(Publicado en la Carta Semanal 685 – ver en catalán) – AENC: Acuerdo de empleo y negociación colectiva
Tras la firma del acuerdo sobre subida del Salario Mínimo y la del acuerdo de Función Pública, algunos dirigentes sindicales han proclamado a bombo y platillo que “ha vuelto el Diálogo Social”, y presumen de los avances conseguidos en esos acuerdos. Pero esa defensa no es unánime dentro del movimiento sindical e incluso dentro de las mismas confederaciones de UGT y CCOO.
Las elecciones municipales de mayo son el comienzo de una larga carrera de campañas electorales para distintas instituciones que bajo el gobierno de distintos partidos aplican con distintas justificaciones las políticas del capital financiero.
Ordenadas por la U.E., F.M.I., Banco Central Europeo (la Troika), o directamente por Obama y el imperialismo USA, estás políticas han destruido muchos derechos, millones de vidas, incluso naciones enteras, y entre la destrucción que han creado está la de los propios Ayuntamientos en el estado español.
(Publicado en la Carta Semanal 525)
El pasado 30 de abril, los ministros Montoro y De Guindos presentaban oficialmente el Plan de Estabilidad para el periodo 2105/2018, que el Gobierno acababa de remitir a las autoridades de la Unión Europea. Lo fundamental de ese plan es la decisión de continuar el ajuste, los recortes, para reducir la deuda pública, que desde 2008 ha ascendido desde el 40% a más del 100% del PIB (ahora es de más de un billón de euros). Recordemos que hace poco el FMI, después de señalar que no ve ningún peligro en el avance de Podemos o Ciudadanos, afirmaba: “el nuevo gobierno que surja, sea el que sea, tiene que comprometerse a seguir aplicando las reformas aprobadas. Y en realidad a ir más lejos en ese camino” garantizando que los gobiernos regionales cumplan sus objetivos de déficit. Al parecer, en privado algunos altos funcionarios se han permitido la desfachatez de aludir a que el euro implica un compromiso de que la deuda no supere el 60% del PIB (tomado al pie de la letra, esto requeriría en España un ajuste de 400.000 millones, que nadie propugna porque políticamente hoy es impensable).