(Publicado en la Carta Semanal 559)

Mientras las distintas fuerzas políticas hablan de diferentes combinaciones parlamentarias para el futuro gobierno, el capital financiero y sus instituciones (y, en particular, la Unión Europea) tienen claro cuál debe ser el programa de ese gobierno.

En los últimos días se multiplican las advertencias de distintos portavoces de la UE sobre qué medidas debe tomar ese gobierno.

Así, el Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una amplia entrevista para La Vanguardia, Süddeutsche Zeitung y La Stampa decía que “España no puede esperar flexibilidad con los presupuestos”. Y añadía que “hemos pedido que el presupuesto español sea revisado cuando haya un nuevo gobierno. Los problemas que identificamos siguen ahí y vamos a tratarlos con el nuevo gobierno”. Moscovici descarta cualquier flexibilidad de la Comisión Europea sobre esta cuestión. “El Pacto de Estabilidad es la regla” y él “sería el último en no respetarla. Mi credibilidad y la de Comisión se verían degradadas de inmediato”. Preguntado sobre si pedirán a España nuevas medidas de ajuste, responde que sí: “tenemos una cita con España. No sabemos cuándo ni con quién, esa es la nobleza de la democracia, pero en un momento u otra tendrá lugar”.

Pero –le preguntan los periodistas– el PSOE quiere pedir flexibilidad. ¿Cuánta puede esperar? A lo que responde: “nosotros hemos previsto que habrá una brecha entre lo que alcanzan los Presupuestos y los objetivos de déficit. Si se confirma, habrá que resolverla. Estamos ante un país que tiene un expediente por déficit excesivo. Francia, por ejemplo, no puede pedir flexibilidad por hacer inversiones o reformas. España tampoco”. Y añade que “tuvimos que respetar las elecciones. Por eso dijimos que la diferencia deberá cubrirla después el nuevo gobierno. Y allí estaremos”.

Las declaraciones de Moscovici se suman a las del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, quien asegura en una entrevista con El País que el próximo gobierno “está obligado a cumplir las metas de déficit” acordadas con el Ejecutivo de la Unión. “Hace falta un ajuste”, añade. Un ajuste que diversas fuentes de la UE cifran entre 5.000 y 9.000 millones.

“La herencia para el próximo Ejecutivo –dice El País– es peliaguda: se verá obligado a actualizar el presupuesto y, según Bruselas, a acometer nuevos recortes si no quiere enfrentarse a posibles sanciones o al menos a una severa reprimenda”.

Por su parte, el Jefe del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, declaraba en Bruselas que

“El presupuesto español incumple las reglas. La Comisión Europea fue clara al respecto. El nuevo gobierno deberá presentar más ajustes”. En cuanto a los programas electorales de diferentes partidos que proponen derogar algunas de las contrarreformas de Rajoy, Dijsselbloem fue claro. “En cuanto a las reformas, el país ha hecho mucho pero también debe hacer más, y sobre todo no puede dar marcha atrás (…) España tiene que hacer más: el problema es sobre todo qué Gobierno lo va a hacer, y cuándo”.

Obviamos comentar –por evidente– qué supone, desde el punto de vista de la democracia, la actitud de estos señores que se permiten dictar instrucciones a cualquier gobierno que pueda surgir de la voluntad de los electores.

Naturalmente, todos ellos no expresan opiniones individuales, sino las necesidades del capital financiero. A este respecto, recordemos la campaña que están haciendo los grandes bancos españoles, que insisten en que “la incertidumbre política” les hace perder dinero. Según el ABC, han perdido 21.000 millones en dos meses. Una cifra a poner en entredicho, porque estos manejan los millones como les conviene.

Una Unión Europea en crisis

En los últimos meses ha habido, es cierto, vaivenes en la actitud de la Unión Europea sobre esta cuestión. En octubre Moscovici exigía la aplicación inmediata de los recortes adicionales de 9.000 millones y finalmente fue desautorizado en la propia Comisión Europea por quienes proponían dar oxígeno al gobierno Rajoy ante las inminentes elecciones. Y es que hay una creciente impotencia de la UE, a la que le surgen problemas por todas partes. Por un lado, se enfrenta a una verdadera rebelión –en un sentido reaccionario– de buena parte de los países del Este, empezando por Polonia. Al mismo tiempo en Italia el gobierno Renzi exige más flexibilidad, mientras que Portugal se encuentra al borde de un nuevo rescate bancario, y Grecia, que trata de obedecer las reglas de ajuste exigidas al nuevo gobierno Tsipras con una nueva reforma de pensiones, se enfrenta a graves dificultades para aplicarla.

En esta situación, hay quienes, como Juncker, proponen “flexibilidad fiscal”, mientras que otros, como hemos visto, exigen que se cumplan las reglas a rajatabla.

¿Es inevitable plegarse a esas exigencias?

Algunos nos presentan estas propuestas como impepinables, como algo que hay que obedecer de todos modos, alegando que el Estado ha de pagar la deuda.

Rajoy se parapeta detrás de la UE para decir que no es posible hacer otra política que la que ha hecho, pero que ahora habrá menos recortes porque vamos a crecer y que no hace falta tanto ajuste como dice Bruselas.

Pedro Sánchez y la dirección socialista dicen que “se trata de garantizar que no solo cumplimos con los requisitos impuestos desde Europa (reducción del déficit, fundamentalmente) sino también que el crecimiento económico generado se dirija, de forma prioritaria, a reducir la desigualdad”. Para lo cual han planteado renegociar los plazos del pago de la deuda. Es la cuadratura del círculo, pues el requisito impuesto por Europa es más “austeridad”. Y sobre esta base falsa se han reunido con los dirigentes de CCOO y de UGT para ver cómo orientar “el nuevo rumbo de la política económica”. Los dirigentes sindicales han proclamado que “en este país no tiene que haber políticas de austeridad, sino una nueva política económica y social y un nuevo modelo de relaciones laborales”. Pero algunas declaraciones interiorizan las exigencias de la UE y de la patronal afirmando que “el país necesita estabilidad” (no alarmar a los mercados ni al aparato de Estado), lo que está en contradicción con las exigencias de derogación de las reformas laborales de 2012 y de 2010 y demás reivindicaciones.

Por su parte, Podemos e IU añaden a la negociación de plazos para pagar la deuda la exigencia expresa de una quita, cosa que en privado los banqueros pueden reconocer, pero en definitiva están en la misma política de hacer compatibles las exigencias de la UE (mientras ésta no se reforme) con una supuesta nueva política antiausteridad.

El sometimiento a la UE es más general. Sin ir más lejos, Oriol Junqueras ha declarado que prolongará los presupuestos de Cataluña. Presupuestos de recortes para cumplir los objetivos de déficit que exige la UE (si esto es así, es evidente que el acuerdo con la CUP, el famoso “plan social” quedará para otro año).

Según todas estas propuestas, la soberanía nacional es, como mucho, negociar “flexibilidad” en la aplicación de estos planes de destrucción de los servicios públicos y conquistas sociales. Como prometieron Hollande (que ahora aplica los recortes por decreto ley y con un estado de excepción que prohíbe las manifestaciones) o Tsipras (que acaba de invitar al FMI a volver a controlar el programa de recortes de su gobierno).

El capital financiero, temiendo que las exigencias de los trabajadores y de los pueblos se impongan, exige garantías, en particular atar al Partido Socialista, y a través de él a los sindicatos, mediante un gobierno o pacto de gran coalición.

Los trabajadores necesitan garantías: la independencia de sus organizaciones.

Ningún acuerdo con Rajoy, el PP y Ciudadanos

Hace falta un gobierno que se niegue a aplicar recortes y que anule los recortes de los anteriores gobiernos. Un gobierno que reivindique la soberanía debe enfrentarse a las exigencias del capital financiero y negarse a aplicar recortes.

Para empezar, ya mismo, hay que exigir a la mayoría de diputados “de izquierdas”, que se han comprometido a acabar con la “austeridad”, que deroguen las últimas reformas laborales, el artículo 315.3, y tomen medidas para restablecer los servicios públicos, crear empleo, así como para reconocer los derechos de los pueblos.