(publicado en la Carta Semanal 497)
Aún no acabamos de digerir el asunto de las tarjetas opacas de Cajamadrid, cuando la semana pasada se daba a conocer el caso Púnica, una nueva trama de corrupción, organizada por altos dirigentes autonómicos del PP y empresarios, y en la que están implicados varios alcaldes y cargos del PP, encabezados por el ex-vicepresidente de la Comunidad de Madrid, junto con dos alcaldes del PSOE y algún asesor nombrado por IU (sostener a este régimen, nido de corrupción heredada de la corrupción franquista, les cuesta a las organizaciones obreras verse mojadas en este tipo de escándalos), todos los cuales aplicaban los recortes de servicios públicos… y encima se cobraban la faena.
Esa misma semana, se anunciaba que el Gobierno, tras recibir un dictamen favorable del Consejo de Estado, va a impugnar ante el Tribunal Constitucional el sucedáneo de consulta que preparaba el gobierno catalán para el 9 de noviembre. Y el Tribunal Constitucional anunciaba, a su vez, que se va a reunir el martes para suspender “cautelarmente” la consulta. Así de antidemocrático es este régimen: cuando se ve que el 9N habrá una importante movilización, el Gobierno decide prohibirla, deslegitimar de antemano su resultado. Y las instituciones, sin autonomía ninguna, se ponen firmes a golpe de pito. Ese “tribunal”, garante del entramado institucional franquista mantenido por la constitución de 1978, no puede tolerar que el pueblo catalán se pronuncie, aunque sea con su movilización y votando en cajas de cartón, sin ningún valor jurídico. Ya prohibieron la consulta convocada por el Parlamento de Cataluña para esa misma fecha, y la convocada por el gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas frente a sus costas, que, para que se beneficien unas cuantas multinacionales, pondrían en peligro la fuente de vida de la mayor parte de los canarios. Ese mismo tribunal anuló la ley sobre desahucios de Andalucía, que le parecía poco respetuosa con los derechos de los bancos, pero avaló el despido libre incluido en la reforma laboral de Rajoy.
Al mismo tiempo, se hacía público el informe de Cáritas y de la Fundación FOESSA que denunciaba que casi 12 millones de personas, un 25% de la población española vive en situación de exclusión social. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. El informe desvela también el deterioro de la situación de los trabajadores, puesto que la tasa de trabajadores excluidos se sitúa en el 15%.
El régimen monárquico, al servicio de Washington, Bruselas y Fráncfort, se hunde por el rechazo de la población a la política de miseria y represión que aplican todas sus instituciones, por sus querellas intestinas, y porque ya no es capaz de seguir tapando la corrupción. Y, en un intento de sobrevivir, organiza el enfrentamiento entre los pueblos negando a todos el derecho democrático a decidir sobre su futuro. Este régimen sólo puede ofrecernos sangre, sudor y lágrimas.
No se puede soportar ni un día más
En esta situación, resulta cuanto menos sorprendente la actitud de los dirigentes de las organizaciones de la “oposición” y de las principales organizaciones obreras.
Los dirigentes sindicales se aferran a unas conversaciones del “diálogo social” de las que no esperan sacar más que un pequeño aumento de cobertura del subsidio de desempleo, con el que el gobierno compra una paz social que necesita desesperadamente, mientras que los del PSOE y de IU ponen la vista en las elecciones municipales, y junto con los de Podemos, nos lo fían aún más largo, para las elecciones generales, dentro de más de un año. Después de esas elecciones, cuando ganen, prometen, lo derogarán todo y lo cambiarán todo. Pero ¿van a devolver a la Universidad a las decenas de miles de estudiantes expulsados por las subidas de tasas y bajadas de becas? ¿Van a volver los miles de profesores y sanitarios despedidos? ¿Van a devolver sus casas a los que sean expulsados este año? Y, sobre todo, ¿con qué derecho y en nombre de qué le piden al pueblo que aguante un año más este hundimiento de las condiciones más elementales de existencia? Y encima quieren que luego les voten. Y, sobre todo, ¿cómo va el pueblo a aguantar un año más de esta situación? Esos trabajadores que no llegan a fin de mes, o que tienen que trabajar 8 horas con un contrato de cuatro, que se han tenido que rebajar el salario para conservar su puesto de trabajo, que malviven con los 420 euros de subsidio o que han tenido que recurrir a la pensión del abuelo para sobrevivir, ¿Van a aguantar un año más viendo el espectáculo de los corruptos que se forran con los presupuestos públicos y las privatizaciones? Mientras esperamos a esa prometida victoria electoral y confiamos en que se van a cumplir esas promesas electorales, ¿qué debe hacer la gente, apretar los dientes y aguantar mientras el gobierno sigue adelante con sus recetas de sangre, sudor y lágrimas?
En una situación como esta, este gobierno, rechazado por la inmensa mayoría de la población, no podría resistir si, en lugar de darle tregua hasta dentro de un año, los dirigentes de esas organizaciones se pusieran de acuerdo para organizar la movilización. La situación social y política del país es explosiva. El régimen monárquico podrido está desahuciado. Y precisamente para salvar al régimen, los dirigentes renuncian a organizar esa movilización.
República, ya
No estamos de acuerdo con quienes aspiran a una “regeneración democrática” del régimen haciendo elegir a unos concejales “honrados”, ni con quienes proponen como salida, una “reforma federal” o un “proceso constituyente” desde dentro de la legalidad del régimen, salidas ambas que precisan, según la Constitución, de un amplio consenso y, por tanto, del acuerdo con los franquistas del PP. Y menos aún si toda esa “regeneración” o “proceso” se llevan a cabo mientras quienes los defienden asisten impertérritos y sin mover un dedo al proceso de aplastamiento de la voluntad democrática del pueblo catalán – y, con él., de todos los pueblos- por parte del gobierno y del Tribunal Constitucional.
La salvación de las personas amenazadas de desahucio, de los millones de parados, de los jóvenes condenados de por vida a la precariedad o la tutela de sus padres, exige un verdadero cambio político y social, y no una mera reforma del régimen franquista, bajo la tutela de la Unión Europea y la Troika.
República es dar satisfacción a las reivindicaciones
Ni siquiera vale un cambio superficial de régimen, una república que vaya poco más allá del cambio del Rey por un presidente “a la francesa”, un gobierno presidencialista tipo Bonaparte.
Por el contrario, la lucha por la república hoy, tiene más que nunca un profundo contenido democrático y social. República es defensa de la escuela pública y laica. República es reforma agraria. República es control y propiedad estatal de sectores estratégicos, como el suministro de electricidad y energía. República es control del sector financiero, nacionalización de la Banca. República es poner las necesidades de la población por encima del pago de la deuda a los especuladores y, por tanto, negativa a acatar los tratados de la Unión Europea que imponen el pago de la deuda por encima de todo. República es limpieza del aparato del Estado de todo residuo franquista, depuración de aparato judicial y disolución de los cuerpos represivos heredados del franquismo. República es soberanía militar, ruptura con la OTAN y cierre de todas las bases extranjeras. República es, en fin, democracia municipal, derogación de todas las leyes que someten y estrangulan a los ayuntamientos, y democracia plena, derecho de todos los pueblos a decidir libremente, para establecer la fraternidad e igualdad entre los pueblos, la unión libre.
Todas y cada una de esas reivindicaciones y necesidades elementales sólo pueden ser satisfechas con la república. Ni una sola de ellas -casi 40 años de experiencia lo demuestran- es posible sin derribar al régimen presidido por los herederos de Franco y subsidiario de la unión europea y la OTAN. Y quien diga lo contrario o se engaña o pretende engañarnos, una vez más.
Una república como la que necesitamos no puede salir del reforma del régimen de 1978, ni de un “proceso constituyente” dentro de sus reglas. Sólo puede nacer de la movilización del pueblo, como en 1931. Una movilización que es hora de preparar ya, a partir de la exigencia de dimisión inmediata del gobierno Rajoy. A este respecto, hay que destacar la decisión de todas las organizaciones de la “oposición” -desde el PSOE a Podemos- de preparar las próximas elecciones municipales en clave “municipalista”, cuando lo que haría falta son unas elecciones como las del 12 de abril de 1931, unas elecciones para acabar con el régimen.