(Publicado en la Carta Semanal 525)
El pasado 30 de abril, los ministros Montoro y De Guindos presentaban oficialmente el Plan de Estabilidad para el periodo 2105/2018, que el Gobierno acababa de remitir a las autoridades de la Unión Europea. Lo fundamental de ese plan es la decisión de continuar el ajuste, los recortes, para reducir la deuda pública, que desde 2008 ha ascendido desde el 40% a más del 100% del PIB (ahora es de más de un billón de euros). Recordemos que hace poco el FMI, después de señalar que no ve ningún peligro en el avance de Podemos o Ciudadanos, afirmaba: “el nuevo gobierno que surja, sea el que sea, tiene que comprometerse a seguir aplicando las reformas aprobadas. Y en realidad a ir más lejos en ese camino” garantizando que los gobiernos regionales cumplan sus objetivos de déficit. Al parecer, en privado algunos altos funcionarios se han permitido la desfachatez de aludir a que el euro implica un compromiso de que la deuda no supere el 60% del PIB (tomado al pie de la letra, esto requeriría en España un ajuste de 400.000 millones, que nadie propugna porque políticamente hoy es impensable).
Para seguir ese camino de ajuste, el FMI –coreado inmediatamente por los máximos responsables del BCE, Mario Draghi, y de la Comisión Europea, Juncker– urgía a una nueva reforma laboral en España.
El gobierno Rajoy ha dejado bien claros sus objetivos en ese Plan de Estabilidad. Se propone en este periodo reducir el gasto público desde el 43,6% del PIB de 2014 al 38,4% en 2018. De llevarse a cabo, supondría una reducción del gasto público de casi nueve puntos en seis años: desde el 47,3% del PIB registrado en 2012 al 38,4% en 2018. recordemos que la media del gasto público en la UE está –ya con los recortes de los últimos años– en el entorno del 48%, según Eurostat. También se propone obligar a las autonomías a reducir su déficit a cero (las consecuencias de esto –recordemos que las autonomías prestan los servicios de sanidad y enseñanza, entre otros servicios públicos fundamentales– sería catastrófica.
Con los enormes sacrificios impuestos a la mayoría social, ese recorte del gasto público serviría según el Gobierno para bajar la deuda del 98,9% este año al 93,2% en 2018. O sea que los trabajadores del Estado español tendrían que seguir sacrificándose a perpetuidad para ir pagando a los banqueros una deuda artificial, producto de la especulación.
Rajoy no se ha atrevido, en plena campaña de las elecciones municipales y con las generales en el horizonte próximo, a prometer a Bruselas de manera explícita ni esa reforma laboral que le exigen ni grandes reformas en otros terrenos. Lo ha fiado todo a dos cuestiones: previsiones de crecimiento económico (llega a hablar de un aumento del PIB nominal del 4,6% en los próximos tres años) y reducción de la inversión pública.
¿De dónde vendría ese crecimiento económico que Montoro y De Guindos prometen? Del relanzamiento de la construcción (vuelta a la especulación inmobiliaria) y de previsiones de aumento extraordinario de las exportaciones, aumento que se basaría en mantener y profundizar la caída de la masa salarial que se ha producido en los últimos años (recordemos que entre 2008 y 2014 los salarios han perdido un 7,6% de peso en el PIB, una pérdida equivalente a 75.000 millones de euros), para aumentar la “productividad” (es decir, los beneficios empresariales), aumentando aún más la sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que en los años de gobierno Rajoy el IBEX-35 ha subido desde los 8.400 a los 11.400 puntos (un aumento del 36% en las cotizaciones de las grandes empresas).
A ello se añade una reducción drástica de la inversión pública, que aumentaría el colapso de los servicios públicos y pondría en peligro las infraestructuras de transporte, que ya sufren un apreciable deterioro. Y que seguramente llevaría consigo una nueva ola de privatizaciones de servicios, asumiendo la llamada “iniciativa público-privada” las inversiones necesarias en estos servicios.
Para empezar a poner en marcha todo esto, el Gobierno se propone hacer trabajar a toda máquina al Gobierno y a las Cortes durante el verano. Pero para completar el plan hace falta un gobierno nuevo, salido de las urnas.
La cuestión de las municipales
Hace unos meses, buena parte de los pronósticos empezaron a augurar una derrota monumental del PP en las municipales y autonómicas, una derrota que podría comprometer la continuidad del gobierno y haría más difícil para el siguiente gobierno seguir aplicando los recortes de Rajoy.
Ante ello los medios de comunicación y los cocineros de encuestas empezaron a hacer una lectura de los sondeos más favorable al PP, tratando de amortiguar su caída. Y, más importante, las principales fuerzas que representan a los trabajadores, y los dirigentes de Podemos, aun criticando a Rajoy “con dureza” le están haciendo importantes favores. De un lado, se comprometen a respetar escrupulosamente los calendarios del régimen, negándose a exigir la dimisión inmediata de Rajoy. Por otra parte, a menudo se pone sordina al compromiso de retirar las reformas de Rajoy que el FMI y la UE exigen que cualquier gobierno continúe. Una forma de hacerlo es prometiendo otras leyes, lo que deja en la sombra la retirada inmediata de estas leyes nefandas.
Al mismo tiempo, buena parte de las candidaturas “de unidad”, que se proponían “echar a la casta” se han dividido por la lucha de unos y otros por ocupar puestos en las instituciones de ese régimen que decían criticar, y cuya “regeneración democrática” parecen proponernos ahora.
En Andalucía, vemos como todo el debate se reduce a cuál va a ser el futuro de dos personas (Griñán y Chaves), mientras nadie habla de cuál va ser el futuro de los 10.000 trabajadores de la Sanidad Pública o los 5.000 profesores despedidos por la Junta de Andalucía. Todos parecen adaptarse a los planes de recorte proponiendo “medidas que no supongan gasto”, cuando lo que hace falta, en lugar de respetar los recortes de presupuesto impuestos por Rajoy, es recuperar los presupuestos de la sanidad y la enseñanza públicas, de la dependencia.
El día 24 sabremos si todos estos balones de oxígeno bastan para desanimar a sectores de trabajadores y que el PP aguante menos mal en parte de ayuntamientos y autonomías, con el apoyo tal vez de Ciudadanos, esa nueva fuerza política cocinada por el IBEX-35 para taponar el agujero del PP. A órganos del capital financiero como Les Echos, de Francia, o el Financial Times de Londres, se les escapan suspiros por alguna forma de continuidad del gobierno Rajoy tras las próximas elecciones generales
Hoy, todo está por jugar. Para evitar que se hagan fuertes y se sientan capaces de seguir adelante con sus planes, hay que movilizar al pueblo trabajador con el compromiso claro de echar al PP de los gobiernos municipales y autonómicos, para echarlo cuanto antes del Gobierno. Hay que exigir a todos los que hablan en nombre de los trabajadores y la mayoría social el compromiso de que no habrá ningún pacto con el PP, de que ninguna fuerza de las que pretenden defender las ansias de cambio de la inmensa mayoría permitirá, ni con su voto ni con su abstención, que el PP gobierne en ayuntamientos y autonomías donde no tenga mayoría absoluta.
Desde otro ángulo, el Gobierno se siente apoyado en vísperas electorales por la firma del “preacuerdo” de un nuevo AENC, en el que los dirigentes de UGT y CCOO asumen hacer nuevos esfuerzos en “flexibilidad” para aumentar la productividad, y renuncian a recuperar la gran mayoría de la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores. El Gobierno celebra la “estabilidad” que garantizaría ese acuerdo para continuar sin sobresaltos la aplicación del ajuste destruyendo derechos y conquistas sociales hasta las próximas elecciones generales, y después, lo que estima beneficia la candidatura del odiado Rajoy.
Corresponde a los afiliados y las instancias sindicales valorar las razones alegadas por los negociadores, que los órganos confederales deben ratificar o rechazar. Desde el punto de vista de la lucha por la democracia y los derechos de los trabajadores, hay que constatar que con la reforma laboral, con el chantaje de no firmar convenios y con la introducción de la competitividad y el PIB como criterios para fijar salarios, el Gobierno y la patronal no dejan de profundizar el ataque a la libertad de la negociación colectiva y con ello al papel de los sindicatos como representantes de los trabajadores y no del falso “interés general”. Exactamente lo mismo que está en juego en la defensa del derecho de huelga y de los 300 trabajadores procesados o condenados por ejercerlo.
Luchar, debatir, organizar
En esta situación, es más que nunca necesario organizar el combate en todo el movimiento obrero y popular, ante todo dentro de las principales organizaciones de los trabajadores, para que no se permita que este gobierno pueda seguir aplicando sus planes ni un día más, para acabar cuanto antes con él y derogar de inmediato la reforma laboral y las principales medidas de recortes sociales.
Muchos afiliados y cuadros sindicales incluyen, justamente, en este combate el rechazo de la firma del AENC y exigen un debate abierto y democrático en sus organizaciones.
La preparación de la Conferencia Obrera Estatal convocada por el CATP para el próximo 27 de junio debe partir del más amplio debate entre trabajadores y militantes de todos los ámbitos y tendencias sobre cómo traducir en la práctica la exigencia de unidad de todas las organizaciones para lograr sin demora la dimisión del gobierno Rajoy.