(publicado en la Carta Semanal 472)
A estas alturas, a nadie se le oculta que desde la huelga general del 14 de noviembre de 2012, los dirigentes de UGT y CCOO han abandonado toda confrontación global con el Gobierno, una tregua, no menos real por no haber sido oficialmente declarada, que se presenta como una búsqueda de un pretendido “diálogo social” con el gobierno Rajoy. Es más, a estas alturas cabe preguntarse si estamos ante una tregua (en principio paréntesis temporal) o ante una renuncia indefinida e incondicional a importantes medios que permiten a los trabajadores defenderse de la más brutal ofensiva del capital. Por ejemplo, en algún congreso confederal reciente se argumentaba sobre las proporciones adecuadas entre movilización y negociación, pero cabe preguntarse si la cuestión está hoy planteada en estos términos teniendo en cuenta que el Gobierno no negocia nada y las confederaciones han decidido que la movilización quede atomizada por sectores, poblaciones y empresas.
La tregua sindical tiene un paralelo relativo en la tregua política declarada por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyo apoyo al Gobierno tiene su máxima expresión en el frente común Gobierno-PSOE contra el derecho a decidir su destino del pueblo de Cataluña, que está llevando al Partido Socialista a su destrucción no solo en Cataluña sino como partido que aúna a la clase obrera, constituida históricamente a escala estatal. Sobre la valoración popular de la “oposición” de Rubalcaba, basta con ver la última encuesta del CIS. Sólo un 4% la valora como buena o muy buena, y un 63,6 como mala o muy mala. Hablamos de paralelo relativo porque en el caso de la ejecutiva federal socialista probablemente predomina la connivencia con el Gobierno sobre la tregua o no contraofensiva.
Y un segundo paralelo lo hallamos en la política del PSOE e IU en Andalucía, Asturias, y cientos de ayuntamientos (o de IU y el PP en Extremadura), donde se aplica o se apoya la aplicación de los recortes sociales y laborales, alegando un supuesto “imperativo legal”. La tregua en este caso se transforma en colaboración institucional.
Esta triple “tregua”, no sólo puede que permita al PP ser la fuerza más votada en las elecciones europeas, sino que le permite mantener y consolidar sus ataques a la clase trabajadora, sus derechos y conquistas sociales. Son las durísimas consecuencias de la tregua para la inmensa mayoría de la población, que ponen a prueba la unidad de los trabajadores y sus organizaciones y sumergen a los pueblos en la descomposición de las instituciones y del tejido social.
La expresión abierta de la política de tregua la podemos encontrar en la resolución aprobada por el Consejo Confederal de CCOO del 29 de abril, cuyo punto 7 especifica que “el Consejo Confederal de CCOO reitera su propuesta de avanzar a través de la negociación hacia un gran pacto de salida a la crisis que priorice las medidas tendentes a la superación de las altísimas e insoportables tasas de desempleo y apueste por el reforzamiento de las redes de protección social; en definitiva, un gran acuerdo de empleo al servicio del cual se pongan todos los medios disponibles, desde la política fiscal, al crédito, pasando por la negociación colectiva. Un acuerdo de renta mínima que garantice a quien no tiene otros ingresos los mínimos imprescindibles para atravesar esta fase de la crisis, en tanto no encuentra un empleo.”
Al día siguiente, 30 de abril, Toxo y Méndez, junto con la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Bernadette Segol, se reunieron con Rajoy para suplicarle que adopte el plan de inversiones de la CES. Rajoy les dijo que rechaza lo fundamental de ese plan: poner el dinero necesario para esas inversiones. Si los tres fuesen serios, al día siguiente hubieran llamado a los trabajadores a la movilización para obligar al Gobierno. En lugar de eso, embellecen a Rajoy diciendo que “le gustó alguna propuesta”.
Sin exigir –sin siquiera poner sobre la mesa– la retirada de las principales medidas antiobreras, los dirigentes de UGT y CCOO han acordado el 18 de marzo reabrir el “diálogo social” con el Gobierno, una decisión que la carta abierta a Toxo y Méndez que han puesto en circulación 150 sindicalistas de UGT y CCOO califica, más que justamente, de “dar oxígeno al gobierno”.
Rebaja de salarios y pensiones
La reforma laboral que destruye la negociación colectiva sigue haciendo sus estragos. Hace un par de meses, el tercer Observatorio de Seguimiento de esta reforma (que organizan el Club de Excelencia en Sostenibilidad, la Fundación Sagardoy y Adecco) hacía público que los salarios se han reducido un 10% de media desde el inicio de la reforma laboral hace ahora dos años, según los resultados procedentes de 200 encuestas a otras tantas empresas, en su mayoría con más de 50 empleados. Y los descuelgues e inaplicaciones de convenios siguen y siguen, sin que la lucha empresa a empresa sea capaz de frenarlos, lo que tiene como consecuencia un grave debilitamiento de la relación entre los trabajadores y los sindicatos. Y la cosa sigue: recordemos que hace un año el FMI exigía una rebaja salarial adicional de otro 10% en España.
En cuanto a los empleados públicos, que ya han sufrido, como consecuencia de los recortes de Zapatero y Rajoy, una pérdida de más del 20% de su poder adquisitivo, Rajoy acaba de comprometerse con Bruselas en su propuesta de Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2014–2017, a recortar 6.000 millones más de su masa salarial, lo que supone casi un 20% menos. Un recorte que supone, según el informe “el mantenimiento de la austeridad en las políticas de gestión del personal (por ejemplo, las reglas sobre limitación de reemplazamientos o la congelación de sueldos de los funcionarios públicos”. Es decir, que los funcionarios, cuyos salarios bajaron en 2010 y se han congelado en 2011, 2012 y 2013, les espera la congelación salarial hasta 2017: “la remuneración de asalariados públicos pierde 1,7 puntos porcentuales, llegando a un 9,6% sobre el PIB en 2017”. Ese 1,7% son 17.000 millones de pérdida de masa salarial en las Administraciones Públicas. Y habrá que añadir a los 300.000 empleos públicos que ya se han perdido, los resultantes de no cubrir ni una sola vacante en los próximos cuatro años. Lo cual se traduce para la mayoría de la población en una gigantesca pérdida de los derechos que esos servicios y administraciones públicos en vías de desmantelamiento garantizaban.
Los pensionistas verán prolongarse al menos hasta 2017 la pérdida de poder adquisitivo de suspensiones, “con la introducción desde 2014 del factor de revalorización en el sistema de pensiones, que generará un incremento de las mismas en un 0,25% durante todo este período”. Lo que supone, como mínimo, un 3-5% de desvalorización de las pensiones.
La destrucción de los servicios públicos
Rajoy se ha comprometido con Bruselas a que la sanidad y la educación perderán peso en el PIB. También, los gastos de protección social. El único componente de gasto público que aumentará son los gastos por intereses de la deuda, de 3,4 a 3,8% sobre el PIB entre 2013 y 2017, es decir, que el coste por intereses crecerá en unos 8.700 millones.
El conjunto del gasto público bajará desde el 44,9% del PIB en 2013 al 40,1% en 2017. Y eso cuando ya es uno de los más bajos de Europa (sólo Luxemburgo y la mayoría de países del Este están por debajo), y cuando España tiene la segunda presión fiscal más baja de Europa.
La destrucción de la educación seguirá adelante. La “tregua” permitirá que se empiece a aplicar la Ley Wert y que siga adelante el estrangulamiento de la Universidad pública. Las facultades españolas han perdido estos dos cursos 25.389 alumnos, después de tres años de tendencia creciente, y los rectores acaban de anunciar que, si no hay cambios, este proceso se acelerará. Hay que recordar que, según el último informe de la Conferencia de Rectores, La Universidad española en cifras, las matrículas de las facultades se han encarecido un 28,5% de media en los dos últimos cursos. Y de manera especial, en Cataluña (un 67% en 2012; congeladas este curso) y Madrid (un 38% en 2012; un 20% este curso). Los campus públicos han perdido cerca del 9% de su plantilla desde 2008. En docentes, significa cerca de 6.000 profesores menos. En la enseñanza primaria y secundaria se han perdido más de 75.000 profesores, y los que quedan han perdido un 25% de su poder adquisitivo.
La sanidad pública perdió entre 2011 y 2013 53.000 trabajadores, lo que supone casi el 10% del total de trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS), según denunciaba la Federación de Sanidad de CCOO en su informe El gasto sanitario en España.
Y los ataques que vienen
El barómetro del CIS de abril decía que sólo un 8,1% de la población consideraba la gestión del gobierno como buena o muy buena, mientras que un 68% la consideraba mala o muy mala. Y sin embargo, el respiro que se concede al gobierno Rajoy y el apoyo que por otro lado se le presta le va a permitir, posiblemente, ser la primera fuerza en las elecciones europeas, lo que se interpretará como un aval a su política, y tramitar todos los ataques que tiene en cartera. La Ley contra el aborto tiene prevista su tramitación parlamentaria en julio. La reforma de las Administraciones Locales, con su recorte -según Montoro- de más de 8.000 millones en gasto público, sigue adelante. Como la tramitación de la nueva ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal para criminalizar aún más las protestas populares.
A los 8 de Airbus, UGT sumaba recientemente hasta 43 trabajadores y sindicalistas amenazados de cárcel por los piquetes de la huelga general del 29 de marzo de 2012.
Y el gobierno sigue adelante con su política de provocaciones contra el pueblo catalán, contra todos los pueblos del Estado. Ahí puede estar lo más peligroso. En la medida en que el movimiento obrero, político y sindical, deje de aparecer ante la juventud, ante los pueblos, como un instrumento para derrotar a todo lo que este gobierno representa, la descomposición social puede abrir las puertas a la ruptura de las solidaridades básicas y al enfrentamiento político. Nada que no sea la clase obrera organizada inmuniza a los pueblos del Estado español de los males de Ucrania.
Esto no es inevitable
Y así podíamos seguir hasta el infinito. ¿Acaso no hay razones más que suficientes para que los dirigentes de las organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora se pongan de acuerdo para organizar la movilización hasta hacer retroceder a este gobierno y su política, para que se deroguen las contrarreformas y recortes? Los trabajadores están dispuestos a la lucha, como hemos visto en tantas huelgas y movilizaciones (barrenderos, sanidad, el 22 de marzo…), y es posible hacer retroceder al Gobierno.
Porque la inacción, la tregua, están, además, destruyendo lentamente a las organizaciones. La afiliación sindical ha caído un 20%, y la juventud, en masa, da la espalda a UGT y CCOO, mientras que el PSOE está perdiendo su lugar único sin que nadie esté en condiciones de reemplazarle.
Desde todas partes, hay que redoblar la campaña política para que se rompa la tregua con el gobierno Rajoy, se abandone toda connivencia y colaboración con el mismo y se organice la movilización contra él, hasta obligarle a ceder, a retirar y derogar las contrarreformas, o a dimitir.