(Publicado en la Carta Semanal 449)

Hace algo más de un mes, en el Consejo Confederal de CCOO, el responsable confederal de pensiones se refería a la reforma de las pensiones que proponía el Gobierno como “el convenio colectivo de 9 millones de trabajadores y trabajadoras”. Tenía razón: se trata del salario (en este caso, diferido) de todas las personas jubiladas, una reforma que sólo ataca a los trabajadores, porque los empresarios no tienen régimen de jubilación.

La reforma es el más grave ataque a las pensiones que hayamos conocido. Supone un recorte de entre el 20 y el 25% del poder adquisitivo de los pensionistas, que ya han sufrido dos recortes –por no llevarse a cabo la actualización de las pensiones según el IPC–, uno con Zapatero y otro con Rajoy, y un tercer recorte de su poder de compra con la introducción del copago de medicamentos y otras prestaciones sanitarias.

Y sin embargo, la reforma ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, con los únicos votos del PP, y se está tramitando en el Senado, con la intención de que se empiece a aplicar desde el 1 de enero de 2014. Todo ello, a pesar de estarse haciendo a la vista de todos, está sucediendo sin suscitar apenas respuesta, sin que los dirigentes de las confederaciones hayan organizado ninguna campaña de información ni menos aún una movilización.

Cuando se anunció la reforma ambas direcciones confederales descartaron la posibilidad de convocar una huelga general contra esta reforma, y se remitieron a las manifestaciones del pasado fin de semana, en las que el recorte de pensiones figuraba tan sólo de manera genérica.

¿No existe un evidente contraste entre la gravedad del ataque (reducir un 25% el poder adquisitivo de 9 millones de pensionistas) y la respuesta organizada?

Una tregua que permite al Gobierno sobrevivir y seguir atacando

¿Cómo puede el Gobierno permitirse llevar a cabo un ataque tan grave, y hacerlo, además, sólo con sus votos, contra la oposición –al menos aparente– de todos? ¿Es que la mayoría absoluta parlamentaria le da una posición de fuerza? Nada de eso. Hasta la propia Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se siente tan sola y tan débil en su posición, que incluso ha ofrecido modificar un poco en el Senado la reforma para poder permitir subidas del IPC más 0,5% (en lugar de 0,25%) en los años en que el balance del sistema de pensiones sea “positivo”.

El paso atrás de Báñez –como el de hace unos días de Wert en relación con las becas Erasmus– demuestra que la posición del Gobierno es de absoluta debilidad, que sólo puede mantener este ataque a las pensiones aprovechándose de la relativa tregua que le han otorgado los dirigentes de UGT y CCOO –y la “oposición” parlamentaria– desde la Huelga General del 14 de noviembre. Tregua que se complementa con la idea de que se trata de esperar a las elecciones generales de 2015 para revertir las contrarreformas. Lo que supone que hasta entonces se reconoce al Gobierno legitimidad para imponer los recortes y se permite que éstos se pongan en marcha y se apliquen. En el caso de las pensiones, el proyecto de Presupuestos del Estado para 2014 ya prevé la aplicación de la reforma, para cumplir las exigencias de la Unión Europea.

La tregua se acompaña –y se complementa– de un carrusel de movilizaciones (hay semanas en que se convoca a los delegados sindicales a tres o cuatro). La inmensa mayoría de estas movilizaciones están mal preparadas, pobremente anunciadas, no tienen ningún objetivo ni responden a ninguna reivindicación concreta. Sólo consiguen desgastar las fuerzas de los sindicalistas, y la mayoría de ellas no tiene apenas respuesta de los trabajadores de a pie.

Recordemos el contraste observado en la mayoría de las ciudades entre las masivas manifestaciones del 24 de octubre contra la Ley Wert con la participación mucho más discreta en las manifestaciones del 23 y 24 de noviembre y la escasa asistencia a la mayoría de las otras movilizaciones convocadas. En las manifestaciones de la enseñanza había un objetivo claro, una reivindicación concreta: la retirada de la ley Wert.

¿A qué obedece esta tregua? Algunos dirigentes se escudan en que “los trabajadores no responden”.  Una justificación que no casa con la importante respuesta a las movilizaciones de la enseñanza o a los cientos de movilizaciones de colectivos de trabajadores por sus convenios, o contra los despidos, o por su reivindicación sectorial. Pero la cuestión es otra: teniendo en cuenta el rechazo generalizado al Gobierno y a su política, una verdadera movilización, una huelga general contra el recorte de las pensiones, con una exigencia precisa y clara –retirada de la reforma del gobierno, medidas de urgencia para salvar el sistema de pensiones– pondría en peligro no sólo el mismo futuro del Gobierno, sino incluso la estabilidad del sistema. Por tanto, se trata de una situación que recuerda a la de los Pactos de la Moncloa: sacrificar las reivindicaciones de los trabajadores para salvar a la Unión Europea y al Régimen.

En todas partes: reforzar y difundir la campaña por la retirada de la reforma del Gobierno

La reforma de las pensiones puede pararse ahora, sin necesidad de esperar dos años hasta 2015 ni depositar las esperanzas en una eventual victoria de la “oposición” y en un dudoso cumplimiento de las promesas electorales. La disposición de los trabajadores a luchar se ha demostrado en numerosas ocasiones. Hace falta un paso adelante de los dirigentes, rompiendo toda negociación con el Gobierno sobre esta cuestión, exigiendo la retirada de las propuestas de reforma del Gobierno.

En todas partes, hay que extender y reforzar la campaña de actos públicos, recogida de firmas y pronunciamientos de instancias sindicales en este sentido.