La política de pactos, en la práctica

(Publicado en la Carta Semanal 424)

Carta-424A lo largo de toda la legislatura, la política oficial de las direcciones de UGT y CCOO se ha basado en la búsqueda de un “Pacto de Estado”. Las movilizaciones, incluso las mismas huelgas generales, son consideradas por esas direcciones como medios para conseguir sentar al gobierno y la patronal a la mesa para negociar ese hipotético pacto.

En favor de esa política, los dirigentes argumentan que en la propia naturaleza de los sindicatos está la negociación colectiva. Pero la negociación colectiva, mecanismo para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de una empresa o un sector productivo obliguen a la patronal y al gobierno a reconocer unas mismas condiciones laborales y de contratación para todas las personas que trabajan en ese ámbito (en lugar de que esas condiciones las imponga individualmente el patrón a cada trabajador) no tiene nada que ver con el Diálogo Social.

El diálogo social es, y así lo avalan más de 30 años de experiencia desde los Pactos del Moncloa, el mecanismo por el que las organizaciones sindicales se asocian a la acción del gobierno para imponer los planes de recortes que se dictan desde arriba (Unión Europea, FMI, Troika). A menudo la excusa para llegar a esos acuerdos es “gobernar los cambios desde dentro” o “minimizar los daños”.

¿Cuál es el resultado práctico de esa política? Sin duda, la desmovilización de los trabajadores, a quienes sus organizaciones no convocan a la lucha porque ya se ha alcanzado un pacto. Pero que, además, y sobre todo en sus sectores más combativos, se ven desmoralizados por esos acuerdos que suponen asumir recortes sin combate y que, en muchos casos, se vuelven contra los propios sindicatos.

Y todo eso, ¿a cambio de qué? Merece la pena repasarlo.

El acuerdo de pensiones ASE

En febrero del 2011 bajo el gobierno ZP los dirigentes de UGT y CCOO firmaron un acuerdo de pensiones, el Acuerdo Económico y Social por el que –nos dijeron– a cambio de algunas concesiones, “se blindaba el sistema público de pensiones hasta el año 2027”.

En el ASE los dirigentes aceptaron aumentar la edad de jubilación, paulatinamente, hasta los 67 años, e incrementar tanto el periodo de carencia necesario para acceder a una pensión contributiva como el periodo de cómputo para el cálculo de la misma. Dos decisiones que supondrán un recorte de las pensiones. El catedrático Santos Ruesga declaraba recientemente que, sólo con la aplicación del ASE, las pensiones experimentarían ya en 2060 una reducción del 30%, lo que supone un 3% del PIB de reducción. Por tanto, no se trataba de un recorte menor.

 Además, el ASE establecía lo que la propaganda oficial de los sindicatos presentaba como “la jubilación anticipada, un nuevo derecho”. Derecho que nunca llegó a ponerse en práctica, porque fue modificado –recortado– por el gobierno del PP antes de que entrara en vigor.

También debemos al ASE la introducción del “factor de sostenibilidad” que debía ajustar las pensiones a la esperanza de vida a partir de 2027. Una vez introducido este Caballo de Troya dentro del sistema de pensiones, el gobierno Rajoy se propone desarrollarlo para rebajar de inmediato las pensiones (según el dictamen de la “Comisión de Expertos”, las pensiones mínimas podrían quedar entre 420 y 500 euros al mes)

El ASE fue rechazado por más del 70% de las personas trabajadoras, según las encuestas. Y fue un factor de importancia en el alejamiento de los jóvenes con respecto a UGT y CCOO.

Los Acuerdos de Negociación Colectiva

En los últimos años, UGT, CCOO; CEOE y CEPIME han firmado dos “Acuerdos por el Empleo y la Negociación Colectiva” (AENC).  Ambos con la misma orientación: “moderación salarial” (es decir, rebajas en los salarios reales, que según los pactos, deberían subir menos que la inflación real) y “flexibilidad interna”.

El I AENC tenía como ámbito temporal 2010, 2011 y 2012. La base de este Acuerdo era la moderación salarial: subidas para el año 2010, hasta el 1%; para 2011, entre el 1% y el 2%; y para 2012, entre el 1,5% y el 2,5%. Preveía una cláusula de revisión en 2013 sobre la base del IPC total del periodo.

Aún no había acabado la vigencia del I AENC cuando el 25 de enero de 2012 se firmaba el  II AENC 2012, 2013 y 2014, que rebajaba aún más los criterios de subida salarial.  Un 0,5, 0,6 y 0,6-1,5% (si el PIB subía en 2014 más del 2%). A destacar que para 2012 corregía a la baja el AENC anterior (de un 1,5-2,5% a un 0,6). Esta moderación salarial se vendió como una moderación de salarios y precios: “todas las rentas deben realizar un esfuerzo conjunto. Tanto los salarios como los beneficios distribuidos deben evolucionar de forma moderada, de modo que permitan dirigir una mayor parte del excedente empresarial a inversiones de reposición y ampliación (…) En la misma dirección, es preciso adecuar la retribución de altos directivos y ejecutivos de las empresas. De igual forma, se propone un especial seguimiento y vigilancia de la evolución de los precios”. Evidentemente, los precios han subido más que los salarios, y los beneficios se han invertido en desapalancar deuda empresarial y en absoluto en invertir y/o crear empleo. En cuanto a los sueldos de los directivos, sobran los comentarios.

El resultado de esta política de moderación salarial ha sido claro: el porcentaje de los salarios y rentas del trabajo dentro del PIB ha caído 3,1 puntos desde 2010, en tanto que el excedente bruto de explotación ha crecido 3 puntos por encima de 2010. En cuanto al empleo (objetivo declarado de los AENC), a finales de 2009 había 4.350.000 parados y a comienzos de 2013 6.200.000 (un aumento de casi dos millones).

Pero el II AENC no se limitaba a cuestiones salariales. Muchos de sus contenidos prefiguraban los de la reforma laboral que aprobó Rajoy en febrero del 2012, un mes después de firmarse el acuerdo (a pesar de que los dirigentes de UGT y CCOO dijeron a bombo y platillo que con el AENC se evitaba una reforma laboral impuesta).

Donde el AENC decía que “los convenios sectoriales deberán propiciar la negociación en la empresa, a iniciativa de las partes afectadas, de jornada, funciones y salarios”, la reforma laboral legislaba la posibilidad de que los convenios de empresa modificaran el convenio sectorial. Donde el AENC proponía que los convenios facilitaran que el empresario pudiera distribuir irregularmente un 10% de la jornada, la Reforma Laboral lo imponía.

Donde el AENC promovía la movilidad funcional “los convenios deberán promover los sistemas de clasificación profesional mediante grupos profesionales y divisiones funcionales, concretando los procedimientos de adaptación en el caso de estar todavía rigiéndose por categorías profesionales” (algo que ya se proponía en el I AENC) la reforma laboral eliminó las categorías y consagró la movilidad dentro de los  grupos.

Cuando se firmó el II AENC, no sólo nos dijeron que evitaba una reforma laboral impuesta. Cándido Méndez dijo entonces: “Con este acuerdo lo que hacemos es poner a disposición de las representaciones sindicales, de las representaciones empresariales, de los trabajadores y las empresas, herramientas que son eficaces para que el último recurso a la hora de combatir la crisis económica sea despedir a un trabajador”. En solo un año hubo más de un millón de despidos.

Se acaba de firmar el acuerdo sobre ultraactividad, cuando el 8 de julio 3,5 millones de trabajadores (5 millones hasta final de año) podrían haber perdido sus convenios. Con este acuerdo la patronal se evita una conflictividad obligada, y los trabajadores de cada sector tendrán que defender aislados sus convenios o recurrir escalonadamente a arbitrajes y mediaciones.

Un oscuro balance

Ante este balance, cabe preguntarse ¿Por qué se aferran los dirigentes de UGT y CCOO al diálogo social, que supone pérdidas para los trabajadores, caídas de afiliación y rechazo por parte de los trabajadores  y la juventud? ¿Por qué aplican la línea de actuación impuesta por la  llamada Confederación Europea de Sindicatos? ¿No es hora de romper con esta política, empezando por no aceptar participar en el recorte de pensiones que prepara Rajoy?

La campaña emprendida por la Plataforma de Sindicalistas contra todo pacto con el Gobierno pone sobre la mesa estas cuestiones.

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