesión de créditos para financiar desequilibrios entre cotizaciones y gastos de la Seguridad Social han formado una falsa deuda de la Seguridad Social con Estado de 17.168,65 millones de euros generada de 1992 a 1999. En su momento Pedro Díaz Chavero, de UGT, denunció que con la concesión de préstamos en vez de aportaciones “en la práctica lo que se producía era una transferencia de déficit del Estado a la Seguridad Social“. La concesión este año de una crédito similar por 10.192 millones de euros ha hecho reclamar a CCOO y UGT que “las pensiones se garanticen con aportaciones del Estado y no con préstamos”. Siempre puede el gobierno poner esas deudas al cobro, como hace ahora en el Pacto de Toledo, que a escondidas pretende cancelarlas a cambio de los edificios sanitarios propiedad de la Seguridad Social y registrados a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, pues su adquisición se financió con cotizaciones. Intentar cobrar esa deuda en vez de condonarla, que es lo establecido por las auditorías públicas, supondrá, caso de adoptarse, un nuevo saqueo al patrimonio de la Seguridad Social.

Las propuestas de las organizaciones obreras para la sostenibilidad del sistema

Las propuestas de las organizaciones obreras no ponen en el centro la exigencia, con todas sus consecuencias, del cumplimento de la obligación del gobierno de financiar con aportaciones del Estado las necesidades de la Seguridad Social, aceptan las restricciones impuestas por el déficit del Estado acordado con la UE y se desvían hacia la creación de impuestos finalistas con los que completar los recursos necesarios para el pago de las pensiones. El PSOE con “una nueva figura impositiva que tendrá carácter finalista y vinculada a la financiación de las pensiones, IU con “la financiación progresiva en los PGE (sic) de las prestaciones por muerte o supervivencia”. Los sindicatos se pronuncian igualmente por la creación de nuevas fuentes de financiación vinculadas a los impuestos, es más, UGT y CCOO incluso preparan movilizaciones en defensa de las pensiones a finales de septiembre y entre sus “exigencias” se dice que la financiación suficiente del sistema de Seguridad Social “debe estar basada en impuestos finalistas y totalmente formalizados“.

Estas propuestas, sin justificación financiera alguna dada la obligación estatal de aporta recursos en caso de desequilibrios, tienen una lógica que conduce a un cambio de modelo del actual sistema de reparto, que, desnaturalizado, estaría sometido a los vaivenes de la política económica de los gobiernos y vería debilitado su anclaje en la acción de la clase obrera, los salarios y la acción sindical.

La proposición de ley de Podemos: ¿un puente hacia el cambio de modelo?

El miércoles 5 de julio Podemos presentó una Proposición de Ley (PL) sobre reforma de las pensiones que, de ser aprobada, derogaría los aspectos más lacerantes de las reformas de 2011 y de 2013. En caso de no aprobarse la derogación de ambas reformas anuncian los dirigentes de Podemos su determinación de abandonar el Pacto de Toledo.

Muy acertadamente el Proyecto de Ley denuncia que “la baja recaudación de cotizaciones no se compensa con aportes de los Presupuestos del Estado, con suficientes aportaciones estatales”, según lo establecido legalmente. Pero contradictoriamente, introduce en su texto un puente hacia los partidarios del cambio del modelo actual de Seguridad Social cuando señala como vía de incremento de los recursos “la creación de impuestos finalistas (por aumento demográfico, o contribución de solidaridad) para cubrir los déficits de la financiación contributiva, como se ha introducido en otros países, o un IVA social”.

En principio, la Proposición de Ley, para superar los vetos ya habituales del Gobierno minoritario de Rajoy, y para su tramitación y aprobación, podría ser la base de la unidad de todos los que defienden las pensiones y rechazan el cambio del actual modelo de Seguridad Social, e incluso podría ser punto de arranque la movilización contra el gobierno. Pero esa lucha por la unidad en defensa de las pensiones y contra Rajoy se puede ver debilitada por la puerta que se abre en la propia Proposición de Ley a la eventual financiación por impuestos finalistas o IVA.

El sistema actual de reparto es sólido y solvente y su garantía reposa en la acción de la clase obrera en su lucha por los salarios, fuente de las cotizaciones sociales, y en la obligación del gobierno de hacer las aportaciones necesarias para cubrir las carencias de cotizaciones que su política genera. Los riesgos del sistema vienen de la acción del gobierno, de las reformas de 2011 y 2013, que, de no derogarse, reduciría las pensiones a niveles asistenciales.

Frente a esta situación de incertidumbre solo la acción de la clase obrera y sus organizaciones puede enderezar la situación.

Cada vez se manifiesta con más fuerza la urgente necesidad de coordinar la lucha por la unidad de las organizaciones obreras por la derogación de la reformas, contra el cambio de modelo de la financiación por impuestos finalistas y a favor de reforzar los mecanismos de las solidaridad obrera del sistema de reparto en base al cual los trabajadores activos pagan con su salario diferido la pensión de los trabajadores jubilados.

 

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