El sábado 25 de octubre, en Roma, cientos de miles de trabajadores gritan: “¡Huelga general!”, en la manifestación convocada por la CGIL contra la ley de estabilidad y la “reforma” del mercado laboral aprobada por el Senado el 9 de octubre y que ha de ser aún aprobada por la Cámara de Diputados.
La “reforma” del mercado laboral pretende acabar con lo que queda del Código Laboral, una ley arrancada en 1971 por las luchas obreras y que limita la explotación de los trabajadores: derecho al convenio nacional, derecho a la organización independiente, prohibición de los despidos sin causa… La misma reforma quiere destruir lo que queda del convenio nacional, imponer la “flexibilidad salvaje”, según el modelo de la Fiat, a través de la “precarización” de todos los contratos y la posibilidad de despedir a los trabajadores, implantar un contrato con un salario de 400 euros mensuales, siguiendo el modelo alemán.
Al mismo tiempo, la ley de estabilidad ofrece un nuevo regalo a los capitalistas con nuevas exenciones de cotizaciones, por un valor de 6.000 millones de euros, es decir, 9.000 euros más al año por trabajador.
¿Y quién pagará? Los trabajadores a través de los recortes en sanidad y en enseñanza, el aumento de las tarifas de transporte, el mantenimiento de la congelación salarial de los funcionarios hasta 2019.
La voluntad de movilización que se expresó en Roma se refracta en las direcciones de las organizaciones obreras. Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL, tras la manifestación denunciaba la política del Gobierno y su voluntad de acabar con la existencia de los sindicatos. Denunciaba asimismo la reforma del mercado laboral, la ley de estabilidad que “entregará el dinero a los que quieren utilizarlo para la especulación, como ya hemos visto, y no lo aceptamos”, así como la política de la UE, cuyos tratados exige sean modificados.
Y, dirigiéndose al Gobierno, añadía: “No estamos dispuestos a la concertación porque, para que se realice, es preciso tener los mismos objetivos, lo que no sucede hoy.”
Es cierto que no ha exigido la retirada de las medidas del Gobierno y ha manifestado su disponibilidad para “cambiar Italia” con “verdaderas reformas”. Sin embargo, la manifestación del 25 indica claramente que la clase obrera italiana está en pie y quiere utilizar sus organizaciones sindicales para lograr que el Gobierno dé marcha atrás.
Renzi ha declarado: “Siento un gran respeto por esta manifestación, pero ya pasó la época en la que una manifestación podía bloquear al Gobierno y al país”. Un verdadero desafío provocador que el Primer Ministro de “izquierda” Renzi lanza contra los trabajadores y sus organizaciones. Todas estas cuestiones están en el centro de una carta abierta a los dirigentes de la CGIL impulsada por un grupo de afiliados, carta que ha empezado a circular en esa manifestación.