Reflexiones tras el Congreso de CCOO

(Publicado en la Carta Semanal 634)

La Confederación Sindical de CCOO acaba de celebrar su XI Congreso Confederal. Desde el respeto absoluto a la independencia recíproca de Partidos y Sindicatos obreros -uno de los principios básicos de nuestra corriente política, el congreso de una de la principales organizaciones del clase trabajadora del Estado Español merece, sin duda, algunos comentarios por nuestra parte.

Para los principales medios de comunicación, prensa al servicio del capital financiero, la principal, casi la única, noticia de este congreso han sido los resultados de la elección del nuevo Secretario General, Unai Sordo, y de la nueva Comisión Ejecutiva, en las que ha habido -sobre todo en caso de la Ejecutiva- numerosos votos en blanco y nulos, y la inclusión de Paco Carbonero, ex secretario general de CCOO de Andalucía, en la nueva Ejecutiva. Baste con decir, por el momento, que los resultados demuestran la fragilidad de los equilibrios de poder entre las diversas organizaciones de rama y territoriales de CCOO, y la debilidad de la nueva dirección.

En cuanto a la inclusión de Paco Carbonero en la Ejecutiva, a los dos días de que un Tribunal lo incluya como “investigado” en la causa sobre los ERE de la Franja Pirítica de Huelva, lo que ha motivado la polémica, es necesario decir algunas palabras, sobre todo cuando hay quienes van exigiendo la dimisión de todo imputado, y luego se tropiezan con que los jueces imputan a los suyos. No compartimos la hipocresía, que se viene instalando en la vida de las organizaciones políticas ligadas a las Instituciones del Estado, de que toda inclusión de alguien como investigado (antes, se decía imputado) obligue automáticamente a su destitución o dimisión. Y no lo compartimos por razones políticas de peso. Precisamente, porque no creemos en la “neutralidad” de la “Justicia” y del Poder Judicial. ¿Acaso hay que recordar que se trata del aparato judicial heredado del franquismo, sin depuración alguna? El hecho de que haya más de 300 sindicalistas procesados por organizar huelgas -y ni un solo empresario procesado por impedir el ejercicio del derecho de huelga de sus salariados- muestra el odio y la persecución de este aparato judicial contra las organizaciones de la clase obrera. Cuando repasamos cada una de esas 300 acusaciones, en todas ellas se ve claramente la connivencia de la fiscalía, las fuerzas y cuerpos represivos y los jueces para perseguir a los y las sindicalistas. Y lo mismo ha sucedido en buena parte de as acusaciones por los ERE y por el uso de los fondos de formación. Sin duda, puede haber “ovejas negras”, pero no creemos que las organizaciones de la clase obrera tengan que fiarse a pies juntillas de cada una de las acusaciones judiciales contra sindicalistas y proceder a “depurar” sus filas a partir de la aceptación ciega de los autos judiciales. Lo dijimos en ocasión de la ocupación de la sede de UGT de Andalucía por la Guardia Civil en diciembre de 2013 y lo afirmamos igualmente ahora.

Derogar las contrarreformas

Los textos y resoluciones del Congreso mantienen como objetivos fundamentales de CCOO la derogación de las principales contrarreformas del gobierno del PP y del gobierno de Zapatero, destacando entre ellas las reformas laborales, la LOMCE, la Ley-Mordaza, el Decreto 3+2, el artículo 315.3 del Código Penal… Unos objetivos que, sin duda, comparte todo el movimiento obrero y el conjunto de la sociedad, que clama por una frente unido de los partidos y organizaciones de la clase trabajadoras para hacer frente al gobierno y a sus políticas, para derogar las contrarreformas, revertir los recortes, recuperar los servicios públicos y la inversión pública.

Las resoluciones del Congreso, y el propio discurso de cierre del recién elegido Secretario General reafirman la vía del Diálogo Social, sin ningún análisis crítico de lo que ha significado de negativo para los trabajadores en estos últimos años. Incluso lo propugnan como la vía para modificar las contrarreformas. Ahora bien ¿es eso posible a través del mal llamado “diálogo social”? El gobierno del PP ya ha respondido a esa pregunta, cuando ha puesto sobre la mesa sus condiciones para ese “diálogo”: no se puede tocar ninguna de las “reformas que funcionan” (entre las que el gobierno incluye todas). Algunos delegados y delegadas han planteado en el congreso que la única vía para la eliminación de esas contrarreformas es la de la movilización unida.

¿Es posible compatibilizar el “diálogo social” con la movilización? La mayoría de la dirección y algunas voces destacadas del llamado “sector crítico” de CCOO han afirmado que sí, que puede ser posible el “binomio presión-negociación”. No parece que los hechos les den la razón. Mantener con el gobierno decenas de mesas de “diálogo” más bien desmoviliza a las propias organizaciones sindicales y al conjunto de la clase trabajadora y sus aliados. Y, sobre todo, permite al gobierno ganar tiempo mientras se mantiene en el poder y pone en marcha nuevos recortes. Sin ir más lejos, ¿puede confiarse -como hacen las resoluciones del congreso- la defensa de las pensiones al consenso con el PP y el conjunto de las derechas en el seno del Pacto de Toledo?

Además, se parte de una confusión interesada, del intento de confundir diálogo social con negociación colectiva. Qué duda cabe de que negociación colectiva, cuyo objetivo es convertir en norma de obligado cumplimiento las reivindicaciones, es parte elemental de la acción de los sindicatos. Pero el “diálogo social”, denominación “moderna” del pacto social, no es la libre negociación. Todo lo contrario, el diálogo social es el mecanismo “consensuado” de aplicación de los planes del Gran Capital, la aceptación de los objetivos del gobierno y la negociación de cómo aplicarlos. Es importante señalar esta confusión, con la que juegan algunos dirigentes para justificar el “dialogo social”.

El gobierno acaba de hacer aprobar los Presupuestos del Estado para 2017, que consolidan y profundizan los recortes, e imponen algunos nuevos, como la subida del 0,25% para las pensiones y del 1% para los funcionarios y empleados públicos, sin que haya habido ninguna convocatoria de movilización contra esta nueva agresión. El gobierno ha tomado nota de esta falta de respuesta y se prepara para hacer aprobar el “techo de gasto”, antesala de los Presupuestos para 2018, para los que ha anunciado una nueva vuelta de tuerca al déficit de las Autonomías, del que depende el gasto social en Sanidad, Enseñanza, etc., y un nuevo recorte en el poder adquisitivo de las pensiones. Acaba de decidir un crédito a la Seguridad Social para pagar la extra de junio de las pensiones, una medida que agrava la situación de la caja de la Seguridad Social y que condiciona el futuro del sistema (mientras mantiene y aumenta las bonificaciones de cuotas a los empresarios, y se niega a aumentar las cuotas -por ejemplo, destopando los máximos de cotización- como proponen los sindicatos). Podríamos seguir hasta el infinito desglosando las agresiones a la clase trabajadora que mantiene y profundiza este gobierno, con el que se sigue buscando un “diálogo”, cerrando los ojos al balance del que se ha mantenido hasta ahora, cuyos resultados prácticos son prácticamente cero.

La clase necesita a sus sindicatos para hacer la unidad

Decía Ignacio Fernández Toxo en su discurso de respuesta a las intervenciones sobre el Informe General presentado al Congreso que, en su opinión, no existe hoy en las Cortes una mayoría que permita la derogación de las contrarreformas. Aunque no es exactamente así. Sería más acertado decir que la minoría del PP se mantiene en el gobierno porque en la mayoría que se le declara en contra cada uno parece preocuparse más de sembrar la división que de buscar la unidad contra el PP, y además, porque cuando esa mayoría, espoleada por la presión de la clase obrera y sus organizaciones, han presentado proposiciones de modificación de las contrarreformas, el gobierno utiliza un recurso antidemocrático de la constitución, el artículo 134.6 que establece que “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”

En todo caso, haya o no mayoría en Cortes, para la clase trabajadora y para la mayoría de la sociedad, la conclusión no puede ser “entonces esperemos a 2019, a ver si en las nuevas elecciones la cosa cambia”. Para los millones de desempleados sin subsidio, de precarios y ultraprecarios (“trabajadores pobres”) de pensionistas con pensiones de miseria, de empleados y empleadas públicas que llevan 7 años de recortes, no se puede esperar 2 años más, a ver si la suerte nos favorece. Hay que actuar ya.

La única salida para la inmensa mayoría de la sociedad pasa por poner en pie un frente unido de las organizaciones obreras que organice la movilización por la derogación inmediata de las contrarreformas y de los recortes, por la recuperación de salarios, pensiones y derechos, contra el gobierno del PP. Un frente del que los sindicatos obreros deben ser la piedra angular.

Para construir ese frente hay que empezar por una cuestión elemental: ningún acuerdo, ninguna negociación, ningún “espacio de consenso” que permitan a este gobierno respirar, mantenerse y fortalecerse.

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