(Publicado en la Carta Semanal 606)

El gobierno Rajoy no cuenta con una mayoría en el Congreso de los Diputados, y la mayoría absoluta que tiene en el Senado sólo le permitiría demorar la aplicación de eventuales resoluciones del Congreso y, eso sí, bloquear cualquier propuesta de reforma constitucional que no cuente con su apoyo.

Sobre la base de esta relación de fuerzas parlamentaria se ha organizado una serie de juegos parlamentarios que podría dar la ilusión a un sector de la clase trabajadora de que es posible algún cambio real sin cuestionar al régimen de la Monarquía súbdito de la Unión Europea (que es, probablemente, lo que pretenden algunos de los que animan desde el interior del Parlamento esas maniobras).

Desde el punto de vista matemático, pueden formarse en el Parlamento diversas mayorías que pueden derrotar al gobierno de los 137 diputados. Frente a esta posibilidad, el gobierno Rajoy ya ha levantado un primer parapeto para poder seguir haciendo lo que le dé la gana y para defender la continuidad de sus contrarreformas. La ley permite que el gobierno ejerza el veto sobre la tramitación de cualquier proyecto de ley que suponga un incremento de gasto presupuestario. Y el Gobierno ya ha anunciado su disposición a hacer uso (y abuso) de esa capacidad de veto. Cuenta para ello ¡cómo no! con la complicidad del Tribunal Constitucional que ya viene actuando como una auténtica división Brunete al servicio del mantenimiento del régimen contra los derechos de los pueblos. La estructura constitucional del régimen de la Monarquía establecida en 1978 supone todo un montaje antidemocrático al servicio de las necesidades del gran capital. Aunque puede que a éste no le baste.

Pero de momento la ilusión de cambio desde el Parlamento puede existir, y esa es la otra cara de la situación: el juego que desarrollan dentro del Congreso los grupos “progresistas” y “de oposición”, que les permite escenificar sucesivos ataques al Gobierno cada martes (día en que se debaten las proposiciones no de ley) y cada miércoles (con interpelaciones al Gobierno), para pasar a la realpolitik los jueves, día en que tocan las proposiciones de ley. Pero claro, en esta situación llevamos ya casi un año: un año en que empieza a verse el plumero de la sucesión de proposiciones no de ley de derogación de esta o aquella contrarreforma… que dejan en pie la contrarreforma en cuestión. Sin ir mas lejos, la aprobación de una PNL de derogación del artículo 315.3 del Código Penal no ha impedido que se sigan sucediendo los juicios contra sindicalistas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha explicado el nuevo paso: preparar proposiciones de ley, y con éstas… vendrán los cambios reales. Ya hemos visto cómo el PP se apoya en los mecanismos antidemocráticos de la Constitución y las Leyes del Régimen para cerrar el paso a estas proposiciones de ley… y así hasta el infinito… y más allá.

Todo este despropósito alcanzaría una cima si saliese adelante el paripé de discutir en las Cortes una “reforma constitucional”, para lo cual el PP exige el compromiso de que no se va a cuestionar la Monarquía ni se va a permitir que los catalanes, los vascos o los gallegos decidan de ningún modo la relación que quieren mantener con el Estado español. El País ya anuncia que la Gestora accedería a formar con el PP un tapón al efecto. Como si fuese posible ponerle puertas al campo.

La dura realidad

No sabemos cuánto se va mantener este juego (seguramente lo que aguante la paciencia de los trabajadores y las trabajadoras), pero es evidente que desde el punto de vista de resolver los problemas urgentes de los trabajadores, la conclusión es nada por aquí, nada por allá, como se ha visto con el SMI. Recordemos que el 22 de noviembre se aprobó en el Congreso una proposición de ley para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 800 euros en 2018 y 2019 y que alcance los 950 euros en 2020… y que unos días después PP y PSOE pactaron subirlo en 2017 sólo a 707 euros (lo cual era perfectamente compatible con la resolución de ley votada). Y ¿por qué esa resolución de ley no había aumentado más el SMI de 2017? Al parecer, para que Rajoy no la anulase en nombre del límite de déficit. De este modo, el conjunto de los grupos parlamentarios se plegaron al límite exigido por Rajoy, dejando con dos palmos de narices a los dirigentes de UGT y CCOO que exigían una subida inmediata de 800 y pedido el apoyo a los diversos grupos parlamentarios.

Tampoco les fue mejor a Álvarez y Toxo su apuesta por el “diálogo social” para conseguir esa subida a 800 euros, pues se encontraron con que en la reunión correspondiente el Gobierno se limitaba a informarles de que se iba a subir a 707. ¿A qué esperarán para hacer balance de lo que se puede esperar de ese diálogo social?

No se trata de caer en la desesperanza. Si las proposiciones de ley están amenazadas por el Gobierno, el Constitucional y la UE, esto no significa que no haya otra salida que no sea que los trabajadores sigan recibiendo todas las bofetadas. Hay que preguntarse ¿Qué va a ser de las pensiones? ¿Qué cabe esperar para la cuestión catalana? Hace un siglo, por menos que lo que está haciendo el Gobierno los diputados se ausentaban de la Cámara y montaban una asamblea paralela. Era filfa en un régimen antidemocrático. Pero ahora…

Para luchar por una salida favorable a la inmensa mayoría es preciso tomar nota de que la defensa de los trabajadores y de los pueblos es burlada por el tinglado institucional y por los que se resguardan en ese laberinto. Eso sólo deja un camino (si se quiere avanzar de verdad y no hacer un paripé en defensa del tinglado): cerrar filas contra Rajoy, por los derechos y conquistas, en la movilización y negando toda connivencia en las instituciones. La movilización ha conseguido que el Gobierno dé los primeros pasos atrás en la aplicación de la LOMCE (aunque los defensores del “consenso” se han apresurado a cerrar filas creando una subcomisión parlamentaria para ver cómo se mantiene la LOMCE el menos en parte, en lugar de derogarla de inmediato). Los que se movilizan en Andalucía por la Sanidad, los estudiantes y profesores, los de Telemárketing, los parados, tienen derecho a exigir que las organizaciones de los trabajadores rompan con el juego cínico de las Cortes, reúnan fuerzas y manden parar. Porque se puede.